Acusación constitucional (Chile)

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La acusación constitucional es un proceso constitucional complejo, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.[1] [2] El procedimiento se dirige contra las autoridades taxativamente señaladas en la Constitución, por haber incurrido en alguna infracción constitucional, predeterminada por ésta, que justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.[1]

La figura ha sido regulada por la Constitución Política de 1828, de 1833, de 1925 y de 1980. En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado.

Antecedentes[editar]

Regulación[editar]

En la Constitución de 1828[editar]

La Constitución de 1828 disponía que era atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, conocer a petición de parte, o proposición de alguno de sus miembros, las acusaciones contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, miembros de ambas Cámaras y de la Corte Suprema de justicia, por delitos de traición, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución, y violación de los derechos individuales; declarar si había lugar o no a la formación de causa, y en caso de haberlo, formalizar la acusación ante el Senado.

A su vez, el Senado tenía como atribución exclusiva abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y pronunciar sentencia con la concurrencia de, a lo menos, las dos terceras partes de votos.

En la Constitución de 1833[editar]

La Constitución de 1828 establecía, en su texto original, que era atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, acusar ante el Senado, cuando hallare conveniente hacer efectiva la responsabilidad de los siguientes funcionarios:

El Presidente de la República sólo podía ser acusado en el año inmediatamente posterior a la conclusión de su mandato, por todos los actos de su administración, en que hubiera comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infringido abiertamente la Constitución.

Por su parte, el Senado tenía como una de sus atribuciones exclusivas la de juzgar a los funcionarios que acusare la Cámara de Diputados

La tramitación de la acusación tenía dos procedimientos contemplados en la Constitución, uno aplicable a los expresidentes de la República, los ministros y generales, y otro para el resto de los funcionarios.

En la Constitución de 1925[editar]

La Constitución de 1925 establecía que era atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, declarar si había o no lugar las acusaciones que, a lo menos, diez de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:

  • Del Presidente de la República, por actos de su administración en que hubiere comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podía interponerse mientras el Presidente estuviere en funciones y en los seis meses siguientes a la expiración de su cargo.
  • De los Ministros de Estado, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de Nación. Estas acusaciones podían interponerse mientras el Ministro estuviere en funciones y en los tres meses siguientes a la expiración de su cargo.
  • De los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes.
  • De los generales o almirantes de las fuerzas armadas por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.
  • De los Intendentes y Gobernadores, por los delitos de traición, sedición, infracción de la Constitución, malversación de fondos públicos y concusión.

En la Constitución de 1980[editar]

La Constitución Política de 1980 regula de forma general la acusación constitucional en sus artículos 52 y 53, los cuales establecen las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y del Senado.

La regulación detallada del procedimiento se encuentra en la ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo título IV se llama «Tramitación de las acusaciones constitucionales».[3]

Causales[editar]

La Constitución de 1980, en su texto actualmente vigente, señala de forma taxativa las personas que pueden ser objeto de una acusación constitucional, y las causales por las que pueden ser objeto de la acusación:

Procedimiento[editar]

El procedimiento inicia con la acusación, que debe ser entablada por no menos de diez ni más de veinte diputados. Las acusaciones podrán ser interpuestas mientras el afectado esté en funciones y dentro de los tres meses siguientes al término de su cargo. En el caso del Presidente de la República, el plazo para interponer la acusación es mientras esté en funciones y dentro de los seis meses siguientes al término de su cargo.[4] Una vez interpuesta la acusación, la Cámara deberá escoger al azar una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación.[5] La comisión deberá estudiar y pronunciarse sobre la acusación.[6]

La Cámara de Diputados sesionará diariamente para examinar la acusación.[7] La Cámara deberá votar respecto a la procedencia de la acusación, lo que será aprobado por la mayoría de los diputados presentes, o por la mayoría de los diputados en ejercicio en caso que el acusado sea el Presidente de la República. Una vez declarada la procedencia, el acusado quedará suspendido de sus funciones mientras dure el procedimiento.[4]

El Senado resuelve la acusación como jurado, limitándose a declarar si el acusado es culpable o no. La declaración de culpabilidad debe ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio, o por los dos tercios de los senadores en ejercicio para el caso de una acusación contra el Presidente de la República.[8]

Efectos[editar]

Si el Senado desestima la acusación o no se pronunciare dentro de treinta días, cesará la suspensión de funciones del acusado.

Si el funcionario es declarado culpable, quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sea de elección popular o no. Además, el funcionario podrá ser juzgado a través de los tribunales competentes para hacer efectiva su responsabilidad civil o penal, dependiendo de los casos.

Lista de acusaciones constitucionales[editar]

Durante le vigencia de la Constituciones de 1828, no se presentaron acusaciones constituciones.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1833[editar]

Año Funcionario(s) Nombre(s) Cámara de Diputados Senado Resultado
Fecha de presentación Fecha de resolución Resolución Fecha de resolución Resolución
1868 Presidente y ministros de la Corte Suprema Manuel Montt Torres
José Gabriel Palma
José Miguel Barriga
José Alejo Valenzuela
22 de agosto de 1868 9 de noviembre de 1868 Admitida 10 de mayo de 1869 No ha lugar a la acusación Rechazada
1891 ex Ministros de Estado
(del presidente José Manuel Balmaceda)
Claudio Vicuña
Domingo Godoy
Ismael Pérez Montt
José Miguel Valdés Carrera
José Francisco Gana
Guillermo Mackenna
1891  ? de diciembre de 1891 Admitida 26 de septiembre de 1893 Declarados culpables A disposición de los tribunales ordinarios para su juzgamiento

Bajo la vigencia de la Constitución de 1925[editar]

Durante la vigencia de la Constitución de 1925 se presentaron unas 70 acusaciones constitucionales, de las cuales 16 terminaron con la destitución de alguna autoridad.

Año Funcionario(s) Nombre(s) Cámara de Diputados Senado Resultado
Fecha de presentación Fecha de resolución Resolución Fecha de resolución Resolución
1926 Ministro del Interior Maximiliano Ibáñez  ? de octubre de 1926 28 de octubre de 1926 Desechada Rechazada
1931 Ex Presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo 18 de agosto de 1931 2 de septiembre de 1931 Admitida 26 de octubre de 1931 Declarado culpable A disposición de los tribunales ordinarios para su juzgamiento
Ex Ministro de Hacienda Carlos Castro Ruiz  ? de 1931  ? de 1931 Admitida 3 de noviembre de 1931 Declarado culpable A disposición de los tribunales ordinarios para su juzgamiento
1934 Gobernador del Departamento de Osorno Roberto Parrague 31 de octubre de 1934 7 de noviembre de 1934 Desechada Rechazada
1935 Ministros de Estado Desechada Rechazada
1936 Ministro del Interior Luis Salas Romo Desechada Rechazada
1937 Ministro de Defensa Desechada Rechazada
1938 Ministro del Interior Luis Salas Romo Desechada Rechazada
1939 Ex Presidente de la República Arturo Alessandri Palma 17 de marzo de 1939 4 de abril de 1939 Desechada Rechazada
Ministro del Interior Admitida No ha lugar Rechazada
1940 Ex Ministro de Relaciones Exteriores Rechazada
Ministro del Interior Guillermo Labarca Hubertson Admitida  ? de noviembre de 1940 Declarado culpable Destituido
Ministro del Interior Retirada
1944 Ministro del Interior Rechazada
1945 Contralor General de la República Agustín Vigorena  ? de 1945  ? de noviembre de 1945 Admitida 12 de diciembre de 1945 Declarado culpable Destituido

Bajo la vigencia de la Constitución de 1980[editar]

Desde la vigencia de la Constitución de 1980 se han presentado 21 acusaciones constitucionales, de las cuales 3 han terminado con la destitución de una autoridad.[9] [10]

Año Funcionario(s) Nombre(s) Cámara de Diputados Senado Resultado
Fecha de presentación Fecha de resolución Resolución Fecha de resolución Resolución
1991 Ministro de Transportes Germán Correa 16 de mayo de 1991 11 de junio de 1991 Desechada Rechazada
1992 Ministros de la Corte Suprema
Auditor General del Ejército
Hernán Cereceda
Lionel Beraud
Germán Valenzuela
Fernando Torres
17 de diciembre de 1992 8 de enero de 1993 Admitida 20 de enero de 1993 Acogida parcialmente Destituido Hernán Cereceda
Rechazada respecto del resto
1994 Ex Ministro de Minería
Ex Ministro de Hacienda
Alejandro Hales
Alejandro Foxley
31 de mayo de 1994 17 de junio de 1994 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
1996 Ministros de la Corte Suprema Eleodordo Ortiz
Enrique Zurita
Guillermo Navas
Hernán Álvarez
4 de septiembre de 1996 1 de octubre de 1996 Desechada Rechazada
1997 Ministro de Educación José Pablo Arellano 4 de junio de 1997 19 de junio de 1997 Desechada Rechazada
Presidente de la Corte Suprema Servando Jordán 2 de julio de 1997 26 de julio de 1997 Desechada Rechazada
Ministros de la Corte Suprema Servando Jordán
Enrique Zurita
Marcos Aburto
Osvaldo Faúndez
15 de julio de 1997 8 de agosto de 1997 Desechada Rechazada
1998 General Augusto Pinochet 17 de marzo de 1998 9 de abril de 1998 Desechada Rechazada
Ex Ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos 13 de octubre de 1998 26 de octubre de 1998 Desechada Rechazada
2000 Ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo 29 de agosto de 2000 13 de septiembre de 2000 Desechada Rechazada
2002 Intendente de la Región Metropolitana de Santiago Marcelo Trivelli 19 de junio de 2002 10 de julio de 2002 Desechada Rechazada
2003 Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción Jorge Rodríguez Grossi 20 de marzo de 2003 2 de abril de 2003 Desechada Rechazada
Intendente (s) de la Región de Valparaíso
y Gobernador de la Provincia de Valparaíso
Iván de la Maza 16 de diciembre de 2003 13 de enero de 2004 Desechada Rechazada
2004 Ministro de Justicia Luis Bates 3 de noviembre de 2004 17 de noviembre de 2004 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
2005 Ministros de la Corte Suprema Domingo Kokisch
Eleodoro Ortiz
Jorge Rodríguez A.
22 de junio de 2005 19 de julio de 2005 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
2008 Ministra de Educación Yasna Provoste 11 de marzo de 2008 3 de abril de 2008 Admitida 17 de abril de 2008 Declarada culpable Destituida
2010 Intendenta de la Región de Atacama
Gobernador de la Provincia de Copiapó
Ximena Matas
Nicolás Noman
15 de junio de 2010 1 de julio de 2010 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
2011 Ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter 9 de agosto de 2011 31 de agosto de 2011 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
2012 Ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter  ? de abril de 2012 2 de mayo de 2012 Se acogió cuestión previa Se tuvo por no presentada
2013 Ministro de Educación Harald Beyer[11] 20 de marzo de 2013 4 de abril de 2013 Admitida 17 de abril de 2013 Declarado culpable Destituido
2014 Ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño[12] 19 de agosto de 2014 Pendiente

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b Martínez, Gutenberg; Rivero Hurtado, Reneé Marlene (2004). Acusaciones constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. pp. 62 y ss. 
  2. Rumié Pérez, Fuad Taufik (2004). «Acusaciones constitucionales en contra de intendentes y gobernadores en los sistemas constitucionales de 1925 y 1980». Tesis para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Consultado el 06/04/2013.
  3. «Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional». Leychile.cl. Consultado el 24 de noviembre de 2012.
  4. a b Artículo 52 número 2), Constitución Política de la República.
  5. Artículo 38, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
  6. Artículo 41, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
  7. «Cómo es el proceso de una acusación constitucional». La Tercera (24 de marzo de 2011). Consultado el 24 de noviembre de 2012.
  8. Artículo 53 número 1), Constitución Política de la República.
  9. «Comisiones Acusación Constitucional». camara.cl. Consultado el 05-04-2013.
  10. «Las 19 acusaciones constitucionales tras la dictadura». Cooperativa (4 de abril de 2013). Consultado el 05-04-2013.
  11. Cámara de Diputados de Chile (2013). «Acusación constitucional en contra de Harald Beyer Burgos, Ministro de Educación». Consultado el 24-08-2014.
  12. Cámara de Diputados de Chile (2014). «Acusación constitucional en contra de Héctor Carreño Seaman, Ministro de la Corte Suprema». Consultado el 24-08-2014.

Biblliografía[editar]

  • Loveman, Brian; Lira, Elizabeth (2000). Las Acusaciones Constitucionales en Chile: Una perspectiva histórica. Santiago de Chile: FLACSO. LOM Ediciones. ISBN 956-205-130-7. 
  • Martínez, Gutenberg; Rivero Hurtado, Reneé Marlene (2004). Acusaciones constitucionales: Análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. ISBN 956-101-526-9. 

Enlaces externos[editar]