Diferencia entre revisiones de «Caso Gürtel»

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== Grabaciones ==
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La Sala de lo Penal del [[Tribunal Superior d Justicia de Madrid]] anular las conversaciones grabadas, por ordenadas por el juez instructor [[Baltasar Garzón]] en la cárcel entre los detenidos y sus abogados.<ref>[http://www.elpais.com/articulo/espana/Tribunal/Madrid/anula/grueso/escuchas/carcel/caso/Gurtel/elpepuesp/20100324elpepinac_2/Tes El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del 'caso Gürtel' · ELPAÍS.com] </ref>
La Sala de lo Penal del [[Tribunal Superior de Justicia de Madrid]] anular las conversaciones grabadas, por ordenadas por el juez instructor [[Baltasar Garzón]] en la cárcel entre los detenidos y sus abogados.<ref>[http://www.elpais.com/articulo/espana/Tribunal/Madrid/anula/grueso/escuchas/carcel/caso/Gurtel/elpepuesp/20100324elpepinac_2/Tes El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del 'caso Gürtel' · ELPAÍS.com] </ref>


== Referencias ==
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Revisión del 11:40 6 abr 2010

Caso Gürtel es el nombre dado a la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular y encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido, traducido al alemán (Gürtel es cinturón, parecido en significado a Gurt, correa), da nombre al caso.

Inicios

El caso surge a raíz de una denuncia realizada el 6 de noviembre de 2007 por José Luis Peñas, ex concejal del PP en el ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid, y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008.[1]​ Se nutriría posteriormente de unas grabaciones ocultas realizadas por miembros de esta trama, como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept, una de las empresas principales de la trama, junto con Special Events y Orange Market, todas ellas empresas fantasma propiedad de Francisco Correa.

La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como Madrid, Valencia y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.

La importancia de este grupo en el seno del PP nacional vendría condicionada por la elección de Correa, por parte del propio José María Aznar, para que aquél organizara los actos y eventos públicos del Partido Popular (PP). Con todo, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejarían de contar con él tras la salida del Gobierno de Aznar en 2004.[2]

El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, todas ellas pertenecientes al PP.[3]

José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, ha mostrado a los jueces que llevan el caso los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En ellas figuran Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez.[4]​ Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película"[5]​ (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino). Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, hasta ahora no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.

En la Comunidad de Madrid

Respecto a la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre, ante las imputaciones debieron dimitir tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagos ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza:

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid [...] López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular"
Esperanza Aguirre[6][7]

Sin embargo, el diario El País y posteriormente El Mundo darían a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón que revelan que López Viejo sugería a Francisco Correa, principal imputado en la trama de corrupción, fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo,[8]​ lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional.[9]​ De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".[10]

El por entonces tesorero nacional —nombrado por Mariano Rajoy tras el polémico Congreso del PP de 2008— y senador por Cantabria desde 2004, Luis Bárcenas, así como el eurodiputado Gerardo Galeote Quevedo y el diputado nacional por Segovia Jesús Merino Delgado, serían imputados por su vinculación a la trama Gürtel. Se da la circunstancia de que Bárcenas se vería envuelto además en el caso de espionaje a miembros del PP en Madrid.[11][12][13]

Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey.[14]​ Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartaría de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.

En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicaría que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.[15]

El encuentro entre Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo en una cacería

Al arreciar las críticas contra el Partido Popular y los gobiernos regionales afectados, el diario El Mundo informó que en los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, por entonces Ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén. Ello fue lanzado por los medios afines al Partido Popular como un acuerdo implícito entre Garzón, ex diputado socialista y secretario de Estado en la época de Felipe González, y el Poder Ejecutivo, en manos de su principal adversario, el PSOE, para perjudicar al PP al coincidir las elecciones para renovar las alcaldías y los Parlamentos de Galicia y del País Vasco. Por esta razón Fernández Bermejo se vería forzado a dimitir de su cargo como Ministro.

La interpretación del encuentro realizada por los medios sería aprovechada por la dirigencia popular para denunciar la "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política y tratar de personarse en el proceso judicial. Sirvió además para recusar a Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP. Ambas peticiones fueron rechazadas, intentándolo por su parte el gobierno de Esperanza Aguirre al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.[16]​ No obstante, el organizador de la cacería, un militante y ex concejal del PP, aseguraría que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Además, distintos medios recordarían que las pesquisas llevaban un par de años de labor (en el caso de algunos personajes más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por parte de los socialistas en los años noventa, justificándose en su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue parlamentario bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, la cual prevaleció.

Continuación de las investigaciones en Madrid

El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.[17]

El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220.000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30.000 euros.[18]

El martes 6 de octubre de 2009, el TSJM levanta el secreto de sumario sobre 17.000 folios de los casi 60.000 de los que consta el mismo,[19]​ que se corresponden con la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón. La presidenta de la Comunidad de Madrid expulsa del Grupo Parlamentario Popular de la asamblea regional a los tres diputados autonómicos imputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico.[20]​ Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas. El único en atender esta petición fue el ex-alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Los demás, como el ex-alcalde de Boadilla del Monte, o los anteriores diputados autonómicos, fueron apartados del Grupo Popular, mientras retenían su acta correspondiente.

El 22 de febrero de 2010, se publica en los medios de comunicación que la Agencia Tributaria española descubrió algunas comisiones sin declarar de nueve altos cargos del PP, los tres diputados y los cuatro alcaldes que fueron forzados por su partido a dimitir de sus cargos o a abandonar el grupo por estar involucrados en la trama, por un valor de 3,8 millones de euros y, consiguientemente, cometiendo un delito de tipo fiscal.[21]

En la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, también está presente en el caso. Según afirmó más tarde el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, cinturones... También existirían unas supuestas grabaciones en las que algunos imputados en la trama hablaban de unos hipotéticos regalos a altos cargos populares de Valencia. Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.


Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que el presidente de la Generalidad se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre.

Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.

Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.[22]

El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.[23]

El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.»[24]​ Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano.[25]​ Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.[26]

El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps.[27]​ La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12.000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.

El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.[28]

Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado. No obstante, los jueces que formaban el TSJV decidieron por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso,[29]​ conociéndose de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dicha sentencia sería recurrida por la Fiscalía General del Estado, lo cual llevó a los dirigentes del Partido Popular a alzar la voz por la presunta falta de independencia del órgano persecutor.

El 24 de septiembre de 2009, en un nuevo giro del caso, los periódicos El Mundo y El País se hicieron eco de un informe policial que detallaba el funcionamiento de la presunta trama corrupta dentro de la Comunidad Valenciana, explicando el diseño de una doble contabilidad en las empresas involucradas y los arreglos con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el vicepresidente de la Generalidad, Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares.[30]​ Dos días más tarde, El País y la cadena SER darían a conocer diversos pinchazos telefónicos policiales, entre ellos el que registra una conversación del vicesecretario de organización del PP de Valencia, David Serra, con Álvaro Pérez "El Bigotes" el 29 de diciembre de 2008, la cual alude a las operaciones entre el partido y una de las empresas de Pérez, así como al conocimiento que de las mismas tenía el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, pues a decir de Serra "éste ('el presi', como se le denomina a Camps en la charla) lo sabe todo", a lo que "El Bigotes" respondió "Sí, ya lo sé".[31]

El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, fue destituido «temporalmente» por Francisco Camps en octubre de 2009 tras un tira y afloja entre su proclama de independencia del PP valenciano y las presiones ejercidas desde la cúpula nacional de su partido.[32]​ También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.[33]Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal mataron de esta manera dos pájaros de un tiro: desembarazarse de los imputados y del hermano de un rival político, Juan Costa, ex Ministro de Ciencia y Tecnología con José María Aznar y rival de Rajoy a la presidencia de su partido en junio de 2008. [http://www.diarioturia.com/2010/03/el-secreto-de-sumario-del-gurtel-no-se.html El secreto de sumario del Gürtel no se levanta hasta el próximo 6 de abril

En Galicia

El caso Gürtel también echó sus raíces en Galicia, pues hubo dinero de aportación para la campaña electoral gallega de 2005. El ex secretario general de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, es uno de los imputados. Además, en el auto de Garzón figuran una empresa con sede en Vigo y un alto cargo del PP de la Diputación de Pontevedra: el ex alcalde de Cangas José Enrique Sotelo.

La Xunta de Manuel Fraga autorizó en abril de 2005 la construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker y presidida por Ramón Blanco, citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.

Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sinactividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.

Juan Casares, ex diputado del PP en el parlamento gallego, y José Enrique Sotelo, diputado provincial por Pontevedra y líder de los populares en Cangas do Morrazo, forman parte también de la trama, al ser responsables de tener certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Por otro lado, las empresas de la familia Casares recibieron un total de 19 millones de Euros en contratos de la Xunta entre 2000 y 2005.

Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009, más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido.

La trama Gürtel posee conexiones en las filas del PP gallego.[34][35]

Grabaciones

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anular las conversaciones grabadas, por ordenadas por el juez instructor Baltasar Garzón en la cárcel entre los detenidos y sus abogados.[36]

Referencias

  1. "Correa grabó un vídeo para extorsionar" La denuncia que destapó el mayor caso de corrupción ligado al PP. www.elpais.com, 02/05/2009
  2. Correa intentó sin éxito involucrar a Aznar en su trama corrupta El sumario de la trama revela la insistencia de la red Gürtel en intentar llegar a la familia del ex jefe del Ejecutivo tras ser «desterrados» por Aguirre y Rajoy. www.lavozdegalicia.es, 9/10/2009
  3. J. Yoldi; M. Altozano (13 de febrero de 2009). El País, ed. «Dádivas y sobornos a autoridades». Madrid. Consultado el 6 de mayo de 2009. 
  4. Alejandro Agag figura en las anotaciones de la 'caja B' de las empresas de Correa, El Periódico 06/10/2009
  5. Correa pidió aparecer en los apuntes de la 'caja B' como Don Vito, El Periódico 06/10/2009
  6. «Nueve meses de contradicciones para Esperanza Aguirre · ELPAÍS.com». 
  7. Aguirre sacrifica a dos cargos de Madrid ante el alud de sospechas, por Pablo X. de Sandoval y J. S. González en El País, publicado el 10/02/2009.
  8. «López Viejo debe pagar una fianza de 750.000 euros / EL MUNDO». 
  9. Empresas tapadera para contratar en Madrid, por Francisco Mercado en El País, publicado el 14/02/2009.
  10. López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa, por Luis Ángel Sanz en El Mundo, publicado el 15/02/2009.
  11. Luis Bárcenas, vinculado a la trama Gürtel y al espionaje en Madrid www.telecinco.es, 25/02/2009
  12. Luis Bárcenas dará hoy sus primeras explicaciones al Senado por el 'caso Gürtel www.elmundo.es, 14/09/2009
  13. El juez pide al Supremo que cite al tesorero del PP por cohecho y delito fiscal Sospechas sobre tres aforados del partido. www.elmundo.es, 22/06/2009
  14. 11 supuestos casos de corrupción en organismos del PP, por Francisco Mercado en El País, publicado el 15/02/2009.
  15. La grabación que reventó la trama, por Francisco Mercado en El País, publicado el 15/02/2009.
  16. El Gobierno de Madrid se considera "perjudicado" y solicita personarse, por R. Bécares en El Mundo, publicado el 13/02/2009.
  17. «Un diputado y un ex viceconsejero de Aguirre, imputados en el 'caso Gürtel'». El País. 24 de abril de 2009. Consultado el 24 de abril de 2009. 
  18. José Manuel Romero (19 de mayo de 2009). «Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos». El País. Consultado el 19 de mayo de 2009. 
  19. "Se levanta un tercio del sumario del caso Gürtel". Web de RTVE
  20. "Los diputados de Aguirre imputados en 'Gürtel' dejan el Grupo Popular" Noticia del diario El Mundo
  21. Hacienda destapa comisiones opacas de nueve cargos del PP por 3,8 millones Posiblemente las cantidades cobradas no han sido declaradas. El País, 22/02/2010
  22. Altozano, Manuel (2009). «Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid». El País (06/03/2009). Consultado el 9 de mayo de 2009.  Parámetro desconocido |Lugar= ignorado (se sugiere |lugar=) (ayuda)
  23. Agencia EFE (14 de mayo de 2009). «El TSJCV cita como imputados a Camps y a Costa el próximo 19 de mayo». Cinco Días. Consultado el 14 de mayo de 2009. 
  24. «Público.es - Cospedal: "Camps va a poder defenderse de todas las insidias contra él"». Consultado el 2009. 
  25. «Sáenz de Santamaría defiende presunción de inocencia de Camps y niega doble vara de medir con otros imputados. europapress.es». Consultado el 2009. 
  26. «Basagoiti: "Aquí hay una cacería contra Camps" porque "arrasa al PSOE elección tras elección" - Libertad Digital». Consultado el 2009. 
  27. «El TSJ de Valencia también llama a declarar como imputado a 'El Bigotes'». Consultado el 2009.  Texto « elmundo.es » ignorado (ayuda); Texto « Valencia » ignorado (ayuda)
  28. «Camps: 'Algunos hacen de la insidia el único camino'». Consultado el 2009.  Texto « elmundo.es » ignorado (ayuda); Texto « Valencia » ignorado (ayuda)
  29. «Camps no será juzgado por los trajes». Consultado el 2009.  Texto « es.globedia.com » ignorado (ayuda); Texto « Valencia » ignorado (ayuda)
  30. «El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal». Consultado el 2009.  Texto « www.elpais.com » ignorado (ayuda)
  31. «Los 'pinchazos' apuntan a que Camps estaba al tanto de la trama de financiación». Consultado el 2009.  Texto « www.elpais.com » ignorado (ayuda)
  32. Camps se queda sin cortafuegos Dirigentes del PP temen que Ricardo Costa se vengue, que los zaplanistas se amotinen o que el presidente valenciano sea imputado por el Supremo. www.elpais.com, 11/10/2009
  33. El 'campismo' se desmorona a golpe de escándalos www.elpais.com, 11/10/2009
  34. El auto del caso Gürtel implica a otra firma gallega y a un alto cargo del PP José Sotelo, del área de Deportes de la Diputación de Pontevedra, y Juan Casares, ex portavoz en el Parlamento con Fraga, relacionados con Crespo. www.xornal.com, 24/05/2009
  35. Feijoo «cohabitó» con Pablo Crespo, dicen los socialistas gallegos Para el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, «el PP de Galicia no es que esté bajo sospecha», sino que «está claramente acusado de corrupción». www.lavozdegalicia.es, 6/10/2009
  36. El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del 'caso Gürtel' · ELPAÍS.com