Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Política del Perú»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Explorar historial interactivamente
← Ir a diferencia anteriorIr a siguiente diferencia →
Contenido eliminado Contenido añadido
VisualWikitexto
DSan (discusión · contribs.)
47 229 ediciones
DSan (discusión · contribs.)
47 229 ediciones
Línea 14: Línea 14:
La formación de la política de Perú se inició con los gobiernos militares durante el proceso de [[Independencia del Perú|independiencia del país]].{{Harvnp|Bilbao|1856|p=|pp=152-173}}En 1882 surge el [[Congreso Constituyente del Perú (1822)|primer congreso constituyente]] a cargo de [[Simón Bolívar]] formado por 73 diputados a elecciones.{{Harvnp|Bilbao|1856|p=174|pp=}}Al año siguiente surgió la formación de la constitución que cambió a modo de gobierno a democrático y la división en tres poderes.{{Harvnp|Bilbao|1856|p=175|pp=}}El proceso duró poco, debido a la renuncia de Bolívar,{{Harvnp|Bilbao|1856|p=176|pp=}}para más adelante replantear otras constituciones de poca duración ante eventuales guerras civiles,{{Harvnp|Bilbao|1856|p=187|pp=}}y el [[Unionismo peruano-boliviano|sentimiento nacionalista de integrar a Bolivia]].
La formación de la política de Perú se inició con los gobiernos militares durante el proceso de [[Independencia del Perú|independiencia del país]].{{Harvnp|Bilbao|1856|p=|pp=152-173}}En 1882 surge el [[Congreso Constituyente del Perú (1822)|primer congreso constituyente]] a cargo de [[Simón Bolívar]] formado por 73 diputados a elecciones.{{Harvnp|Bilbao|1856|p=174|pp=}}Al año siguiente surgió la formación de la constitución que cambió a modo de gobierno a democrático y la división en tres poderes.{{Harvnp|Bilbao|1856|p=175|pp=}}El proceso duró poco, debido a la renuncia de Bolívar,{{Harvnp|Bilbao|1856|p=176|pp=}}para más adelante replantear otras constituciones de poca duración ante eventuales guerras civiles,{{Harvnp|Bilbao|1856|p=187|pp=}}y el [[Unionismo peruano-boliviano|sentimiento nacionalista de integrar a Bolivia]].


Para el [[siglo XX]], luego de los gobiernos [[Caudillismo|caudillistas]], el [[Partido Civil (Perú)|Partido Civil]], de espectro derechista, fue uno de los primeros partidos estables y representativos desde la fundación como república, influenciado por la aristocracia de la época.<ref>{{Cita libro|título=Política y burguesía en el Perú : el Partido Civil antes de la guerra con Chile|url=https://books.openedition.org/ifea/428|fechaacceso=2022-08-20|isbn=978-2-8218-2658-8|oclc=903044415|nombre=Ulrich|apellidos=Mücke|páginas=109-134|capítulo=El Partido Civil}}</ref>
Existieron dos metas para mantener su soberanía, mantener el orden social y regular los conflictos políticos entre los diversos intereses de la clase alta. El sector de clase alta en Lima y ciudades costeras, conocido como la oligarquía desde la década de 1870, intentó cambiar el país acorde a sus ideas y alianzas formadas.<ref>{{Cita libro|título=Das politische System Perus|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-90893-9_20|editorial=VS Verlag für Sozialwissenschaften|fecha=2008|fechaacceso=2022-09-05|isbn=978-3-531-14252-4|páginas=489–508|doi=10.1007/978-3-531-90893-9_20|idioma=de|nombre=Ulrich|apellidos=Mücke|nombre-editor=Klaus|apellido-editor=Stüwe}}</ref> Para el [[siglo XX]], luego de los gobiernos [[Caudillismo|caudillistas]], el [[Partido Civil (Perú)|Partido Civil]], de espectro derechista, fue uno de los primeros partidos estables y representativos desde la fundación como república, influenciado por la aristocracia de la época.<ref>{{Cita libro|título=Política y burguesía en el Perú : el Partido Civil antes de la guerra con Chile|url=https://books.openedition.org/ifea/428|fechaacceso=2022-08-20|isbn=978-2-8218-2658-8|oclc=903044415|nombre=Ulrich|apellidos=Mücke|páginas=109-134|capítulo=El Partido Civil}}</ref>


En 1924, desde la [[Ciudad de México]], los líderes de la reforma universitaria en Perú que habían sido forzados al exilio por el gobierno fundaron la [[Alianza Popular Revolucionaria Americana]], que tuvo una gran influencia en la vida política del país. El APRA es en gran medida una expresión política de la reforma universitaria y de las luchas obreras de los años 1918-1920. El movimiento toma sus influencias de la revolución mexicana y su [[Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos|Constitución de 1917]], particularmente en temas de [[agrarismo]] e [[indigenismo]], y en menor medida de la [[revolución rusa]]. Cercano al [[marxismo]] (su líder, [[Haya de la Torre]], declara que "el APRA es la interpretación marxista de la realidad americana"), sin embargo, se aleja de él en la cuestión de la lucha de clases y la importancia que se le da a la lucha por la unidad política de América Latina.<ref name=":0">{{Cita libro|apellidos=Leslie Manigat|nombre=|enlaceautor=|título=América Latina en el siglo XX (1889-1929)|url=|fechaacceso=|año=1991|editorial=|isbn=|editor=|ubicación=|página=314-319|idioma=|capítulo=}}</ref>
En 1924, desde la [[Ciudad de México]], los líderes de la reforma universitaria en Perú que habían sido forzados al exilio por el gobierno fundaron la [[Alianza Popular Revolucionaria Americana]], que tuvo una gran influencia en la vida política del país. El APRA es en gran medida una expresión política de la reforma universitaria y de las luchas obreras de los años 1918-1920. El movimiento toma sus influencias de la revolución mexicana y su [[Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos|Constitución de 1917]], particularmente en temas de [[agrarismo]] e [[indigenismo]], y en menor medida de la [[revolución rusa]]. Cercano al [[marxismo]] (su líder, [[Haya de la Torre]], declara que "el APRA es la interpretación marxista de la realidad americana"), sin embargo, se aleja de él en la cuestión de la lucha de clases y la importancia que se le da a la lucha por la unidad política de América Latina.<ref name=":0">{{Cita libro|apellidos=Leslie Manigat|nombre=|enlaceautor=|título=América Latina en el siglo XX (1889-1929)|url=|fechaacceso=|año=1991|editorial=|isbn=|editor=|ubicación=|página=314-319|idioma=|capítulo=}}</ref>

Revisión del 15:34 5 sep 2022

Congreso de la República del Perú en Lima.
Palacio de Gobierno del Perú.
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

La población del Perú, cuya denominación oficial es República del Perú, está organizada bajo un Estado, conformado en la Constitución Política del Perú aprobada en 1993 mediante referéndum, promulgada a finales de ese mismo año y vigente desde el 1 de enero de 1994. La política recurre a la separación de poderes, cuya administración pública se representa en los tres principales entes como el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Las directrices dictadas por la Constitución permiten un amplio espectro de posibilidades y posturas políticas. Si bien el artículo 58° de la Constitución señala que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regulador, las prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno de turno.

Según el Latino barómetro, los peruanos son, junto con los hondureños y los mexicanos, los que tienen la peor imagen de su sistema político.[1]​ Además, la Corte Suprema dirigida entonces por Camila Sabogal junto a su régimen dirigida por Ana Lucía Romero, señalan que poco a poco el Perú irá mejorando. El magistrado Walter Silvestre, lo reafirma con datos estadísticos, los cuales presentan futuros y seguros cambios.

El historiador Antonio Zapata describe al Perú contemporáneo como un «país de derechas», por su inclinación a los partidos políticos de este segmento.[2]​ De hecho, parte de la coalición es nombrada como DBA (siglas de «Derecha bruta y achorada») por el periodista Juan Carlos Tafur, en referencia a su postura conservadora y su estrategia contra los rivales, como el terruqueo.[3]​ No obstante, existe pocos casos influenciados por el poder de izquierdas en la historia contemporánea: el del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), autor de la reforma agraria y de la nacionalización de los sectores estratégicos,[1]​ y el gobierno de Pedro Castillo.[4]​

Historia

Véase también: Historia republicana del Perú

La formación de la política de Perú se inició con los gobiernos militares durante el proceso de independiencia del país.[5]​En 1882 surge el primer congreso constituyente a cargo de Simón Bolívar formado por 73 diputados a elecciones.[6]​Al año siguiente surgió la formación de la constitución que cambió a modo de gobierno a democrático y la división en tres poderes.[7]​El proceso duró poco, debido a la renuncia de Bolívar,[8]​para más adelante replantear otras constituciones de poca duración ante eventuales guerras civiles,[9]​y el sentimiento nacionalista de integrar a Bolivia.

Existieron dos metas para mantener su soberanía, mantener el orden social y regular los conflictos políticos entre los diversos intereses de la clase alta. El sector de clase alta en Lima y ciudades costeras, conocido como la oligarquía desde la década de 1870, intentó cambiar el país acorde a sus ideas y alianzas formadas.[10]​ Para el siglo XX, luego de los gobiernos caudillistas, el Partido Civil, de espectro derechista, fue uno de los primeros partidos estables y representativos desde la fundación como república, influenciado por la aristocracia de la época.[11]​

En 1924, desde la Ciudad de México, los líderes de la reforma universitaria en Perú que habían sido forzados al exilio por el gobierno fundaron la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que tuvo una gran influencia en la vida política del país. El APRA es en gran medida una expresión política de la reforma universitaria y de las luchas obreras de los años 1918-1920. El movimiento toma sus influencias de la revolución mexicana y su Constitución de 1917, particularmente en temas de agrarismo e indigenismo, y en menor medida de la revolución rusa. Cercano al marxismo (su líder, Haya de la Torre, declara que "el APRA es la interpretación marxista de la realidad americana"), sin embargo, se aleja de él en la cuestión de la lucha de clases y la importancia que se le da a la lucha por la unidad política de América Latina.[12]​

En 1928 se fundó el Partido Socialista Peruano, en particular bajo la dirección de José Carlos Mariátegui, exmiembro del APRA. Poco después, en 1929, el partido creó la Confederación General de Trabajadores del Perú.[12]​ Sin embargo, en los años 1930, tras los cambios en la economía internacional posteriores al gobierno de Augusto Leguía, ocurrieron enfrentamientos entre apristas y los militares; como resultado, los primeros fueron vetados hasta 1945, mientras los últimos gobernaron este periodo.[13]​ En 1950 el gobierno permaneció liberal,[2]​ aunque en 1968 marcó un referente en la izquierda, que reemplazó a la oligárquica de años anteriores, al estar al mando del gobierno militar de Velasco Alvarado.[14]​ En 1975 Velasco abandona el poder y, a pesar de las intenciones de Morales Bermúdez de continuar el legado autócrata, el APRA fue uno de los favoritos para gobernar en su regreso a la democracia; cuyo líder Alan García Pérez gobernó en la década de 1980, denominada también la década perdida.[15]​ No obstante, según el historiador Antonio Zapata, la presencia de la izquierda perdió solidez en esa década política a causa de la mala imagen surgida del terrorismo.[16]​

Gobierno neoliberal y situación de los espectros políticos

En la década de 1990, el país pasa al gobierno neoliberal, en que Alberto Fujimori toma una nueva constitución para afrontar la crisis de la década perdida. Este sector, inspirado en referentes políticos como Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto,[17]​ predomina el establishment de la derecha durante casi tres décadas,[18]​ en que se clasifica en dos sectores: los económicos y los participativos vinculados con el régimen y sus aliados partidarios;[3]​[19]​ este último suele llevar ligeras variaciones por los siguientes mandatarios como Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.[2]​ Esta forma de gobierno tuvo una débil oposición, que incluso en el gobierno de Ollanta Humala no generó cambios en la dinámica entre los adversarios por su precaria institucionalidad electoral y su volatilidad electoral en los siguientes años.[19]​[20]​[21]​ Esto conllevó una crisis política entre 2016 y 2020 y una diferenciada bancada oficialista y opositora en el congreso.[22]​

No obstante, en 2021 y con la llegada del candidato Pedro Castillo al entorno político, la crisis se consolida con una polarizante riña política entre los bandos de Keiko Fujimori (quien mantiene vigente el legado de su padre) y Castillo (apoyado por zonas rurales y alejadas, conocidas también como el «Perú profundo»).[23]​ Desde entonces la izquierda volvió a protagonizarse a causa de la percepción negativa de los electores del «Perú profundo» a los partidos políticos de derecha en gobiernos anteriores,[24]​ como las críticas a la reciente constitución.[25]​

Si bien el histórico histórico rival de Fujimori, Vargas Llosa, animó a elegir a la hija del exmandatario por ser el «mal menor», en relación a la mala imagen que trajo los movimientos en su contra;[26]​ en ese entonces, ambos bandos criticaron entre sí,[27]​ cuya organización legislativa es la más dispersada de su historia.[28]​ La participación de sus simpatizantes incluyen estrategias como protestas y calificativos por los sectores más aferrados, que destacan palabras populares «caviar»,[29]​ «terruqueo»,[29]​ «derecha bruta y achorada» (adaptado por Juan Carlos Tafur para un sector de la derecha)[3]​ y «viejo lesbiano».[29]​[30]​ Esta polaridad se mantiene vigente en el gobierno de Castillo con Fujimori como símbolo de la oposición, a pesar de llevar los mismos intereses con el fundador del partido oficialista, Perú Libre, Vladimir Cerrón.[31]​

República

Artículo principal: Estado del Perú

El Estado Peruano es la organización representativa de todos los peruanos. Es unitario, con separación de poderes. Cuenta con un sistema presidencial como forma de gobierno.

Ejerce los tres Poderes (gobierno nacional): ejecutivo, legislativo y judicial. La constitución, además, establece organismos autónomos para labores específicas. Además, el país cuenta con gobiernos regionales,[32]​ bajo Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Perú como miembro de la Comunidad Andina lleva un ente superior, el Parlamento Andino, cuyos representantes se eligen vía elecciones generales.

Un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados

Aceptación del modelo político y ejecutivo

El nivel de apoyo al sistema democrático es más tenue que en otros países (45% según Latino barómetro 2004). El porcentaje que prefiere un modelo autoritario es también bajo (20% en el Latino barómetro 2004). Para el 23% no existe diferencia significativa entre un sistema democrático y uno autoritario. Sin embargo, un 43% apoyaría un gobierno militar si las cosas se tornaran difíciles. La satisfacción con el desempeño de la democracia se sitúa en 7% (2004), a pesar de que la economía ha figurado entre las de mayor crecimiento entre la región.[33]​

Dado el origen controvertido de la actual constitución, se ha puesto en duda su legitimidad y se ha pedido su reforma. Entre las reformas están la vuelta al sistema bicameral, la renovación por tercios, un mayor aumento en el congreso, la introducción de un umbral político y la disminución de los requisitos legales para votar.[33]​

Existe una falta de progreso en reforma política, reducción de la pobreza y la creación de empleos; que contribuyen a la mala imagen de los políticos y las instituciones democráticas, así como de los partidos y el Congreso.[32]​[33]​

Aceptación de las reglas de juego

Las formas como los grupos expresan sus desacuerdos se han ajustado a las reglas democráticas, en que influye la representación de zonas aledañas para atender necesidades más allá de Lima,[34]​ conocido también como el «Perú profundo». En 2003, la mayoría de las marchas fueron pacíficas, aunque en algunas protestas hubo brotes de violencia. El número, nivel e intensidad de las protestas aumentó progresivamente desde el 2004, los grupos políticos y sociales regionales realizan protestas masivas y actividades que alteran el orden público, llegando a bloquear carreteras o a ocupar instalaciones gubernamentales. Esto muestra la escasa cultura de legalidad que existe en las áreas más remotas del país. Las acciones subversivas están menos que los que existían en los años ochenta.[35]​

La mayoría de los peruanos opina que el acceso y el reparto del poder debe hacerse mediante elecciones. Sin embargo, no existe un pleno consenso sobre las reglas vigentes.[33]​

Inclusión e intensidad de la participación política

Apertura del proceso electoral

Véase también: Elecciones en Perú

ONPE y JNE han recobrado rápidamente su credibilidad desde las elecciones de 2001. El proceso fue justo y los votantes pudieron ejercer su derecho sin la intervención del Estado u otros actores, y los mercados de información de los partidos se mantuvieron libres de las distorsiones de la inyección de dinero del Estado al partido de gobierno.[33]​

El voto se considera obligatorio: el no recurrir a votar se paga con una multa de unos $35. Sin embargo, las grandes distancias que deben recorrer la población rural para ir a los centros de votación limitan la igualdad en participación electoral, a pesar de que la ONPE está trabajando en ese problema. La población en edad de votar y empadronada ha sido la más alta de la región.[33]​

El Perú cuenta con un sistema eficiente y completo de inscripción electoral ciudadana. El proceso de inscripción electoral es automático pues el registro electoral proviene del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Esto permite que esté constantemente actualizado y que se excluya a los fallecidos o los que han cambiado de lugar de residencia. A pesar de eso, se estima que el Registro Civil excluye entre 800 000 y 1 000 000 personas (3 a 3,5% de la población): lo más probable es que los pobres del campo y los indígenas constituyan una alta proporción de quienes no tienen DNI (Documento Nacional de Identificación) por la lejanía, el costo y la falta de partidas de nacimiento. A pesar de eso, se considera que el sistema de inscripción electoral es bastante completo y preciso, y no genera desigualdades en materias de población electoral.[33]​

Desde la transición a la democracia en 1980, no ha existido obstáculos significativos para la creación y preservación de los partidos políticos. Con el fin de inscribirse, un partido debe obtener un número de firmas equivalentes al 1% del total de votos depositados en las últimas elecciones. Para conservar esa inscripción, se ha solicitado a los partidos que mantengan al menos un escaño en el Congreso, cosa que los partidos han logrado mediante la configuración de alianzas. Perú cuenta con distritos electorales múltiples, siendo Lima el más grande (35 diputados elegidos en Lima). Los pocos requisitos para inscribir partidos, y los votos requeridos para obtener un escaño en el Congreso han contribuido a la volatilidad y la fragmentación del sistema partidista peruano. La volatilidad ha limitado los incentivos para forjar coaliciones intrapartidista, y han acentuado la importancia de las personalidades individuales. La fragmentación también se ha originado por factores no institucionales, como la incapacidad de los partidos tradicionales de gobernar de manera efectiva desde los ochenta, y la falta de progreso en cuanto a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y la retórica y acciones del gobierno fujimorista contra los partidos. En 2001, el índico efectivo de partidos en el congreso fue de 4,5 colocándose entre los seis primeros países de la región alta fragmentación en el sistema de partidos.[33]​

La ley de partidos apunta a promover un menor número de colectividades con cobertura nacional mediante la imposición de requerimientos adicionales de inscripción. Aparte de obtener las firmas equivalentes al 1% obtenidos en las últimas elecciones, debe acreditar comités con un mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos (17) y en un tercio de las provincias (65), que sería como movilizar 3 200 ciudadanos. Esto se aplica únicamente a la inscripción inicial de un partido. Dado que la ley no ha sido muy efectiva en sus propósitos, algunos observadores han cuestionado si JNE está verificando plenamente el cumplimiento de la ley en cuanto número de firmas necesarios y la formación de comités provinciales.[33]​

La membresía en los partidos políticos es muy baja en el país, así como hay una falta de representatividad geográfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la participación de la ciudadanía en decisiones trascendentales tales como la elección de los candidatos, dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha contribuido a la falta de confianza de la población. La tendencia centrista de los partidos provoca el descuido de las necesidades que están fuera del área de la región metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos independientes en el ámbito subnacional.

Para algunos analistas, la opción de votar entre dos individuos en lista de su partido (voto preferente) y así influir sobre cuál de las listas de candidatos termina logrando el poder, es una manera de que los ciudadanos contrarresten la falta de apertura de las colectividades. Sin embargo, ha tenido un efecto negativo pues promueve la competición interna y la falta de unidad, lo cual ha debilitado a los partidos y favorecido a los candidatos con más recursos o aquellos conectados con grupos de interés financieramente fuertes (el establishment).[36]​ Esto es acentuado pues los partidos por lo general no suministran fondos a sus candidatos, sino que los reciben de ellos a cambio de una ubicación favorable en sus listas.

Si bien la ley de partidos intenta instituir procesos democráticos internos para la dirigencia y los candidatos, la ley también permite: que se elija directamente a los dirigentes y candidatos en primera vuelta, también que nominen candidatos indirectamente a través de un comité que debe ser elegido por la membresía. Además, los dirigentes pueden elegir 24 de 120 candidatos —una quinta parte— para candidatos al Congreso, y la misma proporción de candidatos a los consejos regionales y municipales sin acudir a ningún procedimiento democrático. No se especifica tampoco ninguna restricción en cuanto a la ubicación designados en la lista de partidos: la ley no garantiza en sí misma que surjan partidos más democráticos y representativos.[33]​

La constitución de 1993 abrió vías de participación ciudadana, entre las que figuran la reforma constitucional, la introducción de leyes en los ámbitos regional y local, y la realización de referendos. Además, se introdujeron mecanismos para la revocatoria o remoción de funcionarios tanto elegidos como designados. Si bien es cierto que los instrumentos relacionados con la formulación de las leyes se han empleado poco, los que tienen que ver con el control ciudadano se han utilizado con frecuencia. Se han llevado a cabo revocatorias en 200 localidades, especialmente en distritos pequeño y en provincias poco pobladas, mientras que han sido limitada en jurisdicciones con mayor población, dado que la ley exige el 25% de los votantes inscritos.[33]​

Capacidad de participación de la ciudadanía en función de sus niveles de educación

El bajo porcentaje de estudios secundarios y la deficiente calidad de la enseñanza han contribuido a la naturaleza elitista de la representación política y al hecho de que se carezca de una buena información sobre política. Esto se ve agravado por la naturaleza no pragmática de las colectividades y el carácter fragmentario del sistema de partidos. Así, los ciudadanos no se encuentran bien informados sobre las preferencias de los candidatos en cuanto a políticas públicas, el papel de partidos y funcionarios en la toma de decisiones relativas a esas políticas, y la influencia sociales y económicas de tales decisiones. Esto limita la efectividad de los procesos y mecanismos por el cual los electores pueden manifestar sus preferencias en materia de políticas públicas, pedir cuentas a su partido y a los funcionarios elegidos por su desempeño y la capacidad de atender las preferencias ciudadanas.[33]​

Existe un énfasis sensacionalista de los medios de comunicación, y deficiencias en el ejercicio de un escrutinio público bien informado sobre decisiones de política pública y sobre la conducta de la administración. Las desigualdades en materia de ingresos y logros educativos también contribuyen a las desigualdades de representación política, lo que a su vez puede acentuar la falta de equidad en el suministro de servicios públicos.[33]​

Número y fuerza de las organizaciones de la sociedad civil

Perú cuenta con uno de los niveles más elevados de actividad asociativa de carácter voluntaria de la región: en 1995, existían 110 000 organizaciones sin fines de lucro legalmente construidas, de las cuales 65 000 eran organizaciones de base.[37]​

Por el lado social, en las últimas décadas del siglo XX ha surgido una tendencia a abrir canales de participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas, planificación y vigilancia ciudadana. Algunos de estos espacios se han institucionalizado como el Acuerdo Nacional, los Comités de Vaso de Leche, las rondas campesinas, FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), CLAS (Comités Locales de Administración Compartida de Salud), MCLCP (Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza). En los ámbitos regional y local, existen espacios como los Consejos Consultivos Regionales, los Consejos Consultivos Locales, los Consejos de Coordinación Regional.

Las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al cabildeo en torno a las políticas públicas o a vigilar el desempeño de las instituciones gubernamentales carecen de una estructura sólida, se encuentran fragmentadas y no están fuertemente conectadas con la ciudadanía: su capacidad para articular y defender de manera efectiva los intereses sociales más amplios es limitada. La debilidad del sistema de partidos en lo que se refiere a organizar y a representar a amplios sectores sociales contribuye a acentuar la incapacidad de la sociedad civil para articular y defender efectivamente sus aspiraciones. La escasa confianza en las instituciones democráticas acentúa los altos niveles de apatía y la falta de interés por participar en política, lo que limita la rendición de cuentas de las instituciones públicas para con la ciudadanía.

La fuerza de las organizaciones sindicales ha decaído considerablemente, dado a un período prolongado de recesión económica durante los ochenta y comienzos de los noventa, de las reformas de ajuste estructural de los años noventa, y el colapso de los partidos políticos de izquierda ligados a las organizaciones de trabajadores.[38]​ Además, una parte significativa de la fuerza laboral se ha desplazado hacia el sector informal. La membresía en los sindicatos se encuentra cerca del 7% en el año 2000.

Los intereses empresariales realizan desde los años 1960 se forma la CADE Ejecutivos, un evento anual en que participan líderes del sistema político.[39]​ Ellos son representados por la Sociedad Nacional de Industrias y CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), sus gremios: SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquerías, las asociaciones de exportadores (ADEX y COMEX), así como la banca, la industria aseguradora, la farmacéutica, la pequeña y mediana empresa, las agremiaciones agrícolas y los sectores de radio y televisión. Estos gremios han conservado una influencia significativa, por ejemplo, la CONFIEP apoyó el programa de estabilización económica de 1990 a 1992 y la primera generación de reformas orientadas a la apertura económica.

Elecciones libres e imparciales

Sistema de elección

Artículo principal: Elecciones en Perú

De acuerdo con la Constitución Política del Perú de 1993, las elecciones presidenciales y congresales bajo democracia representativa se realizan cada 5 años.

Regularidad, imparcialidad y credibilidad de los procedimientos electorales

Las elecciones del 2001 fueron consideradas libres e imparciales por los equipos de observadores internacionales y domésticos; el gobierno de turno permitió a las autoridades electorales cumplir sus funciones sin interferencias, y un porcentaje mayoritario de los funcionarios fue reemplazado. En marzo del 2001, un 78% aprobaba el trabajo de ONPE y de JNE. Existe confianza en la imparcialidad de las elecciones.[40]​

Lo que limita el funcionamiento eficiente es la deficiencia de coordinación institucional entre JNE y ONPE —sus límites no se encuentran claramente definidos por ley, como el caso de la educación electoral en 2008—,[41]​ además que sus presupuestos no concuerdan con sus atribuciones. Esto conduce a que compitan entre sí y crean deficiencias, que se podría resolver con una gestión y coordinación más efectivas.

Libertad de Prensa

Véase también: Prensa del Perú

La libertad de prensa se encuentra ampliada desde el 2 000. El gobierno respeta la libertad de prensa por Estado de Derecho, y los medios de comunicación reflejan un amplio espectro de opiniones desde apoyo hasta la oposición de la administración de turno. Perú ocupó el puesto 75 (2 004) en un total de 192 países, colocándose por encima del promedio de los países de América Latina, pero por debajo de las economías desarrolladas.

El respeto por los estándares periodísticos profesionales es deficiente desde el siglo XX.[42]​ En la prensa peruana existe una tendencia hacia el sensacionalismo y a concentrarse en escándalos y actos criminales. Después del período de Alberto Fujimori, muchos medios de comunicación trataron de demostrar su independencia del gobierno vehementemente, lo cual hizo que se prestara poca atención a los méritos de la administración del expresidente Alejandro Toledo. Para el caso cuenta con programas dominicales así como de periodismo, entre los que destacan son Cuarto poder, Panorama, Beto a saber, La ventana indiscreta entre otros.

Para los primeros años del siglo XXI, algunos medios son criticados por su dependencia de ciertos grupos económicos y por sus sesgos en la cobertura noticiosa.[43]​ Los medios cumplen un papel predominante en la definición de la agenda pública. La calumnia se considera delito, y a aquellos periodistas que investigan casos de corrupción se les amenaza con demandas judiciales. En 2003, se había registrado una disminución de casos concretos de intimidación y violencia contra periodistas, aunque seguía siendo un problema en las provincias. Según el ANP (Asociación Nacional de Periodistas) hubo 42 casos de persecución a periodistas frente a 78 en 2 002. En su mayoría se trató de amenazas de violencia o de emprender acciones judiciales, o acusaciones de calumnia por parte de políticos locales, autoridades policiales o militares, o empresarios. La corrupción en los medios sigue estando presente hasta hoy en día, aunque ahora se presenta en una menor medida que antes.

Libertad de expresión y asociación

Véase también: Derechos humanos en Perú

Perú es clasificado como país "libre" (Freedom House 2 004),[44]​ por encima del promedio de América Latina, lo que sugiere que los derechos de expresión y asociación están garantizados. El derecho a asociarse de manera pacífica ha sido respetado. A veces, se ha usado una fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes.[35]​

Imparcialidad y efectividad de la representación

El poder efectivo de las autoridades elegidas

Durante el gobierno de Fujimori, el poder efectivo de las autoridades se vio comprometido por la concentración del poder en la presidencia, el Servicio de Inteligencia Nacional y a los militares, y la extensa red de corrupción realizada por los funcionarios del Ejecutivo que involucró congresistas, jueces y dueños de medios de comunicación, entre otros.[45]​ Después de la caída del régimen de Fujimori, y del reemplazo de una buena parte de la cúpula militar y la elección del nuevo presidente y congreso en 2001, los funcionarios elegidos recuperaron su plena autoridad en todo el territorio nacional y en la mayor parte de los dominios de la política.

El Índice de Estados Frágiles notó que el país entró en la categoría "En peligro" (2005-2022). Uno de los motivos es la dificultad de la regionalización de áreas más alejadas de la capital, tanto para los gobiernos regionales y sus municipalidades, para abordar problemas internos, así como la falta de control contra actos de corrupción y la presencia del comercio ilegal como el narcotráfico.[45]​

Sistemas electorales y de partidos que faciliten exigir cuentas a sus elegidos

Los ciudadanos no pueden lograr una rendición de cuentas efectivas de las autoridades elegidas. Las elecciones no desempeñan de manera efectiva que los ciudadanos seleccionen a candidatos y a partidos, y que llamen a cuentas sobre políticas públicas; además, los costos para supervisar la conducta de cada legislador son excesiva. Una de las causas es la debilidad de los partidos políticos y la fragmentación partidaria. Los partidos políticos han sido relativamente débiles en la historia peruana: la adopción tardía del sufragio universal y la dominación de la oligarquía sobre los partidos hizo que el surgimiento del sistema de partidos democrático solo ocurriera en la transición de la democracia —los ochenta—.

Los partidos políticos en los ochenta contaban con numerosos seguidores, además de una presencia organizacional. Sin embargo, la dirigencia era altamente personalizada, poca democracia interna, visiones y prácticas excluyentes y antagónicas, y un enfoque patrimonialista en la conformación y el mantenimiento de las bases de apoyo social. Los partidos políticos vieron desaparecer su respaldo político, por los fracasos de gobernabilidad de los gobiernos de Belaúnde y García (la década perdida), la crisis económica, la hiperinflación, el conflicto con Sendero Luminoso, y las políticas antidemocráticas de Fujimori (debido al autogolpe). Entonces, los partidos fueron sustituidos por movimientos electorales más personalistas y débiles (citados como movimientos regionales).[46]​

El índice de volatilidad electoral de 1980 a 2000 fue de 51,8, considerado el más alto de América Latina. Para de 2002 y 2014 alcanzó el 64% en las elecciones regionales.[47]​Así mismo es uno de los países con poca institucionalidad representativa con la constitución de 1993.[48]​ El sistema de partidos se encuentra muy fragmentado y el apoyo partidista es efímero. Los partidos no son lo suficientemente ideológicos ni lo suficientemente organizados para presentar visiones nacionales de política y asegurar que aquellos elegidos por el partido lo sigan. Es posible que, por eso, y por la incapacidad de hacer políticas creíbles, y la existencia de una ciudadanía poco informados, los electorales elijan a los ciudadanos de acuerdo con los atractivos de la personalidad del personaje de turno o en promesas de producir beneficios particularistas como obras públicas.[48]​

Los actores tienen pocos incentivos para buscar reformas de interés general, pues los costos y los obstáculos son grandes en comparación con los potenciales beneficios. Se percibe que es mejor los costos concentrados y de corto plazo, que los costos de las reformas de largo plazo inciertos y difusos. La falta de un entorno institucional fuerte acorta el horizonte temporal de los actores políticos, impide la posibilidad de lograr acuerdos entre la legislatura, y reduce la posibilidad de que los partidos o actores políticos sean recompensados por la implementación de políticas de interés general. La fragmentación impide la rendición de cuentas, pues es difícil reconocer el mérito o culpar a los partidos por ciertos resultados de política. Hay una inadecuada organización del debate parlamentario; además de eso, los políticos son bastante personalistas, y buscan resultados más tangibles como son la fama, el patronazgo y otros beneficios para intereses especiales y propios. El voto preferencial hace que los legisladores atiendan demandas más locales que nacionales haciendo promesas sobra la creación de obras públicas, pese a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.[49]​

La incapacidad de que los partidos puedan imponer disciplina ha sido acentuada por el sistema del voto preferente. Este sistema hace que las elecciones se conviertan en una batalla de personalidades en la misma lista de partidos como entre las distintas colectividades. Esto refuerza la naturaleza personalista de la justa electoral, agudiza las divisiones intrapartidistas, y disminuye la influencia de los dirigentes en el Legislativo. La popularidad de los partidos tiende a asociarse a un solo dirigente, lo que hace que los ciudadanos tengan pocos vínculos o intereses creados en las decisiones políticos; la credibilidad de los partidos tiende a asociarse del desempeño del gobierno de turno, lo cual no ha favorecido a los partidos en los últimos tiempos.

La representación proporcional y la segunda vuelta mayoritaria tienden a fomentar la fragmentación de los partidos. En 2001, se redujo la proporcionalidad aumentando el número de congresistas de 80 a 120. El gran tamaño del distrito de Lima sigue fomentando la fragmentación de los partidos y a una débil conexión entre los electores y sus representantes, aunados a los pocos requisitos para obtener y mantener la personería jurídica.[46]​

El poco prestigio de las colectividades políticas y del Congreso conduce a un círculo vicioso en que los ciudadanos no participen en los partidos o en la supervisión del Congreso, lo que provoca que se exija un menor financiamiento del Congreso, en vez de inversiones para mejorar su capacidad.

Sistema de financiación política que límite el tráfico de influencias y la distorsión en la equidad de representación

Con la adopción del modelo neoliberal en la constitución de 1993, la financiación de los partidos ha sido generalmente privada, carecía de límites, no estaba regulada, y ha sido a espaldas de la opinión pública. Las contribuciones han sido de grandes donaciones dado por financiadores adinerados o grandes corporaciones (véase caso Odebrecht). Esas donaciones por lo general se daban en especie (automóviles, tiempo en los medios de comunicación, espacios publicitarios) pero el político o el partido tenía obligaciones hacia ellos. Hasta el 2017 no existió un sistema para fortalecer los partidos por fondos públicos ofrecidos por la ONPE.[50]​

Esto ha contribuido a la corrupción (contribuciones financieras a cambio de tratamiento privilegiado en la contratación oficial o en el cumplimiento de las normas) y al favoritismo en las decisiones relacionadas con políticas públicas, pero no ha provocado grandes escándalos sobre fondos provenientes del narcotráfico u organizaciones criminales.[51]​ Pese a ello, no existen reportes para que sea indicado como narcoestado.[52]​

Proporcionalidad entre los votos adquiridos y los escaños legislativos

Los sistemas electores del Perú han favorecido que los partidos minoritarios tengan representación, cosa que ha contribuido más a la prominencia de los pequeños movimientos personalistas. Existe una gran relación entre la proporción de votos y escaños obtenidos. Sin embargo, la ley actual de partidos (como el umbral electoral requerido para conservar el Registro de Organizaciones Políticas)[53]​ tiende a no permitir la entrada y supervivencia de los partidos minoritarios.

Equidad de representación geográfica

Dado que antes existía el sistema de distrito nacional, existe la costumbre de concentrar los esfuerzos en las regiones más pobladas pues en estas zonas la inversión de recursos políticos, el patronazgo y los recursos de campaña rendirán mayores retornos en votos. Sin embargo, el sistema actual no es excesivamente desigual en términos de representación geográfica como las regiones del sur durante las elecciones de 2021.[54]​

Equidad en la representación de género y grupos étnicos

Las mujeres han logrado avances a estar representadas y tener presencias en las listas del congreso. El porcentaje de mujeres en el Congreso está por encima de la media. La actual Ley de Partidos Políticos exige que haya de un 25 a 30% de mujeres a las posiciones de dirigencia política dentro del partidos. Las minorías indígenas están subrepresentadas. La representación efectiva de los grupos particulares como las mujeres, los indígenas o los grupos religiosos, son socavados por los valores culturales predominantes, las barreras del lenguaje, la discriminación social y los obstáculos a la participación.

Capacidad para agregar las preferencias ciudadanas y buscar consensos

Efectividad del Congreso como foro para la formulación de políticas nacionales

Hay debilidades para diseñar políticas de largo plazo, una incapacidad para poner límites a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, y la existencia de la naturaleza volátil e impredecible de las políticas.

Existe una falta de competencia de los legisladores —aunque existe unos pocos legisladores capaces y experimentados—, deficiencias en la organización y procedimientos de la legislatura, una inadecuada capacidad técnica y de investigación —que genera una incapacidad para analizar la factibilidad, costes e impactos económicos y sociales de las leyes—, poca transparencia y apertura a la sociedad civil.

La naturaleza personalista de las comisiones legislativa, por lo general no tienen un respaldo de los partidos, impiden un funcionamiento eficiente del Congreso y debilitan la capacidad de los partidos para actuar como bancada como el caso del gobierno de Alberto Fujimori y similares.[55]​ No existe canales de comunicación entre los grupos de la sociedad civil y las comisiones. En su lugar, y debido a los intereses de poder que buscan los partidos en el siglo XXI, puede denominarse como sistema partidocrático.[56]​ La información que se da a la sociedad civil acusa deficiencias, y el contenido de las leyes no se difunde hasta que esta sea aprobada. Pese a que existe un registro electrónico y en línea de las votaciones, su alcance en la ciudadanía es limitado.

Rendición de cuentas

Control político al ejercicio de autoridad entre las diferentes ramas y agencias del gobierno

La constitución del Perú le da poderes al Legislativo para que controle las acciones y conducta del Poder Ejecutivo. También tiene otras funciones inherentes al sistema parlamentario como la capacidad de emitir censura a los ministros del gabinete y la de dar el voto de confianza. Además, tiene derecho a interpelar ministros, a solicitar datos e informes a los ministerios y otras agencias gubernamentales, a crear comisiones de investigación, a ejercer control sobre el presupuesto, a revisar y aceptar o rechazar acciones legislativas del Ejecutivo, a realizar antejuicios y juicios políticos y acusaciones constitucionales.

A pesar de eso, el Legislativo no ha sido muy eficiente en la vigilancia y control del Ejecutivo. Las razones son que las constituciones han dotado al Ejecutivo de amplios poderes, la existencia de mayorías partidistas en el Congreso favorables al Ejecutivo, y a incentivos que limitan las capacidades de control de Legislativo. Últimamente el Legislativo viene desarrollando sus poderes de control, aunque sin tomar medidas responsables por conflictos de intereses con los representantes como la vacancia presidencial.[57]​

La naturaleza personalista de los políticos tiende a buscar beneficios concretos. Ya que los congresistas no tienen poder de iniciativa de gasto, estos dependen del Ejecutivo. El poder judicial no desempeña efectivamente la capacidad de garantizar la constitucionalidad de las leyes y los abusos del poder Ejecutivo.

Órdenes

Véase también

Referencias

  1. ↑ a b Amanda, Chaparro. «Perú : la derecha o la derecha». Mémoire des luttes. Consultado el 14 de marzo de 2019. 
  2. ↑ a b c Zapata, Antonio (6 de enero de 2016). «Las derechas en el Perú». LaRepublica.pe. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2016. Consultado el 2 de septiembre de 2022. 
  3. ↑ a b c Tanaka, Martín. «Las dos derechas». Instituto de Estudios Peruanos. Consultado el 29 de julio de 2022. 
  4. ↑ Patriau, Enrique (14 de agosto de 2022). «Antonio Zapata: “Hay un mal entendido espíritu de cuerpo en la izquierda peruana”». larepublica.pe. Consultado el 15 de agosto de 2022. 
  5. ↑ Bilbao, 1856, pp. 152-173.
  6. ↑ Bilbao, 1856, p. 174.
  7. ↑ Bilbao, 1856, p. 175.
  8. ↑ Bilbao, 1856, p. 176.
  9. ↑ Bilbao, 1856, p. 187.
  10. ↑ Mücke, Ulrich (2008). Stüwe, Klaus, ed. Das politische System Perus (en alemán). VS Verlag für Sozialwissenschaften. pp. 489-508. ISBN 978-3-531-14252-4. doi:10.1007/978-3-531-90893-9_20. Consultado el 5 de septiembre de 2022. 
  11. ↑ Mücke, Ulrich. «El Partido Civil». Política y burguesía en el Perú : el Partido Civil antes de la guerra con Chile. pp. 109-134. ISBN 978-2-8218-2658-8. OCLC 903044415. Consultado el 20 de agosto de 2022. 
  12. ↑ a b Leslie Manigat (1991). América Latina en el siglo XX (1889-1929). p. 314-319. 
  13. ↑ Delgado, Antonio. «Los años treinta. Una apreciación sobre la década del tercer militarismo y el populismo en el Perú». Mañongo (Universidad de Carabobo): 337-355. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  14. ↑ Santistevan Gutti, Alejandro. «¿Por qué abrazar el recuerdo del gobierno militar de 1968?». Revista Ideele. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  15. ↑ Reyna, Carlos (2000). La anunciación de Fujimori: Alan García, 1985-1990. DESCO. pp. 13-17. ISBN 9972-670-13-9. OCLC 44879206. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  16. ↑ Zapata, Antonio (Junio de 2009). «Izquierda peruana: una crisis persistente». Quehacer (Desco) (174): 30-34. ISSN 1605-3435. Consultado el 2 de septiembre de 2022. 
  17. ↑ Durand, Francisco (1990). «La nueva derecha peruana: orígenes y dilemas». Estudios Sociológicos 8 (23): 351-374. ISSN 0185-4186. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  18. ↑ Lynch, Nicolás (18 de diciembre de 2020). «La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)». En Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ed. Revista CIDOB d'Afers Internacionals (126): 117-138. doi:10.24241/rcai.2020.126.3.117. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  19. ↑ a b «Derecha económica y derecha política». Quehacer (Desco) (193): 4-5. Marzo de 2014. ISSN 1605-3435. Consultado el 26 de agosto de 2022. 
  20. ↑ Meléndez, Carlos; Sosa Villagarcia, Paolo (2013). «Peru 2012: Trapped by History?» [PERÚ 2012: ¿Atrapados por la historia?]. Revista de ciencia política (Santiago) 33 (1): 325-350. ISSN 0718-090X. doi:10.4067/S0718-090X2013000100016. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  21. ↑ Meléndez, Carlos (Julio de 2015). «Los ejes de la derecha en el Perú preelectoral». Argumentos (Instituto de Estudios Peruanos) 9 (3). ISSN 2076-7722. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  22. ↑ Arce, Moisés; Incio, José; Arce, Moisés; Incio, José (2018-08). «Peru 2017: An Extreme Case of Divided Government» [Perú 2017: un caso extremo de gobierno dividido]. Revista de ciencia política (Santiago) 38 (2): 361-377. ISSN 0718-090X. doi:10.4067/s0718-090x2018000200361. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  23. ↑ Torres, Alfredo (19 de septiembre de 2021). «El ardid de la polarización». El Comercio Perú. Consultado el 24 de agosto de 2022. 
  24. ↑ Quispe, Harold. «De Barrantes a Castillo: la evolución de la izquierda en el Perú». elecciones.larepublica.pe. Consultado el 24 de agosto de 2022. 
  25. ↑ Nina, José Mendívil (8 de diciembre de 2021). «Crisis constitucional del Perú bicentenario». Lumen 17 (2): 214-228. ISSN 2708-5031. doi:10.33539/lumen.2021.v17n2.2468. Consultado el 26 de agosto de 2022. 
  26. ↑ «Vargas Llosa apoya a Keiko Fujimori para la segunda vuelta en Perú». SWI swissinfo.ch. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  27. ↑ «Keiko Fujimori y Pedro Castillo llegan empatados a las elecciones del domingo». La Diaria. 3 de junio de 2021. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  28. ↑ «Perú, entrampado entre los extremos de izquierda y derecha | DW | 12.04.2021». DW.COM. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  29. ↑ a b c «Las elecciones de Perú, una pelea de "terrucos", "caviares" y "viejos lesbianos"». www.efe.com. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  30. ↑ «Luis Jochamowitz: “Ántero Flores es un político conservador, apolillado, lo que en redes sociales llaman un viejo lesbiano”». larepublica.pe. 15 de noviembre de 2020. Consultado el 21 de agosto de 2022. 
  31. ↑ Pereda, David (23 de agosto de 2022). «Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón unidos por sus intereses, no por el país». larepublica.pe. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  32. ↑ a b Muñoz Portugal, Ismael (Noviembre de 2015). «Gobernabilidad, formación y gestión pública: el caso del Perú y la contribución del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública». XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  33. ↑ a b c d e f g h i j k l m República del Perú: Evaluación de la Gobernidad Democrática. Banco Interamericano de Desarrollo. Febrero de 2007. p. 17-21. Consultado el 5 de febrero de 2021. 
  34. ↑ Remy, María Isabel (1993). «Regiones y reglas de juego democráticas». Argumentos (Instituto de Estudios Peruanos) (9): 8-10. ISSN 2076-7722. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  35. ↑ a b Karatnycky, Adrian; Piano, Aili; Freedom House (2017). Freedom in the world : the annual survey of political rights and civil liberties, 2001-2002. Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 477-480. ISBN 978-1-351-32382-6. OCLC 1020637321. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  36. ↑ Tanaka, Martín (Abril de 2007). «La intervención de los factores políticos». El sistema de partidos “realmente existente” en el Perú, los desafíos de la construcción de una representación política nacional, y cómo enrumbar la reforma política. Instituto de Estudios Peruanos. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
  37. ↑ Portocarrero, Felipe; Sanborn, Cynthia (1998). «Entre el Estado y el mercado: definiendo el sector sin fines de lucro en Perú». Apuntes: Revista de Ciencias Sociales (43): 45-80. ISSN 0252-1865. doi:10.21678/apuntes.43.477. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  38. ↑ López Lozano, Rafael Baldomero (28 de agosto de 2019). «Representaciones sociales en las elites empresariales de la ciudad de Lima, Perú». Universitas (31): 141-157. ISSN 1390-8634. doi:10.17163/uni.n31.2019.07. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  39. ↑ Durand, Francisco; Crabtree, John (2017). PERU : elites del poder y captura politica.. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. p. 69. ISBN 9972-835-23-5. OCLC 1130766949. Consultado el 26 de agosto de 2022. 
  40. ↑ Elecciones parlamentarias en el Perú, 1931-2011.. Jurado Nacional de Elecciones. ISBN 978-612-4150-50-0. OCLC 970396381. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  41. ↑ «JNE y ONPE deben terminar sus diferencias, opina presidente de Comisión de Constitución». andina.pe. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  42. ↑ «Día del Periodista: los momentos claves en la defensa de la libertad de expresión en el Perú». El Comercio Perú. 30 de septiembre de 2021. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  43. ↑ Quiroz, María Teresa (2005). «Periodismo de opinión y poder en el Perú». Contratexto (013): 201-205. ISSN 1993-4904. doi:10.26439/contratexto2005.n013.756. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
  44. ↑ Piano, Aili; Puddington, Arch; Freedom House (2004). Freedom in the world 2004 : the annual survey of political rights & civil liberties. Freedom House. pp. 444-448. ISBN 0-7425-3644-0. OCLC 56845177. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  45. ↑ a b Dammert, Lucia (2016). «Peruvian Perfect Storm: State Fragility, Corruption and Organized Crime». En Kassab, Hanna Samir, ed. Fragile states in the Americas (en inglés). ISBN 978-1-4985-4357-6. OCLC 962304444. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  46. ↑ a b Haya de la Torre, Agustín (11 de junio de 2014). «El sistema de partidos políticos en el Perú y la nueva ley». Investigaciones Sociales 8 (13): 207-234. ISSN 1818-4758. doi:10.15381/is.v8i13.6924. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  47. ↑ Bonifaz, Manuel Seifert (18 de julio de 2016). «Volatilidad partidaria en el Perú: Repensando la institucionalidad democrática». Politai 7 (13): 35-51. ISSN 2415-2498. Consultado el 19 de julio de 2022. 
  48. ↑ a b Tanaka, Martín (2005). Democracia sin partidos, Perú, 2000-2005 : los problemas de representación y las propuestas de reforma política. Mínima (primera edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. pp. 96-100. ISBN 9972-51-133-2. OCLC 64034384. Consultado el 19 de julio de 2022. 
  49. ↑ Cifuentes, Cristina (6 de diciembre de 2020). «Partidos Políticos: Días de crisis, fragmentación y personalismos». La Tercera. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  50. ↑ Tuesta Soldevilla, Fernando (12 de octubre de 2021). «El problema de los fondos públicos». El Comercio Perú. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  51. ↑ Del Aguila M, Levy (17 de octubre de 2019). «Neoliberalismo, Estado de derecho y gestión de la corrupción». InnovaG (5): 41-50. ISSN 2521-5701. Consultado el 19 de julio de 2022. 
  52. ↑ Gorriti, Gustavo (6 de mayo de 2015). «Riesgos de Narcoestado». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  53. ↑ «Elecciones 2021: un total de 16 partidos políticos perderían su inscripción en el ROP». elperuano.pe. Consultado el 23 de agosto de 2022. 
  54. ↑ «El mapa que explica la división del voto en Perú entre el "sur antisistema" favorable a Castillo y las ciudades que votaron por Fujimori». BBC News Mundo. Consultado el 5 de febrero de 2022. 
  55. ↑ Hermoza Alarcón, Gustavo (5 de febrero de 2018). «La oposición en la transición política peruana entre los años 2000 y 2002». Investigaciones Sociales 21 (38): 299-314. ISSN 1818-4758. doi:10.15381/is.v21i38.14234. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
  56. ↑ Manrique, Luis González (13 de noviembre de 1995). «Sistemas “partidocráticos” en crisis. Los casos de Perú e Italia». Apuntes. Revista de ciencias sociales: 76-79. ISSN 2223-1757. doi:10.21678/apuntes.36.415. Consultado el 22 de agosto de 2022. 
  57. ↑ García Marín, Ignacio (2 de junio de 2017). «Las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en el Perú (2001-2016)». eprints.ucm.es. pp. 113-114. Consultado el 21 de agosto de 2022. 

Bibliografía

Enlaces externos

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Política_del_Perú&oldid=145785654»