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La capacidad de [[Corona de Castilla|Castilla]] para defender los intereses de la monarquía en Europa y el resto del mundo estaba llegando a un colapso con [[Felipe III de España|Felipe III]] y [[Felipe IV de España|Felipe IV]]. Castilla llevaba ya un periodo de larga recesión desde finales del reinado de [[Felipe II de España|Felipe II]] que se agravó con sus sucesores, siendo la [[guerra de los Treinta Años]] una carga ya imposible de soportar. Por otra parte, el comercio con América estaba en crisis, llegando a una gran caída en 1631 y 1641. Los ingresos de la Corona de los que habían sido tradicionalmente su soporte: Castilla y América, estaban bajo mínimos, lo que llevó a buscarlos en las otras partes del reino.


Ya desde algo antes de 1620, el Consejo de Finanzas, las Cortes castellanas y economistas castellanos pedían por una repartición más equitativa de la carga del imperio, consideraban que Castilla contribuía en exceso a los gastos de defensa y pedían que el resto de reinos y provincias ([[corona de Aragón]], [[Portugal]], [[Navarra]], [[Guipúzcoa]] y [[Vizcaya]] principalmente) contribuyesen al menos para sufragar sus propios gastos de defensa. En este panorama, los dominios italianos contribuían a su defensa al igual que los [[Países Bajos]] (si bien en menor medida). Aragón y Valencia contribuían ocasionalmente. Portugal y Cataluña contribuían a su defensa, pero se negaban a financiar las guerras de la corona, pues consideraban que lo que ocurría fuera de sus fronteras no era de su incumbencia.
Ya desde algo antes de 1620, el Consejo de Finanzas, las Cortes castellanas y economistas castellanos pedían por una repartición más equitativa de la carga del imperio, consideraban que Castilla contribuía en exceso a los gastos de defensa y pedían que el resto de reinos y provincias ([[corona de Aragón]], [[Portugal]], [[Navarra]], [[Guipúzcoa]] y [[Vizcaya]] principalmente) contribuyesen al menos para sufragar sus propios gastos de defensa. En este panorama, los dominios italianos contribuían a su defensa al igual que los [[Países Bajos]] (si bien en menor medida). Aragón y Valencia contribuían ocasionalmente. Portugal y Cataluña contribuían a su defensa, pero se negaban a financiar las guerras de la corona, pues consideraban que lo que ocurría fuera de sus fronteras no era de su incumbencia.

Revisión del 21:57 29 jun 2009

La Sublevación de Cataluña, Revuelta de los catalanes o Guerra de los Segadores (Guerra dels Segadors, en catalán) afectó a gran parte de Cataluña entre los años 1640 y 1652. Tuvo como efecto más duradero la firma de la Paz de los Pirineos entre la monarquía hispánica y el rey de Francia, pasando el condado del Rosellón y la mitad del de la Cerdaña, hasta aquel momento partes integrantes del principado de Cataluña, uno de los territorios de la monarquía hispánica, a soberanía francesa.

La guerra comienza a raíz del malestar que generaba en la sociedad catalana la presencia de tropas, fundamentalmente castellanas, durante las guerras entre Francia y España, enmarcadas dentro de la Guerra de los Treinta Años (16181648). Los hechos del Corpus de Sangre de 1640, desencadenados por el amotinamiento de un grupo de unos 400 o 500 segadores que entraron en Barcelona y que conducirían a la muerte del conde de Santa Coloma, noble catalán y virrey de Cataluña, marcan el inicio del conflicto.

Tratado de los Pirineos.

Antecedentes

Colapso de recursos procedentes de Castilla y disminución de los americanos

La capacidad de Castilla para defender los intereses de la monarquía en Europa y el resto del mundo estaba llegando a un colapso con Felipe III y Felipe IV. Castilla llevaba ya un periodo de larga recesión desde finales del reinado de Felipe II que se agravó con sus sucesores, siendo la guerra de los Treinta Años una carga ya imposible de soportar. Por otra parte, el comercio con América estaba en crisis, llegando a una gran caída en 1631 y 1641. Los ingresos de la Corona de los que habían sido tradicionalmente su soporte: Castilla y América, estaban bajo mínimos, lo que llevó a buscarlos en las otras partes del reino.

Ya desde algo antes de 1620, el Consejo de Finanzas, las Cortes castellanas y economistas castellanos pedían por una repartición más equitativa de la carga del imperio, consideraban que Castilla contribuía en exceso a los gastos de defensa y pedían que el resto de reinos y provincias (corona de Aragón, Portugal, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya principalmente) contribuyesen al menos para sufragar sus propios gastos de defensa. En este panorama, los dominios italianos contribuían a su defensa al igual que los Países Bajos (si bien en menor medida). Aragón y Valencia contribuían ocasionalmente. Portugal y Cataluña contribuían a su defensa, pero se negaban a financiar las guerras de la corona, pues consideraban que lo que ocurría fuera de sus fronteras no era de su incumbencia.

La Unión de Armas

En este estado de cosas llega al poder el conde-duque de Olivares con Felipe IV en 1621 e incorpora las ideas de reparto y uniformidad fiscal en su idea de gobierno. En los planes de Olivares estaba una mayor unión del imperio bajo leyes uniformes, lo cual supondría un recorte de los derechos forales del resto de reinos y provincias. Como contrapunto ofrecía el repartir los frutos del imperio (junto con sus cargas), hasta entonces reservados principalmente a la Corona de Castilla.

Olivares era impaciente por naturaleza, pero su primer plan (repartir cargas a cambio de privilegios y oportunidades) requería paciencia por ser a largo plazo. Por lo tanto propuso otra vía: La Unión de Armas, que proponía la creación de un ejército de 140.000 reservas reclutados y mantenidos por las diferentes provincias, reinos y virreinatos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades; con esto pretendía conseguir una mayor unión a través de una unión militar. Una decisión unilateral no era posible, y tampoco un acuerdo de las Cortes castellanas (de competencias más restringidas y a las que no acudían los estamentos privilegiados) habría tenido validez alguna en la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca).

La intransigencia de los representantes de las Cortes en el Principado de Cataluña fue algo con lo que Olivares ya contaba, por lo que el 28 de marzo de 1626 el clima era muy tenso durante las primeras sesiones (las Cortes no se reunían en Cataluña desde el reinado de Felipe III).

Como cualquier otra institución parlamentaria del Antiguo Régimen (incluyendo la de mayor entidad competencial, como era el Parlamento de Inglaterra), las Cortes catalanas no representaban a la totalidad de la población del Principado; ni eran democráticas ni soberanas según los conceptos liberal de representación del pueblo (soberanía popular) o de la nación (soberanía nacional). Jugaban un papel importante en la elaboración de leyes, pero su poder principal residía en la negociación pactista de subsidios con su soberano, el conde de Barcelona, título que acumulaba el rey de Aragón desde el siglo XII. Después de la unión dinástica de Isabel y Fernando, ambos títulos correspondían a sus herederos, a los que la historiografía suele llamar Rey de España (o de la Monarquía Católica o de la Monarquía Hispánica o del Imperio Español); era común en numismáticamente el apelativo Rey de las Españas o de las Españas y las Indias (Hispaniarum Rex o Hispaniarum et Indiarum Rex, que aparecen en las monedas de la época), aunque la forma oficial de firmar cartas y decretos era una prolongada lista nominal de títulos de soberanía: ... Por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Terrafirme del Continente Oceánico, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Atenas y Neopatria y de Milán, Conde de Absburg, de Flandes, del Tirol y de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.[1]

Las Cortes del Antiguo Régimen estaban compuestas estamentalmente, mediante sistemas de representación que se limitaban a las familias más poderosas de la nobleza, al alto clero y a un número limitado de ciudades (a través de representantes del patriciado urbano de nobles y caballeros y -en el caso catalán-, ciutadans honrats o alta burguesía urbana). Todos estos factores contribuían a sumir en una grave problemática el desarrollo de las negociaciones, dado que Cataluña experimentaba una situación de crisis económica y política patente desde el reinado de Fernando II el Católico, pero agravada por lo menos desde 1630.

Los virreyes que se encargaban de la seguridad de los caminos y las rutas comerciales a duras penas podían contener los embates del bandolerismo al servicio de clanes o facciones nobiliarias que controlaban o estimulaban la actividad de bandas rivales de malhechores (en su mayoría campesinos y pastores afectados por la crisis económica de la zona, como Serrallonga, que pasaban por héroes populares al estilo de Robin Hood). Además de responder a una secular dinámica interna, tampoco desaprovecharon la oportunidad de intensificarla para desestabilizar el sistema de gobierno. Durante el mandato del duque de Lerma el orden público en el Principado estaba en situación muy precaria; entre 1611 y 1615, ya actuando como virrey el marqués de Almazán, incluso empeoró. Sin embargo, una acción más decidida de los dos siguientes virreyes (el duque de Alburquerque y el duque de Alcalá) mantuvo el orden a partir de 1616 por encima de una Generalidad que ni dominaba ni tenía capacidad de dominar la situación. La firme voluntad de estos virreyes de acabar con el bandolerismo (incluso prohibiendo la posesión de determinadas armas) levantó las susceptibilidades de las instituciones catalanas, que creían ver en ello una violación de sus prerrogativas en materia de gobierno autónomo, contribuyendo con clara intencionalidad política a la difusión del mito de la «conspiración castellana» que caló hondo entre las capas de la población.

Otros puntos de fricción frente a la Generalitat fueron: los intentos de cobrar el quinto de los ingresos municipales, que habían quedado en suspenso en 1599 y se reanudaron en 1611, afectando a Barcelona desde 1620 (aunque la Diputación amparaba la resistencia de los ayuntamientos contra el impuesto); y el apresamiento en 1623 por los argelinos de las dos galeras armadas por la institución catalana para la defensa de las costas (desde 1599) y que se empleaban en el transporte de tropas a Italia (de forma irregular según la interpretación de la Generalitat).[2]

A partir de 1626 el rey fue convocando las distintas cortes: de las de Aragón y Valencia obtuvo el costear 2.000 y 1.000 soldados al año durante 15 años. Con las de Cataluña la negociación fue más ardua y al final, sin éxito (por parte del rey se solicitaban 16.000 soldados y por parte de los parlamentarios catalanes se insistía en los anteriores agravios y en la exigencia de nuevas leyes que reformaran la Observancia).[3]​ Olivares publicó la Unión de Armas, a pesar de que Cataluña seguía fuera de ella. Un segundo intento terminó también sin éxito. Olivares, por su parte, creyó que podría llegar a un acuerdo concediendo ciertas ventajas a los oligarcas catalanes en cooperación militar por el Mediterráneo, pero no contó con la lentitud de las Cortes para sopesar su propuesta. El valido tenía prisa y su paciencia se agotó, por lo que el 4 de mayo el rey Felipe IV y su séquito salieron de Barcelona al entender que las negociaciones no llegaban a ninguna parte. Para colmo, un desaire protocolario a un principal noble catalán también influyó en aumentar el resentimiento de la facción más opuesta a Olivares (una disputa por la prelación a la hora de establecer los puestos en la comitiva del rey terminó sentando al almirante de Castilla en vez de el duque de Cardona, hasta entonces principal valedor del rey en Cataluña, que incluso había llegado al extremo de cruzar su espada en una sesión de las cortes con el conde de Santa Coloma). Al desentendimiento entre la élite catalana y el propio rey también había contribuido la muerte de un consejero real de origen catalán, el marqués de Aytona, que no llegó a Barcelona (murió durante la estancia previa en Barbastro, el 24 enero de 1626).[4]

La guerra de los Treinta Años y Cataluña

A esta situación enrarecida entre la Corona y el Principado hay que añadir la situación estratégica de Cataluña en la Guerra de los Treinta Años con la re-entrada de Francia en el conflicto en 1635, la cual cogió desprevenida a España y condujo a una mayor urgencia de tropas y dinero para mantenerlas, a lo cual el gobierno catalán se seguía oponiendo.

Una serie de sucesos llevó a un mayor deterioramiento de la ya enrarecida relación entre la Corona y Cataluña:

  • En 1638, tropas francesas sitiaron Fuenterrabía (Guipúzcoa), esto supuso una rápida respuesta desde Castilla, las provincias vascas, Aragón y Valencia, pero la Diputación catalana mantuvo Cataluña al margen alegando su derecho a no intervenir fuera de sus fronteras.
  • En 1639 Olivares elige deliberadamente a Cataluña como frente para atacar a Francia e intentar que Cataluña contribuyese a los esfuerzos militares. Este esfuerzo militar estaba abocado al fracaso por la falta de apoyo tanto desde Madrid como de Barcelona.
  • Un ejército de unos 9.000 soldados pasó el invierno en el frente catalán. Las leyes catalanas incluían un alojamiento de tropas que era insuficiente para el mantenimiento de las mismas. Las tropas infringieron estas leyes y se produjeron excesos hacia la población que el virrey, el conde de Santa Coloma se mostró incapaz de prevenir.
  • La paciencia de Olivares llegaba al límite como muestra un escrito al conde de Santa Coloma e impuso medidas más duras sobre la estancia, pago y reclutamiento de tropas en Cataluña.

La paciencia de los campesinos que acogían a las tropas también estaba al límite ante la estancia de las mismas y finalmente la situación derivó en revuelta en mayo de 1640. El odio al virrey, a Olivares y a la administración virreinal crecieron en el Principado entre otoño e invierno de 1639, azuzados premeditadamente por las instituciones catalanas y un importante sector del clero (entre el que se destacaron el obispo de Gerona y un canónigo de la catedral de Urgel, Pau Claris). Al caer nuevamente en manos españolas la fortaleza de Salses, el 6 de enero de 1640, la situación distaba mucho de mejorar. La nobleza catalana odiaba por motivos personales al virrey conde de Santa Coloma por no haber facilitado sus intereses de estamento por encima de la obediencia a Madrid, los campesinos odiaban a la soldadesca de los tercios por las requisas de animales y el destrozo ocasionado a sus cosechas (amén de otros incidentes y afrentas derivadas del alojamiento forzoso de soldados en sus casas) y el clero también lanzaba prédicas contra los soldados de los tercios, a los que llegarían a excomulgar.

El Corpus de Sangre (Corpus de Sang)

En mayo de 1640, campesinos gerundenses atacaron a los tercios que acogían. A finales de ese mismo mes, los campesinos llegaban a Barcelona, y a ellos se unieron los segadores en junio, y pronto la revuelta se encontró con la ciudad a su merced. Fueron asesinados funcionarios y jueces reales. Asimismo, el virrey Dalmau de Queralt fue asesinado cuando intentaba huir por mar en una playa barcelonesa. Estos sucesos tuvieron lugar durante la festividad del Corpus Christi, que se celebra 60 días después del Domingo de Pascua.

La situación cogió por sorpresa a Olivares, ya que la mayoría de sus ejércitos estaban localizados en otros frentes y no podían acudir a Cataluña. Pese a que Olivares optó por la prudencia a toda costa y trató de echar marcha atrás el 27 de mayo de 1640, la situación se le escapaba de las manos. El odio a los tercios y a los funcionarios reales pasó a generalizarse contra todos los hacendados y nobles situados cerca de la administración. Ni siquiera la Generalidad controlaba ya a los rebeldes, que lograron apoderarse del puerto de Tortosa.

1640 a 1652

Pau Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña, proclama la República Catalana. Pero la revuelta también escapa a este primer y efímero control de la oligarquía catalana. La sublevación derivó en una revuelta de empobrecidos campesinos contra la nobleza y ricos de las ciudades que también fueron atacados. La oligarquía catalana se encontró en medio de una auténtica revolución social, y entre la autoridad del rey y el radicalismo de sus súbditos más pobres.

Conscientes de su incapacidad de reducir la revuelta y sus limitaciones para dirigir un estado independiente, los gobernantes catalanes se aliaron con el enemigo de Felipe IV: Luis XIII (pacto de Ceret). Richelieu no perdió una oportunidad tan buena para debilitar a la corona española. Olivares comienza a preparar un ejército para recuperar Cataluña con grandes dificultades ese mismo año de 1640 y en septiembre la Diputación catalana pide a Francia apoyo armamentístico.

En octubre de 1640 se permitió a los navíos franceses usar los puertos catalanes y Cataluña accedió a pagar un ejército francés inicial de 3.000 hombres que Francia enviaría al condado. En noviembre, un ejército de unos 20.000 soldados recuperó Tortosa para Felipe IV, en su camino hacia Barcelona; dicho ejército provocó abusos sobre los prisioneros que determinaron a los catalanes a oponer una mayor resistencia. Cuando el ejército del marqués de los Vélez se acercaba a Barcelona estalló una revuelta popular el 24 de diciembre, con una intensidad superior a la de Corpus, por lo que Claris tuvo que decidirse por una salida sin retorno que tampoco era la deseable: pactar la alianza con Francia en contra de Felipe IV. El 16 de enero de 1641 anunció que Cataluña se constituía en república independiente bajo la protección de Francia, pero el 23 del mismo mes pasó a anunciar que el nuevo conde de Barcelona sería Luis XIII de Borbón, rememorando el antiguo vasallaje de los condados catalanes con el Imperio Carolingio. En enero de 1641 Cataluña se sometió voluntariamente al gobierno del rey de Francia y la Generalidad proclama conde de Barcelona y soberano de Cataluña al rey Luis XIII de Francia como Luis I de Barcelona. Ese mismo año, el 26 de enero, un ejército franco-catalán defendió Barcelona con éxito, el ejército de Felipe IV se retiró y no volvería hasta diez años más tarde. Algo después de esta defensa victoriosa moriría Pau Claris.

Cataluña se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre Francia y España e, irónicamente, los catalanes padecieron la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar: sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente en su administración a un poder extranjero, en este caso el francés. La política francesa respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar y el propósito de atacar Valencia y Aragón.

Luis XIII nombró un virrey francés y llenó la administración catalana de conocidos pro-franceses. El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor, y cada vez más se mostraba como un ejército de ocupación. Mercantes franceses comenzaron a competir con los locales, pero favorecidos por el gobierno francés, que convirtió a Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas y enfermedades llevó a un descontento de la población que iría a más, consciente de que su situación había empeorado con Luis XIII respecto a la que gozaban con Felipe IV.

En 1643, el ejército francés de Luis XIII conquista el Rosellón, Monzón y Lérida. Un año después Felipe IV recupera Monzón y Lérida, donde el rey juró obediencia a las leyes catalanas. En 1648, con el Tratado de Westfalia y la retirada de sus aliados los Países Bajos de la guerra, Francia comienza a perder interés por Cataluña. Conocedor del descontento de la población catalana por la ocupación francesa, Felipe IV considera que es el momento de atacar y en 1651 un ejército dirigido por Juan José de Austria comienza un asedio a Barcelona. El ejército francocatalán de Barcelona se rinde en 1652 y se reconoce a Felipe IV como soberano y a Juan de Austria como virrey en Cataluña, si bien Francia conserva el control del Rosellón. Felipe IV por su parte firmó obediencia a las leyes catalanas. Esto da paso a la firma del Tratado de los Pirineos en 1659.

Esta inestabilidad interna y su resultado final fue tan dañino para España como para Cataluña. Por otra parte, Francia no perdió la ocasión de explotar una situación que le rindió grandes beneficios a un coste prácticamente nulo.

Como resultado final, Francia ocupó las tierras transpirenaicas de Cataluña e, incumpliendo el Tratado de los Pirineos, Luis XIV prohibió el uso del catalán así como los fueros.

Notas

  1. Las fórmulas variaron en cada reinado o fase de éste, pero se mantuvo el orden de prelatura de los reinos (véase esta colección documental).
  2. El conflicto con la monarquía hispánica, 1593-1652. Web oficial de la Generalitat actual, Antecedentes históricos. Consultado el 7 de enero de 2008.
  3. Generalitat, web cit.
  4. J. H. Elliot (1986) El Conde Duque de Olivares, edición de 1990, Barcelona: Crítica, ISBN: 84-397-0284-5 pgs. 293 y 302

Bibliografía

Enlaces externos