Iván Velásquez Gómez

Iván Velasquéz Gómez
Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
1 de octubre de 2013-3 de septiembre de 2019
Presidente	Jimmy Morales (2016-19) Alejandro Maldonado (2015-16) Otto Pérez Molina (2013-15)
Predecesor	Francisco Dall'Anese
Sucesor	Cargo abolido
Procurador Departamental de Antioquia
7 de agosto de 1991-7 de agosto de 1994
Presidente	César Gaviria
Información personal
Nacimiento	12 de mayo de 1955 (69 años) Medellín, Antioquía, Colombia
Nacionalidad	Colombiana
Religión	Catolicismo
Educación
Educado en	Universidad de Antioquia
Información profesional
Ocupación	Ingeniero mecánico
Empleador	Organización de las Naciones Unidas Universidad de Antioquia
Distinciones	International Bar Association (2011) Premio Right Livelihood (2018)

Iván Velásquez Gómez (Medellín, 12 de mayo de 1955) es un jurista y diplomático colombiano. Desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2019 fue el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Biografía

Primeros años

Iván Velásquez nació en Medellín y estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS, desde donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de defensa de la justicia que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde le correspondió adelantar investigaciones relacionadas con torturas llevadas a cabo por organismos como la Unidad Antisecuestro, UNASE; ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerza pública y abusos contra la población civil cometidos por tropas en sus acciones antiguerrilla.

Primeros años como fiscal

Siendo Procurador, logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que atendía las 24 horas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Valle de Aburrá, que incluían detenciones clandestinas o arbitrarias, desaparición forzada de jóvenes de comunas populares, allanamientos y registros indiscriminados y cerramientos de barrios enteros, entre otros. También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos (primero en el país) que contaba con la participación de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionaban en Medellín, junto con la policía nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército, la iglesia católica, la Fiscalía y el Ministerio Público.

Fiscal

A partir de 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, hasta que en 1997 fue escogido por el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). Estando en este cargo, y en conjunto con un equipo de investigadores, emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. La investigación permitió establecer cómo a través de 43 empresas de fachada en Antioquia y Córdoba y 495 cuentas bancarias, el paramilitarismo había movido más de $25 mil millones de pesos en pocos años.

Vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde el año 2000, a partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012 el Dr. Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la investigación, por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares. Hasta el momento, las investigaciones adelantadas por la Comisión han producido la condena de aproximadamente 50 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".

Reconociendo que el doctor Velásquez ha dedicado su vida a la justicia, actuando siempre con claro y fuerte compromiso con los Derechos Humanos e interlocutando con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y teniendo en cuenta su contribución a la lucha en contra de la impunidad en Colombia, en 2011 la International Bar Association, IBA, le entregó el premio mundial de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012.

Caso La Línea

El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2001. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT). Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y de la vicepresidente Roxana Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Aun cuando a raíz de estas demostraciones populares el presidente solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.

Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la vicepresidente, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,​

Caso Redes

El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.​ Aunado al Caso de La Línea, colocaron al gobierno del general Otto Pérez Molina en una situación muy comprometida. Una asignatura pendiente del comisionado es que ninguno sólo de los casos que ha entablado a llegado a condena y derivado de los mismos se encuentran 156 personas que llevan años en prisión preventiva contradiciendo así lucha por los derechos humanos abusando en exceso de la cárcel para los sindicados

Intentos de expulsión

El 25 de agosto de 2017 Velásquez junto a la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, retira la inmunidad al Presidente por estar involucrado en un caso de corrupción en el que se le acusa del delito de financiamiento electoral ilícito.

El 27 de agosto el Presidente de Guatemala Jimmy Morales anunció que iba a expulsar del país a Velásquez tras declararle "non grato". El 29 de agosto la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo histórico en el que enmendaba la plana al presidente y suspendía de forma "definitiva" su decisión de expulsar al comisionado. La CC aceptó, con el voto a favor de tres jueces y la oposición de dos magistrados, aceptar un amparo presentado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, en contra de la decisión de Morales de expulsar a Velázquez del país. La Corte detalló en su fallo judicial que la declaración de "non grato" de Velázquez incumplió los artículos 182 y 194 de la Constitución de Guatemala, teniendo en cuenta que Jimmy Morales no contó con el respaldo de sus ministros a la hora de tomar tan drástica decisión. Al único que informó de su voluntad de declarar 'non grata' a Velázquez fue al canciller de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, para pedirle que también firmara la carta de expulsión, si bien éste se negó, lo que supuso su destitución inmediata.​

Luego de un año, el 31 de agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa rodeado por los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, el vicepresidente y militares, la no renovación del mandato de CICIG y que por ende, la comisión cesaba funciones el 3 de septiembre de 2019, también ordenó la transferencia inmediata de funciones de la comisión hacia el Ministerio Público. En la conferencia, adujo que el secretario general de las Naciones Unidas no había prestado atención a la solicitud del gobierno sobre el relevo de comisionado.​ El comisionado Velásquez asistió a una visita oficial a Estados Unidos el 2 de septiembre de 2018, un día después, el presidente Jimmy Morales junto al Consejo Nacional de Seguridad ordenó impedir el regreso del comisionado a Guatemala, lo que provocó una oleada de críticas internacionales por la insistencia del gobierno.​

Reconocimientos

El 24 de septiembre de 2018, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez recibieron el premio Right Livelihood, también conocido como el Premio Nobel Alternativo en reconocimiento a su lucha contra la corrupción e impunidad.​

Enlaces externos

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• Multimedia: Iván Velásquez / Q20665758