Carapintadas

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Raúl Alfonsín escoltado por carapintadas

Los carapintadas fueron varios grupos de activistas militares nacionalistas que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y luego de Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del Terrorismo de Estado. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento

El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987, en protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de inteligencia que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban. Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinaron, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico​ (entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones)), que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, (planteando que los jefes que impartieron las órdenes "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen") y exigiendo una solución política para los juicios a los represores del proceso y "los del otro bando también" según dijo en el reportaje hecho para el periodista Corbacho en Radio Mitre el 16 de Abril de 1987. Y decía Rico que "si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".

Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas.​

La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país -UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS- suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda -el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo- a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó, y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole una causa por sedición en los tribunales de San Isidro.

A causa de este primer alzamiento carapintada,​ meses más tarde, el gobierno parecería haber promulgado la Ley de Obediencia Debida, que satisfaría algunos de sus reclamos, sin embargo la misma fue anunciada UN MES ANTES DEL LEVANTAMIENTO EL 24-3-1987 EN LA LOCALIDAD DE LAS PERDICES CORDOBA POR EL PROPIO PRESIDENTE ALFONSIN Archivo:LA NACION 24-3-1987 DISCURSO PRESIDENCIALy se basaba en la promesa electoral de campaña de 1983 de los 3 niveles de responsabilidad. Lo cierto es que los juicios prosiguieron durante todo el período de gobierno del Dr. Alfonsín.

Segundo alzamiento

Sería nuevamente Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar en enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Segundo Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Interior ordenó su captura inmediata.

Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo comandante, el coronel Álvarez de Igarzabal declaró que adhería al planteo de Rico, bautizado como «Operación Dignidad». Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional.

Tercer alzamiento

El tercero y último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad «Albatros», un cuerpo de elite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín consideró el problema menor, al no provenir del Ejército sino de una fuerza de menor importancia, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que nuevamente coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, cabeza de la facción carapintada. Seineldín, un carismático veterano de la guerra de Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del ejército, afirmó que el objetivo de la acción era "salvar el honor" de las Fuerzas Armadas.

Caridi movilizó rápidamente las tropas leales, rodeando rápidamente la guarnición de Campo de Mayo. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en la Córdoba y la Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad. Acantonados allí, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Bajo el eufemismo de «un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre», el gobierno accedió a éstas casi sin excepción. Seineldín fue procesado, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde. Caridi fue pasado a retiro, y las exigencias militares de incrementos presupuestarios y salariales fueron atendidas.

Primera serie de indultos del gobierno de Menem

Otras peticiones se verían saciadas por el indulto decretado por el nuevo presidente, Carlos Menem, en octubre de 1989, que incluían a 164 de los carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por delitos cometidos durante la represión, y los mandos culpables de negligencia durante la guerra de Malvinas. Los indultados incluían a los ex generales Juan Sasiain, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Acdel Vilas, Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Bignone.

Cuarto alzamiento

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a rebelarse el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección.

Segunda serie de indultos del gobierno de Menem

Luego del último alzamiento, pocos días más tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.

Actualidad

Además de las incursiones políticas de los integrantes más conspicuos de estas agrupaciones, se ha señalado a ex carapintadas en tareas de asesoramiento de grupos ultraderechistas y golpistas de Bolivia.​ En 2010 el carapintada Víctor Alejandro Gallo fue imputado por la apropiación ilegal de un menor hijo de una desaparecida.​

Bibliografía

• Gaggero, Horacio; Iriarte, Alicia; Roitberg, Humberto (1988). El desafío de la democracia. Buenos Aires: Ediciones del Signo. ISBN 9879657543. 
• Huser, H. (2002). Argentine Civil-Military Relations. Washington: Center for Hemispheric Defense Studies.