Reforma constitucional española de 1992

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La reforma constitucional española de 1992 fue la primera modificación de la Constitución Española de 1978 que tuvo lugar en el contexto de una Europa decidida a trabajar en la misma dirección. Fruto de este trabajo de “federación” son varios los tratados que se firmaron en la época. Entre ellos el firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, por el que el punto 8.B del Tratado de la Unión Europea quedaba enfrentado con el artículo 13.2 de la Constitución española. Este apartado 8.B hacía referencia a que

«[...] todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida».

En abril del mismo año, el Gobierno de la Nación (en reunión del Consejo de Ministros) acordó iniciar el procedimiento para dicha reforma (siguiendo lo indicado para tal fin en el artículo 95.2 de la Constitución). El pronunciamiento del Tribunal Constitucional fue tajante, afirmando que dicho artículo 8.B se oponía al artículo 13.2 de la Constitución Española. Por tanto se hizo necesario emprender su reforma, según lo establecido en el artículo 167.

Por el llamado procedimiento de urgencia, se presentó, por parte de todos los grupos parlamentarios, una proposición de reforma en el Congreso de los Diputados. Sin enmiendas presentadas en contra de este proyecto, fue sometido a votación y quedó aceptado por la totalidad de sus miembros (332 votos a favor, de un total de 332 votos realizados).

En el Senado, al igual que en el Congreso, tampoco se presentaron enmiendas en contra. Fue en julio de 1992 cuando se sometió a votación, logrando la mayoría necesaria para seguir adelante (dicha mayoría queda descrita en el artículo 167.1)

Sin necesidad de que fuese convocado un referéndum, fue finalmente el 27 de agosto de 1992 cuando el rey Juan Carlos sancionó y promulgó la primera reforma constitucional, que entró en vigor al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, siéndolo tanto en castellano como en el resto de las lenguas cooficiales.

El artículo 13.2 quedó de la siguiente manera:

«[...] solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales [...]»