Estado de Quito

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Estado de Quito

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1811-1812

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Bandera Escudo
Bandera Escudo
Ubicación de Quito
Mapa del Estado de Quito (1811-1812).
Capital Quito
0°13′N 78°31′O / 0.217, -78.517
Idioma principal Español
Otros idiomas quechua
Religión Catolicismo
Gobierno República
Título de líder Presidente del Estado de Quito
 • 1811-1812 José de Cuero y Caicedo
Período histórico Guerras de Independencia Hispanoamericana
 • Acta de instalación del Congreso Constituyente del Estado de Quito 11 de octubre de 1811
 • Batalla de Ibarra (1812) 1 de diciembre de 1812
Población
 • 1812 est. 305,020 
Moneda Real
Gentilicio: Quiteño(a)

El Estado de Quito, también llamado República de Quito, fue un estado sudamericano independiente que existió entre los años 1811 y 1812, cuyo territorio comprendía la Provincia de Quito, parte de la Presidencia homónima en el Virreinato de Nueva Granada. El Estado quiteño tuvo un cuerpo de gobierno, Ejército y una Constitución propias que lo desvinculaban del poder español y, por ello, un año después de declarar su independencia, las fuerzas realistas llegadas desde Lima, Guayaquil y Bogotá recuperaron el control del territorio y la fugaz República fue disuelta.

Historia[editar]


La historia de esta fugaz nación, una de las primeras en constituirse en la América colonial española, comienza con los hechos acaecidos durante la Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito, instalada el 10 de agosto de 1809, y posteriormente con una Segunda Junta instalada el 9 de septiembre de 1810.

Antecedentes[editar]

La invasión napoleónica a España y la abdicación del rey Carlos IV, quien cedió el trono a su hijo Fernando VII, quien a su vez abdicó a favor del emperador francés Napoleón I, creó una tensa y caótica situación política en España y sus colonias americanas a partir de 1808.

Mientras la Casa Real española se rindió a Napoleón luego de la entrevista de Bayona, el pueblo de Madrid se sublevó, y en todo el país se formaron "juntas", que eran unos gobiernos locales de carácter popular que aseguraban luchar por España y por el rey. La Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, funcionó a partir de septiembre de 1808 en Aranjuez y Sevilla, y declaró en enero de 1809 que las colonias americanas eran territorio español; dando paso, sin advertirlo, a la posibilidad de que en América se formaran juntas similares.

Esta misma Junta Suprema Central, sin embargo, mostraría su preocupación por los nacientes movimientos independentistas y ordenaría su represión con la misma saña que luego lo haría el rey Fernando VII a su regreso al trono. No obstante, las Juntas de Gobierno de América prenderían la mecha de la independencia en toda la región.

Primera Junta de Gobierno de Quito[editar]

El marqués Juan Pío de Montúfar, presidente de la primera Junta.

Esta coyuntura, el ejemplo de las juntas creadas por los propios españoles, la influencia de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, inspiraron en Quito los planes para formar una Junta Soberana. En la madrugada del 10 de agosto de 1809 los rebeldes sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, obligando al Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia, a capitular.

Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular del Convento de San Agustín, el 16 de agosto. Ésta trazó los primeros bosquejos de lo que hoy es la República de Ecuador, creando sus primeras instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. El 10 de agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al Congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, y Miraflores, así como profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de Larrea y Manuel Matheu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano.

Tan pronto se conocieron los sucesos del 10 de agosto, los gobernadores españoles de Guayaquil y Cuenca respondieron con la brutalidad habitual en la época:[1]

"Particular actuación contrarrevolucionaria tuvieron, en Cuenca, el Gobernador Melchor de Aymerich (quién años después vencería a los quiteños y sería nombrado presidente de la Real Audiencia, para ser finalmente derrotado por Sucre en el Pichincha) y el Obispo Andrés Quintián Ponte, en contraste con el Obispo José Cuero y Caicedo de Quito, y en Guayaquil, el Gobernador Bartolomé Cucalón y Sotomayor, adoptó severas medidas de represalia. Se ordenó a Francisco Baquero, en Bodegas (Babahoyo), que apresara a todos los quiteños que bajaran de la Sierra, como en efecto se hizo, con secuestro y remate de todos sus bienes, que se les condujera a Guayaquil con grilletes y que se les encerrara en mazmorras. Rigor especial se tuvo con los presos enviados por Aymerich desde Cuenca, a los que encerró con cepos y grilletes, al extremo de que uno de ellos, Joaquín Tobar, Interventor de Correos de Cuenca, murió "con los grilletes puestos".

Solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito. Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana. En Popayán, el alférez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:[2]

"Considerando que arbitrariamente se han sometido los revoltosos quiteños a establecer una Junta sin el previo consentimiento de la de España, y como se nos exige una obediencia independiente de nuestro Rey Don Fernando VII, por tan execrable atentado y en defensa de nuestro monarca decretamos: Art. único. Toda persona de toda clase, edad y condición, inclusos los dos sexos, que se adhiriese o mezclase por hechos, sediciones o comunicaciones en favor del Consejo central, negando la obediencia al Rey, será castigado con la pena del delito de lesa majestad".

Así, poco a poco Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros: «"El envío de tropas desde el Norte (de Panamá, Bogotá, Popayán, Pasto y Barbacoas) y desde el Sur (de Lima, Guayaquil y Cuenca), el bloqueo de la costa por parte del Virrey del Perú, General José Fernando Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia. Era esta la difícil situación de Quito, asediada por estas fuerzas, sin sal, sin armas suficientes y sin pertrechos, lo que originó el debilitamiento de la Junta.»[1]​ Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con él que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá.

Masacre del 2 de agosto de 1810[editar]

El viejo Conde retornó a su Palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retornar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y restableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.

Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el Ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos los que no tenían títulos nobiliarios.

El 2 de agosto de 1810, se produjo un motín popular, conocido como Motín del 2 de agosto de 1810 con la intención de liberar a los presos. Historiadores como Pedro Fermín Cevallos creen que tras el motín estuvieron Morales y Salinas, que tramaron su liberación para evitar el protagonismo de la familia Montúfar, puesto que Carlos Montúfar estaba camino de Quito en calidad de comisionado regio. Otros, como Quiroga, desconocieron del intento, por lo que sus hijas que lo visitaban se vieron envueltas en la refriega.

Los quiteños atacaron dos cuarteles: el Real de Lima, el de Santa Fe y una casa conocida como el Presidio, donde estaban detenidos los presos del pueblo.

Los soldados respondieron asesinando a los presos en los calabozos del piso alto, y luego salieron a la calle García Moreno a enfrentarse con la turba. Durante la tarde, se produjeron choques en los barrios de San Blas, San Sebastián y San Roque, mientras los soldados saqueaban las casas más ricas del centro. Entre 200 y 300 muertos y por los menos medio millón de pesos en pérdidas dejó la criminal represalia ordenada por Ruiz de Castilla y Arredondo.

Segunda Junta de Gobierno de Quito[editar]

Coronel Carlos de Montúfar. Comisionado de Regencia.

Tras una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810 entró en Quito el coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de Comisionado Regio, recibido con honores por el conde Ruiz de Castilla pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas, que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre, y quien había presidido la Suprema Junta de Gobierno (tachada de independentista) en 1809 con su respectiva persecución por disidencia.[3]​ Sobre Carlos Montúfar, dice Pedro Fermín Cevallos:[4]

"Don Carlos Montúfar, mancebo de buen sentido y de valor, regularmente disciplinado en la famosa escuela de la guerra contra los franceses, metidos en España, y de los vencedores en Bailén; era, a no dudar, el más a propósito que entonces podía apetecer la patria para defender su causa. Llegó en circunstancias en que gobernantes y gobernados se miraban, más que con desconfianza, con airado encono, y en las de que, aún cuando se habían despedido las tropas de Lima, todavía conservaba el presidente mil hombres de guarnición, y esperaba que le llegarían bien pronto las pedidas a los gobernadores de Cuenca y Guayaquil."

Tan pronto arribó, el joven Montúfar decidió convocar una nueva Junta a la que se denominaría de Gobierno, y que estaría presidida por un triunvirado conformado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar. Entre el 22 y el 25 de septiembre se realizaron diferentes reuniones en la Sala Capitular del Convento de San Agustín, en la misma se eligieron los miembros y representantes de la ciudad a la Junta Superior de Gobierno.[5]​ Para esta elección se tomó en cuenta a los tres estamentos como en Francia: el clero, la nobleza y el pueblo llano; debiéndose componer entonces de un Diputado por cada cabildo de la Real Audiencia, dos del clero, dos de la nobleza y uno de cada barrio importante de la ciudad de Quito, escogidos estos últimos por el método de electores.[6]

Así, el 25 de septiembre de 1810 se estructuró el gobierno de Quito, plasmado en la definición de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. El poder Ejecutivo estuvo presidido por don Juan Pío Montúfar, e integrado por Pedro Quiñones Cienfuegos, Calixto Miranda, Ignacio Ortiz de Ceballos y Jacinto Sánchez de Orellana. El poder Legislativo estuvo regido por Antonio Tejada, el provisor Manuel Caicedo, Luis Quijano, José Salvador, Miguel Suárez y José Ascázubi. Finalmente, el poder Judicial estuvo conformado por Javier Gutiérrez, Juan José Mena y Luis González. Con la conformación e instalación de la Junta Superior de Gobierno de Quito se establecieron las bases para organizar política de la provincia.[5]

Una de las primeras decisiones de la Junta fue declarar la amnistía a los sucesos acaecidos en 1809, permitiendo el regreso de quienes habían huido (incluido el padre de Carlos Montúfar, Juan Pío). Se restableció las tropas juntistas, dotándolas del armamento que de una u otra forma lograron retener de las de Perú o Panamá que habían ya abandonado Quito por orden de Ruiz de Castilla. Al conocer dichas decisiones, el virrey Abascal se puso en alerta y detuvo el embarque de aprovisionamiento al Cuartel de Quito, sosteniéndole en la fiel a la corona, Guayaquil, bajo la excusa de dificultades de transporte. De la misma manera se detuvo a las tropas panameñas en Guaranda bajo la premisa de que no existía alojaminto ni víveres en el puerto para el momento de su llegada y su embarco de regreso a Panamá; logrando de esta manera vigilar los movimientos que daría el coronel Montúfar, y que el Virrey de Perú intuía eran peligrosos.[7]

Renuencia de Guayaquil[editar]

Cuando Carlos Montúfar quiso visitar las ciudades de Guayaquil y Cuenca, en su calidad de Comisionado Regio, estas no le quisieron recibir. En efecto, Guayaquil se había declarado separada de la Audiencia de Quito y el Virreinato de Nueva Granada para ligarse al Virreinato del Perú, por lo que el virrey Abascal le escribió una misiva que rezaba: «(...) desconociéndole como Comisionado del Rey, pues no he recibido ninguna comunicación al respecto. Y aún en el supuesto de que fuere tal Comisionado no se puede extender demasiado las facultades que se la ha concedido, hasta el extremo de dictar leyes y organizar Juntas que turban la paz y tranquilidad de estos pueblos».[6]

Para ejercer la misión a él encomendada por España, y conocer con certeza la posición del pueblo guayaquileño, Carlos Montúfar envía una carta dirigida al Ayuntamiento de esa ciudad el 20 de septiembre; en la misma explicaba que en ejercicio de su cargo de Comisionado del Consejo de Regencia para la Real Audiencia de Quito, ha determinado pasar a la ciudad portuaria. Manifiesta también que desconoce la arbitraria y abusiva separación que hizo el Virrey de Perú sin disposición especial del Virreinato de Nueva Granada, a cuya jurisdicción pertenecía Guayaquil. Ocho días después dirige nuevamente una carta a nombre de la Junta de Gobierno firmada por él mismo y el Conde Ruiz de Castilla, solicitando la designación de los representantes de Guayaquil para su conformación, electos mediante convocatoria de los cuerpos y nobleza[6]

El Ayuntamiento de Guayaquil, en sesión celebrada el 28 de septiembre con presencia de Francisco Gil, Vicente Rocafuerte y Francisco Javier Paredes, conoce la carta de Montúfar y sus intenciones de visitar la ciudad; a la que responde: «(...) respecto de esta Provincia, está quieta y tranquila, sin necesidad de otras reformas y disposiciones que las que ha tomado el excelentísimo señor Virrey del Perú (...) y respecto de que este Cabildo no puede hacer nada que no sea conforme a lo que el el referido excelentísimo señor tenga bien en disponer en este asunto, detenga su viaje».[6]

Respecto a la carta enviada a nombre de la Junta de Quito, la respuesta del Ayuntamiento fue: «acerca de esta incidencia se ha dado cuenta al Sr. Virrey del Perú, a quien únicamente esta Provincia quiere subordinarse, se acordó contestar al Sr. Presidente de Quito y Comisionado Regio, reproduciéndole la contestación anterior». Esta última parte se refiere a la misiva enviada por el virrey Abascal al Ayuntamiento guayaquileño: «(...) se diga a dichos señores que excusen más solicitudes que traigan el mismo aspecto con referencias a esos propios objetos y que se entiendan directamente conmigo, el Virrey».[6]

Muere así toda esperanza de que Guayaquil se una al plan trazado por el coronel Carlos de Montúfar. De igual manera recibió respuestas negativas del Ayuntamiento de Cuenca; quedando relegada la Junta a los territorios de Quito, Ibarra, Esmeraldas, Riobamba, Latacunga, Otavalo, Ambato y Guaranda.

Independencia[editar]

Obispo José de Cuero y Caicedo. Presidente del Estado de Quito.

Para el 9 de octubre de 1811, la Junta de Gobierno que fue originalmente leal a la corona hispana, volvió a declarar que no obedecería al virrey de la Nueva Granada, reivindicando los valores de la Junta del 10 de agosto de 1809. Apenas dos meses después, es decir el 11 de diciembre de 1811, Quito proclamó su independencia total de España. Jurídicamente, este es el episodio más importante en el proceso de formación del Estado ecuatoriano actual. La mayoría de sus gestores, casi desconocidos, son los personajes que mejor entendieron, desde la perspectiva quiteña, la significación política de una Constitución y quienes le dieron dimensión histórica a la Nación/Estado de Quito.[8]

Ruiz de Castilla fue obligado a renunciar a la presidencia de la Junta, siendo sustituido por el obispo Cuero y Caicedo, quien firmaba sus decretos de esta manera: «"Joseph, por la gracia de Dios, Obispo y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito"». Nuevamente, las ciudades cercanas le declararon la guerra a Quito y despacharon tropas para someterla, como las que iniciaron travesía desde Lima al mando de Toribio Montes para someter al nuevo Estado.

El 15 de febrero de 1812 se promulgó la primera Constitución ecuatoriana: la Constitución del Estado de Quito, que establecía una República con división de poderes y terminaba con cualquier sospecha sobre las convicciones republicanas de los quiteños. Este fue el primer Estado independiente y soberano proclamado en el territorio del actual Ecuador y ejerció jurisdicción sobre la Sierra central y norte, así como sobre el litoral de Esmeraldas.[9]​ Más que una Monarquía Constitucional, la forma de gobierno que implanta esta Constitución es la de un Estado Soberano que reconoce al Rey de España como su Señor, en un modelo en gran medida similar al implantado en la Commonwealth británica, integrada por Estados independientes, que reconocen al Monarca como representación simbólica de Jefe del Estado sin ninguna competencia política real.[10]

Durante esta etapa, y con un pueblo que guardaba la memoria de la crueldad ejercida por el gobierno del anciano Conde Ruiz de Castilla y sus tropas el 2 de agosto de 1810, la ciudadanía enardecida cobró venganza y asesinó al asesino cruel el 15 de junio de 1812. Este hecho fue llevado a cabo por mestizos e indígenas del barrio de San Roque que asaltaron el Convento de La Merced, donde se había refugiado Urriés después de renunciar a la Junta de Gobierno.[10]​ También fueron ejecutados el oidor Fuertes y Amar, uno de los más crueles perseguidores de los quiteños, y los monárquicos Pedro y Nicolás Calixto.

El Congreso Constituyente[editar]

Dr. Antonio Ante, diputado por la ciudad de Guaranda.

El acta de instalación del Congreso Constituyente del Estado de Quito fue suscrita el 11 de diciembre de 1811 en el Palacio Real, por los siguientes individuos, quienes además repartieron los cargos dentro del nuevo Gobierno que empezaba aquel día:[9]

Nombre Posición en el Gobierno
Poder Ejecutivo
José de Cuero y Caicedo
Obispo de Quito
Presidente
Juan Pío Montúfar
II Marqués de Selva Alegre
Vicepresidente
Dr. Luis Quijano Secretario de Estado y Guerra
Vocal
Dr. Salvador Murgüeitio Secretario de Gracia, Justicia y Hacienda
Vocal
Representantes del Clero
Francisco Rodríguez Soto Representante del Cabildo eclesiástico
Fray Álvaro Guerrero Representante del Clero regular
Prudencio Vásconez Diputado del Clero Secular
Representantes de la Nobleza
Jacinto Sánchez de Orellana
II Marqués de Villa Orellana
Representante de la alta nobleza
Mariano Guillermo Valdiviezo Representante de la baja nobleza
Representantes del Pueblo Llano
Manuel Zambrano Representante del Ayuntamiento
Manuel Larrea
Marqués de San José
Diputado por la parroquia de Santa Bárbara
Manuel Matheu y Herrera
Hijo de los Marqueses de Maenza
Diputado de la parroquia de San Marcos
Mariano Merizalde Diputado de la parroquia de San Roque
Miguel Antonio Rodríguez Diputado de la parroquia de San Blas
Vocal
Calixto Miranda Suárez de Figueroa Diputado por la ciudad de Ibarra
Manuel Guizado y Palazuelos Diputado por la ciudad de Otavalo
Dr. Francisco Aguilar Diputado por la ciudad de Riobamba
Dr. José Manuel Flores Diputado por la ciudad de Latacunga
Dr. Miguel Suárez Diputado por la ciudad de Ambato
José Antonio Pontón Diputado por la ciudad de Alausí
Dr. Antonio Ante Diputado por la ciudad de Guaranda

La Constitución del Estado de Quito[editar]

El 1 de enero de 1812, Cuero y Caicedo convoca un Congreso para elaborar la ley constituyente. Es en esta época que Francisco Calderón (padre de Abdón Calderón) empezó a ganar prestigio apoyado por el grupo del Marqués de Villa Orellana, Jacinto Sánchez de Orellana, al caer la fama y prepotencia de los Montúfar tras los últimos fracasos en las fronteras. Sin embargo, en el Congreso, los llamados montufaristas lograron una mayoría, lo que dificultaba el panorama a los autodenominados sanchistas.[7]

El Doctor Agustín Salazar y Lozano, en sus libro "Recuerdos de los Sucesos Principales de la Revolución de Quito desde el año 1809 hasta el de 1814" sostiene que:[3]

Al instalarse el Congreso, se presentaron dos ensayos de carta constitucional. En realidad, fueron tres, todos redactados por miembros ilustrados del clero, que participaban como Diputados: Uno lo preparó el canónigo penitenciario Manuel José Guizado y Palazuelos, diputado por el corregimiento de Otavalo y del cual se desconoce el texto. Otro fue elaborado por el canónigo Calixto Miranda Suárez de Figueroa, Diputado por la ciudad de Ibarra y maestrescuela de su Catedral, proyecto que Alfredo Ponce Ribadeneira publicó en 1960 en su obra "Quito: 1809-1812". Un tercero fue presentado por el presbítero Miguel Antonio Rodríguez, profesor de filosofía, quien participaba como Vocal y Diputado por la parroquia de San Blas. Fue este documento el que finalmente se adoptó; y sobre ello existen varios testimonios, como el del profesor e historiador alemán, Ekkehart Keeding, quien interesado en la Historia iberoamericana residió 11 años en Quito.

Palacio Real de Quito, lugar donde fue emitida la Constitución de 1812.

La Constitución quiteña, emitida el 15 de febrero de 1812 en el Palacio Real, no se agota en el hecho histórico de declarar la independencia y la unión de las provincias que formarían el nuevo Estado; sino que es un acto de fundación, la expresa manifestación soberana de la conformación de una entidad política y la culminación del proceso que se inició el 10 de agosto de 1809 con la Primera Junta de Gobierno. Se trata de la primera carta política de Ecuador, cuya originalidad corre a la par con la dialéctica conceptual de los fundadores: la élite quiteña, que en el preámbulo del documento articuló una visión compleja, inusual e interesante de los fundamentos de la nueva autoridad, es decir, de la legitimidad del mando republicano que iba a sustituir al dominio colonial.[8]

Este estatuto político consagraba una forma de gobierno popular y representativa, cuya autoridad máxima sería un Supremo Congreso de Diputados formado por representantes de las Provincias Libres, en el que debía radicar la Representación Nacional y la autoridad soberana del Estado. Para la administración del país, este Supremo Congreso debía nombrar a la autoridad gubernamental, que estaría dividida en tres poderes diferentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ser ejercidos por cuerpos o personas diferentes. El Poder Ejecutivo estaría integrado por un Presidente del Estado, tres Asistentes y dos Secretarios con voto informativo. El Poder Legislativo, por un Consejo o Senado compuesto de tantos miembros como provincias tuviere el país. Y el Poder Judicial, por cinco jueces que ejercerían una presidencia rotativa, y un fiscal. Al Supremo Congreso, que debía renovarse cada dos años, quedaba asignada la función de ser Tribunal de censura y vigilancia constitucional, proteger y defender los derechos del pueblo, y actuar como Juez en el juicio de residencia que indefectiblemente debía abrirse contra los miembros de los poderes ejecutivo y judicial al término de su mando.[11]

Uno de los principales argumentos para la identificación clara de la declaratoria de independencia puede ser encontrado en el artículo 2 del documento, en donde se especifica que el nuevo Estado es independiente de otros similares y sus gobiernos, llamando a una integración de otros pueblos de la América colonial:[9]

“El Estado de Quito es y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior, reservándola a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo que tiene trascendencia general al interés público de toda la América, o de los Estados de ella que quieran confederarse.”

Este último artículo responde a la necesidad imperante de pactar con los granadinos, cuyas Juntas eran las únicas de las que Quito podía esperar cierta aceptación, y de esa manera concentrarse en los ataques que recibía desde el sur y Guayaquil, y por ello se dispuso que la nueva Constitución además separara totalmente a Quito del Consejo de Regencia y de las Cortes de Cádiz, debiendo permanecer también libres de toda dependencia, sujeción y arbitrio de cualquier otro gobierno extraño, garantizando así la buena vecindad sin poner en riesgo la soberanía. Este paso era decisivo, pues no escondía el rechazo a la injerencia extranjera, ya sea de los dos virreynatos que rodeaban a Quito, o del mismo Rey de España[7]

Según el Congreso Constituyente, si bien las potestades políticas de sus mandatarios y diputados son un encargo del "pueblo soberano", el origen del poder y el correlativo deber de obediencia de los ciudadanos, nace finalmente de Dios. La Providencia Divina es, según ellos plasman claramente en la carta constitucional, la que determina los acontecimientos y coloca a los pueblos en condiciones de elegir su destino. Es entonces que, habiéndose puesto en cuestión la autoridad del rey español y habiendo desaparecido su soberanía real por efecto de la invasión napoleónica a España, el poder y la soberanía que fueron transitorio encargo divino a la realeza, volvieron a radicarse en el pueblo, en quien originariamente reside tal potestad. Y es esa soberanía política reasumida la que legitima la expedición de la nueva Constitución y la fundación del Estado de Quito.[8]

Ha de advertirse también que, del mismo modo que se insistía en el mantenimiento de fidelidad al Rey (mucho más endeble que en 1809), también se pretendía evitar la continuación del régimen absoluto, al que llamaban despótico y asociaban con la posibilidad de un Godoy; aprovechando la oportunidad para reformar la monarquía convirtiéndola en constitucional, aunque no unificada, sino plural a modo de la actual Commonwealth británica.[7]

El documento de la Constitución quiteña de 1812 está firmada solo por parte de los miembros del Congreso Constituyente original; a saber:[9]

  • Obispo José de Cuero y Caicedo, Presidente de Quito.
  • Juan Pío Montúfar, Vicepresidente de Quito.
  • Francisco Rodríguez Soto, Representante del Cabildo eclesiástico.
  • Fray Álvaro Guerrero, Representante del Clero regular.
  • Calixto Miranda, Diputado de la provincia de Ibarra.
  • Dr. Francisco Aguilar, Diputado de la provincia de Riobamba.
  • Dr. José Manuel Flores, Diputado de la provincia de Latacunga.
  • Miguel Suárez, Diputado de la provincia de Ambato.
  • Manuel Larrea, Diputado de la parroquia de Santa Bárbara.
  • Dr. Mariano Merizalde, Diputado de la parroquia de San Roque.
  • Manuel José Caicedo.
  • Vicente Lucio Cabal.

Gobierno y política[editar]

Estado[editar]

Según la Constitución de 1812, el gobierno de Quito estaba conformado por tres funciones estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Función Ejecutiva[editar]

Palacio Real de Quito, sede del poder ejecutivo de 1812.

La función ejecutiva estaba conformada por el Presidente del Estado, tres Asistentes y dos Secretarios con voto informativo que nombraba el Congreso. Su duración en el cargo no podía pasar de los daños y no eran reelegibles sino hasta haber pasado dos turnos. Era el responsable de el cumplimiento, guarda y ejecución en todos los artículos de la Constitución en primer lugar, y todas las leyes que no estén reformadas o abolidas por ella, como también de todos los Reglamentos, Leyes o providencias que la Legislatura sancione.

El cuerpo ejecutivo era, además, encargado del gobierno económico en todos los ramos de la Administración Pública, Hacienda y de Guerra; al igual que los ramos de industria, educación, prosperidad pública y todos los establecimientos dirigidos a esos fines. Era potestad exclusiva del Presidente el nombrar empleados civiles, militares, económicos y de Hacienda dentro del aparato estatal. Le correspondía también velar sobre la recaudación de los caudales públicos, custodia y adelantamiento del Tesoro Nacional y su inversión; debiendo presentar un informe minuciosamente detallado y entendible de estas actividades en un folleto impreso que circulase por todas las Provincias cada año.

El Presidente del Estado tenía los honores de Capitán General de Quito, y era él solo el Comandante General de toda la fuerza armada; pero no podía hacer leva de gente, reunir tropas, ni trasladar de un lugar a otro los Destacamentos o las Milicias sin consentimiento del Poder Legislativo y Ejecutivo.

El Presidente podía convocar y presidir sin voto en sesiones extraordinarias, la Sala o Salas de la Representación Nacional cuando lo estimase necesario para la utilidad común; y aunque no podía mezclarse en lo legislativo y judicial, velaba sobre cada uno de estos poderes, a fin de que cumplan y desempeñen su cargo a cabalidad, imponiendo si fuese necesario una penalidad económica a los negligentes. El poder ejecutivo tenía derecho de proponer a la Legislatura todo aquello que estime digno de su atención, y también de suspender la promulgación de una ley sancionada, dando las causas que para ello tuviere al Poder Legislativo, dentro del preciso término de ocho días.

Finalmente, la Constitución aclaraba que durante el tiempo que durase en sus funciones, el Presidente del Estado recibiría un sueldo de cuatro mil pesos, los Asistentes mil quinientos pesos y los dos Secretarios mil pesos en cada año, que se les contribuirían del Erario o fondo público.

Función Legislativa[editar]

La función legislativa del Estado de Quito recaía sobre los miembros del Supremo Congreso de los Diputados Representantes de sus Provincias libres, y en los Cuerpos que éste señale para el ejercicio del poder y autoridad soberana. Era ejercido por un Consejo o Senado, compuesto de tantos miembros como número fuesen las provincias constituyentes al momento de la firma (ocho), y mientras calculada su población resultaba los que corresponden a cada cincuenta mil habitantes; estos miembros de la legislatura debían ser elegidos por el Supremo Congreso.

El Supremo Congreso era el Tribunal de censura y vigilancia para la guarda de la Constitución, protección y defensa de los derechos del pueblo y de la enmienda y castigo de los defectos en que resultasen culpables los miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial. Debía renovarse cada dos años en el mes de noviembre, para anunciar a las Provincias el término de sus funciones, señalar el día de las elecciones parroquiales, y el de la elección de Diputados que debía ser uniforme en todo el Estado, y el de su comparendo en la Capital que deberá ser siempre antes del primero de enero.

Cada Provincia no podía elegir para el Congreso más de un Diputado, excepto la de Quito a la que le correspondía el derecho de designar dos en atención a que su población doblaba la de las demás. La duración de sus funcionarios nunca pasaría de dos años ni existía reelección hasta pasados dos turnos; se exceptuaba el caso en que la totalidad de los votos del Congreso aclamasen el mérito y la necesidad de algún individuo, pero solo para el ejercicio del mismo poder que había ejercido anteriormente, sin que puedan volver a ser aclamados por segunda vez sin haber pasado al menos un turno.

Entre sus funciones estaba la de reformar la práctica de los juicios civiles y criminales en todos los Tribunales del Estado, la formación de reglamentos útiles tanto en lo político, económico y militar, la corrección y enmienda de las Leyes perjudiciales a la libertad y derecho de los quiteños, y la formación de otras análogas a la situación y circunstancias que se fuesen presentando, reservándose de manera exclusiva la interpretación de las dudosas.

Era peculiar y privativo del Legislativo el arreglar toda especie de tasas, contribuciones y derechos que debían exigirse, tanto en la cantidad como en el monto de su recaudación. Sin el consentimiento y permiso de la Legislatura, ningún particular ni corporación podía imponer o exigir contribución alguna. Le tocaba también señalar las pensiones y sueldos que debían gozar los empleados y funcionarios públicos, y aumentar o disminuirlos en proporción al trabajo y utilidad que de él resulte al bien común del Estado.

Cualquier miembro de la Legislatura tenía derecho a proponer reglamentos o proyectos de Ley que juzgase convenientes a la felicidad pública; al Cuerpo le tocaba entonces acordar si era admisible, y si debía traerse a discusión. Estas discusiones debían públicas, y sin esta cualidad cualquiera sanción era nula; debía fijarse en público una copia del proyecto y las reformas propuestas, otorgando tres días para que todos los ciudadanos que quisieran presentar sus memorias u observaciones y reflexiones, lo hiciesen por medio del Secretario.

El Poder Legislativo tenía sesiones ordinarias tres días en cada semana, de tres horas cada una; y se juntaría en sesión extraordinaria siempre y cuando el Presidente del Estado lo mande. La Presidencia de las Salas en sus sesiones ordinarias, sería por turno entre sus individuos, siendo en la Primera Sala cada semana, y en la Segunda cada tres meses; y por igual término se turnarían la Secretaría en el Legislativo. Los funcionarios de este Poder, tenían un sueldo de mil pesos por año para compensar los perjuicios de sus negociaciones en el tiempo que estaban en el servicio del público.

Función Judicial[editar]

El Poder Judicial del Estado de Quito era ejercido por la Corte de Justicia, presidida por cinco individuos, de los cuales cuatro eran jueces que se turnaban la Presidencia de la Sala, y un Fiscal; todos nombrados todos por el Supremo Congreso. Ejercía su poder sobre todos los casos o cosas que las leyes dispusiesen con respecto a las extinguidas Audiencias sobre las materias civiles y criminales contenciosas, salvo las reservadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los demás Tribunales inferiores de primera instancia, los de los Corregidores, Alcaldes ordinarios, Jueces de Policía y los Pedáneos no eran parte de l Poder Judicial, aunque no podían actuar fuera de sus dictámenes; ni tampoco las Municipalidades que al momento de la firma de la Constitución existiecen o se establecieren adelante.

Los miembros del poder judicial recibían un sueldo de mil quinientos pesos al año, salidos del Erario Nacional o fondo público.

División administrativa[editar]

El 15 de febrero de 1812 se firma el llamado "Pacto solemne de sociedad y unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito", que constituía una clara reafirmación de los territorios del antiguo Reino de Quito pre-inca en el nuevo Estado. Se reservó además a la disposición y acuerdo del Congreso General, «en el que estuvieran completas las provincias, todo lo que tiene trascendencia al interés público de toda la América, y de los Estados de ella que quieran confederarse».[9][7]

El siguiente cuadro presenta datos de las provincias, como sus nombres, capitales, número de subdivisiones territoriales y población. Algunas cifras corresponden a un estimado basado en el Censo del año 1784, la fecha más próxima al nacimiento del Estado de Quito:[12]

Provincias del Estado de Quito
# Provincia Capital Divisiones Población
1 Escudo de Alausi.jpg Alausí Alausí 5 12.000
2 Ambato Ambato 10 52.300
3 Escudo gda.jpg Guaranda Guaranda 9 13.100
4 Ibarra y Esmeraldas Ibarra 13 16.300
5 Latacunga Latacunga 14 49.500
6 Otavalo Otavalo 9 34.720
7 Coat of Arms of Quito.svg Quito Quito 35 63.300
8 Escudo de Riobamba (Ecuador).jpg Riobamba Riobamba 20 63.800
9 Coat of arms of San Juan de Pasto.png de los Pastos Pasto - -

Las provincias a su vez se dividían, en orden descendente, en localidades, parroquias y barrios. En todos los casos se respetó la distribución establecida durante la administración española previa al Estado de Quito.

Defensa[editar]

La defensa del Estado de Quito estaba a cargo del Ejército Nacional. Se dividía en tres Destacamentos principales, comandados por el coronel Carlos de Montúfar en Quito, Pedro de Montúfar en Ibarra y el capitán Francisco García-Calderón en Riobamba y Alausí.

Guerras y batallas[editar]

En febrero de 1811 Carlos Montúfar se enfrentó con las fuerzas del general Arredondo en las inmediaciones de la ciudad de Guaranda; de igual manera intentó someter a a ciudad de Cuenca (que se había agregado al Virreinato del Perú), pero cuando se encontraba por entrar a la ciudad, en las inmediaciones de Cañar, ordenó una repentina retirada debido a la dificultad creada por la lluvia y la escasez de víveres.[7]

A mediados de año una fuerza del ejército quiteño, liderada por Pedro de Montúfar (tío de Carlos) es enviada desde Tulcán hacia Pasto para tomar la ciudad e incorporarla a Quito; al mismo tiempo recibió la orden de incorporar Barbacoas. había que agotar las oportunidades expansionistas en el norte «a fin de que, haciendo publicar el auto de reunión e incorporación de dicha Provincia de los Pastos a la jurisdicción de este Gobierno (de Quito), los declare por súbditos que gozan de su legítima protección». Así, el 11 de septiembre de 1811 entraban los quiteños triunfantes a la ciudad de Pasto, con lo que lograban una primera e importante incorporación.[7]

Previamente, el 16 de julio, Pedro de Montúfar había oficiado el Cabildo de Barbacoas, para reclamar en el nombre de Quito, que también se entregara a la misma protección payinesa en el plazo de diez días, así como la entrega de la isla de Tumaco y su importante puerto, buscando así suplir la falta que hacía Guayaquil en los planes del Estado quiteño. Más, el intento fracasó pues el territorio se incorporó a la Confederación del Cauca el 8 de octubre. De igual manera el Gobierno quiteño tuvo que entregar Pasto a los granadinos más adelante[7]

Demografía[editar]

La población del Estado de Quito era de aproximadamente 305.020 habitantes según el Censo más próximo a la época, realizado 20 años antes en 1784.[12]​ Basados en estos datos podemos calcular que las regiones más pobladas estaban en las provincias de Quito al norte y Riobamba al sur, que sumaban juntas más del 40% del total nacional. Mientras que las zonas menos pobladas se encontraban en la zona costera de Esmeraldas y oriental de Otavalo, con menos del 1% del total.

Caso especial merecen las provincias de Ambato y Latacunga, cuya población bordeaba los cincuenta mil habitantes cada una. Mientras que las provincias menos poblada eran Alausí y Guaranda, con cerca de solo diez mil habitantes cada una. Otavalo por su parte, se encontraba en un punto medio. No se tienen datos de la provincia de los Pastos, debido a que solo perteneció a Quito por pocos meses.

Composición étnica[editar]

Retrato de Dama principal quiteña y su esclava negra, Vicente Albán.

Basándose nuevamente en el Censo de 1784 se puede observar lo siguiente en cuanto a la composición étnica de las provincias del Estado de Quito:[12]

Provincia Blancos y
mestizos blancos
Indígenas y
mestizos indígenas
Negros
Alausí sin datos sin datos sin datos
Ambato 16.713 35.509 41
Guaranda 5.222 7.741 137
Ibarra 6.993 8.071 262
Latacunga 11.515 37.572 395
Otavalo 2.795 26.020 5.905
Quito 21.168 40.542 1.515
Riobamba 14.650 48.739 366
NACIONAL 78.996 204.194 8.621

Como se puede observar, la presencia de la sociedad mestiza estaba ligada al color predominante de piel y de las posibilidades económicas. Es decir que si el mestizo era de piel clara y poseía recursos, era considerado blanco dentro del Censo, estos generalmente eran castizos o harnizos; mientras que si presentaba un tono de piel más oscura y no tenía dinero, era considerado indígena (cholos y chamizos) . El Estado de Quito contaba además con un bajo porcentaje de habitantes de raza negra, que se concentraban principalmente en el Valle del Chota de la provincia de Otavalo y, en menor medida, en la ciudad de Quito.

La clase dominante siguieron siendo los blancos (aunque los peninsulares quedaron relegados del aparato estatal, manejado ahora por los criollos) y, en menor medida, los mestizos blancos, que por primera vez accedían a cargos públicos importantes. La clase dominada seguían siendo los indígenas y mestizos indígenas; mientras que los negros eran en su mayoría esclavos o libres con pago. En este sentido el Estado de Quito mantuvo la sociedad de castas que se había manejado bajo el régimen español.

Ciudades[editar]

Riobamba era la segunda ciudad más poblada del Estado de Quito en 1812.
Ambato, la tercera ciudad del Estado quiteño.

En el Estado de Quito existía una red de ciudades similar a las de otros estados de la época, condicionada por la densidad de población, la industrialización y los condicionantes históricos. Así, las principales ciudades eran las capitales de las provincias que conformaban la nación, tradicionales centros del poder político.

A la cabeza de todas estaba Quito, la capital, con cerca de veinticuatro mil habitantes, doblando la población de la siguiente en la lista: Riobamba, con trece mil quinientos habitantes, seguida muy de cerca por Ambato, con trece mil trescientos habitantes. Es importante señalar que estas tres ciudades, además, concentraban en sus respectivas provincias a la mayor parte de la población quiteña en 1812. A continuación una lista de las 30 más pobladas:[12]

Principales ciudades del Estado de Quito (1812)
Posición Ciudad / Provincia Población
Quito / Quito 23.726
Riobamba / Riobamba 13.325
Ambato / Ambato 13.217
Pelileo / Ambato 10.623
Saquisilí / Latacunga 10.132
Latacunga / Latacunga 9.764
Otavalo / Otavalo 8.841
Pujilí / Latacunga 8.566
Santa Rosa / Ambato 7.785
10ª Licto / Riobamba 7.185
11ª Cayambe / Otavalo 6.471
12ª Ibarra / Ibarra 6.227
13ª Cebadas / Riobamba 5.922
14ª Cotacachi / Otavalo 5.405
15ª Píllaro / Ambato 5.067
16ª Cicalpa / Riobamba 4.793
17ª Guano / Riobamba 4.665
18ª Cajabamba / Riobamba 4.629
19ª Quisapincha / Ambato 4.603
20ª Mocha / Ambato 4.298
21ª Punín / Riobamba 4.196
22ª Tumbaco / Quito 3.840
23ª San Pablo / Otavalo 3.774
24ª Sangolquí / Quito 3.476
25ª Achambo / Riobamba 3.242
26ª Alausí / Alausí 3.170
27ª Urcuquí / Otavalo 3.109
28ª Atuntaqui / Otavalo 2.828
29ª Guanujo / Guaranda 2.540
30ª Guaranda / Guaranda 2.310

Es importante notar como, a pesar de ser las ciudades más pobladas de sus respectivas provincias, y por tanto el centro de poder de ellas, muchas de las capitales no eran precisamente las más poblados del país; tal es el caso de Ibarra, que demográficamente ocupa el duodécimo lugar nacional, por debajo de varias localidades de las provincias de Ambato, Latacunga, Otavalo y Riobamba que no eran cabeceras jurisdiccionales. Otras, por ejemplo, ni siquiera eran la urbe más poblada de su propia provincia, pero mantenían una hegemonía histórica y cultural importante; tal como es el caso de Guaranda, que se encuentra en la 30va posición nacional, aún por debajo de una localidad subordinada a su control: Guanujo.

Las ciudades mayoritariamente indígenas como Saquisilí, Pujilí, Cotacachi y Píllaro, se encontraban entre las más pobladas del Estado De Quito; remarcando la importancia que debían haberle dado a las nacionalidades quechuas para contar con su apoyo en el proceso estatal.

Caída del Estado de Quito[editar]

Crisis interna[editar]

En aquellos días la idea de la adopción de un sistema republicano representativo como forma de gobierno fue el tema de interés y discusión de los miembros del régimen quiteño, hecho que provocó la radicalización de las posturas ideológicas y que desencadenó en una división de dos grupos antagónicos. Por un lado, estaban los “montufaristas”, partidarios de Juan Pío y Carlos Montúfar, que propugnaban vincularse a España en una situación de igualdad de derechos y de representación, como la que se estaba construyendo en Cádiz, el equivalente a la Commonwealth británica moderna. Por otro lado, se encontraban los “sanchistas”, seguidores de Jacinto Sánchez de Orellana, que exigían la total independencia de España y de sus reyes para conformar gobiernos republicanos autónomos.[5]

Descontentos con la legislatura de los montufaristas, quienes eran mayoría en el Congreso, los sanchistas se retiran a Latacunga el 24 de febrero de 1812, donde instalan un Congreso paralelo. Convocaron a las tropas capitaneadas por Francisco García-Calderón, y que se encontraban en Alausí, para marchar sobre la ciudad de Quito y deponer a los Montúfar. Finalmente, los montufaristas arreglaron las disputas con los sanchistas y juntos se propusieron una campaña militar sobre Cuenca que brindara los laureles necesarios a la nueva situación.[7]

La marcha hacia Cuenca tuvo que terminar en retirada por las condiciones climáticas, la falta de víveres y el encuentro de resistencia indígena comandada por los hacendados blancos del Azuay. De igual manera por el norte, las fuerzas dirigidas por Pedro de Montúfar empezaban a replegarse de a poco frente a los ejércitos granadinos.[7]​ Estas derrotas repercutieron negativamente en la imagen del Estado ante el pueblo.

Últimos días[editar]

El Panecillo, último lugar de resistencia quiteña en la ciudad. Óleo de Rafael Salas, siglo XIX.

En mayo de 1812, desde el Virreinato del Perú, se nombró unilateralmente a Toribio Montes como pacificador y nuevo Presidente de la Audiencia de Quito. Esto motivó a que la Junta reorganice un ejército con varios batallones para enfrentarlo y, en primer lugar, detener la marcha del Coronel Arredondo contra Quito e impedir el acercamiento de Montes a la ciudad.[13]

Así, en julio de 1812 en San Miguel de Chimbo, se encontraron los ejércitos de Francisco Calderón (Quito) y Arredondo (Lima) en la Batalla de Chimbo, con un final positivo para el ejército quiteño que obligó a la retirada de Arredondo y sus tropas.[13]​ Mientras tanto, un contingente enviado desde la ciudad de Quito al mando del general Checa, avanzaba hacia el sur para apoyar la campaña de Calderón, pero fueron interceptados por las tropas de Toribio Montes el 2 de septiembre en Mocha, donde ambos bandos se enfrentaron en la Batalla de Mocha, y el ejército quiteño se vio obligado a replegarse hacia el Valle de Los Chillos.[7][13]

Montes avanzó sin problemas por la cordillera Occidental hasta Quito. El 7 de noviembre, las fuerzas de Montes sitiaron la ciudad y los soldados quiteños comandados por Carlos de Montúfar resistieron en el fortín del cerro de El Panecillo, ubicado en el centro mismo de la urbe; sin embargo, tras la llamada Batalla de El Panecillo, el contingente español tomó Quito el 8 de noviembre.[13]​ Por temor a la barbarie española, buena parte de la población abandonó la capital hacia el norte, buscando refugio en la ciudad de Ibarra.

Los restos del Ejército patriota fueron finalmente derrotados en la Batalla de Ibarra, en las cercanías de la milenaria laguna de Yaguarcocha, el 1 de diciembre de 1812. En el mismo lugar ejecutaron al patriota Francisco García-Calderón, cuyo hijo Abdón Calderón, lucharía por la libertad en la Batalla del Pichincha, en la que tuvo destacada actuación.[14]

Llega así a su final el Estado de Quito, sostenido casi por dos años sin recursos, y presionado militarmente por los flancos norte y sur, tras una casi milagrosa supervivencia lograda a base de una fina habilidad política y diplomática que, lamentablemente, fue opacada por ese juego sutil que se vieron obligados a llevar a cabo frente a los dos poderosos Virreinatos españoles que lo rodeaban y la falta de apoyo de las provincias de Guayaquil y Azuay.[7]

El Gobierno colonial se restableció en la ciudad capital, violentamente pacificada por los españoles al mando del nuevo presidente de la Real Audiencia, el mariscal Melchor de Aymerich.

Consecuencias[editar]

Al anciano obispo Cuero y Caicedo, presidente del Estado de Quito, se le quitó su dignidad eclesiástica y se le confiscaron su biblioteca y bienes. Fue condenado al destierro y se le remitió preso a Lima, en donde murió antes de ser enviado a España para ser juzgado por insurrección y traición a la Corona.

El Marqués de Selva Alegre, vicepresidente del Estado, fue apresado y acusado de ser «heredero de los proyectos sediciosos de un antiguo vecino nombrado Espejo que hace años falleció»,[15]​ por lo que fue enviado preso a Cádiz en 1816, donde murió dos años más tarde. Al final de sus días, el Marqués declaró su republicanismo abiertamente y renunció al título nobiliario que el rey Fernando VI había concedido a su familia el siglo anterior.

Por otro lado, el Marqués de Villa Orellana, que había sido representante de la Alta Nobleza en el Gobierno quitense, fue acusado de ser criollo insurgente, seductor y entusiasta de la causa republicana, por lo que se dispuso su apresamiento y envío a España para ser juzgado en 1816, pero falleció poco antes.[15]

Nicolás de la Peña y su esposa, Rosa Zárate, intentaron fugar de la represión de Toribio Montes que en 1813 los acusó de «graves, atroces y públicos delitos», por lo que fueron condenados a muerte. Capturados en Tumaco, fueron ejecutados el 17 de junio de ese año, y sus cabezas remitidas a Quito para ser exhibidas en la Plaza Mayor como un medio para amedrentar a la población simpatizante de la causa independentista.[15]

Carlos de Montúfar, que luego de ser desterrado tras estos acontecimientos y haber logrado huir de la prisión para sumarse al ejército independentista de la Nueva Granada, en donde alcanzó el grado de coronel, fue finalmente ejecutado por los españoles en 1816. El resto de dirigentes a quienes no ejecutaron fueron enviados desterrados a remotos rincones del Imperio español, como las Filipinas, Ceuta, La Habana, Puerto Rico y la propia España.

Finalmente, la Presidencia de Quito consiguió escindirse de la metrópoli en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, gracias al triunfo de las fuerzas combinadas de la Gran Colombia, el Perú, las Provincias Unidas del Río de la Plata y elementos locales , comandadas por el entonces general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar.

Legado[editar]

Quito constituye un caso particular en el conjunto de la América española por haber establecido una Junta antes que la mayoría de las otras regiones, pero también por haber celebrado las elecciones a representantes en las Cortes de Cádiz antes que ninguna otra ciudad y, por haber elaborado una Constitución propia (Pacto Solemne de 1812), que resultó pionera en su entorno y en su época. Sin embargo resulta evidente que la iniciativa quiteña tuvo una vida muy corta, sin llegar a introducir cambios perdurables en las estructuras locales. En este sentido, podría hablarse de un error de cálculo político por parte de sus líderes: no vieron que el proyecto resultaba inviable al no contar con el apoyo de las demás provincias de la Audiencia y, no comprendieron que su propuesta, pese a su conservadurismo, era inaceptable para los representantes del Rey, desplazados de sus cargos.[10]

Referencias[editar]

  1. a b Pacheco Manya, Luis. «Bicentenario de la Primera Revolución de Independencia en Hispanoamérica». Maicao al Día, de Alejandro Rutto M. 
  2. Fermín Cevallos, Pedro. «Resumen de la Historia del Ecuador, tomo III, Cap. I "Primera Idea de Emancipación", páginas 194 - 220». Biblioteca Virtual Cervantes. 
  3. a b Pérez Ramírez, Gustavo (5 de febrero de 2012). «La constitución del Estado de Quito - 1812». Diario El Telégrafo. Columnas de Opinión. Consultado el 18 de febrero de 2013. 
  4. Fermín Cevallos, Pedro. «Resumen de la Historia del Ecuador, tomo III, Cap. II "Conspiración del 2 de agosto", páginas 274 - 294». Biblioteca Virtual Cervantes. 
  5. a b c Soasti, Guadalupe; Noboa, Elena (2009). «Pacificación de Quito». Propuesta de innovación de la exposición permanente "De Quito al Ecuador". Consultado el 19 de febrero de 2013. 
  6. a b c d e Mena Villamar, Claudio (1997). El Quito rebelde: 1809-1812. Quito: Editorial Aya-Yala. ISBN 9978-04-334-9. 
  7. a b c d e f g h i j k l Suárez Fernández, Luis (1992). Historia general de España y América, tomo XIII. Madrid: Ediciones RIALP S.A. ISBN 978-8432121104. 
  8. a b c Corral B., Fabián (9 de agosto de 2012). «La Constitución quiteña de 1812». Diario El Comercio (Ecuador). Columnas de Opinión. Consultado el 18 de febrero de 2013. 
  9. a b c d e Asmblea Nacional de Ecuador. «Constitución quiteña de 1812». Archivado desde el original el 10 de junio de 2015. 
  10. a b c Ponce Leiva, Pilar (10 de agosto de 2009). «La Revolución de Quito, 1809-1812: luces y sombras en su Bicentenario». Revista AFESE. Consultado el 19 de febrero de 2013. 
  11. Núñez Sánchez, Jorge (15 de diciembre de 2011). «La constitución quiteña de 1812». Diario El Telégrafo. Columnas de Opinión. Consultado el 18 de febrero de 2013. 
  12. a b c d Lucena Salmoral, Manuel. «Padrón general del Reino de Quito (1784)». La población del Reino de Quito en la época del Reformismo Borbónico; Circa 1784. Consultado el 19 de febrero de 2013. 
  13. a b c d Soasti, Guadalupe; Noboa, Elena (2009). «El retorno al proyecto de la corona». Propuesta de innovación de la exposición permanente “De Quito al Ecuador”. 
  14. Coral Caicedo, Julián (26 de noviembre de 2011). «A los 199 años de la Batalla de San Antonio de Ibarra». Somos del mismo barro. Consultado el 18 de abril de 2013. 
  15. a b c Núñez Sánchez, Jorge (2007). Historias del país de Quito (segunda edición). Quito: Editorial Eskeletra. pp. 138-139. ISBN 978-9978-16-015-2. 

Enlaces externos[editar]