Secretario de Estado (Antiguo Régimen en España)

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Los Secretarios de Estado en España, entre 1714 (reformas borbónicas de Felipe V) y 1833 (final del reinado de Fernando VII, la Década Ominosa y del Antiguo Régimen en España), fueron el cargo institucional que ejercía las funciones directivas del poder ejecutivo por delegación directa y bajo la confianza del rey, quien no por ello dejaba de concentrar todos los poderes como rey absoluto. Su figura, dentro de una monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen, era en cierta medida comparable a la que posteriormente representaría el Presidente del Consejo de Ministros (dentro de un régimen liberal en el que se introdujo la división de poderes y la limitación de los poderes regios propia de una monarquía constitucional); y, más adelante, el Presidente del Gobierno en la actual monarquía parlamentaria desde la Constitución de 1978.

En alguna ocasión, los Secretarios de Estado son mal llamados Primeros Ministros, en otras Ministros de Estado, o Ministros Plenipotenciarios. En cualquier caso, su función es la misma y pueden considerarse continuación histórica de la labor de algunos cargos institucionales (algunas veces formales, otras informales) que venían sirviendo a la monarquía autoritaria de Trastámaras y Habsburgos desde el siglo XV: los secretarios y los validos.

Con las reformas de Felipe V, la configuración polisinodial de los Consejos decae (a excepción del Consejo de Castilla), y es la Secretaría de Estado y del Despacho la institución que toma mayor preeminencia en la estructura gubernativa. Primero como Secretaría del Despacho Universal, desde 1705 desdoblada en dos, y desde 1714 en cuatro (Estado, Hacienda, Justicia y una en conjunto para Guerra, Marina e Indias).

Orígenes de los secretarios reales en la Corona de Castilla[editar]

El germen del oficio de secretario del Rey o secretario real surge a principios del siglo XIV cuando en las Cortes de Valladolid de 1312 Fernando IV estableció a cuatro escribanos de cámara con el fin de refrendar y suscribir las mandatos y gracias emitidos directamente del monarca, enajenando este cometido de los cancilleres y notarios mayores. Con la instauración de la dinastía Trastamara a mediados del siglo XIV, aparecen las primeras menciones a los secretarios, como los escribanos que actuaban en el ámbito más privado y personal de los monarcas. Así destacan en el reinado de Enrique II a Miguel Ruiz y en el de Enrique III a Juan Martínez del Castillo. En el tiempo de Enrique III a las funciones del secretario se va a añadir las misiones institucionales y diplomáticas, destacando Juan Rodríguez de Villaizán y Pedro Fernández de la Guardia.[1] Estos funcionarios no eran pecheros y por lo general se escogían de entre la media y baja nobleza.

Durante el reinado de Juan II se perfila la principal función de los secretarios, despachar toda la documentación emanada de la cámara del rey, lo que suponía seguir las instrucciones del la voluntad del rey, ordenar la documentación y confeccionar los documentos, y una vez firmados, ser refrendados.[2] Además, en la fórmula de los documentos firmados por Fernando Díaz de Toledo (al servicio de Juan II entre 1421-1457) ya aparece su condición de secretario como tal. Fórmula que prosiguió con los secretarios reales de Enrique IV.[3]

Los secretarios del Consejo de Estado en los orígenes del sistema polisinodial[editar]

La victoria de los Reyes Católicos en la Guerra Civil impuso la autoridad del poder monárquico, de forma que el Consejo Real de Castilla, establecido en las Cortes de Valladolid (1385) se va a configurar como un instrumento de gobierno y de la administración al servicio del poder real fruto de la reformas emprendidas en las Cortes de Toledo de 1480. Este Consejo Real se va a encargar del asesoramiento en los nombramientos y concesión de mercedes, de las tareas judiciales como tribunal de suprema apelación de Castilla y de la supervisión del gobierno y administración del reino. Su labor se organizaba en cinco salas: asuntos internacionales, justicia, asuntos de los reinos de la Corona de Aragón, Asuntos de Hermandad y de Hacienda.[4] [5]

Con la complejidad de los asuntos a gestionar y el progresivo aumento de los dominos de la Monarquía, hubo que clarificar la distinción entre el gobierno de la Casa Real de la administración territorial. Los monarcas crearon juntas de consejeros para asesorar al rey para un ámbito determinado, que serían el embrión de los Consejos.[6] Durante los reinados de Carlos I y Felipe II, junto con el Consejo de Real de Castilla se va a producir la creación de Consejos tanto para asesorar en asuntos territoriales (Aragón, Navarra, Flandes, Portugal, Indias, Italia) como para asesoramiento en asuntos especializados, como el Consejo de Órdenes, el de Cruzada, Hacienda, Inquisición, Guerra o el de Estado.[4] [7] De este sistema polisinodial de Consejos, el Consejo de Estado fue creado en 1521 y organizado en 1526 como un organismo supraterritorial del asesoramiento al monarca con unas competencias indefinidas acerca de cualquier tema que fuera de interés del monarca, pero normalmente caía dentro de su conocimiento la política exterior y los graves problemas que pudieran afectar a la Monarquía.[8] [9]

Desde el comienzo de este sistema a finales del siglo XV, junto a los miembros que formaban parte de cada Consejo —los consejeros—, fueron los secretarios privados del rey, al principio sin ningún tipo de jurisdicción ni facultades precisas, los que adquirieron mayor influencia en las decisiones políticas y administrativas, puesto que eran los que enlazaban al rey con los Consejos, asesorándolos y ejecutando su voluntad, resumían para el rey el asunto de la consulta elaborada por el Consejo, anotaban la decisión del monarca y redactaban la resolución del mismo para el Consejo, y al gozar de la confianza del monarca asumieron decisiones por cuenta propia a costa de las competencias del Consejo sin consultar a los letrados que componían los Consejos; además atendían la correspondencia diaria, preparaban los documentos con sus órdenes y despachaban las peticiones dirigidas al rey.[10] [11] El número de secretarios reales quedaba a voluntad del soberano, y de hecho en el Ordenamiento de Montalvo no indica nada acerca de un número limitado de secretarios, ni en la cámara del monarca ni en el Consejo. Además tampoco existía en el conjunto de secretarios reales ningún tipo de jerarquía ni distinción.[12] No obstante se va apreciando una mayor especialización en determinados secretarios en virtud de su atención de la política internacional: Juan de Coloma, Miguel Pérez de Almazán (1498-1514), Pedro de Quintana (1514-1517) o Pedro Ruiz de la Mota (1517-1522). Los Reyes Católicos despachaban con seis o siete secretarios, cuyos sueldos estaban en torno a los cien mil maravedíes, aunque acumulaban más cargos y prebendas –y otros ingresos ilegítimos–, lo que les hizo acumular verdaderas fortunas. Y cumplieron un papel fundamental en la organización de la Monarquía Hispánica.

Por su parte, cada Consejo tenía sus propios secretarios dependientes del propio Consejo, y que no tenía necesariamente que poder tener acceso directo al monarca ni despachar con él. Este secretario del Consejo preparaba el orden del día, levantaba acta de las sesiones llevaba a cabo la preparación del material que debía estudiar el rey y los que debían discutir los consejeros del Consejo, y redactar y realizar resúmenes de memoriales a los consejeros para presentar en las deliberaciones. Pero con la creación del Consejo de Estado, que presidía el propio rey, el secretario del Consejo de Estado paso a depender directamente del rey y no del Consejo con lo que adquirió una posición preponderante sobre los propios consejeros, esto convirtió al secretario del Consejo de Estado, llamado secretario de Estado,[13] [14] en una figura privilegiada y personaje clave de la Administración y en el resorte del poder en toda la Monarquía, ya que tenía acceso continuo al rey y a los secretos de la Monarquía,[15] [16] [17] [18] esto le permitió al secretario de Estado no solo limitarse a ejecutar la voluntad del rey, sino gozar de la confianza del rey para aconsejarle y orientar esa esa voluntad.[19]

Durante el reinado de Carlos I, tras ocupar las secretarías del Consejo de Estado, Juan Hannart, vizconde de Lombeck (1522-1524) y Jean Lallemand (Juan Alemán), barón de Bouclans (1524-1528), Francisco de los Cobos (1529-1547) obtuvo la posición, pero en su posición de secretario privado del rey lo acompañó en sus largas estancias fuera de España y por ello el despacho de los asuntos en España tenía que llevarse a cabo por interinos como Juan Vázquez de Molina o Gonzalo Pérez. Tras el fallecimiento de Francisco de los Cobos en 1547, la secretaría del Consejo de Estado quedó vacante una década en la que Juan Vázquez de Molina se ocupó del cargo de forma interina,[20] controlando los resortes de la Administración durante las regencias establecidas por Carlos I. Con la abdicación de Carlos I en 1556, su hijo Felipe II dividió la secretaría del Consejo de Estado: Juan Vázquez de Molina para los asuntos de España en apoyo a la regente Juana de Austria para la gestión diaria del gobierno, y Gonzalo Pérez para los asuntos que se offrescieren fuera de España.[21]

A lo largo de 1558 se fueron agudizando los conflictos entre la corte del rey establecida en Bruselas y la regencia establecida en España, lo que supuso el declinar de la influencia de Vázquez de Molina. Antes de su regreso a España —que se produjo en agosto de 1559— el rey preparó su personal de confianza para defender sus intereses en y hacer cumplir sus órdenes en el gobierno, y de este modo designó a Francisco de Eraso para despachar interinamente en la secretaría del Consejo de Estado para España cuando Vázquez de Molina estuviera enfermo y no puediera hacerlo por sí mismo. Vázquez de Molina aceptó esta situación y obtuvo la licencia definitiva para retirase en 1562, quedando Eraso a cargo de la secretaria hasta su muerte en 1570.[22] Tras la muerte de Gonzalo Pérez en 1566, su secretaría fue ocupada de forma interina por Antonio Pérez y Gabriel de Zayas, y 1567, el cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla, Inquisidor General y privado del rey, remodeló el Consejo para fortalecer la posición de los letrados en detrimento de la influencia de la nobleza, y en 1567 Zayas fue designado con la secretaría del Consejo de Estado para el Norte, y Pérez con la secretaría del Consejo de Estado para Italia.[23]

La derrota y muerte del rey portugués en la batalla de Alcazarquivir en 1578, le supuso al rey español optar al trono portugués, para presionar y afirmar sus aspiraciones con una campaña militar requería dejar en Madrid personal de confianza para garantizar un gobierno estable, y dado que la actitud del monarca hacia Antonio Pérez era de desconfianza, su caída era inmminente. En julio de 1579 fue arrestado y en septiembre Juan de Idiáquez y Olazábal fue nombrado secretario del Consejo de Estado en la secretaría que dejaba Zayas y además asumió al mismo tiempo la secretaría de Antonio Pérez.[24]

El progresivo deterioro de Felipe II tras 1585, le llevó a crear una junta en la que para asistir al monarca en el gobierno de la Monarquía, examinando consultas y correspondencia emitidas por los distintos órganos de la Monarquía y asesorando al rey en su resolución. El Consejo de Estado, al ser supremo, no tenía que supervisado por esta junta y por ello se le sustrayeron asuntos confidenciales que podrían haber sido de su competencia. Esto supuso que el secretario del Consejo de Estado quedara limitado a tareas burocráticas y sin influencia de acción política sobre el rey. En este estado de cosas, Juan de Idiáquez preparó la sucesión de la secretaría del Consejo en sus familiares: a Martín de Idiáquez e Isasi le correspondió los asuntos del norte (Flandes, Francia y Alemania), y a Francisco de Idiáquez los asuntos de Italia. El relevo se produjo en verano de 1587.[25]

Las secretarías con los Austrias menores[editar]

Las secretarías de Estado del siglo XVII eran dos: la del Norte y la de Italia. Entre 1630 y 1661 hubo una tercera secretaría, denominada de España.

Desde el validazgo del Duque de Lerma los secretarios despachaban con el valido, y no con el rey; reduciéndose mucho su importancia.

En 1621 apareció la figura del Secretario del Despacho, con dignidad de secretario de Estado, pero que no se crea como tal oficio, sino como un aviso, acompañado del oficio de secretario (en el periodo en que existió, con la Secretaría de Estado de España).

En el reinado de Carlos II se revalorizaron las secretarías del despacho, que se conocían como covachuelas. Se las reconocía la utilización de la vía reservada y ejecutiva, mucho más directa que el procedimiento de los Consejos, quedando en posición de ser la pieza más útil de la administración de que podrá disponer la nueva dinastía de los Borbones.[26]

Reforma borbónica: Secretarías de Estado y del Despacho[editar]

Con el nombre de Secretarías de Estado y del Despacho se designó a los altos departamentos administrativos del siglo XVIII español, herederos de las antiguas secretarías de Estado de los Austrias.

Felipe V las reorganizó para convertirlas en departamentos con competencias en los distintos sectores de la administración (1714). Las primeras secretarías fueron las siguientes: Estado, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Al frente de cada una se situó un secretario de Estado y Despacho, nombrado por el rey, que los podía sustituir cuando lo considerase oportuno. A lo largo del siglo XVIII, el sistema de secretarías experimentó sucesivas transformaciones. El poder y el grado de competencia de los secretarios creció en detrimento de la importancia de los consejos. Fue habitual que varias secretarías se colocaran bajo un mismo secretario, que de esta manera se convertía en el hombre fuerte del gobierno.

Durante el reinado de Carlos III se introdujo la novedad del despacho colectivo (desde 1763), especie de consejo de secretarios que se reunía semanalmente para discutir todos los asuntos. Esta medida se reforzó con la creación, por el conde de Floridablanca, de la Junta Suprema de Estado (1787), reunión institucionalizada de todos los secretarios para deliberar sobre los asuntos que superaban el ámbito de cada secretaría. También a Floridablanca se debió la fórmula más acabada del sistema, organizado en siete secretarías: Estado, Guerra, Hacienda, Marina, Gracia y Justicia de España, Gracia y Justicia de Indias, y Comercio y Navegación de Indias. La organización del poder ejecutivo culminó en el siglo XIX cuando las secretarías de Estado dieron paso a los ministerios, reunidos en el Consejo de Ministros o gabinete, dirigido por un presidente del Consejo (o jefe de gobierno).

Su número varió entre cinco y siete. Sin embargo durante la mayor parte del tiempo fueron cinco las secretarías. El aumento de número trajo consigo un costo demasiado grande para la hacienda real, por lo que finalmente los asuntos de Indias fueron traspasados a las secretarías tradicionales (Estado, Guerra, Gracia y Justicia y Marina).

Secretarios del Despacho de Estado en los distintos reinados[editar]

Felipe V (1700-1724)[editar]

Luis I (1724)[editar]

Felipe V (1724-1746)[editar]

Fernando VI (1746-1759)[editar]

Carlos III (1759-1788)[editar]

Carlos IV (1788-1808)[editar]

Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino (1808-1810)[editar]

Consejo de Regencia (1810-1814)[editar]

José I Bonaparte (1808-1813)[editar]

Nombrados por Fernando VII (1808-1813)[editar]

Fernando VII (Primer Periodo Absolutista, 1814-1820)[editar]

Fernando VII (Trienio Liberal, 1820-1823)[editar]

Fernando VII (Década Ominosa, 1823-1833)[editar]

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. Cañas Gálvez, Francisco de Paula (2012). Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454): estudio institucional y prosopográfico. Universidad de Salamanca. pp. 181–183. ISBN 9788478002214. 
  2. Cañas Gálvez, Francisco de Paula (2012). Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454): estudio institucional y prosopográfico. Universidad de Salamanca. p. 185. ISBN 9788478002214. 
  3. Prieto Bances, Ramón (1976). Obra escrita 2. Universidad de Oviedo. pp. 461–463. ISBN 9788460006220. 
  4. a b López Gómez, Pedro (1999). «La documentación de la Administración Central en la Edad Moderna». En María de la Almudena Serrano Mota y Mariano García Ruipérez. El patrimonio documental: fuentes documentales y archivos. Universidad de Castilla La Mancha. pp. 54–58. ISBN 9788484270232. 
  5. Coronas González, Santos M. (1991). Ilustración y derecho: los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII. Ministerio para las Administracions Públicas. p. 25. ISBN 9788470885921. 
  6. Fernández Conti, Santiago (1996). Los Consejos de Estado y Guerra de la monarquía hispana durante la época de Felipe II (1548-1598) (Tesis). Universidad Autónoma De Madrid. p. 21. 
  7. Rivas Arjona, Mercedes (2014). Organización territorial de España. Desde los reyes católicos hasta la transición breve recorrido histórico. Librería-Editorial Dykinson. p. 10. ISBN 9788490850374. 
  8. Suárez Fernández, Luis; Andrés Gallego, José (1986). Historia general de España y América: siglo XVII. La crisis de la hegemonía española, 8. Ediciones Rialp. p. 350. ISBN 9788432121036. 
  9. Barrios, Feliciano (2009). España, 1808: el gobierno de la monarquía. Real Academia de la Historia. p. 52. ISBN 9788496849518. 
  10. Pérez, Joseph (1997). Isabel y Fernando: los Reyes Católicos. Editorial Nerea. p. 95. ISBN 9788489569126. 
  11. Escudero, José Antonio (2011). Los hombres de la monarquía universal. Real Academia de la Historia. p. 95. ISBN 9788415069218. 
  12. Prieto Bances, Ramón (1976). Obra escrita 2. Universidad de Oviedo. pp. 468–471. ISBN 9788460006220. 
  13. Escudero, José Antonio (1979). Los orígenes del Consejo de Ministros en España. Editorial Complutense. p. 23. ISBN 9788474915945. 
  14. Suárez Fernández, Luis; Corona Baratech, Carlos E.; Armillas Vicente, José Antonio (1984). Historia general de España y América: siglo XVII. La crisis de la hegemonía española, 10. Ediciones Rialp. p. 105. ISBN 9788432121067. 
  15. López-Cordón, María Victoria (1996). Secretarios y secretarías en la Edad Moderna: de las manos del príncipe a relojeros de la Monarquía (15). pp. 110–111. ISSN 0213-2079. 
  16. Escudero, José Antonio (1979). Los orígenes del Consejo de Ministros en España. Editorial Complutense. pp. 22–23. ISBN 9788474915945. 
  17. García García, Bernardo (1997). Los validos. Ediciones AKAL. p. 12. ISBN 9788446006008. 
  18. Escudero, José Antonio (1999). Administración y Estado en la España Moderna. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura. pp. 46–47. ISBN 9788478467488. 
  19. López Gómez, Pedro (1999). «La documentación de la Administración Central en la Edad Moderna». En María de la Almudena Serrano Mota y Mariano García Ruipérez. El patrimonio documental: fuentes documentales y archivos. Universidad de Castilla La Mancha. p. 60. ISBN 9788484270232. 
  20. Fernández, op. cit., pp. 25, 33.
  21. Fernández, op. cit., pp. 58, 68.
  22. Fernández, op. cit., pp. 86-88, 103-104, 127, 132.
  23. Fernández, op. cit., pp. 113-114, 121-123.
  24. Fernández, op. cit., pp. 225-229.
  25. Fernández, op. cit., pp. 258,261, 263, 314.
  26. Miguel Artola (dir.) Enciclopedia de Historia de España, Madrid: Alianza, 1991, tomo 5, pg. 1077-1078.
  27. Ricardo Gómez-Rivero, Los Orígenes Del Ministerio de Justicia, 1714-1812, Ministerio de Justicia, 1988, ISBN 8477870233, pg. 20.
  28. Gaceta de Madrid, 20 de noviembre de 1823 [ww.boe.es/datos/pdfs/BOE/1823/114/C00423-00423.pdf]

Enlaces externos[editar]

  • Archivo General de Simancas - 1. Fondos de Instituciones del Antiguo Régimen:
  • Archivo General de Indias: