Caso del cerro Maravilla

El caso del Cerro Maravilla o los asesinatos en el Cerro Maravilla fueron las denominaciones utilizadas por los medios de comunicación y el público puertorriqueño para describir los eventos que ocurrieron el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, una montaña en Puerto Rico, donde dos jóvenes activistas pro-independencia puertorriqueños fueron asesinados en una emboscada de la policía. El evento provocó una serie de controversias políticas, tras las cuales los oficiales de policía fueron encontrados culpables de asesinato y varios funcionarios de alto rango del Gobierno local fueron acusados de planificar o encubrir el incidente.

Inicialmente declarada una intervención policial contra terroristas, los medios locales no tardaron en dudar de los testimonios de los oficiales, así como del único testigo sobreviviente, debido a sus inconsistencias. A regañadientes, el gobernador de Puerto Rico en la época, Carlos Romero Barceló, ordenó al Departamento de Justicia local que iniciara varias investigaciones y solicitó al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ayudaran en tales investigaciones, las cuales concluyeron en que no hubo mala conducta de parte de los oficiales; sin embargo, después de que el partido político opositor local iniciara sus propias investigaciones, nuevas evidencias y testimonios revelaron una gran negligencia y la perpetración de los asesinatos por parte de los oficiales, así como la posibilidad de un encubrimiento a nivel local y federal. Consecuentemente, tuvieron lugar juicios locales y un total de diez oficiales fueron convictos de varios crímenes.

El incidente y los eventos posteriores se han convertido en uno de los momentos más controvertidos en la historia política de Puerto Rico. A menudo, el evento es referido por activistas locales independentistas como un ejemplo de represión política contra el movimiento de independencia puertorriqueño. Hasta la fecha, la mayor parte de las personalidades públicas, incluyendo a aquellas que no estuvieron involucradas en el caso, raramente realiza comentarios sobre el incidente.

El incidente

En la noche del 25 de julio de 1978, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, dos activistas independentistas del Movimiento Revolucionario Armado, junto con un oficial de policía de incógnito, Alejandro González Malavé, que se hizo pasar como un miembro del grupo, tomaron como rehén al taxista Julio Ortiz Molina y le ordenaron llevarlos en auto hasta el Cerro Maravilla, donde se hallaban varias torres de comunicación. Su plan original consistía en prender fuego y sabotear las torres en protesta por el encarcelamiento de nacionalistas puertorriqueños, convictos por el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos Harry S. Truman en 1950 y por el tiroteo en el Capitolio en 1954, donde cinco miembros del Congreso fueron heridos.​ Los oficiales de la policía estatal fueron alertados del plan antes de su llegada y los activistas fueron emboscados y atacados a disparos.​​​ El agente encubierto recibió una herida de bala menor durante el tiroteo, mientras que el taxista resultó ileso.

Declaraciones iniciales

La mañana después del incidente, los oficiales sostuvieron que actuaron en legítima defensa, al señalar que ordenaron a los activistas que se rindieran, momento en que los activistas empezaron a dispararles y, por tanto, ellos hicieron lo propio. Inicialmente, el taxista declaró que se escondió bajo el tablero de instrumentos de su taxi cuando empezó el tiroteo y no pudo ver quién disparó primero,​ aunque contradijo su declaración pocos días después en una entrevista en el San Juan Star, un periódico local, al afirmar que se agachó bajo el tablero de instrumentos después de que tres hombres (los dos activistas y el agente encubierto) abandonaran el automóvil y que vio a "diez hombres fuertemente armados" acercándose. Cuando emergió del taxi, vio a los tres hombres con vida, aunque dos de ellos estaban siendo golpeados por los hombres armados, quienes, más tarde, fueron identificados como policías.​

Primeras investigaciones

Gobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló defendió la actuación de los oficiales en el Cerro Maravilla.

El entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló (PNP), elogió a los oficiales en una emisión televisiva al llamarlos "héroes".​ Así también, sostuvo que actuaron en defensa propia y que detuvieron un ataque terrorista; sin embargo, al enfrentarse a la presión pública debido a las declaraciones conflictivas del taxista, el Gobernador ordenó dos investigaciones separadas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, además de la investigación policial que ya estaba en curso, todas las cuales concluyeron que las acciones de los oficiales estuvieron libres de cualquier mala conducta, a pesar de varias inconsistencias en sus historias.​​ Los partidos políticos opositores, principalmente el Partido Popular Democrático (PDP), insistieron en que las investigaciones fueron solo encubrimientos y demandaron que un fiscal especial independiente fuera asignado para la investigación.​ Dos investigaciones especiales por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y por el FBI fueron llevadas a cabo en distintas ocasiones entre 1978 y 1980. Ambas confirmaron las conclusiones del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre que los oficiales actuaron en defensa propia.​​

Investigaciones posteriores

En las elecciones generales de noviembre de 1980, el gobernador Carlos Romero Barceló fue reelegido por un margen de 3.503 votos (una de las contiendas más reñidas de la historia de Puerto Rico),​ aunque su partido perdió el control de la Asamblea Legislativa en favor del mayor partido opositor, el Partido Popular Democrático (PPD). Esta derrota fue atribuida por The New York Times a la controversia en torno a las investigaciones en curso,​ aunque otros medios de comunicación, como la revista Time, la atribuyeron a la postura del gobernador Romero Barceló sobre la condición política de la isla.​ La Asamblea Legislativa inició rápidamente nuevas indagaciones y audiencias sobre el incidente en el Cerro Maravilla. El Senado, entonces presidido por Miguel Hernández Agosto, encabezó las investigaciones y nombró al ex asistente del fiscal de distrito Héctor Rivera Cruz para encargarse de la investigación.​

La segunda investigación realizada entre 1981 y 1984 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la prensa local descubrió un complot para asesinar a los activistas y una posible, aunque no concluyente, conspiración para encubrir estas acciones. Durante las entrevistas realizadas por el Comité de investigaciones del Senado en 1983, el oficial Miguel Cartagena Flores, un detective de la división de inteligencia del Departamento de policía de Puerto Rico, testificó: "cuando llegué a la escena, vi a 4 oficiales de policía apuntando sus armas a los dos activistas que estaban arrodillados delante de ellos. Volví la mirada y oí cinco disparos".​ Cartagena, a quien se le ofreció inmunidad por su testimonio, añadiría que varias horas antes del tiroteo, él y otros oficiales fueron informados por el coronel Ángel Pérez Casillas, comandante de la División de inteligencia, que "estos terroristas no deben bajar [de la montaña] con vida”.​ Su testimonio fue corroborado por el oficial Carmelo Cruz, a quien también se le concedió inmunidad, aunque no fue testigo de los disparos fatales, y que confirmó muchos detalles aportados por Cartagena.​

Otras investigaciones obtuvieron testimonios similares de testigos, incluyendo al taxista, quien esta vez sostenía que los activistas estaban "vivos y desarmados" cuando la policía lo sacó de la escena.​ El taxista sostuvo que hubo un pequeño intercambio de disparos y, cuando fue trasladado a otro lugar cercano, escuchó una segunda descarga de disparos;​​ pero la policía y los investigadores del Departamento de Justicia de Puerto Rico le dijeron que olvidase la segunda ronda de disparos.​ La declaración sobre las dos descargas diferentes de disparos fue confirmada por varias personas, incluyendo al ex oficial Jesús Quiñones, quien así lo declaró ante un gran jurado federal (se retiró de la fuerza policial poco después de los disparos) y otros tres civiles en una entrevista en el San Juan Star.​

Posteriormente, la Asamblea Legislativa y la prensa local comenzaron a cuestionar la actuación del Departamento de Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI durante las primeras investigaciones, al alegar que existía corrupción en el interior de las agencias y una conspiración para encubrir evidencias. Varios políticos y líderes locales enviaron cartas al entonces senador del Comité judicial del Senado de Estados Unidos, Edward Kennedy, para solicitar una pesquisa sobre la conducción de las investigaciones federales.​ Varias cartas incluso acusaron al ex fiscal General de los Estados Unidos Benjamin R. Civiletti de ayudar al gobernador Romero Barceló durante las investigaciones. Los dos líderes de los partidos opositores, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, denunciaron que después de la reunión de diciembre de 1979 entre Romero y Civiletti, el Gobernador, entonces considerado como un republicano de toda la vida, comenzó a hacer campaña para entregar 41 votos de la isla al Partido Demócrata de los Estados Unidos en favor de la nominación presidencial de Jimmy Carter (irónicamente, el rival de Carter para la nominación era el senador Kennedy). Casi 45 días después, Carter ganó la nominación por un delegado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que concluía su investigación por falta de pruebas.​ Un memorando interno del Departamento de Justicia que fue emitido el mismo mes de la reunión entre Romero Barceló y Civiletti desveló que las investigaciones estaban cerradas incluso cuando los agentes todavía estaban investigando pruebas importantes que incriminarían potencialmente a los oficiales, incluyendo "varias contusiones inexplicadas" en el rostro de una víctima y el hecho de que uno de los oficiales de policía se retractara de su historia original y declarara que, de hecho, hubo "dos ráfagas de disparos".​

Estas y muchas otras acusaciones ocasionaron presión pública y política sobre todas las agencias investigadoras, que a su vez condujo a revisiones internas de las pruebas y los procedimientos de las primeras investigaciones, tanto a nivel local como a nivel federal, a pesar de que todas las organizaciones negaron firmemente cualquier conspiración de encubrimiento. Estas investigaciones posteriores tuvieron como resultado traslados, degradaciones y dimisiones entre oficiales de alto rango al interior del Departamento de Justicia de Puerto Rico, incluyendo a tres diferentes secretarios de justicia de Puerto Rico (equivalentes al fiscal general estatal) que aceptaron y renunciaron a sus cargos en un período de seis meses.​ El 29 de noviembre de 1983, tres fiscales fueron relevados de sus funciones después de que un informe, emitido por el Comité de investigaciones del Senado, encontrara que no habían investigado adecuadamente los asesinatos del Cerro Maravilla, citando 101 deficiencias específicas en dos investigaciones.​ Este fue el tercer fiscal general estatal que supervisó las investigaciones desde que los tiroteos ocurrieron en 1978.

Consecuencias

Las segundas investigaciones llevaron al procesamiento de diez oficiales que fueron encontrados culpables de perjurio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia. Además, en 1984, cuatro de ellos fueron convictos de asesinato en segundo grado.​​​ Los oficiales convictos, que no estaban en servicio activo en la época por varias razones, fueron:

• Coronel Ángel Pérez Casillas (jefe de la División de inteligencia del Departamento de Policía de Puerto Rico durante el incidente): fue suspendido;
• Teniente Nelson González Pérez: renunció;
• Tte. Jaime Quíles Hernández: fue suspendido;
• Oficial Juan Bruno González: fue suspendido;
• Oficial William Colón Berríos: fue suspendido;
• Oficial Nazario Mateo Espada: fue suspendido;
• Oficial Rafael Moreno Morales: fue suspendido;
• Oficial Luis Reverón Martínez: con licencia por discapacidad;
• Oficial Jose Ríos Polanco: fue suspendido; y
• Oficial Rafael Torres Marrero: con licencia por discapacidad.

Ese mismo año, en las elecciones generales llevadas a cabo en noviembre, Romero Barceló perdió su puesto como gobernador frente al ex gobernador y rival del partido opositor Rafael Hernández Colón (PPD). Es ampliamente aceptado que Romero Barceló perdió las elecciones debido a este caso, dado que la aprobación de la opinión pública había decaído sustancialmente a fines de 1984, cuando las investigaciones progresaron y dado que sus rivales políticos usaron su defensa de los oficiales como una indicación de una posible conspiración.​​​

Agente encubierto asesinado

Alejandro González Malavé, el agente encubierto que estaba acompañando a los activistas, no fue procesado por su participación en los asesinatos debido a que se le concedió inmunidad para que testificara contra otros oficiales, pero fue retirado de la fuerza policial como resultado de la presión pública. En febrero de 1986, fue absuelto por el secuestro del taxista. Su abogado había alegado que estaba actuando bajo órdenes y, por tanto, el Gobierno era el verdadero culpable del secuestro, a pesar de que el oficial Carmelo Cruz testificó que fue González Malavé quien imprudentemente puso en peligro la vida del rehén. La fiscalía había proporcionado evidencia de que amenazó al rehén a punta de pistola, manejó el automóvil y, cuando el coche se aproximó a la cima de la montaña, se negó a liberar al rehén, a pesar de las reconvenciones por parte de los activistas. Estas acciones, según el oficial Cruz, eran contrarias al procedimiento estándar de la policía, ya que su preocupación principal debió haber sido la seguridad del rehén;​ sin embargo, el Departamento de Policía de Puerto Rico no readmitió a González como oficial de policía en activo, un hecho por el cual expresó públicamente su resentimiento y, posteriormente, amenazó con proveer pruebas incriminatorias a los medios de comunicación sobre otros individuos involucrados en los tiroteos, a menos que fuera reincorporado.​

En la tarde del 29 de abril de 1986, solo dos meses después de su absolución. González Malavé fue asesinado en frente de la casa de su madre en Bayamón. Recibió tres disparos de bala y su madre resultó levemente herida. Pocas horas después, un grupo identificado a sí mismo como la "Organización Voluntaria para la Revolución" llamó a las agencias de noticias locales para reivindicar el atentado. En sus declaraciones, juraron matar "uno a uno" a todos los policías involucrados en los asesinatos en Cerro Maravilla.​ En su día, el FBI la consideró como una de las organizaciones terroristas más peligrosas en Estados Unidos, dado que era la misma organización que reclamó la responsabilidad por el ataque a un omnibús de la Armada en Puerto Rico el 3 de diciembre de 1979, donde dos marinos fueron asesinados y diez personas resultaron heridas, así como un ataque a una base de la Guardia Nacional el 12 de enero de 1981, en el que seis aviones fueron destruidos.​ Hasta el día de hoy, nadie ha sido identificado como posible sospechoso en el asesinato de González Malavé y el caso sigue sin ser resuelto.

Disculpas públicas

En 1992, el ex jefe de la División de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos Drew S. Days III admitió ante el Senado de Puerto Rico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI actuaron de manera negligente durante las investigaciones conducidas entre 1978 y 1980 sobre el incidente en el Cerro Maravilla; por ejemplo, al desechar entrevistas con testigos claves (incluyendo el taxista),​ al negarse a ofrecer inmunidad a ciertos testigos y al evitar varias tareas estándares en la investigación. Days declaró: "Creo que, ciertamente, se justifica una disculpa con respecto a la forma cómo el gobierno federal manejó esta investigación: el FBI, el Departamento de Justicia y mi división... no se hizo de manera profesional como debió haberse hecho."​ El director del FBI William S. Sessions hizo concesiones similares en una declaración por escrito en 1990, en la cual afirmaba que "en retrospectiva, los testigos debieron haber sido entrevistados y debió iniciarse una investigación sobre los derechos civiles."​ En 1984, el FBI condujo una revisión interna de sus archivos del Caso del Cerro Maravilla y concluyó que no hubo un esfuerzo de encubrimiento en el interior del FBI, sino solo un deseo por evitar descarrilar "el esfuerzo cooperativo anti-terrorista" con la policía puertorriqueña. Sus declaraciones fueron acompañadas de promesas de mejorar sus agencias para evitar incidentes similares en el futuro.

En 2003, 25 años después del incidente, el ex gobernador Romero Barceló admitió en una entrevista radiofónica que fue "un error de juicio" y "una declaración prematura" elogiar a los oficiales de policía, ya que en ese momento creía que estaban diciendo la verdad sobre su auto-defensa;​ sin embargo, ha negado públicamente cualquier irregularidad o mala conducta en relación con el presunto encubrimiento durante las primeras investigaciones.

Legado

Desde que las investigaciones finales cesaron, se ha producido un debate en Puerto Rico sobre el incidente del Cerro Maravilla, donde algunos grupos argumentan que todavía hay otras personas responsables de planificar u ordenar el complot para matar a los activistas, así como del posterior encubrimiento; mientras que otros han argumentado que el incidente fue exagerado por políticos y medios opositores y mantienen que nunca hubo conspiración alguna y que varios de los oficiales encarcelados, aunque no todos, son realmente inocentes.​

Cada 25 de julio, los nacionalistas puertorriqueños y los activistas independientes se reúnen en el Cerro Maravilla para honrar la memoria de Carlos Soto y de Arnaldo Darío, así como para defender y celebrar el movimiento de independencia puertorriqueño. Usualmente, el evento es organizado por la familia de las víctimas, por ex miembros de grupos nacionalistas y por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El monte también ha sido bautizado por ellos como "El Cerro de los mártires".​ La película A Show of Force está basada, aproximadamente, en los eventos y teorías detrás del incidente.

Bibliografía

• Cerro Maravilla Archive (2000), Ewin Martinez Torre, ed., base de datos disponible en línea
• Nelson, Anne (1986), Murder Under Two Flags: The U.S., Puerto Rico, and the Cerro Maravilla Cover-Up, Ticknor & Fields, ISBN 0-89919-371-4
• Suarez, Manuel (1987), Requiem on Cerro Maravilla: The Police Murders in Puerto Rico and the U.S. Government Cover-Up, Washington, DC: Waterfront Press, ISBN 0-943862-36-1
• Suarez, Manuel (2003), Two Lynchings on Cerro Maravilla: The Police Murders in Puerto Rico and the Federal Government Cover Up, Institute of Puerto Rican Arts and Culture (IPRAC) Editorial House (Editorial Instituto de Cultura Puertorriqueña), ISBN 0-86581-588-7