Minería en Argentina

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Pese a que durante todo el siglo XX la existencia de importantes yacimientos mineros fue prácticamente negada u ocultada casi en su totalidad, resulta obvio que al poseer grandes regiones montañosas, por ejemplo los Andes prolíficos en minerales de gran valor y dada su variada geología extendida en la gran extensión territorial la República Argentina posee una riqueza de grandes e importantes yacimientos minerales de provecho económico. Sin embargo hay que tener en cuenta que prácticamente siempre los recursos mineros y afines corresponden a la categoría de RNNR (recursos naturales no renovables).

En la tabla siguiente no se incluyen las enormes reservas y yacimientos de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos en los cuales el territorio de Argentina es riquísimo.

Ubicación y productos de las principales explotaciones y/o exploraciones (octubre de 2014)

Tienen gran potencial los minerales de la Puna de Atacama entre los que se cuentan el bórax, salitre, potasio y, especialmente importante desde el presente siglo XXI el litio, al formar parte del Triángulo de Litio existen algunas de las principales proporciones de litio del planeta en el Salar del Hombre Muerto, también son muy importantes las reservas de uranio en la región cuyana y otras zonas argentinas andinas; en la provincia de Misiones destacan las minas de piedras semipreciosas como las de Wanda, vetas carboníferas en Paganzo en los confines entre la pcia. de La Rioja y la pcia de San Juan. En la isla de Tierra del Fuego y en las contendidas Malvinas existen grandes turberas y en el extenso Sector Antártico reclamado por Argentina grandes yacimientos de carbón y petróleo comprobados e indicios de oro, hierro etc. Además de los del nevado de Famatina en La Rioja; han sido famosos los pláceres auríferos de: Incahuasi en la puna de Catamarca y los de La Carolina en la pcia. de San Luis; los de Esquel en Chubut;los de Santa Catalina en la pcia. Jujuy; los del Cabo Vírgenes, pcia. de Santa Cruz; y la isla de Tierra del Fuego; los cupríferos de Mina Providencia en la puna jujeña, los yacimientos de hierro en la Payunia (sur de la pcia. de Mendoza), los de diatomita en la Mina Santa Teresita de la pcia. de Río Negro; los de wolframio en la mina de Cerro Áspero ubicada en las sierras Pampeanas de las provincias de Córdoba y San Luis; en Mina La Casualidad de la puna salteña se han destacdo los yacimientos de azufre; los de cuarzo, mica, "mármol ónix", cal y mármol blanco en las Sierras de Córdoba (ya a fines de siglo XIX eran renombrados los yacimientos de cal del cerro Malagueño a pocas decenas de km al suroeste de la ciudad capital de Córdoba; actualmente la empresa que explota el Malagueño lleva ese mismo nombre y tiene importantes yacimientos en explotación en Quilpo -noroeste de la Provincia de Córdoba y en Los Berros de la Provincia de San Juan); los de rodocrosita en la pcia. de Catamarca etc.

Exportaciones

Los principales productos minerales sólidos (sin contar las enormes reservas subterráneas de gases naturales e hidrocarburos) exportados por Argentina son el oro y el cobre, cuyas cotizaciones más que se duplicaron entre 2005 y 2007; en los años presentes y procedentes se estima que también será muy importante la producción del estratégico litio. Los derechos de exportación para el sector no superan el 10%. La actividad recibe también otros beneficios diferenciales sobre el resto de los sectores productivos. Están habilitadas a dejar fuera del país el 100% de las divisas que reciben al exportar, gozan de diversas desgravaciones (incluso sobre el combustible y otros insumos que utilizan en el proceso) y en el caso del Impuesto a las Ganancias, están facultadas a deducir hasta el 50% del valor de las reservas en explotación como si se tratara de aportes de capital. Capitales canadienses, estadounidenses, europeos y australianos han llegado en los últimos años atraídos por las ventajas impositivas. La primera corriente inversora llegó en la década de 1990 con la generosa Ley de Minería del gobierno de Carlos Menem. Según un estudio de la cámara que nuclea a las empresas del sector, de los aproximadamente 1200 millones de dólares invertidos en 2006 se pasó a más de 2500 millones en el 2007.[3]

Las informaciones sobre la posible aplicación de retenciones extra a la minería movilizaron al poderoso lobby del sector, que buscó por todos los medios impedir un avance en tal sentido. En ese marco, la noticia de que algunas empresas habían sido excluidas de los beneficios de la Ley de Estabilidad Fiscal Minera desató una reacción de la cámara del sector. Dicha norma otorga, en casos determinados, el beneficio de mantener estables las normas impositivas por un plazo de hasta 30 años. El cambio consistió en que la Secretaría de Minería informó a la Aduana que Borax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera dejaban de percibir las ventajas de la Ley de Estabilidad Fiscal. En virtud de ello, la Aduana implementó los mecanismos para hacer efectivo el cobro de los derechos de exportación correspondientes.

Régimen legal

A partir de 1989, las políticas neoliberales del presidente Menem facilitaron el aprovechamiento de los recursos mineros por empresas extranjeras. A finales de 1991 el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Lawrence Summers, recomendaba en un memorandum interno:

A given amount of health-impairing pollution should be done in the country with the lowest cost, which will be the country with the lowest wages... I think the economic logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest-wage country is impeccable and we should face up to that. (Una cierta cantidad de la contaminación que deteriora la salud debería ser hecha en el país con el costo más bajo, que sería el país con los salarios más bajos... Creo impecable la lógica económica de descargar residuos tóxicos en el país de más bajos salarios, y deberíamos enfrentarla.)[4]

En ese contexto, el banco dío a Argentina, entre 1996 y 1998, un préstamo de 69,5 millones de dólares, para hacer los estudios técnicos y legales necesarios para facilitar la extranjerización de las políticas mineras. Durante la década de 1990 se hicieron tanto exploraciones a costa del Estado, como importantes modificaciones a las normas que regulan y promueven las explotaciones mineras, con resultados negativos para las poblaciones donde se ubican las minas.

El artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina reformada en 1994 establece que: Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.. Es por esta razón que el Estado Nacional presiona a las provincias para que creen empresas mineras estatales provinciales, las que son claramente inconstitucionales, como se verá seguidamente. Como las provincias mineras son las más pobres del país, no tienen la capacidad de explotar por sí mismas los recursos mineros y deben concesionar su explotación a empresas privadas; normalmente extranjeras. Uno de los resultados, muy visible en el caso de los hidrocarburos, es la asimetría de las negociaciones entre gobiernos provinciales y empresas que tenían facturaciones anuales varias veces superiores a los presupuestos provinciales. Esta asimetría brinda grandes oportunidades de corrupción. Sin embargo, el dominio o derecho de propiedad no excluye el ejercicio de la jurisdicción nacional mediante leyes que regulen las explotaciones mineras. Así, por ejemplo, la autoridad minera provincial percibe por la concesión el canon fijado por el artículo 2 de la Ley Nacional 10273, que es ínfimo. La explotación de la minería metalífera a cielo abierto en gran escala - especialmente de oro, plata y cobre - ha sido sumamente cuestionada y tiene gran resistencia por parte de los pobladores de las zonas afectadas, por ser altamente contaminante. Cabe resaltar, que según destacada doctrina, la creación de empresas mineras estatales provinciales, es notoriamente inconstitucional, por no ajustarse al integral y estricto sistema para la concesión minera establecido por el Código de Minería de la República Argentina.[6]​ No obstante, esta vía es utilizada y promovida para enajenar el patrimonio nacional minero, a manos de empresas extranjeras.

Las leyes nacionales que rigen la minería son las siguientes:[7]

Véase también

Fuentes

Referencias

Enlaces externos