Década perdida de América Latina

La Década perdida de América Latina es un término empleado para describir las crisis económicas sufridas en América Latina durante la década de 1980 (y que para algunos países continuaron hasta bien entrada la década siguiente). En general las crisis se componían de deudas externas impagables, grandes déficit fiscales y volatilidades inflacionarias y de tipo de cambio, que en la mayoría de los países de la región era fijo. A veces el término se utiliza en referencia exclusiva a México.

Venezuela

La economía venezolana se aprovechó de los altos precios del petróleo durante la crisis petrolera de la década de 1970 y del superávit que esta le proveía; esto fue el detonante para que el Gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizara las industrias básicas y se endeudara con el exterior. Cuando la deuda externa se tornó impagable en 1983 el gobierno del presidente Luis Herrera Campins se vio obligado a devaluar la moneda en el episodio conocido como el Viernes Negro. Desde ese momento y hasta finales de la década de 1990, la crisis económica fue una vorágine de sucesivas devaluaciones y una volatilidad inflacionaria, lo que llevó a que se perdieran miles de empleos y el país cayera en una grave situación de pobreza, de la cual algunos economistas y políticos creen que el país no se ha recuperado completamente. Algunas de las políticas que emplearon los gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercado negro de bienes y divisas. Sin embargo la quiebra estructural del mercado interno, la falta de Soberanía Económica y Alimentaria, generó una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios presidenciales del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52,91% de los sufragantes), una cifra muy alta, con un discurso populista que apelaba a la justicia social.

Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez, en lugar de buscar un cambio hacia la inclusión social, giró a liberar la economía, imponiendo su desregulación a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico" incluyendo decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, privatizaciones y política social.

A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y medidas económicas. El 26 de febrero de 1989 el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

La incomprensión de las medidas impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza originaron protestas populares, saqueos y la posterior masacre perpretada el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales del llamado Caracazo reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 3000 desaparecidas.​

Véase también: Economía de Venezuela

Chile

Panfleto chileno llamando a la protesta incluyendo un cacerolazo en 1983.

La Crisis económica de Chile de 1982 tuvo lugar durante el Régimen Militar encabezado por el general Augusto Pinochet, luego de años de reformas económicas de tipo neoliberal. Fue la peor crisis económica en Chile desde la Gran Depresión de 1929. El PIB chileno se redujo un 14,3% y el desempleo aumentó al 23,7%.

Véase también: Economía de Chile

El 13 de enero de 1983, el Estado chileno realizó una masiva intervención de los bancos, interviniendo cinco y disolviendo otros tres.​

En 1984 el Estado controlaba más la economía que el gobierno socialista de Salvador Allende previo al golpe militar, y el crecimiento sostenido se produjo sólo después de las reformas posteriores, mientras que los indicadores sociales seguían siendo deficientes. La crisis ha sido indicada como el detonante de una ola de protestas contra el gobierno militar.

Los partidarios de la política neoliberal del Régimen Militar han sostenido que la crisis nació fuera de Chile y afectó a toda Latinoamérica en la llamada década perdida. Los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto han respondido que este tipo de crisis son debilidades inherentes del modelo neoliberal.

México

Concretamente, la década pérdida, se explica desde el comienzo de la quiebra mexicana en el año 1982, cuando no pudo afrontar definitivamente los pagos de su deuda externa, con los organismos internacionales y otros entes. Esta bancarrota fue consecuencia en primer término, de un aumento de las tasas de interés que se llevaron a cabo en muchos de los países industrializados, por distintos problemas económicos, que ocasionó que los capitales fluyeran hacia mejores posibilidades de rentabilidad a corto plazo.

Así, dentro de este marco coyuntural de la economía internacional, debemos distinguir al menos cuatro momentos, que se desarrollan a continuación. Siendo cada uno de estos, esencial en el transcurso de la historia política, económica, institucional y social de los países con problemas de desarrollo.

Después del auge petrolero previo al Gobierno del presidente mexicano José López Portillo (desde 1976 a 1982), el Gobierno mexicano empezó a depender en gran medida de la exportación petrolera para apoyar las necesidades financieras en el país. Estas exportaciones se dirigieron sobre todo hacia los Estados Unidos, aprovechando los altos precios del petróleo debido principalmente a la crisis del petróleo de 1973.

Cuando el mercado finalmente se estabilizó, reduciendo así los altos precios del barril de crudo, la estabilidad financiera del país estaba en peligro. La diversificación de los ingresos habría evitado el problema, pero debido a la incapacidad de otros sectores productivos para compensar la reducción de esta ganancia, México tuvo que devaluar la moneda que para entonces alcanzó niveles históricos. El peso mexicano se devaluó entonces en un 500%. Dadas estas circunstancias, López Portillo nacionalizó todas las instituciones financieras en 1982, y durante su último discurso público a la nación dijo: "Voy a defender el peso como un perro".

Durante el siguiente período, el presidente Miguel de la Madrid trató de atraer la inversión extranjera y propiciar nuevos acuerdos comerciales, que culminó con el ingreso de México en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en enero de 1986, y propuso su "Pacto de Solidaridad Económica" en 1987, el cual finalmente pudo controlar la inflación, que alcanzó un promedio del 100% hasta esa fecha.

Véase también: Economía de México

En respuesta a la crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar sus modelos económicos de industrialización por sustitución de importaciones y adoptaron una estrategia de crecimiento orientada hacia las exportaciones, estrategia fomentada por el Fondo Monetario Internacional, aunque hubo excepciones como Chile o Costa Rica que adoptaron estrategias reformistas. Un proceso masivo de fuga de capitales, particularmente hacia Estados Unidos, produjo una mayor depreciación de los tipos de cambio, aumentando el tipo de interés real de la deuda. La tasa de crecimiento real del PIB (Producto Interno Bruto) para la región fue de sólo 2,3% entre 1980 y 1985. Entre 1982 y 1985, América Latina pagó 108 mil millones de dólares.

La crisis de la deuda es uno de los elementos que contribuyó al colapso de algunas dictaduras en la región, como la Dictadura militar en Brasil y el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina.

En Venezuela el presidente Carlos Andres Pérez, a pesar de la tragedia del Caracazo, implementó con relativo éxito algunos ajustes macroeconómicos matizados con medidas populistas (aumento de sueldos, becas alimentarias, subsidios directos a la canasta alimentaria) orientadas a compensar a las clases mas desposeidas. La situación socioecónomica empeoró progresivamente y en 1992 el gobierno fue sacudido por dos intentonas golpistas cuyos dirigentes justificaban en el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa. En marzo de 1993 el fiscal general de la República introdujo una acusación en contra del presidente Pérez por malversación de fondos de la partida secreta por cuyo manejo era responsable. El 20 de mayo siguiente la Corte Suprema de Justicia dictaminó que había méritos suficientes para su juicio, por lo que el Congreso Nacional resolvió destituirlo para que continuara dicho proceso. El 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario.