Diferencia entre revisiones de «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado»
Deshecha la edición 38601759 de 190.134.200.31 (disc.) |
|||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
En noviembre de 2009, el ex presidente Julio María Sanguinetti manifestó que, si bien el teniente general Hugo Medina declaró ''que tenía las «citaciones en la caja», nunca dijo que no las acataría''. Según Sanguinetti, cuando no hubiera más remedio Medina concurriría ''personalmente a los juzgados, asumiendo toda la responsabilidad como comandante en jefe''. Asimismo afirmó que la creación de la ley tuvo la finalidad «compensar» la ley de amnistía a los guerrilleros: ''Los militares de la salida, de buena fe, se sentían burlados. Habían entregado el poder en un acuerdo. Nadie les había prometido nada, pero tampoco se les había anunciado una amnistía a los tupamaros. Instalar ese tema en la negociación hubiera sido frustrarla. La amnistía hacia la guerrilla vino y entonces quedamos enfrentados a una dualidad moral: para los que quisieron derrumbar la democracia, perdón; para los que primero la defendieron y luego la secuestraron, paredón. Este doble juicio es moralmente muy fuerte.''<ref>[http://www.elobservador.com.uy/elobservador/cuerpo_nota.asp?id=576405&edicion=091104 El Observador: Sanguinetti, sobre la ley de Caducidad]</ref> |
En noviembre de 2009, el ex presidente Julio María Sanguinetti manifestó que, si bien el teniente general Hugo Medina declaró ''que tenía las «citaciones en la caja», nunca dijo que no las acataría''. Según Sanguinetti, cuando no hubiera más remedio Medina concurriría ''personalmente a los juzgados, asumiendo toda la responsabilidad como comandante en jefe''. Asimismo afirmó que la creación de la ley tuvo la finalidad «compensar» la ley de amnistía a los guerrilleros: ''Los militares de la salida, de buena fe, se sentían burlados. Habían entregado el poder en un acuerdo. Nadie les había prometido nada, pero tampoco se les había anunciado una amnistía a los tupamaros. Instalar ese tema en la negociación hubiera sido frustrarla. La amnistía hacia la guerrilla vino y entonces quedamos enfrentados a una dualidad moral: para los que quisieron derrumbar la democracia, perdón; para los que primero la defendieron y luego la secuestraron, paredón. Este doble juicio es moralmente muy fuerte.''<ref>[http://www.elobservador.com.uy/elobservador/cuerpo_nota.asp?id=576405&edicion=091104 El Observador: Sanguinetti, sobre la ley de Caducidad]</ref> |
||
Esta posición de Sanguinetti, ha sido criticada en reiteradas oportunidades por considerar que «falsea la verdad»,<ref>[http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=165388&sts=1 Caducidad: "Que no se anule no la hace una ley más digna".]</ref><ref>[http://www.larepublica.com.uy/editorial/357579-los-dos-demonios-una-teoria-falsa-e-inmoral Los dos demonios: una teoría falsa e inmoral.]</ref>equiparando por un lado el accionar de la |
Esta posición de Sanguinetti, ha sido criticada en reiteradas oportunidades por considerar que «falsea la verdad»,<ref>[http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=165388&sts=1 Caducidad: "Que no se anule no la hace una ley más digna".]</ref><ref>[http://www.larepublica.com.uy/editorial/357579-los-dos-demonios-una-teoria-falsa-e-inmoral Los dos demonios: una teoría falsa e inmoral.]</ref>equiparando por un lado el accionar de la guerrilla tupamara, y por otro el [[Terrorismo de Estado]], en lo que se considera la versión uruguaya de la [[teoría de los dos demonios]].<ref>[http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/noticias18/1204711-7.asp Ante la teoría de los dos demonios, ¿Cuáles dos demonios?. [[Carlos Demasi]]]</ref> |
||
=== Aprobación parlamentaria === |
=== Aprobación parlamentaria === |
||
Revisión del 20:25 6 jul 2010
La ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como «Ley de Caducidad» y llamada peyorativamente «Ley de Impunidad» por sus detractores),[1][2][3][4] es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció la amnistía de los «delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto».
Fue propuesta por el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, corredactada por legisladores de los dos principales partidos políticos de entonces, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y defendida por el máximo líder de este último, Wilson Ferreira Aldunate.
En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se votó en un plebiscito con el objeto de derogar dicha ley. El resultado del plebiscito fue favorable a la ley y ésta no fue derogada.
A mediados del año 2007 surgió una nueva campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiera implicado efectos retroactivos, entre ellos la negación de la cosa juzgada porque en la práctica, la justicia no había podido actual en los casos comprendidos en dicha ley por decisión del Poder Ejecutivo. El 14 de junio de 2009, la Corte Electoral de Uruguay, confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito.[5] El mismo tuvo lugar junto a las elecciones nacionales uruguayas, el 25 de octubre de 2009, no habiendo alcanzado las voluntades necesarias para su aprobación.
Creación de la ley
Contexto histórico
Al producirse a comienzos de 1985 el final de la dictadura militar con la asunción de sus cargos por los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo electos por la ciudadanía en las elecciones de noviembre del año anterior, se comenzaron a plantear denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del régimen fenecido. Esto empezó a producir un estado de intranquilidad en el seno de las Fuerzas Armadas, que se oponían a lo que llamaban «revisionismo» de los hechos de la pasada década. El gobierno de Sanguinetti intentó dilatar las citaciones a los militares implicados en los hechos denunciados, habilitando que la Justicia Militar (dependiente del Poder Ejecutivo) reivindicara su competencia para entender en éstos, lo que dio lugar a contiendas de competencia entre la Justicia Militar y la común, las que debieron dirimirse ante la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, el gobierno ganaba tiempo para buscar una salida política a la situación. Sin embargo, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional (y en particular su líder Ferreira Aldunate) se oponían a toda concesión de impunidad a los crímenes cometidos bajo la dictadura. En 1986, la máxima autoridad judicial dictaminó que era competente para actuar en las investigaciones la Justicia común. De inmediato, ésta retomó el estudio de los casos y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a los implicados.
Amenaza de desacato militar
Ante ello, el comandante del Ejército, teniente general Hugo Medina, declaró que las mismas estaban en una caja fuerte de su despacho, lo que hacía presumir un posible desacato a las decisiones del Poder Judicial. En 1991 Medina amplió su visión de esos hechos declarando «.. Es que si no se votaba la Ley de Caducidad, yo sabía que no podíamos quedarnos en la mitad del camino. Que si (el golpe) no lo daba yo, si no asumía yo la responsabilidad, iba a asumirla el que estaba atras y si no era ese era el otro. Porque ese era el pensamiento de las Fuerzas Armadas.», lo que habría desencadenado «mediaciones» o «un baño de sangre».[6]
En noviembre de 2009, el ex presidente Julio María Sanguinetti manifestó que, si bien el teniente general Hugo Medina declaró que tenía las «citaciones en la caja», nunca dijo que no las acataría. Según Sanguinetti, cuando no hubiera más remedio Medina concurriría personalmente a los juzgados, asumiendo toda la responsabilidad como comandante en jefe. Asimismo afirmó que la creación de la ley tuvo la finalidad «compensar» la ley de amnistía a los guerrilleros: Los militares de la salida, de buena fe, se sentían burlados. Habían entregado el poder en un acuerdo. Nadie les había prometido nada, pero tampoco se les había anunciado una amnistía a los tupamaros. Instalar ese tema en la negociación hubiera sido frustrarla. La amnistía hacia la guerrilla vino y entonces quedamos enfrentados a una dualidad moral: para los que quisieron derrumbar la democracia, perdón; para los que primero la defendieron y luego la secuestraron, paredón. Este doble juicio es moralmente muy fuerte.[7]
Esta posición de Sanguinetti, ha sido criticada en reiteradas oportunidades por considerar que «falsea la verdad»,[8][9]equiparando por un lado el accionar de la guerrilla tupamara, y por otro el Terrorismo de Estado, en lo que se considera la versión uruguaya de la teoría de los dos demonios.[10]
Aprobación parlamentaria
Las negociaciones entre el gobierno y los partidos de la oposición se intensificaron ante la inminencia de la llegada de las fechas en que los militares debían concurrir a declarar ante la Justicia. Las primeras comparecencias estaban fijadas para el lunes 22 de diciembre de 1986. El sector mayoritario del Partido Nacional, Por la Patria, que lideraba Ferreira Aldunate, varió entonces su posición, y sostuvo que la impunidad para estos delitos había quedado pactada implícitamente en el Pacto del Club Naval, que permitió en 1984 el llamado a elecciones, y en el que participaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Afirmando que los partidos políticos participantes del Pacto, -quienes negaban haber contraído expresa o implícitamente ese compromiso-,[11] ahora desconocían el acuerdo alcanzado,[12] el wilsonismo se sumó a la voluntad del gobierno de aprobar una ley para acabar con los procesos judiciales por este tema. El Movimiento Nacional de Rocha (MNR) liderado por Carlos Julio Pereyra, se opuso a esta decisión, lo que llevó a su ruptura política con Por la Patria.
Cámara de Senadores
En el fin de semana anterior al lunes 22 de diciembre, la ley fue tratada de forma urgente por el Parlamento, discutiéndose en la Cámara de Senadores desde la tarde del viernes 19 y aprobándose en la madrugada del domingo 21. En esta instancia votaron afirmativamente la ley todos los senadores colorados, así como el vice-presidente de la República Enrigue Tarigo y la mayoría del Partido Nacional, y en contra el resto de los nacionalistas y la totalidad del Frente Amplio.[13]
| Votación en la Cámara de Senadores | |||
| Afirmativos | Negativos | ||
| Partido Colorado: Ercilia Bomio, Juan Carlos Fá Robaina, Luis Bernardo Pozzolo, Alfredo Traversoni, Eugenio Capeche, Carlos Cigliuti, Raumar Jude, Américo Ricaldoni, Juan Adolfo Singer, Pedro Cersósimo, Manuel Flores Silva, Eduardo Paz Aguirre, Enrique Tarigo y Juan José Zorrilla Partido Nacional: Gonzalo Aguirre, Luis Alberto Lacalle, Francisco Mario Ubillos, Juan Raúl Ferreira Sienra, Carminillo Mederos, Alberto Zumarán, Guillermo García Costa, Dardo Ortiz |
Frente Amplio: José Germán Araújo, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno, Francisco Rodríguez Camusso, Reinaldo Gargano y Luis Alberto Senatore Partido Nacional: Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas, Uruguay Tourné | ||
Cámara de Diputados
Acto seguido fue tratada por la Cámara de Diputados, cuya votación finalizó en la madrugada del lunes 22. Votaron a favor todos los legisladores colorados, con excepción del diputado Víctor Vaillant, y la mayoría de los blancos, y en contra el resto de los nacionalistas y la totalidad de los frenteamplistas y de la Unión Cívica.[13]
Luego del tratamiento parlamentario, el Poder Ejecutivo la promulgó la misma mañana del lunes 22, justo a tiempo para evitar que los militares citados incurrieran en un desacato.
Primeras iniciativas contra la ley
Luego de aprobada la norma, hubo varias iniciativas para eliminarla del ordenamiento jurídico uruguayo. Por un lado, familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, e inclusive algunos jueces penales que tramitaban las causas en cuestión, presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta declarara la inconstitucionalidad de la norma legal. Por otra parte, en 1987, legisladores del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley que buscaba la anulación de los 4 primeros artículos de la norma.[14] Asimismo, se comenzó un proceso de recolección de firmas que habilitara un referéndum para derogarla. Todas estas iniciativas resultaron infructuosas y la ley quedó definitivamente instalada como un hecho consumado.
Fallo de la Suprema Corte de Justicia
Quienes presentaron recursos inconstitucionalidad ante la Suprema Corte alegaban que la ley:
- reconoce la «lógica de los hechos» como fuente de Derecho,
- intenta interferir con investigaciones que lleva a cabo el Poder Judicial,
- atenta contra el artículo 8 de la Constitución, el cual expresa que «Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes»,
- establece un procedimiento preceptivo de pronunciamiento del Poder Ejecutivo para resolver si los casos investigados por la Justicia se encuentran o no amparados por la caducidad, lo que constituye una gruesa violación de la separación de poderes.[15] y
- no puede considerarse como una ley de amnistía en tanto, para que una ley pueda considerarse como perteneciente a esta categoría, debe estar redactada de forma en que sea explícita su condición de tal, además de haber sido aprobada por 2/3 de la Asamblea General (en reunión de ambas Cámaras), siguiendo lo establecido por el artículo 85, númeral 14 de la Constitución.[15]
El 2 de mayo de 1988, la SCJ, al fallar por primera vez sobre el punto en uno de los casos sometidos a su resolución, rechazó la inconstitucionalidad de la ley, en un fallo dividido, ya que de los cinco miembros del cuerpo, Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello opinaron que la norma era constitucional, mientras que Jacinta Balbela de Delgue y Nelson García Otero sostuvieron que la ley era efectivamente inconstitucional.[16] El argumento de la mayoría fue que la ley es, en esencia, más allá de la terminología utilizada en su texto, una ley de amnistía, instituto admitido constitucionalmente, y que la intervención del Poder Ejecutivo no viola la autonomía del Poder Judicial, ya que los titulares de la pretensión punitiva del Estado, a la que la ley declara caducada, no son los jueces, sino los fiscales (Ministerio Público) que justamente forman parte orgánicamente del Poder Ejecutivo.
Proyecto de ley para su anulación
En abril de 1987 varios legisladores blancos del Movimiento Nacional de Rocha que se habían opuesto en el parlamento a la aprobación de la norma, presentaron un proyecto con el objetivo que los "artículos 1º, 2º, 3º y 4º fueran suprimidos, de modo que de ellos no quede rastro jurídico alguno".[14] Este proyecto, que nunca llegó a ser analizado por las Cámaras afirmaba en su exposición de motivos que la ley es inconstitucional en función de "la coacción que, por vía de la amenaza de un desacato institucional, sufrió el Cuerpo Legislativo" provocando que los legisladores se vieran obligados a "acordar el derecho a determinados hechos de desobediencia que se juzgaba de inevitable producción".[14] Por otra parte afirmaba que los artículos en cuestión "causaron agravio sensible a la institucionalidad republicana" y que "la ley nada cambió hechos que se juzgaban inevitables; pero sí transfirió el sentido y la titularidad de la afrenta, atrayendo para la institucionalidad republicana, de modo innecesario, un agravio con el que sólo eventualmente habrían cargado las Fuerzas Armadas".[14] Finalmente, los legisladores afirmaban que, la aprobación de la norma fue ilegal, ya que siendo una ley de amnistía, la promulgación de la ley debería haberse hecho en régimen de Asamblea General, y por 2/3 de los presentes, hecho que no fue llevado a cabo en este caso.[14]
Referéndum por su derogación
Por otro lado, se comenzó un proceso de recolección de firmas, que llevó a que la ley fuera sometida finalmente a una consulta popular, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma la realización de un referéndum para derogarla. Se instala la Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por Matilde Rodríguez Larreta viuda de Gutiérrez Ruiz e integrada además por Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini, y María Esther Gatti de Islas, abuela de Mariana Zaffaroni. No fue sencillo llegar a la instancia; el recuento y verificación de firmas a cargo de la Corte Electoral fue un engorroso proceso, no exento de polémica y controversias.
La votación, que constituía la primera oportunidad en que se realizaba un referéndum contra una ley a nivel nacional en el Uruguay desde que la Constitución dio cabida a este mecanismo en 1967, fue llevada a cabo el 16 de abril de 1989, determinando finalmente la victoria del llamado «voto amarillo» (por el color de la papeleta), que mantenía vigente la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, por un margen de 57% contra 43% en favor del «voto verde». Esta decisión popular implicó un debate ético en la ciudadanía causando no pocas divisiones y llevó a que los siguientes gobiernos dejaran por sentada la problemática sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Uruguay incluso en casos que fueron discutidos por opositores de izquierda y familiares de desaparecidos.
Incompatibilidad con el Derecho Internacional
En los años posteriores a la aprobación de la Ley, el Estado fue cuestionado por distintos organismos internacionales, debido a la incompatibilidad de la misma con los compromisos de derechos humanos suscritos por Uruguay.[17] Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que en su informe anual de 1992 - 1993 concluía que la Ley de Caducidad era «incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos» al tiempo que recomendaba que el Gobierno de Uruguay otorgara «a las víctimas peticionarias, o a sus derecho-habientes, una justa compensación por las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente» y adoptara las «medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto».[18]
Comisión para la Paz
Al amparo de su artículo 4, que propugna investigar para hallar restos de desaparecidos a pesar de la inimputabilidad penal, fue creada en el gobierno de Jorge Batlle una Comisión para la Paz. Esta emitió un informe respecto de más de 30 casos, hallándose los restos de dos desaparecidos que fueron entregados a sus familiares en Argentina. De la misma forma el gobierno del Frente Amplio que asumió en 2005, ha mantenido una política de cumplimiento con la Ley de Caducidad haciendo énfasis en el mencionado artículo, permitiendo incluso a la justicia juzgar casos cuya afectación a la ley ha sido motivo de discusiones. También se dispuso que un equipo de antropólogos indagara en terrenos militares para buscar cuerpos enterrados y, a octubre de 2006, se habían encontrado los restos de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda.
Campaña por su anulación
Desde 2005, y por el contexto de gobierno de izquierda en Uruguay, se planteó limitar la ley o incluso anularla. El gobierno frenteamplista impulsó, por unos meses en 2005, la posibilidad de establecer una ley interpretativa de la norma para permitir juzgar algunos casos en los que participaron civiles o que están fuera del período de la dictadura, aunque ello no prosperó. El PIT-CNT, familiares de detenidos desaparecidos, la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay), el semanario Brecha, y algunos grupos frenteamplistas (PCU, NE, PVP), desarrollaron una campaña para anular la ley que, según ellos, viola convenios internacionales sobre Derechos Humanos que Uruguay ha ratificado y además es nula porque reconoce la presión militar como fuente del Derecho.[19][20]
La dificultad política presentada era que el partido de gobierno, en su último Congreso anterior a las elecciones de 2004, decidió no anular la Ley de Caducidad por considerarla un tema polémico que podía traer perjuicios electorales.
El día 4 de septiembre del año 2007, en el Teatro El Galpón, se lanzó una campaña de recolección de firmas impulsada por las organizaciones mencionadas con la finalidad de plebiscitar una reforma constitucional para anular los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la «ley de impunidad» (título dado por sus detractores). Para ello se necesita alcanzar una cantidad de firmas correspondiente al 10% de los habilitados para votar (aproximadamente 250.000 personas).
En diciembre de 2007, el congreso del Frente Amplio decidió apoyar la campaña por la anulación parcial de la ley de caducidad. Se anunció que este apoyo no contradecía los lineamientos preelectorales de no anular la ley, ya que no se tomaba la vía de anulación directa en el parlamento, sino la de consulta popular mediante un plebiscito.[21]
La entrega de firmas se realizó en tres etapas entre el 24 y 25 de abril. El acto principal de entrega de firmas se realizó el 24 de abril a las 17:00, en el cual una cantidad aproximada a las 325.000 firmas fueron trasladadas desde la sede de la Federación de Funcionarios de ANCAP hasta el Parlamento, y entregadas al vice-presidente en funciones en ese momento, José Mujica.[22]Horas más tarde ese mismo día, se sumaron 13.676 firmas,[23] y finalmente el día 25, antes de que expirara el plazo constitucional, se entregó el último paquete conteniendo 1.544 papeletas más. Esto elevó el número de papeletas entregadas a 340.043.[23]
El 14 de junio de 2009, la Corte Electoral de Uruguay, confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito.[5] El mismo tuvo lugar con las elecciones nacionales uruguayas, el 25 de octubre de 2009.
Encuestas de opinión
En el marco del plebiscito para la anulación de la ley en las elecciones de octubre de 2009, distintas encuestadoras han publicado sus estudios de opinión al respecto.
| Encuestas de opinión | ||
| Fuente | Fecha | Resultados |
| Cifra González Raga & Asociados[24] | Entre el 16 y 18 de octubre de 2009 | Anular 46%, no anular 37%, no sabe 17% |
| Grupo Radar[25] | Entre el 10 y el 18 de octubre de 2009 | Anular 42%, no anular 35%, no sabe o no contesta 23% |
| Interconsult[26] | Octubre de 2009 | Anular 47%, no anular 40%, no sabe 13% |
| Cifra González Raga & Asociados[27] | Entre el 26 y 28 de septiembre de 2009 | Anular 42% |
| Cifra González Raga & Asociados[28] | Entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2009 | Anular 44%, no anular 37%, no sabe 19% |
| Factum[29] | Septiembre de 2009 | Anular 48%, no anular 34%, indecisos 18% |
| Equipos Mori[30] | Agosto de 2009 | Anular 44%, no anular 32%, no sabe 24% |
| Cifra González Raga & Asociados[31] | Entre el 25 y 29 de julio de 2009 | Anular 47%, no anular 37%, no sabe 16% |
| Factum[32] | Julio de 2009 | Anular 47%, no anular 32%, indecisos 21% |
| Cifra González Raga & Asociados[33] | Entre el 8 y 11 de mayo de 2009 | Anular 44%, no anular 32%, no opina 24% |
| Factum[34] | Abril de 2009 | Anular 46%, no anular 30%, no opina 24% |
| Cifra González Raga & Asociados[35] | Entre el 28 de febrero y 4 de marzo de 2009 | Anular 42%, no anular 27%, no opina 31% |
| Factum[36] | Marzo de 2009 | Anular 46%, no anular 30%, no opina 24% |
| Cifra González Raga & Asociados[37] | Entre el 6 y 14 de septiembre de 2008 | Anular 40%, no anular 31%, otros o indecisos 28% |
Resultados
En el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2009, 1.105.768 sufragantes (47,98%) votaron a favor de habilitar la enmienda para incorporar la anulación parcial de la ley a la Constitución. Por consiguiente, la enmienda propuesta se dio por rechazada, ya que necesitaba más de 50% de los votos emitidos para ser aprobada.[38]
| Resultados por departamentos | |||
| Departamento | Votos afirmativos | Votos totales | Porcentaje |
| Montevideo | 539643 | 928710 | 58,1 |
| Canelones | 163852 | 325253 | 50,4 |
| Maldonado | 44607 | 109027 | 40,9 |
| Colonia | 36051 | 91985 | 39,2 |
| Salto | 35040 | 86382 | 40,6 |
| Paysandú | 34735 | 81314 | 42,7 |
| Rivera | 20867 | 73680 | 28,3 |
| San José | 29177 | 71981 | 40,5 |
| Tacuarembó | 23488 | 67818 | 34,6 |
| Soriano | 25971 | 62998 | 41,2 |
| Cerro Largo | 22484 | 62286 | 36,1 |
| Rocha | 19666 | 53537 | 36,7 |
| Artigas | 15917 | 52377 | 30,4 |
| Florida | 19232 | 51400 | 37,4 |
| Lavalleja | 13489 | 46833 | 28,8 |
| Durazno | 13664 | 42653 | 32,0 |
| Río Negro | 14784 | 38170 | 38,7 |
| Treinta y Tres | 12138 | 37060 | 32,8 |
| Flores | 6054 | 19872 | 30,5 |
Declaración de inconstitucionalidad
En el marco del proceso por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974, la fiscal Mirtha Guianze interpuso un recurso de insconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia.[1] La Suprema Corte remitió el planteo a los que «podían tener interés en defender la ley»,[1] es decir al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a fin de que estos se expidieran sobre su constitucionalidad. Cabe destacar que los recursos de inconstitucionalidad en Uruguay solo afectan el caso particular sobre el cual son presentados, aunque pueden sentar un precedente que pueda ser utilizado en futuras causas judiciales.
Poder Ejecutivo
El 17 de febrero de 2009, el Poder Ejecutivo respondió a la Suprema Corte que, en el caso del asesinato de Nibya Sabalsagaray planteado por la fiscal Mirtha Guianze, acepta el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.[1]
Poder Legislativo
Días mas tarde, el 25 de febrero de 2009, el Poder Legislativo, reunido en Asamblea General, se expidió de forma similar al Poder Ejecutivo, emitiendo una resolución que afirmó la inconstitucionalidad de la mencionada ley.[39]
Fallo de la Suprema Corte de Justicia
Finalmente, luego de recibir estas contestaciones y tras varios meses de análisis, el 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.[40] En su fallo, los ministros consideraron que la ley es inconstitucional porque viola las leyes 4, 82 y 233 de la Constitución de la República, así como diferentes normas de Derecho Internacional que el Estado uruguayo ha suscrito.[40] El organismo, integrado por Jorge Larrieux, Jorge Ruibal Pino, Leslie Van Rompaey, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez tuvo como uno de sus principales argumentos para esta declaratoria, el hecho de que la norma «excluyó de la órbita del Poder Judicial el juzgamiento de conductas con apariencia delictiva, lo cual transgredió el principio de separación de poderes y afectó muy seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso en manos de aquel».[41]
Casos excluidos
El artículo 3 de la Ley de Caducidad establece que cuando un juez recibiere una denuncia respecto a investigaciones en el período abarcado por la misma, éste debe remitir una consulta al Poder Ejecutivo, el cual dispondría el archivo del caso o, si considerara la investigación excluida de la norma, su continuación. El gobierno frenteamplista siguió el criterio de excluir los crímenes que fueron cometidos en el extranjero, en los que participaron civiles y los vinculados a los mandos de policías y militares, lo cual representó la gran mayoría de los casos remitidos a éste. Esto permitió distintas investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos en este período y el enjuiciamiento de los responsables.
| Casos excluidos | |||
| Fecha | Emitido como | Nombre(s) | Razónes de la exclusión |
| 31/10/2005 | Resolución Nº 357[42] | Washington Barrios Fernández[43] | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo[43] |
| 31/10/2005 | Resolución Nº 358 | Simón Riquelo, Gerardo Gatti[44] | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo Delito que procura lograr un provecho económico[44] |
| 12/12/2005 | Resolución Nº 430[42] | María Claudia García de Gelman[45] | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 24/05/2006 | Resolución Nº 627[42] | Adalberto Soba | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 27/06/2006 | Resolución Nº 672 | Horacio Darío Ramos Bentancor[46] | La ley no ampara a los mandos militares y policiales[46] |
| 27/06/2006 | Resolución Nº 674 | Hugo Leonardo de los Santos Mendoza[47] | La ley no ampara a los mandos militares y policiales[47] |
| 02/08/2006 | Resolución Nº 748[42] | María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Ary Cabrera, Juan Errandonea, Armando Bernardo Arnone | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo La ley no ampara a los mandos militares y policiales |
| 16/04/2007 | Resolución Nº 1230[42] | Alberto Mechoso, León Duarte | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 14/05/2007 | Resolución Nº 1261[42] | Juan Morales, Josefina Klein, Roger Julián, Juan Pablo Errandonea, Victoria Grisonas, Jorge Zaffaroni, Cecilia Trías, Raúl Tejera, Washington Cram, Rafael Lezama, Ruben Prieto, Jorge Chejenian, Graciela Martínez de Chejenian, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno, Washington Queiro | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 11/06/2007 | Resolución Nº 1290[42] | José Enrique Michelena Bastarrica, Graciela Susana de Gouveia, Eduardo Desetti, Ileana García, Julio D'Elía, Yolanda Casco, Guillermo Sobrino, Gustavo Goicochea, Graciela Basualdo, Juvelino Carneiro Da Fontana, Miguel Ríos, Aida Sanz, Elsa Fernandez, Eduardo Gallo, Carlos Cabezudo Pérez, Cecilia Gómez, Carolina Barrientos | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 11/06/2007 | Resolución Nº 1291[48] | María Fernanda Michelena de Gouveia | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 13/04/2009 | Resolución Nº 2738[49] | Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barrredo y William Whitelaw.[49] | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo |
| 24/08/2009 | Resolución Nº 3017 | Anatole Julién Grisonas y Victoria Grisonas.[50] | Delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo[50][51] |
| 19/10/2009 | Resolución Nº 3139 | Gerardo Moisés Alter[52] | La ley no ampara a civiles ni a los mandos militares ni policiales[52][53] |
Véase también
Referencias
- ↑ a b c d Poder Ejecutivo: la Ley de Impunidad es inconstitucional.
- ↑ Firmas de uruguayos también acosan a Ley de Caducidad.
- ↑ La ley de impunidad debe derogarse.
- ↑ Proclama del PIT - CNT contra la ley de caducidad y los empresarios.
- ↑ a b Habrá plebiscito: ayer a las 16.35 horas la Corte Electoral finalizó con el conteo.
- ↑ Reportaje al Tte. Gral. Hugo Medina. Búsqueda. 7 de marzo de 1991.
- ↑ El Observador: Sanguinetti, sobre la ley de Caducidad
- ↑ Caducidad: "Que no se anule no la hace una ley más digna".
- ↑ Los dos demonios: una teoría falsa e inmoral.
- ↑ Ante la teoría de los dos demonios, ¿Cuáles dos demonios?. Carlos Demasi
- ↑ Foro reivindicó Pacto del Club Naval.
- ↑ El plebiscito y el pecado original.
- ↑ a b Cómo votaron en aquellas tensas sesiones.
- ↑ a b c d e Blancos pretendieron anular la Ley de Caducidad durante 1987.
- ↑ a b Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Óscar López Goldaracena
- ↑ Ley de Caducidad, dos décadas después la discusión se renueva.
- ↑ Declaración pública. Uruguay debe anular la Ley de caducida.
- ↑ Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1992 - 1993
- ↑ Lanzan campaña para anular la Ley de Caducidad, Radio el Espectador
- ↑ Reflexión jurídica sobre la ley de Caducidad, Óscar López Goldaracena
- ↑ "FA adhirió a la anulación de la Ley de Caducidad". La República. 17 de diciembre de 2007.
- ↑ Portal de noticias Montevideo COMM
- ↑ a b Entregaron 13.676 firmas más anoche.
- ↑ Las elecciónes del 25 de octubre.
- ↑ La última encuesta de Radar. A la urna, a las dos y a las tres.
- ↑ Encuestas sobre plebiscitos. Sí Sí a medias.
- ↑ Intención de voto en octubre de 2009. Elecciones y plebiscitos.
- ↑ Los dos plebiscitos de octubre.
- ↑ Un 48% contra impunidad y 56% por el voto epistolar.
- ↑ Intención de voto sobre los plebiscitos.
- ↑ Los dos plebiscitos de octubre.
- ↑ Factum:: 46% vota anulación.
- ↑ La ley de caducidad en la opinión pública. ¿Hay que plebiscitarla? ¿hay que anularla?.
- ↑ Factum: 46% a favor de derogar la ley.
- ↑ La Ley de Caducidad en la opinión pública: ¿Hay que plebiscitarla? ¿Hay que anularla?.
- ↑ Voto por anulación Ley de Caducidad. Marzo de 2009
- ↑ La posible anulación de la Ley de Caducidad en la opinión de los uruguayos.
- ↑ El Observador: Resultado final de la primera vuelta
- ↑ Histórico: Parlamento se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
- ↑ a b Histórico fallo. La SCJ declaró inconstitucional a la ley de caducidad Nº 15.848.
- ↑ Corte. Por unanimidad, declaró inconstitucional la ley. Caducidad "afectó muy seriamente las garantías".
- ↑ a b c d e f g "Uruguay tu país", ISSN 1688-3233, Año 1, pag. 51
- ↑ a b Exclusión del caso Washington Barrios Fernández.
- ↑ a b Exclusión de los casos Simón Riquelo y Gerardo Gatti.
- ↑ Exclusión del caso María Claudia García de Gelman.
- ↑ a b Exclusión del caso Darío Ramos.
- ↑ a b Exclusión del caso Leonardo de los Santos.
- ↑ Resolución Presidencia del 11/06/09
- ↑ a b Resolución nº2738 del Poder Ejecutivo.
- ↑ a b Excluyen otro caso de ley de Caducidad.
- ↑ Resolución Presidencia del 24/08/09
- ↑ a b Caso Alter excluido.
- ↑ Resolución Presidencia del 19/10/09
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.- Texto de la Ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
- Texto de la Ley 15.737 de Amnistía de Todos los Delitos Políticos, Comunes y Militares conexos con éstos.
- Resultados, opiniones y análisis del plebiscito.
- Sitio Web de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.
- López Goldaracena, Óscar; La nulidad de la ley de caducidad.
- López Goldaracena, Óscar; Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad.
