Congreso de Tucumán

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Congreso de Tucumán
El-Congreso-de-Tucumán-1816-Francisco-Fortuny.jpg
Congreso de Tucumán, por Francisco Fortuny.
Lugar San Miguel de Tucumán
País Argentina
Fecha 24 de marzo de 1816 hasta el 9 de julio de 1816
Participantes 33 diputados Provincias Unidas del Río de la Plata
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El Congreso de Tucumán fue una asamblea legislativa y constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente la República Argentina, que sesionó –inicialmente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y posteriormente en la ciudad de Buenos Aires– entre los años 1816 y 1820 y cuyas principales labores fueron la Declaración de independencia de la Argentina y la sanción de la Constitución Argentina de 1819.

La Revolución y la Independencia[editar]

En 1810 estalló en el Virreinato del Río de la Plata la Revolución de Mayo, que dio origen a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero, si bien el objetivo de la mayor parte de los revolucionarios era llegar a la Independencia absoluta de esas provincias, al menos en las formas, éstos decían actuar en nombre del rey Fernando VII, cuya soberanía reconocían.

Esta situación se mantuvo en los documentos oficiales durante todos los gobiernos que sucedieron a la Primera Junta. Los documentos internos y las ideas expresadas por los líderes políticos en la prensa repetían la intención de independizar las Provincias Unidas, pero en los documentos que llevaban los diplomáticos al exterior se mantenía lo que se dio en llamar la "máscara de Fernando".

El Primer Triunvirato ordenó la reunión de una Asamblea general de los pueblos —es decir, de las ciudades virreinales y sus jurisdicciones— en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, apenas la Asamblea intentó legislar sin someterse a la autoridad del Triunvirato, fue disuelta sin miramientos.

El Segundo Triunvirato, que gobernó desde octubre de 1812, ordenó y logró la reunión en Buenos Aires de la llamada Asamblea del Año XIII. Su título oficial era Asamblea General Constituyente, y se esperaba de ella que declarara la independencia de las Provincias Unidas y sancionara una constitución. De hecho, si bien ejerció actos propios de un poder legislativo de una nación soberana, nunca sancionó constitución alguna y siguió conservando para la diplomacia la "máscara de Fernando".[1]

La Asamblea disolvió el Triunvirato a fines de 1813, reemplazándolo un ejecutivo unipersonal, cuyo titular ostentaba el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En abril de 1815, el director supremo Carlos María de Alvear fue derrocado por una revolución en la capital, y la Asamblea fue disuelta.

La convocatoria al Congreso[editar]

En lugar de Alvear, el Cabildo de Buenos Aires eligió al general José Rondeau, que ejercía su cargo desde el norte del país, y a un Director Sustituto en la capital. Provisionalmente, el poder legislativo fue ejercido por una Junta de Observación, nombrada también por el Cabildo. La formaban Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, José Mariano Serrano, Antonio Sáenz y Tomás Manuel de Anchorena.

Esta Junta sancionó un "estatuto provisional" el 5 de mayo de 1815, que regiría los actos del Director Supremo y de los gobiernos de provincia. En la práctica, el Estatuto nunca llegó a tener vigencia efectiva. Pero merece ser recordado por su artículo número 30, que establecía que el Director,

”...luego que se posesione del mando, invitará, con particular esmero y eficacia, a todas las ciudades y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados que haya de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán.”

Esa convocatoria fue hecha por el Director Supremo sustituto, Ignacio Álvarez Thomas, en la segunda mitad del año de 1815, y los diputados fueron electos en las últimas semanas de ese año o en las primeras del año siguiente. Cada ciudad y villa eligió un diputado cada 15 000 habitantes de su jurisdicción.

Elección de diputados[editar]

Las elecciones de los diputados que debían concurrir al congreso comenzaron en la segunda mitad del año 1815. A tal efecto, el Estatuto Provisional estableció nuevas pautas electorales:

1) Se extendió el voto a los habitantes de la campaña. Esta modificación eliminó las críticas que durante años se hicieron a la dicotomía ciudad-campaña en materia de elecciones. Además, la necesidad de la guerra, en la que todos eran llamados a ofrecer su vida, requirió que todos los hombres libres participen del cuerpo político.

2) La cantidad de diputados que debía representar a cada ciudad, villa y pueblo, que desde la época tardo colonial se determinaba por la diferente jerarquía que tenía cada una, se modificó por un sistema basado en el número habitantes:

Como el censo de que habla el artículo 1°, capítulo 2°, ha de ser el fundamento para el número de representantes o diputados que han de asistir al Congreso General, se arreglará de modo que por cada quince mil almas, se nombre uno.

(Estatuto Provisional , 1815, p. Secc V, Cap. III, Art.VII)

3) El nuevo sistema dividió a los "vecinos" en votantes, electores y representantes. Los "electores", que fueron elegidos en asambleas primarias, integraban luego la asamblea electoral que elegía, en segundo grado, a los diputados al congreso. Los electores gozaban del mismo status que los diputados que ellos elegían en cuanto al tipo de mandato pues su función, en este único caso, se consideraba como un "acto de soberanía".

4) Surgieron nuevas funciones a cargo de agentes intermedios: alcaldes de barrio, jueces rurales o miembros de sectores marginales. Los pulperos, por ejemplo, actuaron en los procesos electorales como empadronadores y activistas.

5) Se modificaron los requisitos "personales" para ser elector o representante. La riqueza y el honor dejaron de ser la condición necesaria y suficiente. Ahora se requería mayor educación, oratoria y experiencia política. De ahí la preponderancia de abogados y sacerdotes entre los electores y diputados elegidos. La militarización de la sociedad, como factor de movilidad y cambio, se materializó en la presencia de militares en las listas de diputados, aunque en menor escala.

6) Se ampliaron los requisitos de "estado" para poder votar. Al estado de ser "vecino", "hombre libre" y "leal" al nuevo orden, se sumó la obligación de tener una edad mínima de 25 años, que era la edad de la emancipación, y ser nacido y tener residencia en el territorio donde votaba. Se mantuvo la exclusión de los "domésticos asalariados" y de aquellos que carecían de propiedad u oficio lucrativo y útil al país.

No todas las provincias adhirieron al Estatuto Provisional y su complejo sistema de votación. En Mendoza, donde gobernaba San Martín, se postergó su aprobación. Por esa razón, la elección de sus dos diputados al congreso se realizó el 19 de junio de 1815 en sesión secreta del Cabildo. Se trató de un caso de permanencia de modos de organización y mecanismos electorales que correspondían a una diferente concepción de la "representación política" y que provenían del antiguo régimen colonial.

La elección de los diputados a través de una junta electoral produjo un quiebre en la vida política. El pueblo dejó de estar representado por el cabildo como cuerpo corporativo, función que pasó a la junta electoral. También el gobernador perdió su atribución de confirmar la elección de los diputados, atributo que se había heredado de la época borbónica. Por consiguiente, al congreso de Tucumán concurrieron dos tipos de diputados en cuanto al origen de su representación: a) Los que fueron elegidos por electores en asambleas secundarias, electores que a su vez habían sido elegidos previamente por los vecinos en asambleas primarias; b) Los que fueron elegidos por cabildos o cabildos abiertos según el tradicional sistema corporativo de representación.

Elección de la sede[editar]

La elección de la ciudad de Tucumán se debía a los ingentes problemas que había debido enfrentar la Asamblea del Año XIII por la negativa de los federales de someterse a la influencia porteña. De hecho, en las famosas instrucciones del año 1813, los representantes orientales habían exigido que el gobierno no se estableciese en la ciudad de Buenos Aires. El Estatuto había sido redactado bajo la impresión de una revolución hecha en alianza con los federales, y la Junta había cedido a esa exigencia. De todos modos, ésta eligió reunir el Congreso en Tucumán, una ciudad muy lejos de la influencia de Artigas, explicando que era porque ésta quedaba aproximadamente en el centro del ex Virreinato, además de estar protegido por el Ejército del Norte, cuyo cuartel general estaba en esa ciudad.

Las sesiones se iniciaron el 24 de marzo de 1816, con la presencia de 33 diputados. Para las sesiones se alquiló una casa, propiedad de Francisca Bazán de Laguna,[2]​ que sería declarada Monumento Histórico Nacional en 1941.

Tucumán a principios del siglo XIX. (Óleo actual)

Los diputados[editar]

Dieciocho de ellos eran abogados,[3]​ nueve de ellos, sacerdotes,[4]​ y dos más eran frailes,[5]​ mientras que los otros cuatro eran militares.[6]

Ausentes[editar]

Con sólo tres excepciones, las ciudades y villas del Alto Perú, que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, no pudieron hacer llegar sus representantes por haber sido reconquistados por los realistas. Tal fue el caso de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí. Durante la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú habían sido electos los diputados por Chichas, Charcas y Mizque, que se incorporaron al Congreso.

Las provincias de la Liga Federal —la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe— no enviaron sus representantes, por estar de hecho en una situación de guerra civil contra el gobierno central. Sólo la provincia de Córdoba —que también se consideraba miembro de la Liga, pero no estaba aún en guerra con el Directorio— envió sus representantes, todos ellos de clara inclinación hacia el federalismo.

Pese a que el Paraguay se había desvinculado desde 1810 de las Provincias del Río de la Plata, el director Álvarez Thomas envió al doctor Francia dos oficios con fecha 19 y 22 de mayo de 1815, en los que le informó sobre la convocatoria al congreso en Tucumán e invitaba al envío de diputados. Las notas no recibieron respuesta. El 19 de septiembre Álvarez Tomas reiteró las mismas con algunos cambios en el protocolo: "No dudo querrá tener una parte [en el Congreso de Tucumán] esa República [Paraguay] para consultar sus intereses y afianzarlos con las augustas resoluciones". Estas notas tampoco tuvieron respuesta. El 4 de diciembre de 1815, en un oficio confidencial al comandante del puerto de Pilar, el doctor Francia se refirió a la invitación porteña como de "inoportuna", "excusada" e "insultante", pues pretendía "que una República independiente envíe diputados a un Congreso de los provincianos de otro Gobierno" lo que consideraba un "absurdo y un despropósito de marca". ANA, vol.224, N° 5, Secc Historia.[7]

Ceremonias y juramentos[editar]

El 24 de marzo se celebró, con una fastuosidad propia de la época virreinal, la apertura de las sesiones. Los diecinueve diputados presentes, saludados por una salva de artillería, concurrieron previamente a la misa de acción de gracias en la iglesia de San Francisco para luego volver a la sala para prestar el juramento de rigor. Al día siguiente, luego de una misa multitudinaria con la presencia del gobernador, clero, militares y figuras principales de la sociedad y tras un discurso del presidente del Congreso, los cuerpos urbanos prestaron su juramento. El día 26 se dictó una orden a todas las ciudades para que celebren el inicio del Congreso y presten el juramento de rigor para lo cual se transcribió una única fórmula para todas ellas. Importantes festejos y juramentos se realizaron en Córdoba y Mendoza. En esta última, San Martín, por bando del 7 de abril de 1816, exhortó al pueblo mendocino a unir su voluntad al congreso que iba a "dictar el código sagrado de su institución", o sea la Constitución, y que será Patria "una vez elevada al majestuoso rango de su independencia".[8]​ Un ligero cuestionamiento de tipo protocolar surgió en Buenos Aires relacionado con el juramento. Balcarce propuso que las ciudades reconozcan al Congreso cuando algunas ya lo habían hecho. Ante lo extemporáneo de esta exigencia, el gobernador de Córdoba recomendó a Balcarce que se ocupe de aquellas provincias y ciudades que estaban exclusivamente bajo su mandato recordándole que Córdoba, por sí misma, ya lo había hecho.

Funcionamiento del Congreso[editar]

En las primeras sesiones, los diputados se abocaron a considerar el reglamento interno del Congreso y las cuestiones políticas internas. En cuanto a lo primero, nombraron un presidente, que debía ser rotativo, durando un mes cada uno en ese cargo. También eligieron dos secretarios, cayendo la designación en Juan José Paso y José Mariano Serrano.

A fin de diferenciarse de la actuación de la Asamblea de 1813, los diputados declararon que eran "diputados de los Pueblos", y no "de la Nación".[9]​ Teóricamente, esto quería decir que dependían de las ciudades que los habían elegido, y que éstas podían relevarlos. Pero, por otro lado, se aseguraron de que no podrían ser molestados por sus actos y opiniones en el Congreso, lo que en parte invalidaba la anterior declaración.

En un primer período, las acciones del Congreso se vieron complicadas por la necesidad de atender, simultáneamente, muy diversas cuestiones. A más de un mes de funcionar de ese modo casi caótico, se designó una comisión integrada por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, que redactó una Nota de Materias de Primera y Preferente Atención. Estas materias serían: un manifiesto a los pueblos, la Declaración de la Independencia,[10]​ el envío de diputados a España, los pactos entre provincias, la forma de gobierno, un proyecto de constitución, un plan de guerra, la financiación pública, la determinación de los límites del Estado, la creación de ciudades y villas, la administración de justicia, y los establecimientos educativos.

Actuaciones iniciales[editar]

Entre las primeras cuestiones que debió enfrentar el Congreso, estaba la situación del Directorio: Álvarez Thomas había renunciado, reemplazado por Antonio González Balcarce. También había presentado su renuncia el titular, general Rondeau.

De modo que, el 3 de mayo, el Congreso designó Director Supremo al general Juan Martín de Pueyrredón, diputado al mismo. Éste ordenó a Manuel Belgrano reemplazar a Rondeau como comandante del Ejército del Norte, y tardó algunas semanas en iniciar su viaje a la Capital.

Este nombramiento trajo una seria ruptura, debido a la candidatura del coronel Moldes, sustentada por el general Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta, y los diputados cordobeses. Moldes, de carácter muy fuerte, chocó con los diputados porteños, terminando por ser arrestado y suspendido en su carácter de diputado.

Apenas instalado el Congreso, los federales lograron un importante avance, logrando ocupar la ciudad de Santa Fe. El Congreso envió una diputación, para lograr la pacificación con esa provincia, el reconocimiento de la autoridad del Director Supremo y el envío de un diputado al Congreso. Al mando de esa diputación fue enviado el diputado Del Corro, que no sólo no logró una mediación eficaz, sino que se sumó al partido federal de José Artigas, e incluso asistió —en calidad de diputado por Córdoba— al Congreso de Oriente.

El día 6 de julio, en sesión secreta, asistió al Congreso el general Manuel Belgrano, que había sido durante 1814 y 1815 diplomático de las Provincias Unidas ante el gobierno de Gran Bretaña. Tras contestar algunas preguntas, Belgrano aconsejó un sistema monárquico "temperado" o sea, constitucional, para las Provincias Unidas. Pensaba que, a fin de incorporar el Perú a la monarquía, la capital debía estar en Cuzco, nombrando para el cargo de rey a un descendiente de los Incas.[11]​ Sus ideas estaban influidas por la restauración de las monarquías en Europa luego de la derrota de Napoleón Bonaparte, como él mismo lo expresó en ese discurso.

Belgrano sostuvo

Aunque la resolución de América en su origen mereció un alto concepto de los poderes de Europa por la marcha majestuosa con que se inició, su declinación en el desorden y anarquía continuada por tan dilatado tiempo ha servido de obstáculo a la protección, que sin ella se habría logrado; así es que, en el día debemos contarnos reducidos a nuestras propias fuerzas. Además, ha acaecido una mutación completa de ideas en la Europa, en lo relativo a la forma de gobierno. Así como el espíritu general de las naciones, en años anteriores era republicanizarlo todo; en el día se trata de monarquizarlo todo.

La nación inglesa, con el grandor y majestad a que se ha elevado, más que por sus armas y riquezas, por la excelencia de su constitución monárquico-constitucional ha estimulado a las demás a seguir su ejemplo. La Francia lo ha adoptado. El Rey de Prusia por sí mismo, y estando en el pleno goce de su poder despótico, ha hecho una revolución en su reino y sujetándose a bases constitucionales idénticas a las de la nación inglesa; habiendo practicado otro tanto las demás naciones.

Conforme a estos principios, en mi concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada, llamando la dinastía de los Incas, por la justicia que, en sí, envuelve la restitución de esta casa tan inicuamente despojada del trono; a cuya sola noticia estallará el entusiasmo general de los habitantes del interior.

La Declaración de la Independencia[editar]

Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, redactada en español y quechua.

En 1814, el rey Fernando VII había regresado al trono de España, situación que quitaba validez y utilidad a la ficticia lealtad al rey. Por eso, los diputados estaban convencidos de que era urgente declarar la Independencia. Por otro lado, se creía indispensable lograr algún tipo de ayuda externa, para lo cual era necesario que el país mismo declarara ser independiente.

El general José de San Martín, gobernador de Cuyo, estaba organizando el Ejército de los Andes, que debía llevar adelante la campaña libertadora a Chile. Necesitado de ayuda externa, urgía a los diputados cuyanos a declarar cuanto antes la Independencia: en carta al diputado Godoy Cruz, le decía:

"¡Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia! ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos (y con mucha razón) nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos... Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo; si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo éste la soberanía, es una usurpación al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito."[12]

No obstante, el momento era delicado: la reacción realista triunfaba en todos lados, desde México hasta Chile, pasando por el Alto Perú, que teóricamente aún pertenecía a las Provincias Unidas. Sólo permanecían libres de la reconquista española las Provincias Unidas, la Liga Federal —si es que se la considera separada de las Provincias Unidas— y el Paraguay.

Finalmente, el 9 de julio de 1816, siendo presidente el diputado Laprida, según la cita del Redactor del Congreso,

”En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España, los representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya pueblos representados y posteridad. A su término fueron preguntados ¿Si quieren que las provincias de la Unión fuese una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primeramente llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país, fixando en su vitual la declaración siguiente:

”Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protextando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios.”

El 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula del juramento, agregando después de «independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli», la frase:

”y de toda otra dominación extranjera.”

Inusualmente, la declaración alteraba el nombre del país, llamándolo "Provincias Unidas en Sud América", nombre que no se había utilizado hasta entonces. Al parecer, la intención era declarar la independencia de todas o casi todas las colonias españolas en América del Sur, unificándolas en un solo país, con capital en Cuzco.

Cabe aclarar que, de los diputados, tres de ellos no pudieron asistir a la sesión del 9 de julio: Del Corro, el Coronel Mayor Graduado Juan José Feliciano Fernández Campero, Marqués de Yavi, por Chichas, quién se encontraba en el frente de combate, y José Moldes de Salta.

La monarquía, la república y los federales[editar]

A partir del 12 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán inició la discusión sobre la forma de gobierno, al proponer el diputado Acevedo que se adoptase la forma monárquica constitucional. Las discusiones se elevaron inmediatamente de tono, incluyendo mordaces comentarios de algunos diputados, despreciando por razones raciales la propuesta de un rey "de la casta de los chocolates."[13]​ Cuando predominaba la opinión de iniciar tratativas en el sentido de nombrar un rey, el día 15, el diputado fray Justo Santamaría de Oro exigió que, antes de tomar ninguna determinación, se consultara "a los pueblos". Rápidamente la discusión se estancó.

Desde poco antes de la Declaración de la Independencia, fuerzas portuguesas iniciaron una campaña para apoderarse de la Banda Oriental, hecho que finalmente se produjo en el mes de agosto. La excusa para la invasión luso-brasileña era la acción del jefe de los federales, general José Artigas, que de hecho desconocía la autoridad del Directorio y del Congreso.

El propio Director Supremo no veía con malos ojos la invasión, ya que pensaba que —aunque al precio de perder una provincia— ésta le permitiría librarse de la amenaza de los federales. Derrotado Artigas por los portugueses, pensaba, sería fácil recuperar para la obediencia al gobierno de Buenos Aires a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. No sería así: con la única excepción de Córdoba, las provincias federales no pudieron ser recuperadas y nunca enviaron diputados al Congreso.

De todos modos, el Congreso envió una diputación ante el general invasor, Carlos Federico Lecor, la cual, aleccionada por Pueyrredón, no exigió de manera taxativa la retirada de los invasores, e incluso pretendió lograr apoyo portugués en la lucha contra Artigas. El resultado de tal política fue la ocupación de Montevideo a principios de 1817, y una larga guerra defensiva de los orientales, hasta su derrota definitiva en 1820.

El día 22 de noviembre, el Congreso sancionó un Reglamento Provisorio, una especie de constitución provisional, pero ésta nunca fue promulgada por Pueyrredón.

El traslado[editar]

A partir de inicios del año 1817, la situación militar en el norte del país se hizo más delicada: a partir de la exitosa campaña de San Martín a Chile, el ejército realista del Alto Perú pudo estar seguro de que la frontera norte quedaba desguarnecida. De modo que el general José de la Serna lanzó repetidos ataques sobre la provincia de Salta. Aunque repelidos por el general Güemes, éstos pusieron en peligro –verdadera o aparentemente– la seguridad del Congreso.

Por ello se propuso su traslado a Buenos Aires, dando además la razón de que el Congreso debía estar más en contacto con el Director Supremo. Una rápida votación el 17 de enero –día de su última sesión en Tucumán– decidió el traslado a la capital. Los diputados cordobeses Cabrera, Corro y Pérez de Bulnes se opusieron al traslado, exigiendo que se consultara a las provincias. En respuesta, fueron expulsados del Congreso y sufrieron algunas semanas de arresto.

Desde entonces, el Congreso dejó de ser "de Tucumán", aunque los historiadores suelen citarlo con ese nombre también en el período posterior. También dejó de ser la caja de resonancia de los intereses de las provincias del interior, para ser sometido a una intensa influencia del poder ejecutivo, de la prensa y de la opinión pública de la ciudad de Buenos Aires. Incluso se incorporaron diputados de las provincias ocupadas por los realistas, elegidos no en ellas, sino por el cabildo de Buenos Aires.[14]

Durante todo el año de 1817 y la primera mitad de 1818, el Congreso se dedicó a legislar sobre cuestiones menores, excepto por un segundo Reglamento Provisorio, sancionado en diciembre de 1817, cuya aplicación fue muy limitada.

Durante el período en que sesionó en Buenos Aires, más de la mitad de los diputados fue reemplazado por otros. No obstante, las provincias federales tampoco se incorporaron al mismo. El “Redactor del Congreso” quedó en manos de uno de los nuevos diputados, Vicente López y Planes, y perdió mucho de su valor testimonial.

El Manifiesto a las naciones[editar]

La Nota de materias de primera y preferente atención presentada en la sesión del 19 de junio de 1816, en su punto tercero, estableció como tarea prioritaria del Congreso las "Discusiones sobre la declaración solemne de nuestra independencia política: [y el] manifiesto de dicha declaración".[15]​ Cuatro meses después, en la sesión secreta del 24 de octubre de 1816, se leyó una solicitud de Pueyrredón en la que, por razones diplomáticas, pedía "el pronto despacho del Manifiesto de la Independencia, como un documento que, acompañando la(sic) acta de la Independencia, [debía] ser una satisfacción a la opinión del universo".[16]​ En esa misma sesión, el Congreso nombró a los diputados Teodoro Sánchez Bustamante, José María Serrano y Pedro Medrano para que en comisión elaboraran el citado manifiesto cuyo contenido debía exponer las razones o "considerandos" que motivaron la declaración de la independencia.

El 17 de enero de 1817, en la última sesión del Congreso en Tucumán, el diputado Sánchez Bustamante, para salvar su responsabilidad por la demora en cumplir la tarea encomendada, explicó que ante la imposibilidad de redactar el manifiesto, la comisión nombrada había acordado que fuera Medrado el que se hiciera cargo de la misma. Aclaró que su participación había consistido solo en una nota que entregó a Medrano con las razones que a su entender, justificaban la independencia del país. El diputado Serrano manifestó a su vez que había comenzado la tarea pero que dado que Medrano sería el encargado, él solo había aportado de palabra algunas razones justificativas.[17]

Recién el 8 de julio de 1817, ya en Buenos Aires y en sesión secreta, "se procedió a la lectura del manifiesto de nuestra Independencia" realizado oportunamente por el diputado Medrano. Como el texto no conformó a los congresistas, estos resolvieron nombrar a Juan José Paso como único comisionado para que hiciera "la reforma del manifiesto o su nueva formación". tarea para la cual fue elegido por unanimidad.[18]​ El 20 de septiembre se hizo el análisis de la versión de Paso, lo que dio lugar a una nueva comisión de revisión integrada por Serrano, Sáenz y Chorroarín. Según fray Cayetano Rodríguez, en su carta a Agustín Molina del 10 de diciembre de 1817, la versión de Paso fue objetada porque era "un papel [texto] jurídico y no un manifiesto". Finalmente, en la sesión del 25 de octubre de 1817, se aprobó, con algunos agregados de última hora, el texto del presbítero Antonio Sáenz con el título completo de Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata [en adelante "El manifiesto"].

Al respecto fray Rodríguez dijo:

[...] luego sale Sáenz con el suyo de puros hechos, y algunos falsos, y ningún derecho que abone nuestra causa; pero este se aprueba, porque audaces fortuna juvat. [La suerte favorece a los audaces].

(Gianello, 1968, p. 243)

Durante muchos años, al no conocerse las actas secretas del Congreso, se atribuyó la autoría del Manifiesto a Pedro Ignacio de Castro y Barros dado que en esa sesión, por voto de la mayoría, se había decidido que solo Barros, en su calidad de presidente, y su secretario, José Eugenio Elías, firmaran el documento. Sin embargo, Juan Martín de Pueyrredón "afirmó rotundamente" que el redactor había sido José Mariano Serrano. El hecho concreto fue que, independientemente de quienes habían colaborado, la redacción provocó muchas objeciones previas hasta que se alcanzó el consenso necesario para su definitiva aprobación.[19]​Así el Manifiesto completó tardíamente la falta de justificación que había tenido el Acta de Independencia de 1816. Un ejemplo canónico de la época era la extensa declaración de independencia de los Estados Unidos. Esta contenía, como justificación, en primer lugar, los principios legales o "derechos" pertinentes; en segundo lugar, un listado de los "hechos" o abusos que motivaban la independencia. Otro ejemplo canónico era la primera declaración de independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811 en la que primero se presentaban los hechos y luego los derechos justificatorios. A diferencia de estos dos casos, el Manifiesto de 1817 apeló exclusivamente a los "hechos" sin exponer los "derechos":

Prescindimos de investigaciones del derecho de conquista, de concesiones pontificias, y de otros títulos [...] no necesitamos acudir a unos principios, que pudieran suscitar contestaciones problemáticas [...] Nosotros apelamos a los hechos, que forman un contraste lastimoso de nuestro sufrimiento con la opresión y sevicia de los españoles

(Gandia, 1961, p. 106)

El Manifiesto tomó como origen del proceso independentista el "honor ultrajado" que sufrieron los americanos por la falsa acusación de "rebelión" que habían hecho los españoles. De esta situación se derivó la independencia como única posibilidad que quedaba.

En la primera parte del texto se detallaron las críticas a España por la índole de su dominación colonial desde el siglo XVI y la paciencia que habían tenido los americanos en mantener su lealtad. En la segunda se narraron los sucesos ocurridos en los años previos a 1816, donde, a la permanente lealtad de los americanos hacia Fernando VII, se opuso la falta de capacidad y "comprensión" del rey y sus funcionarios, contradicción que finalmente produjo la independencia.

Se ha demostrado la influencia que tuvo la Carta a los españoles americanos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, de gran difusión tanto directa como indirecta en el Río de la Plata en las primeras décadas del siglo XIX, en cuanto al "clima", vocabulario, convicciones y vehemencia en el "tratamiento y crueldades", "destrucción", "degradación, "ríos de sangre" que sufrieron los americanos durante 300 años.[20]​ Esa primera parte fue objeto de severas críticas que comenzaron con fray Rodríguez que la calificó de "puros hechos, y algunos falsos". A mediados de 1818, apareció en Madrid un folleto titulado Examen y juicio crítico del folleto titulado: Manifiesto que hace a las nacionales el Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su independencia. Este folleto, firmado por un tal "Americano del Sud", refutó con mucho acierto esos contenidos. Su autor fue fray Manuel Martínez Ferro que cumplía órdenes del primer secretario de Estado y Despacho del gobierno español a cargo del proyecto de "pacificación" de América. El folleto

[...] criticaba que el Congreso hubiera redactado un manifiesto en el que motivaba la declaración de independencia sobre "antiguos hechos", exagerados y calumniosos, o sobre "crueldades supuestas e inverificables".(Rodríguez Tapia,, p. 284)

El objetivo del folleto de Martínez Ferro no era solo criticar el contenido sino impedir que las principales potencias europeas iniciaran negociaciones diplomáticas que pudieran reconocer la independencia de las Provincias Unidas.[21]

Ya en el siglo XX, los historiadores Enrique de Gandía y el reverendo P. Guillermo Furlong S.J. sumaron sus críticas al contenido de esta primera parte del Manifiesto.

En la segunda parte se mencionaron los sucesos ocurridos en el Río de la Plata desde las invasiones inglesas. Esta narración histórica se ubicó "en las antípodas" de los relatos tradicionales sobre la "revolución" de mayo y las guerras "de la independencia" consagrados posteriormente por Mitre y continuadores desde mediados del siglo XIX y hasta gran parte del siglo XX. Cuando en 1961, Enrique de Gandía realizó el análisis detallado del Manifiesto, se preguntó por qué nunca se lo había analizado a fondo. Su respuesta fue que los historiadores habían mantenido "oculta o en silencio la palabra de los hombres que declararon la independencia" porque contradecía la posterior versión oficial que sostenía la existencia de un plan preconcebido a cargo de actores conscientes que buscaban la libertad y la democracia.

Según el Manifiesto, las invasiones inglesas mostraron el abandono de la metrópoli y la incapacidad del virrey Sobremonte frente a la conducta de los americanos que, pudiendo aprovechar esa circunstancia para separarse de España, se mantuvieron leales a ella. La agitación política en la metrópoli contra la usurpación de Napoleón se presentó como un estado de convulsión civil donde cualquiera en la metrópoli se consideraba con derecho a mandar en América. Y si bien inicialmente se había acatado fidelidad a la Junta Central, su posterior disolución y la presencia de españoles "afrancesados" o partidarios de Napoleón, fue el motivo para que se creara, en mayo de 1810, una junta provisoria a nombre de Fernando VII para conservar sus dominios. La palabra "revolución" no se mencionó. Frente a esto, fueron las autoridades españolas substitutas del rey las que se opusieron a esta determinación generando una guerra que el Manifiesto definió claramente como "guerra civil", no de "independencia". La posterior vuelta de Fernando al trono, después de cuatro años de guerra, produjo en principio la esperanza que se diera fin "a tantos desastres" pero la continuidad de la política anterior transformó la guerra civil en una guerra abierta. De esta manera, el Manifiesto terminaba sosteniendo que fueron "los españoles y su rey" los que empujaron a la independencia, "único partido que quedaba".

Esta versión historiográfica del Manifiesto estuvo en sintonía con otras interpretaciones historiográficas de la primera mitad del siglo XIX, que conceptualizaron el periodo 1810 a 1816 como una mezcla de azar, providencia y ambivalencias y no como hechos planificados que necesariamente llevaran a la independencia, ni que derivaran de un "espíritu nacional" en ciernes ni de "proyectos maduros de estados nacionales".[22]

La Constitución Unitaria[editar]

A pesar de que uno de sus principales objetivos era sancionar la constitución, se produjo al respecto una larga discusión sobre su oportunidad. Los diputados Sáenz, Serrano y Aráoz, por ejemplo, objetaron que

"...no teniendo el Congreso, en virtud del sistema representativo que el país ha adoptado, para disponer de la suerte futura de las provincias que, o por sufrir el yugo de los enemigos, o por otras circunstancias, carecen hoy de representación competente, tampoco las tiene para dar una constitución que las comprenda."

No obstante, prevaleció la opinión contraria, sostenida especialmente por los diputados porteños.

En agosto de 1817 se había formado una comisión para redactar un proyecto de constitución. La formaban los diputados Serrano, Sánchez de Bustamante, Diego Estanislao Zavaleta, Sáenz y Paso. Esta comisión redactó el Reglamento Provisorio, y luego lo extendió y modificó para llevarlo a ser una constitución.

Tras más de dos años sin hacer mucho al respecto, el 31 de julio de 1818, el Congreso inició la discusión de un proyecto de constitución. Se trataba de un documento que aglutinaba disposiciones del reglamento de 1815 y de las leyes de la Asamblea del año XIII. En general, muchas de sus normas eran extraídas de la constitución española de 1812.

Por esa misma época, fue enviado a Europa el canónigo Valentín Gómez, diputado del Congreso, con instrucciones de conseguir un príncipe europeo para ocupar el trono de las Provincias Unidas y lograr alianzas con Francia y Gran Bretaña. No logró su cometido. Pero, aún en fecha tan tardía como noviembre de 1819 —muchos meses después de la sanción de la Constitución— se aprobaría un proyecto de coronación del infante Carlos Luis de Borbón, príncipe de Luca, como rey de las Provincias Unidas.

El texto definitivo de la Constitución Argentina de 1819 fue oficialmente sancionado el 22 de abril de 1819. Se trataba de una constitución aristocrática y unitaria.[23]

El manifiesto con que se anunciaba la Constitución, redactado por el Deán Funes, decía:

"Seguramente podemos decir con igual derecho lo que decía una sabia pluma en su caso, que la presente Constitución no es: ni la democracia fogosa de Atenas, ni el régimen monacal de Esparta, ni la aristocracia patricia ni la efervescencia plebeya de Roma, ni el gobierno absoluto de Rusia, ni el despotismo de Turquía, ni la Federación complicada de algunos estados… un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado."

En la práctica, la constitución nunca se llegó a aplicar: el Directorio siguió rigiéndose por los estatutos anteriores y las provincias federales lo rechazaron de plano. Las provincias interiores juraron obediencia a la Constitución, y algunas de ellas llegaron a elegir diputados y senadores para el proyectado congreso nacional. Pero los grupos opositores empezaron en esa misma fecha a organizar las revoluciones que derrocarían a los gobiernos directoriales.

Los diputados firmantes de la Constitución fueron:[24]

Obsérvese que once de los veinticuatro diputados que votaron la Constitución habían también votado la Independencia: éstos eran Paso, Sáenz, Acevedo, Malabia, Serrano, Pacheco de Melo, Sánchez de Bustamante, Castro Barros, Godoy Cruz Rivera, Gallo y Uriarte.

La disolución[editar]

El 9 de junio de 1819, desobedecido en todos lados –incluso por el general San Martín, que se negaba a llevar su ejército a combatir a los federales– Pueyrredón presentó su renuncia al cargo de Director Supremo. En su lugar, el Congreso eligió al general José Rondeau. Éste siguió la política de su antecesor en todo: ofensivas militares contra los federales, alianzas con el invasor portugués de la Banda Oriental,[25]​ y retiro de los ejércitos que hacían la guerra de la independencia para utilizarlos en la guerra civil.

En enero de 1820, la situación del Directorio era ya muy endeble: ya no era obedecido fuera de Buenos Aires y Córdoba y –con mucha menor autoridad– en Salta y Cuyo. El resto del país era, de hecho, independiente de su autoridad. La invasión de los federales, dirigidos por Estanislao López y Francisco Ramírez, provocó el motín de Arequito, que precipitó la separación de Córdoba, casi simultánea con el inicio de la revolución federal en Cuyo. Desde ese momento, el Director Supremo sólo era obedecido en Buenos Aires.

Rondeau se puso al frente del ejército de la capital y salió al encuentro de los federales. En su lugar, y con carácter de Director Interior del Estado, fue electo el diputado porteño Juan Pedro Aguirre, que se hizo famoso por dos gestiones: ordenó la prisión de Pueyrredón, Tagle y Julián Álvarez, permitiéndoles al mismo tiempo huir hacia Montevideo. Por otro lado, lanzó una proclama incendiaria contra los federales, anunciando su llegada a las puertas de Buenos Aires,

"...objeto de sus venganzas, víctima decretada en los consejos de su irritación. Los pretendidos federales, no lo dudéis, lo que pretenden es humillaros. Ninguna otra gloria les apetece que imponer su planta osada sobre vuestra noble cerviz."

Rondeau enfrentó a los federales en la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, y fue completamente derrotado. Mientras sus soldados entraban huyendo a la ciudad, esparciendo el desaliento, el general director tardó varios días en reunir algunas tropas con las que entró a la capital, con la pretensión de recomponer su gobierno.

Tras cumplirse un ultimátum de 8 días, el ejército federal avanzó hacia Buenos Aires, anunciando que interrumpiría sus marchas en cuanto supieran que el actual gobierno hubiera caído, y que el pueblo de Buenos Aires fuera libre para elegir sus autoridades. Simultáneamente, el general Soler, comandante del ejército de campaña, exigió la renuncia de Rondeau, agregando:

"Las provincias se han separado, de consiguiente, ¿a quién representa el Congreso? Los enemigos no quieren tratar con autoridad que dependa de él..."

El 11 de febrero, Rondeau presentó su renuncia, pero no al Congreso sino al Cabildo de Buenos Aires. El Congreso se consideró disuelto desde ese mismo momento, y nadie volvió a acordarse de la constitución del año anterior. Los diputados del interior sufrieron varias semanas de arresto, acusados de haber colaborado en las maniobras monárquicas y en la alianza con Portugal. Recuperaron la libertad y, en su gran mayoría, huyeron rápidamente de la ciudad.

Comenzaba la Anarquía del Año XX.

Documentación[editar]

Los documentos pertenecientes al congreso en su etapa tucumana se trajeron íntegros a Buenos Aires al momento de su traslado. Esa documentación, que consistía en 6755 fojas, estuvo depositada en el Archivo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En 1910, en un libro inventario del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires figuró que ya a esa fecha faltaban 846 documentos.[26]

Se estima que la documentación estaba constituida por:

a) Libros de actas de las sesiones públicas. Estos libros manuscritos, que debían sumar tres o cuatro volúmenes, se han perdido por completo aunque existen testimonios de algunas actas. El 16 de febrero de 1916, Monseñor Agustín Piaggio se lamentaba de la perdida de tres libros de actas públicas, que "tal vez han desaparecido para siempre".

b) Libros de actas de las sesiones secretas. Bartolomé Mitre tuvo acceso a ellas cuando estaban depositadas en el Archivo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En el Museo Mitre figuran algunos extractos manuscritos que realizó Mitre. También figura uno en su Historia de Belgrano. Luego esas actas se extraviaron. Monseñor Piaggio, en febrero de 1916, mencionó que habían figurado en el archivo "poco tiempo atrás":

[...] [deben hallarse] en poder de algún bibliómano imbécil, que estima en más el tonto capricho o pueril vanidad de ser el único poseedor de un tesoro que no sabe valorar ni explotar".

Carta de Agustín Piaggio al presbítero Yani en (Gandía, 1975, p. 397-399)

El 16 de junio de 1924, la sucesión de Dardo Rocha los devolvió al Archivo General de la Nación. El corpus devuelto consta de 140 actas, aunque se sabe que no están todas.

c) Libro de Constitución. El historiador Levene ha conjeturado que en este libro se asentaron las deliberaciones vinculadas con la redacción de la Constitución. d) Libro de votos salvos de los diputados del Congreso en sesiones secretas. e) Libro de Actas de la Comisión que lleva fecha 15 de diciembre de 1818. f) Libro de Acuerdos. Donde se supone que se asentaron todas las resoluciones, incluso la constitución. g) Libro Copiador de las órdenes oficiales. Este libro que obraba en el Museo Mitre fue entregado en préstamo el 8 de febrero de 1915 a Monseñor Piaggio a quien luego le fue sustraído conjuntamente con otros importantes documentos. Algunos aparecieron posteriormente.[27]

h) El Redactor del Congreso Nacional. La redacción de esta publicación semanal fue encargada por el congreso a fray Cayetano Rodríguez, diputado por Buenos Aires, por su experiencia como redactor de la Asamblea del año XIII. Fue el único cargo estable del congreso en su etapa tucumana. El primer número apareció el 1° de mayo de 1816 y fue el más extenso pues tenía once páginas. En la cabeza de esa extensa introducción decía:

Reflexiones de El Redactor sobre la instalación del Congreso nacional, producida el 24 de marzo de 1816, sesión del 25 de marzo.(Ravignani, 1937-1939, p. 181)

Las publicaciones posteriores tuvieron un promedio general de 4 páginas. Dado que la ciudad de Tucumán carecía de imprenta las publicaciones se realizaron en Buenos Aires. Se han conservado todos los ejemplares. La publicación contenía dos partes: las llamadas "reflexiones", verdaderas "editoriales" cuyo autor era fray Rodríguez, y los resúmenes de las sesiones. Fúrlong Cárdiff se lamentó de que sobre El Redactor no se hubieran hecho los comentarios y análisis similares a los realizados sobre otros corpus documentales. Se ha calificado lo escueto de cada resumen como de "Concisión que desespera" y se ha criticado la ausencia de datos sobre los violentos debates y oposiciones bruscas que se dieron entre los diputados debido al sesgo que introdujo fray Rodríguez, conjuntamente con el Congreso, que buscaron presentar públicamente un congreso unido y cortés.[28]

Véase también[editar]

Notas y referencias[editar]

  1. En una carta, Fray Cayetano Rodríguez, que sería diputado al Congreso de Tucumán, decía:

    ”No quieren aquí todavía declarar la independencia, porque dicen que no es tiempo y que es peligroso. Aún les parece corto el tiempo de nuestra esclavitud, y mucho rango para un pueblo americano el ser libre. Vamos, pues, Fernandeando, por activo y por pasivo, casados con nuestras malditas habitudes.”



    Citado en Estanislao del Campo Wilson, ’’La declaración de nuestra independencia’’, en ‘’El Congreso de Tucumán’’, Ediciones del Seminario de Estudios de Historia Argentina, Buenos Aires, 1966.
  2. Francisca Bazán era la madre del después gobernador tucumano Nicolás Laguna.
  3. Los abogados eran: Anchorena, Darregueira, Gascón, Medrano, Paso, Cabrera, Pérez Bulnes, Salguero, Malabia, Sánchez de Loria, Serrano, Pacheco de Melo, Sánchez de Bustamante, Godoy Cruz, Maza, Rivera, Boedo y Laprida.
  4. Los sacerdotes eran: Sáenz, Acevedo, Colombres, Del Corro, Castro Barros, Gallo, Uriarte, Aráoz y Thames.
  5. Los frailes eran Oro (mercedario) y Rodríguez (franciscano).
  6. Los militares eran los coroneles Fernández Campero, Gorriti, Pueyrredón y Moldes.
  7. Bareiro, 2011, p. 491.
  8. IEHS, 2008, p. 46-47.
  9. Véase: Ternavasio, Marcela, Gobernar la Revolución, Ed. Siglo Veintiuno, Bs. As., 2007. ISBN 978-987-1220-96-0
  10. Insólitamente, se mencionaba primero el manifiesto y después la declaración de la Independencia, que era lo que se suponía que debía ser "manifestado."
  11. Más tarde, el mismo Belgrano declararó que su ofrecimiento no era sincero, y que sólo quería lograr el apoyo de los indígenas del norte del país y del Alto Perú. Véase: Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Ed. Estrada, Bs. As., 1947.
  12. En otra carta a Godoy Cruz, cuando aún no habían empezado a sesionar:

    "¿Cuándo empiezan ustedes a reunirse? Por lo más sagrado les suplico hagan cuantos esfuerzos quepan en lo humano para asegurar nuestra suerte; todas las provincias están en expectación, esperando las decisiones de ese congreso: él solo puede cortar las desavenencias."



    Y en una tercera carta, respuesta a otra de Godoy Cruz:

    "Veo lo que usted me dice de la independencia no es soplar y hacer botellas; yo respondo a usted que mil veces me parece más fácil hacerla que el que haya un solo americano que haga una sola (botella)."



    Citado en Estanislao del Campo Wilson, ’’La declaración de nuestra independencia’’, en ‘’El Congreso de Tucumán’’, Ediciones del Seminario de Estudios de Historia Argentina, Buenos Aires, 1966.
  13. En una carta de Tomás Manuel de Anchorena a Juan Manuel de Rosas, del año 1846. Citado por Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Ed. Albatros, Bs. As., 1943.
  14. Tal fue el caso de Jaime de Zudáñez, diputado por Charcas.
  15. Ravignani, 1937-1939, p. 214.
  16. Giannello, 1968, p. 241.
  17. Ravignani, 1937-1939, p. 287.
  18. Ravignani, 1937-1939, p. 529.
  19. Gandía, 1961, p. 104.
  20. Godio y Passarelli, 1966, p. 141.
  21. Rodríguez Tapia, 2016, p. 280.
  22. Ternavasio, 2013, p. 230 y ss.
  23. Se preveía que el titular del Poder Ejecutivo elegiría al gobernador de cada provincia de una terna, presentada por el Cabildo de la ciudad capital. Esta medida no debe ser interpretada como de tendencia federal, ya que en cualquier caso, el Ejecutivo tenía la última palabra en cualquier acto del gobierno provincial; y siempre encontraría un candidato menos opositor en las ternas que se le presentaran. Que, además, podía rechazar. Ravignani, Emilio, Historia constitucional de la República Argentina, Bs. As., 1926.
  24. Carlos Calvo, Anales históricos de la Revolución de la América Latina, acompañados de los documentos en su apoyo: Desde el año 1808 hasta el reconocimiento de la independencia de ese extenso continente. Pág. 307-308, Publicado por A. Durand, 1867.
  25. Rondeau propuso al general Lecor la invasión de Entre Ríos y Corrientes por las tropas portuguesas. Pero la carta cayó en manos de los federales; eso precipitó el comienzo de una nueva guerra civil. Véase Luna, Félix, Los caudillos, Ed. Peña Lillo, Bs. As., 1971.
  26. Levene, 1947, p. XII, nota 1.
  27. Gianello, 1966, p. 291.
  28. Gianello, 1966, p. 256.

Bibliografía[editar]

  • López Rosas, José Rafael, Entre la monarquía y la república. Memorial de la Patria, tomo III, Ed. La Bastilla, Bs. As., 1981.
  • Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Tomo 1, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Bs. As., 1937-1939.
  • Horowicz, Alejandro, El país que estalló, Tomo II, Ed. Sudamericana, Bs. As., 2004. ISBN 950-07-2562-2
  • Rosa, José María y Chávez, Fermín, Historia argentina, Ed. Oriente, Bs. As., 1999. ISBN 987-21726-2-5

Enlaces externos[editar]