Traducción jurada

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La traducción llamada, según el país, jurada, pública, oficial o certificada de un documento es la traducción de carácter oficial de un documento.

Por su parte, la interpretación jurada es la transferencia lingüística (interpretación) de tipo oral, realizada habitualmente ante tribunales de justicia (interpretación judicial), de cuyo contenido se hace responsable el intérprete.

Título profesional[editar]

Los traductores e intérpretes acreditados reciben distintos nombres, según el país. Por ejemplo, en España, en lo que concierne al español, la denominación oficial es traductor-intérprete jurado, aunque popularmente se le suele denominar traductor jurado. En otros países hispanohablantes, la denominación varía: existen el traductor público (Argentina y Uruguay), el traductor oficial (Colombia), el perito traductor oficial (México) y el perito traductor certificado (México).

Diferencias entre países hispanohablantes[editar]

España: Idioma español[editar]

Según la ley, la traducción oral o interpretación ante un tribunal, al y del español, puede ser realizada por cualquier persona designada por dicho tribunal.[1]

Sin embargo, las traducciones juradas por escrito sólo las pueden realizar los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (hasta finales de 2009 llamados intérpretes jurados). Este nombramiento habilita a los profesionales para realizar traducciones juradas entre el español y una lengua extranjera. La profesión de traductor-intérprete jurado en España está regulada por el capítulo II del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en su redacción según el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre.[2] Actualmente, puede accederse al título de traductor-intérprete jurado mediante tres vías:

  • Mediante la posesión del título de licenciado en traducción e interpretación o de un título extranjero que haya sido homologado a este, siempre que se acredite, mediante la correspondiente certificación académica, que se han superado las asignaturas de dicha licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes facultades, otorguen a los Licenciados «una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento». Dicha preparación consistía en un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y/o económica y de 16 créditos en interpretación.[5] Con la extinción de las licenciaturas, desaparecerá esta última vía, aunque el Real Decreto 2002/2009 establece un régimen transitorio hasta el 30 de septiembre de 2015 para aquellas personas que estén cursando actualmente la licenciatura en Traducción e Interpretación.

Una vez otorgado el nombramiento, queda registrado en la Oficina de Interpretación de Lenguas, así como en la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde el traductor-intérprete jurado ejerza su profesión.

España: Otras lenguas oficiales[editar]

En algunas comunidades autónomas españolas existen organismos que habilitan para la realización de traducciones juradas:

  • En Cataluña, la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat tiene la facultad de nombrar al traductor e intérprete jurado para la traducción del catalán a y de otras lenguas.[6]
  • En Galicia, el Departamento de Política Lingüística de la Xunta nombra tanto a tradutores xurados como a intérpretes xurados para el gallego.[7] [8]
  • En el País Vasco, el Gobierno Vasco nombra tanto traductores jurados como intérpretes jurados entre el euskera y otras lenguas.[9]

México: traducción certificada[editar]

En México, realizan traducciones certificadas tanto los peritos traductores autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal como los autorizados por los consejos correspondientes de cada uno de los estados de la Federación así como del Distrito Federal. Aunque, en principio, la validez de las traducciones certificadas está restringida a la jurisdicción en que está inscrito el perito, en la práctica a menudo se reconoce en otros estados. De esta forma, la persona interesada puede elegir con más libertad al perito traductor que considere apropiado para su necesidad.

Existen agencias de traducción que proporcionan dicho servicio, sin embargo los Peritos traductores que realizan las traducciones deben estar inscritos en la jurisdicción donde prestan sus servicios. Aunque es posible que se reconozcan las traducciones de los peritos en otros estados, esto suele darse cuando la entidad federativa no cuenta con peritos traductores en algunos idiomas.

Finalidad y naturaleza de la traducción jurada[editar]

Este tipo de traducciones suelen ser necesarias por exigencia de determinadas autoridades (ministerios, juzgados, instituciones académicas). Las traducciones se convierten en juradas una vez han sido consignados el sello y la firma del traductor-intérprete jurado. Esto les confiere la cualidad de documentos oficiales con la misma validez legal que el original.

Esta característica la comparten con las traducciones judiciales, al igual que el hecho de que, en ambos casos, el objetivo y la responsabilidad del traductor es dar fe del contenido del texto original.[10]

Sin embargo, la traducción jurada se distingue de la traducción judicial (realizada para los tribunales) porque puede realizarse en cualquier contexto, y de la jurídica (de textos relativos al derecho) en que el texto origen puede pertenecer a cualquier temática. De hecho, la traducción jurada se caracteriza tan solo por el formato específico con que se presenta. La entrega de una traducción jurada solo puede realizarse en papel, debido a que debe incluir la firma y el sello originales del traductor-intérprete jurado.

Formato[editar]

Para las traducciones juradas del y al español realizadas en España, hasta que se dicte la orden de desarrollo del Real Decreto 2002/2009, las normas referentes al formato de las traducciones juradas serán las que figuran en la Orden de 8 de febrero de 1996. En ellas se regulan solamente algunos aspectos, como la manera de firmar y sellar la traducción, así como el texto de la certificación de la que deberá ir seguida. En particular, puede utilizarse cualquier soporte físico de formato impreso, y no existe obligación legal alguna de presentarlas en papel timbrado de la FNMT.

El contenido de la certificación oficial en España para el idioma castellano es el siguiente:

Don / Doña (nombre y apellidos), Intérprete Jurado de (idioma), certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al (lengua de destino) de un documento redactado en (lengua de origen). En (lugar), a (fecha).

Por su parte, el sello deberá incluir exactamente la siguiente información:

nombre, la leyenda “intérprete jurado de…” o “traductor-intérprete jurado de…” seguida del idioma para el que se obtuvo el nombramiento, dirección, teléfono y, en su caso, fax.

En la práctica, la Oficina de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores admite la inclusión en el sello de ciertos datos, como la dirección de correo electrónico o la dirección web.

Metodología[editar]

Actualmente, la legislación española sólo regula algunos aspectos de la forma de las traducciones juradas, pero no los criterios aplicables para realizarlas. Para suplir este vacío, varias asociaciones de traductores oficiales de distintos países han elaborado códigos de buenas prácticas. Entre otras, existe cierto consenso respecto a las recomendaciones siguientes.

Se aplicarán criterios específicos a ciertos elementos:

  • Se transcribirán sin traducir las partes del texto que estén en un idioma distinto a aquel para el que está habilitado del traductor jurado (o bien se omitirán indicando el motivo)
  • Se transcribirán sin traducir las direcciones postales, los nombres propios y las calificaciones académicas
  • Se traducirán de la forma más literal posible las instituciones (organismos, titulaciones académicas, términos jurídicos), con el fin de evitar toda confusión con las existentes en el país de destino; si existen traducciones oficiales de dichas instituciones, se utilizarán

Se adaptarán los siguientes elementos:

  • Las abreviaturas se explicitarán en la lengua de destino, sin utilizar una abreviatura equivalente
  • Las cifras, horas y fechas se transcribirán utilizando el formato común en el país de destino
  • Las expresiones escritas en caracteres no latinos que no se traduzcan sino que se transcriban

usando el alfabeto latino, irán acompañadas de una remisión al sistema de transliteración o de transcripción fonética utilizado

Los posibles defectos del texto original se tratarán de la siguiente forma:

  • Los errores (tipográficos, ortográficos) no se corregirán, sino que se describirán
  • Las partes del texto que sean ilegibles (firmas, mala calidad de impresión o de copia) se describirán como tales

Referencias[editar]

  1. Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231. 
  2. Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto. 2009. http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20767.pdf. 
  3. Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurados.. 1996. http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/23/pdfs/A06876-06878.pdf. 
  4. ORDEN de 23 de agosto de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a la profesión de Intérprete jurado. 1999. http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/27/pdfs/A31768-31771.pdf. 
  5. Orden AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación.. 
  6. Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades.. 
  7. Decreto 267/2002, do 13 de xuño, polo que se regula a habilitación profesional para a traducción e a interpretación xurada doutras linguas para o galego, e viceversa.. 
  8. Decreto 43/2009, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 267/2002, de 13 de junio, por el que se regula la habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas para el gallego y viceversa.. 
  9. Decreto 88/2009, de 21 de abril, sobre habilitación de traductores e intérpretes jurados.. 
  10. Miguel Duro Moreno (dentro de Ortega Arjonilla, E.) (2008). «La traducción e interpretación jurídicas en la UE. Retos para la Europa de los ciudadanos.». Ed. Comares, colección Interlingua.. 

Enlaces externos[editar]