Usuario:Sotlab/Taller

Caso La Cantuta
Ubicación	Lima
Fecha	18 de julio de 1992
Contexto	Conflicto armado interno
Perpetradores	Grupo Colina
Víctimas	9 estudiantes y 1 profesor
Supervivientes	0

Se le denomina caso La Cantuta a una matanza ocurrida en Lima (Perú), el 18 de julio de 1992, que tuvo como víctimas a un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta). El crimen fue perpetrado por el Grupo Colina, un destacamento paramilitar surgido en el Ejército peruano. Este incidente ha sido uno de los casos emblemáticos de violación de derechos humanos en el Perú, ocurridos en la década de los 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori. El proceso judicial contra los responsables ha atravesado distintas fases, hasta llegar a la sentencia de oficiales del Ejército y al mismo expresidente.

Contexto

A principios de los 80, el grupo subversivo Sendero Luminoso declaró la guerra contra el Estado peruano y dio a inicio a uno de los episodios más brutales de su historia republicana: el conflicto armado interno. La represión de las Fuerzas Armadas no se hizo esperar y terminó por crear un clima de violencia generalizado, que afectó generalmente a sectores rurales, al interior del país. Sin embargo, las ciudades también fueron focos del conflicto, principalmente en sectores periféricos pobres y en universidades públicas. En el caso de las universidades, se habían convertido en espacios politizados para la difusión de diversas ideologías, por lo que también fueron escenarios de la violencia. Allí se realizaban reclutamientos para nuevos militantes, por parte de los grupos subversivos, pero también persecución y reglaje, por parte del Ejército. Debido a esto, se les estigmatizó como núcleos terroristas y se justificó la intervención militar, así como las detenciones arbitrarias de estudiantes y profesores.

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue uno de los centros de estudios que sufrió mayor represión por parte del Estado. Era una universidad con una amplia actividad política, y por ello ganó fama de ser un espacio de radicalismo. Ciertamente, tanto Sendero Luminoso como el MRTA habían reclutado algunos estudiantes entre sus filas, en un contexto de disputa gremial con otros grupos de izquierda. Los senderistas intentaron tomar el poder mediante amenazas contra líderes estudiantiles y autoridades. La Cantuta representaba un bastión fundamental porque les permitía conectarse con el magisterio público. Además, la ubicación del campus al este de Lima (Chosica) lo volvía un importante punto de conexión con la zona central del país. Desde 1987, la estrategia de Sendero tomó un giro: decidieron infiltrarse en el movimiento estudiantil copando cargos gremiales en los centros federados, el comedor y la residencia universitaria. Se formaron escuelas populares y siguieron con los amedrentamientos, e incluso atentados, contra estudiantes, autoridades y personal universitario.​ [1]

[[|thumb| Militares intervienen La Cantuta, tras la accidentada visita de Fujimori (1991).|270x270px]]

La respuesta represiva del Estado se dio con mayor medida en 1987. El 13 de febrero de ese año, se realizaron intervenciones en diversas residencias universitarias de la capital; La Cantuta no fue la excepción. Las incursiones militares continuaron durante los siguientes años, acompañadas de infiltración de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Pero el hito ocurrió el 21 de mayo 1991, cuando el presidente Fujimori fue recibido a pedradas en el campus universitario de La Cantuta, teniendo que huir del lugar. Al día siguiente, la universidad fue intervenida mediante la instalación de una base militar.

En este contexto, y debido a la crisis generalizada de la violencia a principios de los 90, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había preparado una estrategia militar contra los grupos subversivos. Se trazó una política sistemática de violencia por parte del Estado (“combatir terror con el terror”), mediante la creación de un destacamento de operaciones paramilitar: el Grupo Colina.​ Esta organización fue liderada por el capitán Santiago Martín Rivas y tenía como misión seguir, detener, torturar y desaparecer presuntos integrantes de los grupos subversivos. Iniciaron sus operaciones en 1991, siendo uno de sus crímenes más notables la matanza de Barrios Altos. Uno de sus siguientes objetivos militares fue La Cantuta.

Secuestro y asesinato

La madrugada del 18 de julio de 1992, dos días después de  la explosión de los coche bombas en el jirón Tarata (Miraflores), un grupo de encapuchados —posteriormente identificados como miembros del Grupo Colina— ingresó a la residencia universitaria de La Cantuta. El destacamento militar que ocupaba el campus desde hacía más de un año les allanó el ingreso y les facilitó la labor. Seleccionaron a sus víctimas de acuerdo a la información brindada por agentes infiltrados. Como resultado, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, en presencia de medio centenar de personas.

El grupo fue llevado hasta un campo de tiro utilizado por la policía, en el kilómetro 1.5 de la carretera Ramiro Prialé (zona conocida como “Boca del diablo”, en Huachipa) donde fueron ultimados a tiros. Sus cuerpos fueron enterrados y cubiertos con cal para tratar de desaparecer cualquier evidencia. Posteriormente, cuando surgieron las primeras sospechas sobre los autores del crimen, desenterraron, despedazaron y quemaron los cuerpos para trasladarlos a una quebrada ubicada en la carretera a Cieneguilla.​ [2]

Las víctimas

• Hugo Muñoz Sánchez: Docente de la Facultad de Pedagogía de 47 años de edad. Vivía con la profesora Antonio Pérez Velásquez, con quien tenía dos hijos pequeños. Además, era conocido entre los estudiantes por defenderlos ante arbitrariedades militares y apaciguar trifulcas entre estos grupos. Esto le había suscitado distintos altercados.

• Luis Enrique Ortiz Perea: Estudiante procedente de Chachapoyas de 21 años de edad, conocido como “Quique” o “Gato”, ingresó a la carrera de Educación Física en la Facultad de Cultura Física y Deportes en 1988. Formaba parte de la selección de básquet de la universidad.

• Armando Amarco Cóndor: Era el mayor de siete hermanos y muy apegado a su madre, Raida Cóndor. Tenía 25 años y vivía en la residencia universitaria donde fue secuestrado. Ingresó a la Facultad de Tecnología en 1989 donde estudiaba Construcciones Metálicas. Formó parte del Taller Cultural UNE (TACUNE) y de otros grupos culturales donde tocaba la zampoña y la quena en conjuntos sikuris.

• Marcelino Máximo Rosales Cárdenas: Tenía 28 años y era conocido por sus amigos como “Manuelcha”. Estudiaba Literatura y fue dirigente del pabellón de varones de la vivienda universitaria.
• Robert Edgar Teodoro Espinoza: Le llamaban “Ruso”, debido a su tez clara. Tenía 24 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias Naturales desde 1988. Fue elegido como delegado del pabellón de varones de la residencia en 1991.
• Juan Gabriel Mariños Figueroa: Dirigente del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Electromecánica. Tenía 32 años y estudiaba Ingeniería Electrónica. Se dedicaba a enseñar kung fu para subvencionar sus gastos.
• Felipe Flores Chipana: Secuestrado a los 25 años de edad cuando era estudiante de Ingeniería Electrónica. Se dedicaba a reparar equipos electrodomésticos para sobrellevar sus dificultades económicas. Era dirigente de los residentes del pabellón de varones de la vivienda universitaria.
• Dora Oyague Fierro: Fue secuestrada a los 21 años y vivía en la casa de su tío en San Borja. De formación cristiana, participaba en el teatro parroquial “La Cabaña” de la iglesia San Francisco de Borja. Como integrante de esa parroquia, formó parte del grupo de jóvenes que recibió al Papa Juan Pablo II en el Hipódromo de Monterrico. Pertenecía a la especialidad de Jardín de la Infancia en la Facultad de Educación Inicial.
• Bertila Lozano Torres: Ingresó a la universidad en 1989. Tenía 22 años y estudiaba en la Escuela de Lengua y Literatura cuando fue secuestrada.
• Heráclides Pablo Meza: Tenía 28 años cuando fue secuestrado y recién había ingresado a la universidad.

Descubrimientos de los hechos

[[|thumb| Exhumación de los restos de las víctimas de La Cantuta.|270x270px]]

En abril de 1993, un grupo de oficiales militares autodenominados “León Dormido” publicaron anónimamente un documento detallando los eventos de La Cantuta. Este documento fue presentado por primera vez por el congresista Henry Pease, quien impulsó un comité investigador para el caso dentro del Congreso. Los oficiales señalaban que el operativo en La Cantuta había sido una respuesta directa del Gobierno al paro armado de julio de 1992, convocado por Sendero Luminoso, que tuvo como clímax el atentado en la calle Tarata en el distrito de Miraflores. Allí también se describía cómo un escuadrón de la muerte se encargó de llevar a cabo el operativo para secuestrar y asesinar a las víctimas, y luego enterrarlas rápidamente en la zona de Huachipa. Posteriormente, tal como se señaló durante la investigación iniciada por ese comité, los militares exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación (Cieneguilla). El documento señala como responsables del delito al Grupo Colina, identificando a su jefe de operaciones —el mayor Santiago Martin Rivas— como el encargado de llevar a cabo la masacre. Además, afirma que este grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori, quien también tenía conocimiento de los hechos.

El 6 de mayo de 1993, el general de división Rodolfo Robles Espinoza, tercer oficial de mayor rango del Ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las Fuerzas Armadas, incluyendo las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Luego de sus declaraciones, Robles Espinoza fue dado de baja del Ejército y recibió amenazas de muerte. Por esta razón, se vio obligado a huir del país logrando ser recibido como asilado político en Argentina.

En junio ese año, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba por Cieneguilla, y su amigo Guillermo Catacora, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas, Juan Jara Berrospi. El congresista compartió el plano con la revista Sí que lo publicó en su edición de julio de ese año. El croquis indicaba la ubicación de zonas de entierro donde se encontrarían restos humanos. El descubrimiento de los crímenes había desatado el escándalo ante la opinión pública. 

Proceso judicial

Disputa de los fueros judiciales

El 8 de julio de 1993, el periodista Ricardo Uceda solicitó al fiscal Víctor Cubas Villanueva, de la 16^o Fiscalía Provincial Penal de Lima, que se haga una diligencia de verificación del lugar del entierro. La fiscalía ordenó inmediatamente la exhumación, donde se hallaron cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses de los restos revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. Se encontraron también algunas pertenencias personales, como llaves o retazos de prendas de vestir.

Por su parte, las autoridades militares también habían iniciado una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Pero en diciembre de ese año, la fiscalía levantó cargos contra varios miembros del Ejército. Se inició un conflicto de jurisdicción entre los fueros militar y civil. La controversia se llevó a una Corte Suprema de la República incapaz de lograr consenso para determinar a qué fuero debía corresponder el proceso. La noche del 7 de febrero de 1994, el Congreso de mayoría fujimorista promulga una ley (“Ley Cantuta”), según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En una votación de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía quedar a cargo de la jurisdicción militar.

El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años. La mayoría de oficiales de alto rango, implicados como responsables mediatos de los hechos, no recibieron ninguna sanción.

Luego de la reelección de Alberto Fujimori en abril de 1995, en otra apresurada sesión nocturna, el Congreso aprobó la Ley Nº 26749 ("Ley de Amnistía") que ordenaba la liberación de todos los oficiales policiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. En base a esta ley, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta.

Derogación de la “Ley de Amnistía”

La “Ley de Amnistía” fue derogada al final del gobierno de Fujimori, en el 2000. Al siguiente año, un 21 de marzo, la fiscal de la nación Nelly Calderón presentó cargos contra el expresidente acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta masacre y de la matanza de Barrios Altos, en 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta denuncia sirvió como base para el proceso de extradición de Fujimori, primero en Japón y después en Chile, de donde finalmente fue traído al Perú para que se le abriera un proceso judicial.  

Juicio contra Fujimori

Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los asesinados en el caso La Cantuta tenían vínculos con los grupos subversivos. El expresidente recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. El día 2 de enero de 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, así como otros delitos.

La decisión de la sala penal de considerar a las víctimas implicadas como "no relacionadas a grupos subversivos" fue criticada por diversos grupos opositores a la sentencia de no tener relación con el juicio presente. Según ellos, el juicio no tenía como fin el analizar el estado de las víctimas, sino coaccionar la orden de acción del grupo Colina con el mandato de Alberto Fujimori. Sin embargo, para los activistas y defensores de derechos humanos, marca un precedente para el enjuiciamiento de crímenes cometidos por el Estado, teniendo como responsables mediatos a autoridades civiles y militares.