Ley para la Reforma Política

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

La Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política)[1] fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, recibiendo el apoyo de 435 de los 531 procuradores (81 % a favor), y sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior, con una participación del 77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor. Tenía el carácter de Ley Fundamental, siendo la última de las Leyes Fundamentales del Reino franquistas.

Transcripción[editar]

La Ley para la Reforma Política

El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las leyes fundamentales y dispone que ‘para derogarías o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum de la Nación (...)’.

Se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango fundamental, aprobado por las Cortes españolas en su sesión plenaria del día 18 del presente mes y cuyo texto literal es el siguiente:

Art. 1.º 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de lo voluntad soberana del pueblo.

Los derechos de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 2.° 1. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. 3. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos. 4. la duración del mandato de diputados y senadores será de cuatro años (...). Art. 5.° El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado (...).

Disposición final

Art. 1 º. La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental.

Art. 2.° El Referéndum se efectuará con sujeción al procedimiento que establece en el Real Decreto de la Presidencia de Gobierno 2636/1976, de 1 9/Xl, y tendrá lugar el quince de diciembre del año actual.

Art. 3 La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: ‘¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?’.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1976.

El Presidente de Gobierno Adolfo Suárez González

Aplicación[editar]

Se hace notar que esta ley no se llegó a aplicar nunca, a pesar de que fuera aprobada en referendum por una mayoría inaudita del 94% y con una participación extraordinaria del 78%.

https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_el_Proyecto_de_Ley_para_la_Reforma_Pol%C3%ADtica

Ni su aprobación mayoritaria, ni su sencillez, ni su concisión y la brevedad de su texto fueron suficientes para que fuera aplicada ni derogada nunca. En concreto, el artículo 2º en su apartado 1.2 resulta especialmente explícito en lo que respecta al procedimiento de aplicación de esta Ley Fundamental, porque dice textualmente "Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad." Transcurridos más de 40 años desde aprobación, refrendado y su entrada en vigor, ni el sufragio ha sido todavía universal ni ha sido directo el procedimiento de elección de los diputados.

Antecedentes[editar]

Siete asociaciones políticas, constituidas al abrigo de la ley de Arias Navarro, para dar cauce en democracia al llamado franquismo sociológico, fundaron el 9 de octubre de 1976 un nuevo partido político, Alianza Popular (AP), Sus líderes eran Manuel Fraga (Reforma Democrática), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Federico Silva (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular) y Cruz Martínez Esteruelas (Unión Nacional Española).[2] Para frenar esta tendencia, hubo en AP veleidades de provocar con sus votos negativos la dimisión de Adolfo Suárez, y José María de Areilza y Pío Cabanillas fundan el Partido Popular.

Tanto Adolfo Suárez como Torcuato Fernández-Miranda estaban dipuestos a disolver las Cortes Españolas en el supuesto de encontrar oposición ya que se había cumplido su mandato.[3]

Tras la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros se presenta ante el Consejo Nacional del Movimiento, siendo aprobado el 16 de octubre por 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Este organismo prologaba su propia disolución:

... El Proyecto de Ley presente, que pretende y que busca, preferencialmente, que la mayoría popular se constituya en instancia decisoria de la reforma, sólo incardinando en el órden político vigente puede encontrar fuente y base para su legítimo planteamiento...

Contenido[editar]

La Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que permitió articular la Transición española del régimen dictatorial del General Franco (una dictadura que provenía de la Guerra Civil Española) a un sistema constitucional democrático (una monarquía parlamentaria tal como se definió por la Constitución española de 1978 tras las elecciones generales de 1977).

El origen de esta trascendental ley se encuentra en el vigente régimen legal en el año 1975. España estaba regida por un sistema normativo pseudo-constitucional que se encontraba en las Leyes Fundamentales del Reino y en los Principios Fundamentales del Movimiento. Entre unas y otros sujetaban el modelo de Estado franquista. En estos textos legales se incluían, además, los procedimientos para enmendarlos o reformarlos. Esta fue la forma que recomendó Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino para pasar de un régimen autoritario a otro de libertades respetando las leyes vigentes. Desde esa perspectiva, la nueva norma sería una especie de octava ley fundamental del franquismo, que cumpliera la idea de Fernández-Miranda de avanzar hacia la democracia de "de la ley a la ley a través de la ley", lo que evitaría vacíos de norma, que derivaran en una inestabilidad política. El resultado final constituyó una "voladura controlada del régimen".[4]

"... El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado..."

"... Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones..."

Artículo quinto.

La reforma[editar]

El Gobierno de Adolfo Suárez no encontraba una fórmula viable para impulsar la urgente reforma del sistema franquista, a pesar de los esfuerzos que realizaron Manuel Fraga y Alfonso Osorio con sendos proyectos de reforma. El tiempo se echaba encima y las prometidas reformas hechas a los grupos de oposición democrática no llegaban por la fuerte oposición del llamado búnker. Éste no era sino la representación gráfica del sector inmovilista franquista que veía como se trataba de desmantelar el régimen. Por tal motivo, desde los organismos de poder que controlaban, Consejo Nacional del Movimiento, Consejo del Reino y Cortes Españolas, mantenían una durísima resistencia a cualquier cambio.

Así pues, el Presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda redactó un breve texto articulado con su correspondiente exposición de motivos, entregándolo a Adolfo Suárez. Durante el proceso de estudio y aprobación por parte del Consejo de Ministros se retocan algunos detalles y se varía la exposición de motivos que, tras el informe del Consejo Nacional del Movimiento, y antes de su presentación a las Cortes es suprimida definitivamente .

Trámite parlamentario[editar]

Tras la defensa del proyecto por parte de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, quien expresó que era indiscutible que la autoridad de Franco había que sustituirla por otra autoridad política y, sobre todo de Fernando Suárez en nombre de la ponencia, y diferentes y argumentados discursos en contra por parte de procuradores.

Votación[editar]

El proyecto se sometió a votación a las 21:35 horas del 18 de noviembre de 1976 (a pocas horas del primer aniversario de la muerte de Franco —20-N de 1975—) con el resultado de 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. Esta votación y la consecuente aprobación de la Ley para la Reforma Política se conoce como el «harakiri de las Cortes franquistas».

Sin embargo, la historiografía posterior ha contribuido a desmitificar esta equívoca afirmación que parecería sugerir la renuncia voluntaria a esa misma línea de legitimidad franquista que nunca dejó de vertebrar el curso y discurso político de los asistentes a Cortes y aún del ejecutivo encabezado por Adolfo Suárez. Frente al cerramiento de minúsculos sectores del búnker o de Alianza Popular, atrincherados en posiciones integristas más puramente suicidas, el sí dado a la Ley para la Reforma Política constituyó la adopción de una senda políticamente definida al margen de la autodenominada como oposición democrática (esto es, la Platajunta o Coordinación Democrática), que permitió reconducir la transición desde posiciones aún más asimétricas. Un fortalecimiento que además se permitió el lujo de maquillarse en esa hipérbole de la inmolación programática, convirtiéndose en una ordalía casi poética de un régimen que se entregaba a sí mismo como víctima primero irredenta y luego propiciatoria hacia una democracia intachable.[5]

Votaron en contra los siguientes procuradores:

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. «Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política». Boletín Oficial del Estado. 5 de enero de 1977. 
  2. Francisco Moreno Sáez. «Partidos, sindicatos y organizaciones ciudadanas en la porvincia de Alicante durante la Transición (1974-1982)»
  3. Por Decreto 1823/1975, de 31 de julio, se prorroga la X Legislatura de las Cortes Españolas (1971-1977) hasta el 30 de junio de 1977 (BOE nº 183, de 1 de agosto de 1975)
  4. Frase de Javier Pérez Royo.
  5. Sobre la desmitificación de este y otros episodios, acúdase a GALLEGO, Ferran, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008, Pág. 472-482.

Enlaces externos[editar]