Usuaria:Bianca Medina- udg/Taller

De Wikipedia, la enciclopedia libre
FAUNA
Nombre científico Nombre común
Panthera onca Jaguar
Leopardus pardalis Ocelote
Puma concolor Puma
Tapirus bairdii Tapir centroamericano
Pecari tajacu Pecarí de collar
Tayassu pecari Senso
Ateles geoffroyi Mono araña
Alouatta palliata Mono aullardor de manto
Pharomachrus mocinno Quetzal
Ara macao Guacamaya roja
Amazona oratrix Loro Real
Harpia harpyja Águila arpía
Sarcoramphus papa Zopilote rey
Lepidochelys olivacea Tortuga golfina
Dermochelys coriacea Tortuga Laud
Crocodylus acutus Cocodrilo americano
Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano
Caiman crocodilus Caiman de anteojos
Agalychnis callidryas Ranas de ojos rojos
Tlacuatzin canescens Tlacuache
Molossus rufus Murciélago
Lepus flavigularis Liebre de Tehuantepec
Oryzomys rostratus Ratón
Glossophaga morenoi Murciélago
Rhogeessa Murciélago
Myotis fortidens Murciélago

Energía eólica[editar]

Esta entidad genera el 76.8% (2 359.97 MW) de la energía eólica del país (3 072.87 MW). Estos proyectos se han concentrado en seis municipios del istmo: Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec. Los primeros aerogeneradores se establecieron en el istmo en 1994, en La Venta, Juchitán, como un proyecto piloto del gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el cual se instalaron siete aerogeneradores con capacidad de 1 575 MW en una superficie de 1.8 ha y que tenía como objetivo evaluar el potencial eólico de la zona. En el 2002, el gobierno de Oaxaca presentó la propuesta de crear el “Corredor Eólico del Istmo”, con el objetivo de instalar 120 852 aerogeneradores en 120 852 ha [1]​; entre el 2003 y 2004 se construyeron las primeras centrales piloto bajo el esquema de autoabastecimiento (para consumo de los socios de las transnacionales) y a partir del 2006 se incrementó la instalación de los parques eólicos en la zona [2]​. Las empresas transnacionales que operan en el istmo son principalmente multinacionales españolas (Iberdrola, Acciona, Gamesa, Unión Fenosa/Gas Natural, Preneal, Renovalia Energy), italianas (Enel) y francesas (EDF), las cuales abastecen a compañías industriales, comerciales y de servicios como Coca-Cola (FEMSA) Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Bimbo y Walmart. [3]​

Turbinas eólicas
Inauguración de Central Eólica Sureste I, Fase II

Para permitir la expansión de los parques eólicos se realizó una serie de adecuaciones al marco legal y regulatorio que permitió la generación de energía eoloeléctrica por particulares con capital privado, las cuales se concretaron con la reforma energética [4]​. A través de la Ley Agraria [5]​, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) se permite hacer contratos de venta o usufructo en propiedad social. Al tratarse de tierras comunales o ejidales, los empresarios generalmente solo se acercan a los presidentes municipales, a los representantes ejidales o en su caso al comisariado de bienes comunales [2]​[6]​. En general, la población no sabe qué están proponiendo. Los representantes de las empresas posteriormente negocian con sus comunidades, lo cual ha propiciado corrupción, inequidad y discordancias [7]​[8]​[9]​[10]​[11]​. Estas irregularidades han llevado a que las comunidades se organicen en defensa de sus derechos y logren la cancelación de megaproyectos como el de la Barra de Santa Teresa, municipio de San Dionisio del Mar, que se consideraba sería el mayor parque eólico en América Latina y que incluía los proyectos de San Dionisio del Mar y Santa Teresa del Mar. Este proyecto comenzó en 2004, cuando la compañía española Preneal obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización para la instalación y operación de 132 aerogeneradores (102 en San Dionisio y 20 en Santa María del Mar) capaces de generar 396 MW en Barra de Santa Teresa, sin realizar una consulta pública ni informar a los comuneros del proyecto. Solo se convocó a una asamblea, en la cual los asistentes firmaron una lista de asistencia que posteriormente fue usada para acreditar la aceptación del proyecto por parte de los comuneros; en respuesta, los lugareños interpusieron una demanda y lograron la anulación del proyecto. En 2006, Preneal realizó un contrato con la comunidad de Santa María del Mar en términos muy parecidos a los establecidos con San Dionisio del Mar; proyecto que la comunidad ikoot (huave) rechazó nuevamente por irregularidades, como el que los contratos no fueron leídos en su idioma y que existió presión y maniobras legales para que firmaran el contrato. En marzo del 2011, Preneal vendió ambos proyectos al consorcio Mareña Renovables, conformado por tres compañías mexicanas (Femsa, Fondo Infraestructura Macquarie México y Sociedad Macquarie). El consorcio obtuvo la autorización de la comunidad dando información sesgada, con la participación de poco más del 8% de la población; para el cambio de uso de suelo (de agrícola a industrial y comercial), la asamblea requería de la participación de tres cuartas partes de los comuneros y el voto aprobatorio de las dos terceras partes. Además, no se consultó a mujeres y jóvenes, quienes representan el 92% de los afectados. A pesar de que el istmo alberga 27 de los 38 parques eólicos del país [12]​ y es un corredor importante de especies migratorias y especies endémicas neotropicales[13]​[14]​, no se ha evaluado de manera integral el efecto que estos proyectos tienen en el ecosistema.

Impacto socioambiental de parques eólicos[editar]

Se ha reportado que los murciélagos insectívoros han sido los más afectados y que las especies migratorias que realizan vuelos a alturas mayores a 60 m son las más propensas a colisionar con los aerogeneradores [15]​. Otros impactos son la fragmentación del hábitat, la eliminación de cobertura vegetal y pérdida de biodiversidad; la contaminación del suelo por los aceites lubricantes que se usan en el mantenimiento de las turbinas, así como las modificaciones al paisaje [16]​[17]​ [18]​. Las transnacionales se presentan como promotoras del desarrollo sustentable bajo el discurso de generar empleos y mejorar la economía y calidad de vida de las personas. Sin embargo, la mayor demanda de mano de obra solo se da en la etapa de construcción, y durante la etapa de operación, en promedio, se emplea a veinte personas, razón por la cual al final de la etapa de construcción la mayor parte de la gente queda desempleada nuevamente [19]​. Aunado a esto, las empresas otorgan una remuneración baja por la renta de los terrenos, con montos de diez a veinte veces menores a los que ofrecen las mismas empresas en Europa y Estados Unidos [10]​ [20]​.

Al mismo tiempo, al interior de la comunidad, se crea una desigualdad económica, ya que solo los dueños de terrenos reciben ingresos a largo plazo. Debido a esto la economía local no mejora, sino que solo beneficia a algunos individuos [19]​. Ni siquiera la energía que se produce se destina a las localidades donde se ubican los proyectos, en donde el porcentaje de viviendas sin servicio de energía eléctrica supera la media nacional [20]​.

Las implicaciones sociales y ambientales de los proyectos eólicos, en tanto, parece que no se han atendido adecuadamente. Si bien los efectos adversos de la energía eólica son menores a los de otras tecnologías energéticas [21]​, es preciso reconocerlos y establecer medidas específicas para su control. La ausencia de una normativa socioambiental específica para proyectos eólicos provoca incertidumbre en cuanto a la naturaleza y magnitud de las afectaciones a mediano y largo plazos [22]​, suscitando desconfianza en las poblaciones directamente afectadas. Las manifestaciones de impacto ambiental (MIA), que las empresas promotoras entregan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), invocan casi mecánicamente una serie de leyes y reglamentos generales de conservación y protección del ambiente cuyo cumplimiento, iniciada la construcción y operación de los proyectos, es cuestionable [23]​.

Desde el punto de vista de la criminología verde, en algunos casos los parques eólicos del istmo de Tehuantepec son un ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales pueden perpetrar daños ambientales, amenazar la biodiversidad y contribuir a la creación de conflictos sociales, todo ello facilitado por el gobierno [24]​ [25]​. Los procesos de globalización permiten a estas corporaciones hacer en otras jurisdicciones lo que se prohíbe en sus lugares de origen sin infringir ninguna ley [26]​, lo que ha resultado en daño ambiental [27]​. El recurso eólico del istmo de Tehuantepec, así como su biodiversidad, son de suma importancia, por lo que se deben establecer mecanismos que garanticen justicia ambiental [28]​ [29]​, para lo cual tanto el gobierno como las compañías eólicas tienen que asumir su responsabilidad. Para reducir el daño ambiental en el istmo es necesario utilizar el enfoque de justicia social, el cual en su origen surge para reivindicar los derechos de las minorías ante la exposición a desechos tóxicos y contaminantes ambientales, y que en la actualidad se aplica al acceso y la distribución equitativa de los recursos, así como de las obligaciones con el ambiente, independientemente del grupo étnico o clase económica a la que pertenezca las personas [30]​. Un enfoque de justicia ambiental es el paso preliminar para lograr el desarrollo sostenible de la región, ya que este enfoque trata de asegurar la eliminación de las desigualdades sociales y económicas, la equidad entre generaciones y el reconocimiento de los daños ambientales como crímenes [31]​ [32]​ .

Grupos étnicos en la región del Istmo
Grupo étnico Territorio Poblaciones
Huaves Golfo de Tehuantepec San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar, municipios pertenecientes al distrito de Tehuantepec.
MIxes En las montañas al noreste del estado, colindando con los distritos de Villa Alta, Choapan, Yautepec, Juchitán, Tehuantepec y el estado de Veracruz. Tlahuitoltepec, Ayutla, Cacalotepec, Totontepec, Tamazulapan, Zacatepec, Mazatlán y Guichicovi
Zapotecas Zapotecos de Valles Centrales, Zapotecos de la Sierra Norte o Juárez, Zapotecos del Istmo de Tehuantepec y Zapotecos del Sur. Valles Centrales, Sierra Norte,
Zoques Viven en el estado de Chiapas, penetran ligeramente los estados de Tabasco, Oaxaca y Sur de Veracruz. Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, pertenecientes al Distrito de Juchitán.
Chontales Sierra Madre del Sur y en la Planicie Costera Sudoccidental en los distritos de Yautepec y Tehuantepec
  1. ↑ Portador García, T. J. (2009). Claroscuros en el futuro energético de América Latina: el corredor eólico en el istmo oaxaqueño. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. 
  2. ↑ a b «La visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Oaxaca: Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología.». 
  3. ↑ Ramírez Miranda, C. A., Cruz Altamirano, L. y Marcial Cerqueda, V. 2015. Soberanía alimentaria y luchas por el territorio en el Istmo oaxaqueño, México. Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial 8: 29-44.
  4. ↑ Merchand, M. A. 2015. Estado y reforma energética en México. Problemas del Desarrollo 46 (183): 117-139.
  5. ↑ Diario Oficial de la Federación (DOF). 1992. Ley Agraria. Secretaría de la Reforma Agraria, 26 de febrero.
  6. ↑ Hernández Martínez, I. A. 2017. Impacto espacial de la generación de energía eoloeléctrica en el Istmo oaxaqueño, 1994-2014. En: Carrasco Gallegos, B. V. (coord.) Megaproyectos urbanos y productivos. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
  7. ↑ Portador García, T. J. 2009. Claroscuros en el futuro energético de América Latina: el corredor eólico en el istmo oaxaqueño. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México.
  8. ↑ Castillo Jara, E. 2011. La viabilidad socioambiental de los parques eólicos del istmo de Tehuantepec. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.
  9. ↑ Agatón, G., Santiago, A., Sautto Vallejo, J. M. y Montaño, A. 2016. Estudio de impacto ambiental, económico y social en la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, debido a la instalación de parques eólicos. Tlamati 7 (1): 14- 21
  10. ↑ a b Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). 2013. La energía eólica en México. Una perspectiva sobre el valor social de la tierra en México. Disponible en: https://consultaindigenajuchitan.files.wordpress.com/2015/01/eolico.pdf (Consultado el 1 de septiembre de 2017).
  11. ↑ Huesca-Pérez, M. E., Sheinbaum-Pardo, C. y Köppel, J. 2016. Social implications of siting wind energy in a disadvantaged region–The case of the Isthmus of Tehuantepec, Mexico. Renewable and Sustainable Energy Reviews 58: 952-965.
  12. ↑ Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). 2016. Capacidad instalada de energía eólica en México. Disponible en: https://www.amdee.org/Default.aspx? PageID=7788728&A=SearchResult&SearchID=10995787&ObjectID=7788728&ObjectType=.
  13. ↑ Cortés-Marcial, M., Martínez Ayón, Y. M. y Briones-Salas, M. 2014. Diversity of large and medium mammals in Juchitan, Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico. Animal Biodiversity and Conservation 37 (1): 1-12.
  14. ↑ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 2008. Conocimiento actual de la biodiversidad. Vol. I de Capital natural de México, México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
  15. ↑ Colorado Durán, P. 2015. Diversidad de especies y lesiones en cadáveres de murciélagos encontrados en cuatro parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Tesis de licenciatura. Universidad Veracruzana.
  16. ↑ Orozco, R. H. 2008. Desarrollo del proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec. Investigación y Ciencia 16 (42): 18-21.
  17. ↑ Kontogianni, A., Tourkolias, C., Skourtos, M. y Damigos, D. 2014. Planning globally, protesting locally: Patterns in community perceptions towards the installation of wind farms. Renewable Energy 66: 170-177.
  18. ↑ Monroy Díaz, M. 2014. Construcción de la Central Eólica “La Rumorosa I” y su impacto sobre el medio ambiente. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.
  19. ↑ a b Alonso, S. L. y G. García F. 2016. Megaproyecto eólico y despojo en el Istmo de Tehuantepec. En: Ibarra García, M. V. y Talledos, E. (coords.) Megaproyectos en México: una lectura crítica. México: UNAM, Itaca.
  20. ↑ a b Juárez-Hernández, S., y León, G. 2014. Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social. Problemas del Desarrollo 45 (178): 139-162.
  21. ↑ EC (2003), External Costs. Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport, Bruselas, European Commission, pp. 28 (consultado el 16 de junio de 2013), disponible en http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/externe_en.pdf
  22. ↑ Castillo, Emiliano (2011), "Problemática en torno a la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec", Desarrollo Local Sostenible, vol. 4, núm. 12, España, Eumet.net, octubre 2011 (consultado el 20 de mayo de 2013), disponible en http://www.eumed.net/rev/delos/12/ECJ-Parques%20eolicos.pdf
  23. ↑ CDPIM (2013), La energía eólica en México. Una perspectiva social sobre el valor de la tierra en México, México, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (consultado el 24 de marzo de 2014), disponible en: http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/eolico.pd
  24. ↑ South, N. 1998. A green field for criminology? A proposal for a perspective. Theoretical Criminology 2 (2): 211-34.
  25. ↑ Brisman, A. 2014. Of theory and meaning in green criminology. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 3 (2): 21-34.
  26. ↑ Passas, N. 2005. Lawful but awful: Legal corporate crimes. The Journal of Socio-Economics 34 (6): 771-786.
  27. ↑ Hall, M. 2014. The roles and use of law in green criminology. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 3 (2): 96-109.
  28. ↑ Hillman, M. 2002. Environmental justice: A crucial link between environmentalism and community development? Community Development Journal 37 (4): 349-360.
  29. ↑ Walker, G. 2010. Environmental justice, impact assessment and the politics of knowledge: The implications of assessing the social distribution of environmental outcomes. Environmental Impact Assessment Review 30 (5): 312-318.
  30. ↑ Agyeman, J., Bullard, R. D., y Evans, B. 2002. Exploring the nexus: Bringing together sustainability, environmental justice and equity. Space and Polity 6 (1): 77-90.
  31. ↑ Lynch, M. J., y Stretesky, P. B. 2003. The meaning of green: Contrasting criminological perspectives.Theoretical Criminology7 (2): 217-238.
  32. ↑ South, N. 2014. Green criminology: Reflections, connections, horizons. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 3 (2): 5-20.
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuaria:Bianca_Medina-_udg/Taller&oldid=140050970»