Caso Los 10 de Luluncoto

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Caso Los 10 de Luluncoto
Materia Penal
Tribunal Corte Nacional de Justicia
Partes
Luis Merchán
Royce Gómez
Abigail Heras
Ana Campaña
Víctor Vinueza
Pablo Castro
Fauda Tapia
Héctor Estupiñán
Santiago Gallegos
César Zambrano
Ministerio del Interior de Ecuador
Delitos
  • Subversión
  • Sabotaje
  • Terrorismo
Jueces Juan Pablo Hernández

El caso Los 10 de Luluncoto es un proceso judicial de Ecuador en materia penal en contra de diez personas acusadas de los delitos de subversión, sabotaje y terrorismo por el expresidente Rafael Correa Delgado al estos supuestamente formar parte de una célula subversiva del Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE).[1]

Las diez personas procesadas son: Luis Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Víctor Vinueza, Pablo Castro, Fauda Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago Gallegos y César Zambrano; quienes fueron detenidas el 3 de marzo de 2012 tras un operativo policial denominado «Sol Rojo». El principal acusador es el Ministerio del Interior y el caso fue seguido por la Fiscalía General del Estado.

El 7 de junio de 2016, los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en audiencia de casación resolvieron declarar extinta la pena para los 10 de Luluncoto.[2]

Acontecimientos[editar]

Notitia criminis[editar]

El 19 de diciembre de 2011, el presidente colombiano Juan Manuel Santos visita la ciudad de Quito como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia tras la ruptura de estas a raíz de la Operación Fénix.[3]​ En esa fecha sera cuando en el Parque República de India de Quito, el World Trade Center de Guayaquil y el Parque Calderón de Cuenca se detonaron bombas panfletarias entre las 10h00 y 10h30 con mensajes en contra del mandatario extranjero, asi como también al presidente ecuatoriano Rafael Correa.[4]​ Estos mensajes se encontraban firmados por una organización denominada Fuerzas Armadas Insurgentes Revolucionarias del Ecuador (FAIRE).[5]

Operativo Sol Rojo[editar]

La Policía Nacional desplegó, el 3 de marzo de 2012, un operativo silencioso que duró alrededor de siete horas en el sector de Luluncoto, al sur de la ciudad de Quito. El operativo fue denominado como «Sol Rojo» y contó con la intervención de veinte uniformados pertenecientes a la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).

Alrededor de las 16:00 (UTC-5), se detuvo a diez personas supuestamente vinculadas a una subversión contra el Estado. Este grupo seria supuestamente parte del Grupo de Combatientes Populares (GCP), que sería el brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE).[6][1]

El Ministerio del Interior ha indicado que como evidencia del delito se han encontrado manuales para la fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar, y agendas para la ejecución de “llamadas de explosivos” en marchas de protestas; halladas dentro de siete teléfonos celulares, dos chips para celular, seis memorias de datos portables, una carpeta con documentos, panfletos y tres agendas que fueron incautadas en el departamento, al que se incluye un cheque girado a favor de Jail F., que presuntamente tiene la firma del Movimiento Popular Democrático (MPD).[6][7]

Audiencia de flagrancia y preparatoria del juicio[editar]

El dia siguiente a la detención, el 4 de marzo, se realiza la audiencia de flagrancia donde se expone el caso en contra de los detenidos Luis Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Víctor Vinueza, Fauda Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago Gallegos, César Zambrano y Pablo Castro; este último expresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE). Las acusaciones por las cuales serian señalados irian desde la detonación de las bombas panfletarias del año pasado hasta ser dirigentes provinciales del Grupo de Combatientes Populares (GCP) y estar planeando en una reunión clandestina nuevos atentados dentro de marchas a partir del 8 del mismo mes, siendo esto frustrado en el operativo.[8]

Para el 5 de marzo se realiza la audiencia de formulación oral con la presencia de la fiscal Diana Fernández que presentaría las pruebas halladas en el operativo, a la vez que el juez Juan Pablo Hernández señala la existencia de pruebas que vinculan al Movimiento Popular Democrático (MPD). Para este momento, nueve de los diez acusados se encontraban bajo prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional y Fadua Tapia bajo arresto domiciliario por encontrarse embarazada.[9]

Desde la directiva emepedista, Luis Villacís señala que solo conoce a cuatro de los detenidos y ha presentado un pedido de habeas corpus para la liberación de los diez implicados. [9]​ Al siguiente dia, descarta la acusación de "atentar contra la seguridad del estado" dicha por el ministro José Serrano Salgado, indicando que el grupo se encontraba organizandose para la marcha del 8 de marzo y debatiendo sobre temas políticos, aceptando la vinculación de estos con el MPD y acusando a Serrano de pretender atemorizar a los organizadores de la protesta.[7]


Referencias[editar]