Caso Skanska
Se conoce como Caso Skanska a la presunción de una serie de actos delictivos que presuntamente tuvieron lugar en la Argentina en 2005, involucrando a la empresa sueca Skanska y otras empresas privadas. Algunos partidos de oposición sostienen que se encuentran involucrados también algunos funcionarios de la administración del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), algo que fue negado por la misma.
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[editar] Descripción
La situación comenzó en el año 2005, cuando el Ministerio de Planificación inició un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país.
El proyecto era gerenciado por la empresa Transportadora Gas del Norte, la cual le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas que Skanska pagaba un 152% de sobreprecios. Esta cantidad representaba alrededor de unos 17 millones de pesos argentinos.
La maniobra fue descubierta y perseguida por el juez del fuero en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien comenzó a estudiar la hipótesis de que existiera delito penal. El juez consideró probado Skanska pagó dos años atrás 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares. Una de esas firmas pantalla es Calibán, luego denominada Infiniti Group, cuyos operadores se encuentran procesados por asociación ilícita y otros delitos.
Skanska envió a un auditor interno a Tribunales, el cual confesó que algunos ejecutivos habían pagado comisiones indebidas. Siete fueron despedidos e indemnizados por la empresa, procesados, y recibieron prisión preventiva. Se pagaron multas en la AFIP por diez millones.
El diputado Adrián Pérez del ARI por un lado, y los diputados Patricia Bullrich y Jerez de PRO, por otro, solicitaron que la investigación se extienda a funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López (secretario de Obras Públicas) y Fulvio Madaro (director del Enargas). El juez Guillermo Montenegro pidió dividir la causa y hacerse cargo él de la investigación de los sobornos. A esto le siguió el allanamiento de oficinas del Ministerio de Planificación, manejado por Julio de Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas.
El 15 de abril Aníbal Fernández, ministro del interior, presenta un pedido de remoción ante el Consejo de la Magistratura contra el juez de la causa López Biscayart. Dicho pedido se basaba en que el juez había intentado enviar a Adrián Félix López -detenido que había imputado al ministro de Planificación Julio De Vido al ser el supuesto destinatario del dinero salido de Skanska- a una cárcel de la Policía Federal ante sospechas de que su integridad física corría peligro, lo cual fue impedido por Fernández. El Consejo desestimó la denuncia días después.
El jefe de gabinete Alberto Ángel Fernández se presentó en el Congreso para realizar su informe periódico, y fue consultado por el tema. Desestimó que el gobierno pudiera estar implicado, afirmando que "si hubo coimas fue entre privados", e intentó implicar al jefe de gobierno Jorge Telerman en presuntos negociados con una de las empresas fantasmas descubiertas (Sol Group S.A.).
Existirían documentos en los cuales se apreciaría que el Enargas ordenó a TGN Techint que contratara a Skanska para la construcción del gasoducto, a pesar de los fuertes sobreprecios denunciados. Enargas argumentó haber forzado la contratación de dicha empresa por TGN Techint planteando que éstos demorarían la concreción de un contrato para la construcción del gasoducto para mantener alto el precio del gas. El diario porteño Clarín también publicó "conversaciones secretas" entre dos gerentes de Skanska en la que se reconoce el pago de sobornos a funcionarios argentinos y también en otras obras como el caso de Pluspetrol en Perú. (El diario Clarín mantiene duras batallas contra el gobierno argentino, debido a la Ley de Servicios de Comunicación y al monopolio de la fabricación del papel para diarios).
[editar] Impacto mediático
En diciembre de 2007, la editorial Planeta publicó un libro del periodista Pablo Abiad, titulado El club K de la Obra Pública. Skanska, un caso. El libro que analiza el caso en detalle sobre la base de abundante documentación.
[editar] Gran progreso judicial
La investigación del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, por la presunta evasión fiscal de Skanska, no logró avances al ser procesados ex directivos de la compañía y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, como partícipe necesario. En cambio, la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, por presunta administración fraudulenta y cohecho, registra avances concretos. El 18 de julio de 2011, una pericia judicial realizada por personal de la Corte Suprema de Justicia fue presentada por el Gobierno como la confirmación de que no hubo sobreprecios en obras de gasoductos en las que intervino la constructora sueca Skanska. Esto fue, inicialmente, desmentido desde el juzgado de Oyarbide.
A comienzos de noviembre de 2011, la Cámara Federal porteña sobreseyó por inexistencia de delito al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro y a otros imputados en la causa que investigó supuestos sobreprecios en la ampliación de los gasoductos norte y sur en el 2005, obras adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
En el fallo de 80 carillas se sostuvo que el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del caso, incurrió en posturas "merecedoras de cuestionamientos" e "insalvables contradicciones", que fueron enumeradas a lo largo de la extensa resolución a la que accedió Télam.
