Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos

Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos;
Extensión teritorial	Argentina
Legislado por	Congreso de la Nación Argentina
Hecho por	Gobierno de Javier Milei; Federico Sturzenegger; Eduardo Rodríguez Chirillo
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La Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos es un proyecto de ley ómnibus presentado el 27 de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei. El mismo está firmado en pleno por el jefe de Gabinete y los nueve ministros del gobierno.^[1] Su nombre está inspirado en la obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi.^[1]

El proyecto contiene poco más de 250 artículos que plantean reformas administrativas, económicas, financieras, laborales, fiscales y previsionales.^[2]

Contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética hasta diciembre de 2024.^[3]

Contexto[editar]

El proyecto de ley fue enviado al Congreso, luego de la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, para sancionar o reformar sectores que no son facultad del poder ejecutivo ya que la Constitución establece que sólo el poder legislativo puede sancionar impuestos, reformas electorales y del Código Penal.^[4]

Contenido original[editar]

El proyecto en su versión original contenía 664 artículos más anexos.^[5]^[6]En ellos se encontraban:

Declaración de emergencia pública[editar]

Declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de que el poder ejecutivo prorrogue el plazo hasta 2 años más. ^[1]

Ratificación del DNU 70/2023[editar]

El artículo 654 ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23.^[7]

Desregulación económica[editar]

Establece la derogación de varias leyes o decretos que limitan el funcionamiento de los mercados y la actividad económica en general. Entre las derogaciones se encuentran:

«Ley N° 25.542 - Ley de defensa de la actividad librera»^[8]
«Ley N° 23.727 - Instalación y uso de sistemas para recepción de señales de radiodifusión proveniente de satélites»^[9]
«Ley N° 27.442 - Ley de defensa de la competencia»^[10]

Entre las modificaciones se encuentran algunas de las siguientes leyes:

«Decreto N° 2753/91» (se elimina el impuesto que pudiese aplicarse a los bienes que viajeros ingresen al país sin un fin comercial)^[11]
«Ley N° 23.184 - Régimen Penal y Contravencional para la violencia en los citados eventos. Responsabilidad Civil» (se permite la reventa de entradas a espectáculos deportivos)^[12]
«Decreto N° 2753/91» (No se pide formularios para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje que no se pueda presumir que tienen fines comerciales)^[13]

Derechos de exportación[editar]

Aumenta la alícuota del 31 % al 33 % para los subproductos de la soja y retenciones cero para una serie de productos, entre los que se encuentran los olivícolas, arroceros, cueros bovinos, lácteos, frutícolas exceptuando el limón, hortícolas, entre otros. A diferencia del resto, el sector vitivinícola recibiría un aumento de la alícuota del 8 %.^[14]^[15]^[16]

Empresas del Estado[editar]

Se propuso la privatización de empresas y sociedades del Estado, o con mayoría estatal, entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda S.A., Correo Argentino; Enarsa; Ferrocarriles Argentinos; Yacimientos Petrolíferos Fiscales; Operadora Ferroviaria, entre otras.^[17]

Sistema previsional[editar]

Se suspende la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para actualizar los haberes. Se faculta al Poder ejecutivo nacional a realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, hasta que se aplique una fórmula automática.^[18]

Contenido modificado[editar]

Luis Caputo anuncia la quita del capítulo fiscal, 26 de enero de 2024.

El primer cambio que se presentó en el proyecto de ley, el 22 de enero de 2024, fue una modificación en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una modificación en el tiempo que se le otorga delegaciones al Poder Ejecutivo de un año menos, se quitó el artículo que ratificaba al DNU 70/2023, se excluyó a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de las empresas propuestas para privatizar y las empresas Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica solo podrían privatizarse parcialmente.^[19]^[20]^[21]

El 26 de enero de 2024 el ministro de Economía Luis Caputo anunció el segundo cambio en el proyecto de ley, que consistió en la quita del capítulo fiscal que proponía un blanqueo de capitales, una moratoria de deudas impositivas, una suba de impuestos y una subida de las retenciones.^[22]^[23]

Tras la vuelta a foja cero el 6 de febrero de 2024, se volvió a modificar el contenido del proyecto. La versión que aprobó la Cámara de Diputados el 30 de abril de ese mismo año, presentó una serie de diferencias entre las que se encontraban, la reducción de emergencias públicas a declarar de 11 a 4 (administrativa, económica, financiera y energética), el número de empresas a privatizar bajó a 9, quedando excluida Banco Nación y pudiendo sólo privatizar parcialmente a Aysa, Correo Argentino, Trenes Argentinos Cargas; Trenes Argentinos Operaciones y Corredores Viales, se restituyó el blanqueo de capitales eliminado en la segunda versión del proyecto de ley, y se restituyó el impuesto a las ganancias que había sido eliminado por el Congreso el año anterior.^[2]^[24]

Reacciones[editar]

El 24 de enero de 2024 la Confederación General del Trabajo realizó un paro general rechazando al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y al proyecto de ley, movilizándose principalmente frente al Congreso.^[25]Participó en la manifestación el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.^[26]Para apoyar el paro general se realizaron movilizaciones internas en ciudades de las provincias de Salta, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires y Río Negro, y en el exterior en ciudades de países como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, España, Alemania, Uruguay, Brasil, México, Paraguay, Chile y Bolivia.^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]Según la opinión del vocero presidencial, Manuel Adorni, el acatamiento al paro es considerado por el gobierno como "muy bajo".^[32]

Protestas afuera del Congreso[editar]

Durante las protestas en las afueras del Congreso por el debate de la ley en Diputados, ocurrieron incidentes. Se registró represión por parte de las fuerzas federales de seguridad sobre manifestantes utilizando balas de goma, gas pimienta y camiones hidrantes.^[33]^[34] Entre los manifestantes heridos, destacan 26 periodistas pertenecientes a distintos medios de comunicación que se encontraban registrando la manifestación.^[35]^[36] Esta situación provocó el repudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que expresó:^[37]

Llamamos a cesar el accionar represivo en las jornadas por venir y exigimos que nuestros compañeros y compañeras puedan realizar su tarea periodística en paz, sin agresiones ni impedimentos. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia que debe ser defendido, garantizado y respetado por todos los poderes del Estado y por todos los sectores políticos y económicos que forman parte de nuestra sociedad.

SiPreBA

Acerca de los incidentes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró:

Si anuncian que vienen, las fuerzas de seguridad van a a estar hoy, sino estarán las guardias normales. Si se cansan y no van más, para nosotros mucho mejor. Hace calor y son días difíciles para trabajar en la calle, pero vamos a cuidar el Congreso, la sesión y el orden público para que la Argentina sea un país normal y no un país bajo ataques de piedras y palos permanentemente.^[38]^[39]

Tras el operativo policial, la ministra de seguridad confirmó que hay 18 detenidos (entre ellos 2 fotógrafos de origen chileno). Los fotógrafos eran pertenecientes a la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, de los cuales uno de ellos ya tenía antecedentes previos durante el estallido social ocurrido en Chile, en 2019 y 2020.^[40]

Tratamiento legislativo[editar]

El 2 de febrero de 2024 el proyecto obtuvo media sanción para el dictamen de la mayoría por parte de la Cámara de Diputados con 144 votos afirmativos, 109 negativos y ninguna abstención.

El 6 de febrero de 2024, a poco de iniciado el tratamiento artículo por artículo,^[41]^[42] el proyecto volvió a foja cero tras la interrupción del tratamiento por parte del oficialismo con la intención de que vuelva a ser tratado en comisiones.^[43] El Gobierno, una vez dada a conocer los resultados, calificó de "traidores" a varios diputados de Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e incluso a su exintegrante Carolina Píparo después de haber recibido de sus partes votos en contra en el tratamiento de la ley en particular.^[44]

El 30 de abril de 2024, el proyecto, con una serie de modificaciones, volvió a tratarse en la Cámara de Diputados, siendo este aprobado de manera general y siendo todos sus capítulos aprobados también.^[45]^[46]