Caso Skanska

Caso Skanska
Fecha	2005

Se conoce como Caso Skanska a la presunción de una serie de actos delictivos que tuvieron lugar en la Argentina en 2005, involucrando a la empresa sueca Skanska.

Descripción

La situación comenzó en el año 2005, cuando el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido inició un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país.

El proyecto era gerenciado por la empresa Transportadora Gas del Norte, la cual le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas que Skanska pagaba un 152% de sobreprecios. Esta cantidad representaba alrededor de unos 17 millones de pesos argentinos.

La maniobra fue descubierta y perseguida por el juez del fuero en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien comenzó a estudiar la hipótesis de que existiera delito penal. El juez consideró probado que Skanska pagó dos años atrás 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares. Una de esas firmas pantalla es Calibán, luego denominadaInfiniti Group, cuyos operadores se encuentran procesados por asociación ilícita y otros delitos.

Skanska envió a un auditor interno a Tribunales, el cual confesó que algunos ejecutivos habían pagado comisiones indebidas. Siete fueron despedidos e indemnizados por la empresa, procesados, y recibieron prisión preventiva. Se pagaron multas en la AFIP por diez millones.

El diputado Adrián Pérez del ARI por un lado, y los diputados Esteban Bullrich y Jerez de PRO, por otro, solicitaron que la investigación se extienda a funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López (secretario de Obras Públicas) y Fulvio Madaro (director del Enargas). El juez Guillermo Montenegro pidió dividir la causa y hacerse cargo él de la investigación de los sobornos. A esto le siguió el allanamiento de oficinas delMinisterio de Planificación, manejado por Julio de Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas.

El 15 de abril Aníbal Fernández, ministro del interior, presenta un pedido de remoción ante el Consejo de la Magistratura contra el juez de la causa López Biscayart. Dicho pedido se basaba en que el juez había intentado enviar a Adrián Félix López -detenido que había imputado al ministro de Planificación Julio De Vido al ser el supuesto destinatario del dinero salido de Skanska- a una cárcel de la Policía Federal ante sospechas de que su integridad física corría peligro, lo cual fue impedido por Fernández. El Consejo desestimó la denuncia días después.

El jefe de gabinete Alberto Ángel Fernández se presentó en el Congreso para realizar su informe periódico, y fue consultado por el tema. Desestimó que el gobierno pudiera estar implicado, afirmando que "si hubo coimas fue entre privados", e intentó implicar al jefe de gobierno Jorge Telerman en presuntos negociados con una de las empresas fantasmas descubiertas (Sol Group S.A.).

Existirían documentos en los cuales se apreciaría que el Enargas ordenó a TGN Techint que contratara a Skanska para la construcción del gasoducto, a pesar de los fuertes sobreprecios denunciados. Enargas argumentó haber forzado la contratación de dicha empresa por TGN Techint planteando que éstos demorarían la concreción de un contrato para la construcción del gasoducto para mantener alto el precio del gas. El diario porteño Clarín también publicó "conversaciones secretas" entre dos gerentes de Skanska en la que se reconoce el pago de sobornos a funcionarios argentinos y también en otras obras como el caso de Pluspetrol en Perú.

Impacto mediático

En diciembre de 2007, la editorial Planeta publicó un libro del periodista Pablo Abiad, titulado El club K de la Obra Pública. Skanska, un caso. El libro que analiza el caso en detalle sobre la base de abundante documentación.

Gran progreso judicial

La investigación del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, por la presunta evasión fiscal de Skanska, no logró avances al ser procesados ex directivos de la compañía y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, como partícipe necesario. En cambio, la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, por presunta administración fraudulenta y cohecho, registra avances concretos. El 18 de julio de 2011, una pericia judicial realizada por personal de la Corte Suprema de Justicia fue presentada por el Gobierno como la confirmación de que no hubo sobreprecios en obras de gasoductos en las que intervino la constructora sueca Skanska. Esto fue, inicialmente, desmentido desde el juzgado de Oyarbide.

El célebre caso Skanska, que llenó tapas de diarios y alimentó denuncias de todo tipo y color, quedó pulverizado por un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal (Noviembre del 2011) , que sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas truchas. El juez Norberto Oyarbide había procesado a la mayoría de ellos por defraudación a la administración pública y cohecho al concluir que se habían pagado sobreprecios por las obras de ampliación de dos gasoductos –una de ellas adjudicada a Skanska– y que la aparición de operaciones simuladas en recibos falsos indicaba el pago de comisiones indebidas. Sin embargo, el tribunal de alzada sostuvo que la contratación se hizo a precios de mercado y que no hay prueba de coimas. “A casi cinco años de investigación y descartada la hipótesis de defraudación, el cuándo, dónde, cómo, cuánto, quién y a quién y el porqué del supuesto cohecho se revelan como preguntas vacías, huérfanas de toda base material, es decir, de cualquier referencia objetiva”, dice el fallo para ilustrar que los jueces no encontraron delito alguno.

Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del E-nargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas, entre ellos Adrián Félix López, que manejaba Infinity Group y suministraba documentación a la constructora sueca. Las declaraciones de López –que estuvo preso– en los medios y la Justicia favorecieron la pista de los supuestos sobornos cuando apuntó a funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido.

El fallo puede ser apelado por la fiscalía de cámara, pero en tribunales casi todo el mundo da la causa por terminada. Sólo para algunos personajes podría continuar la investigación, en especial cuando la Cámara de Casación destrabe una pelea de competencia entre Oyarbide y el juez tributario de Javier López Biscayart, precisamente el que halló las operaciones inventadas para disimular salidas de dinero. Uno de los que quedó en esa zona judicial gris es Ulloa, que conectó a Skanska con Infinitiy, igual que todas las “usinas de facturación”.

La causa en el fuero federal se abrió por una denuncia del diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez y creció cuando salió a la luz una supuesta auditoría interna de Skanska en la que fueron grabados ex gerentes hablando de “comisiones indebidas”. El primer juez fue Guillermo Montenegro, que después se pasó a la política. Luego quedó Oyarbide. La Sala I descartó las grabaciones como prueba por considerarlas “parajudiciales”. Oyarbide dictó este año los procesamientos con la conclusión de que, por ejemplo, para la construcción de plantas compresoras el Estado había avalado el pago injustificado de 150 por ciento más de lo presupuestado originalmente por TGN de acuerdo con lo pautado por las contratistas. Se contrató por 82 millones de pesos. El juez deducía también, aunque sin pruebas de la ruta del dinero, que los 15 millones de pesos que salieron de Skanska en operaciones inexistentes eran para coimas. Poco después un estudio de los peritos de la Corte y de parte concluyó que no se habían pagado sobreprecios y que se habían respetado los valores de mercado. Este peritaje fue tenido en cuenta en la resolución de ayer por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Es más, le reprochan a Oyarbide: “si tanto tiempo se hizo esperar la resolución de la situación procesal pese al mandato de resolver dentro de los diez días, ¿por qué no aguardó el resultado del peritaje?”.

La Cámara Federal dice que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno de 2005; y considera justificados los presupuestos que pasaron las empresas contratistas (junto con Skanska, TBU y Techint en el caso del gasoducto del Norte y Odebrecht en el del Sur) pese a que superaban a los proyectados por las gerenciadoras. Dicen en la resolución, a la que accedió Página/12, que “aun con el desfasaje entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad por él (Oyarbide) predicada es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”.

Según los camaristas el juez construyó la teoría de las coimas en el “plano especulativo” cuando “se vio frente a una vía muerta al intentar avanzar en la ruta del dinero que salió de Skanska”. Entonces “redireccionó la encuesta a averiguar si esa empresa obtuvo algo en base a lo cual debía recompensar”. Ahí cuadrarían en la lógica de Oyarbide los sobreprecios. Para la Cámara “es un debate equívoco”. “Ni la decisión de hacer las obras, ni la metodología utilizada, ni los precios acordados pueden reputarse en sí mismos delictivos ante la total ausencia de elementos que así lo indiquen”, sostuvo el fallo. Según el texto hubo un razonamiento “forzado” que “posiblemente” haya intentado “encontrarles explicación a las comisiones indebidas denunciadas en un origen”. Los camaristas aclaran que, aun así, hay “un sustrato fáctico de probable contenido delictivo: el vinculado con las operaciones simuladas (...) pese a los asientos contables de cada una de las firmas los servicios a Skanska no se prestaron pero sí se facturaron”. Esa sería la única punta sobreviviente de la pesquisa. (Por Irina Hauser. Página/12). El caso finalmente se cerró el 1 de marzo de 2013, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico, a instancia de los abogados de la AFIP-DGI, condeno a prisión efectiva a los jefes de la asociación ilícita Adrian Felix Lopez y Miguel Angel Hernandez a la pena de 6 años de prisión, y a los empleados de la AFIP, Hermando Fandiño y Alejandro Fernandez a 2 años y 3 años y 6 meses respectivamente.

== Referencias ==

• El caso Skanska, paso a paso
• "El club K de la Obra Pública. Skanska, un caso (Planeta, Pablo Abiad, 2007)
• Skanska: según peritaje no hubo sobreprecios
• LA CAMARA FEDERAL SOBRESEYO A FUNCIONARIOS Y REVOCO PROCESAMIENTOS EN EL CASO SKANSKA[http://

www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-181019-2011-11-11.html]