Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA).
Tipo	Sociedad Anónima (empresa pública).
Industria	Electricidad
Fundación	1958​
Disolución	1992
Sede central	Buenos Aires, Argentina
Productos	electricidad

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo naturalmente a la ciudad de Buenos Aires y su conurbación.

Su origen se produce en 1958 como una necesidad de unificar y federalizar la prestación de un servicio que hasta ese momento dependía de empresas privadas (CADE, CEP y CIAE). Inicialmente la empresa fue mixta, teniendo el Estado Nacional la propiedad del 80 %, mientras que las empresas privadas CADE y CEP la integraban con el 20 % restante. La CIAE se mantuvo como empresa privada, aunque bajo régimen de concesión nacional. Paralelamente desde el Gobierno se impulsaron planes hidroeléctricos y nucleoeléctricos para solventar el nivel de demanda de energía.

En 1961 el Gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas y, en 1979, el Estado adquiere los bienes de la CIAE integrando su infraestructura a la de SEGBA.

Finalmente, el desgaste de la infraestructura desembocó en una grave crisis de abastecimiento durante los años 1988 y 1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional. Durante el Gobierno de Carlos Menem se aprobó la desintegración vertical del esquema en tres segmentos (generación, trasmisión y distribución) para su posterior privatización. Así la empresa estatal SEGBA quedó dividida en siete unidades de negocios: cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras (EDESUR, EDENOR y EDELAP). El proceso de privatización se extendió durante todo 1992. SEGBA sobrevivió como ente residual en liquidación hasta 1998.

Historia

Antecedentes

Usina Don Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca, perteneciente de la ex-CIAE. Hoy funciona como centro cultural.

El crecimiento de la Argentina en los últimos años del siglo XIX llevó a que se fueran constituyendo pequeñas unidades autogeneradoras encargadas de dar luz a hoteles, comercios, fábricas, puertos, etc., y unas pocas grandes empresas que eran a la vez generadoras y distribuidoras. Entre estas últimas se encontraban la Gas and Electric Lighting Co. of Buenos Aires (también llamada Compañía Primitiva de Gas y Luz Eléctrica) que construyó la central Cuyo, con un equipamiento instalado de 1400 kW en corriente continua y una red de distribución subterránea de 2 x 110 v; y la River Plate Electric Light and Traction Co., que poseía su central San Juan de 1.100 kW en corriente alterna y una red subterránea de 2 x 220 v.

En 1899, la Municipalidad de Buenos Aires otorgó a la empresa alemana CATE (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) el permiso provisorio para generar y distribuir electricidad con una potencia de 4.800 kW mediante una red trifilar de 2 x 220 v en corriente continua. Asimismo, en otros municipios funcionaban varias empresas como la Compañía General de Electricidad, de capitales franceses.

En el nuevo siglo comenzó un proceso de adquisiciones por parte de CATE hacia el resto de las empresas más pequeñas, y la consiguiente unificación de criterios ingenieriles de provisión. En 1905, CATE poseía instalados 25.000 kW de potencia con tecnología alemana. Dos años después, la compañía adquirió una licencia definitiva por parte de la Municipalidad de Buenos Aires para la prestación del servicio público de electricidad por el término de 50 años, que luego se extendió a los principales partidos de la Provincia de Buenos Aires. En 1910 la CATE inaugura la mayor planta de generación eléctrica de América Latina: la Central Dock Sud.

En la medida que el desarrollo urbano iba en progreso, nuevas compañías eléctricas se fueron instalando y la CATE tuvo que enfrentarse a un inesperado rival: la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. En realidad, la empresa, no era italiana sino suiza, fundada con capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus, con sede en Baden. La argumentación del Municipio para otorgar esta segunda concesión fue que contribuiría a bajar los costos de energía.

El convenio establecía que los edificios, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían automáticamente al patrimonio de la Municipalidad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato, igual que todas las ampliaciones y extensiones. Mediante una amortización progresiva del 2 % anual, la municipalidad iba convirtiéndose en condómino de la compañía. Se establecía un fondo de previsión o renovación, una suerte de garantía pagada por las tarifas que aseguraba que al terminar la concesión todas las instalaciones pasarían al Estado en perfecto estado de conservación.

En 1912 la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (fundada en 1911) comienza a producir y distribuir energía eléctrica en las zonas Centro y Sur de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de alumbrado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. Los servicios eléctricos de la CIAE más tarde se extenderían a varios partidos aledaños. A diferencia de CATE, esta compañía comenzó con plantas pequeñas de provisión de electricidad para el consumo familiar. El destinatario era el gran grupo inmigratorio de origen italiano asentado en Buenos Aires. En 1914 inauguró sus servicios desde un edificio ubicado en la calle José Andrés Pacheco de Melo, entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un grupo de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la ciudad la peculiaridad de una arquitectura identificatoria de la empresa.

CHADE

Simultáneamente la CATE pasó a convertirse en la CHADE (Compañía Hispano Argentina de Electricidad) en 1921 debido a un cambio en el origen de sus capitales.

Cuando se inauguró la Usina Pedro de Mendoza, la CIAE ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado de centrales, subusinas y pequeños edificios de apoyo (subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor (contaba con tres generadores de 6250 kW cada uno), cumplió en principio sus funciones con otras cuatro secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547 y Tres Sargentos 320) de iguales características arquitectónicas, hecho que se extendía a las subestaciones estáticas distribuidas por toda la ciudad. La usina Pedro de Mendoza fue librada al servicio en 1916, en la actual Av. Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez Galdós y Caffarena. Anteriormente, allí se había ubicado originalmente la primera cancha del Club Atlético Boca Juniors.

En 1936, la CHADE se convirtió en la CADE (Compañía Argentina de Electricidad) ―de capitales franceses― y la CEP ―de capitales británicos―, luego de un proceso continuo de fusiones y adquisiciones entre las que participaron otras empresas, como el Grupo Herlitzka, Electric Bondand Share Co y el Grupo ANSEC. Además ese mismo año se produjo un escándalo cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires aprobó modificar los términos de la concesión original de la CHADE-CADE y CIAE por medio de las ordenanzas N.º 8028 y 8029, con una anticipación de 25 años respecto del vencimiento del plazo original. Dichas modificaciones extendían la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejaba sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Los concejales de la Unión Cívica Radical ―que eran mayoría en el Consejo habían sido sobornados― para votar a favor de la reforma. Este episodio se conoció como el escándalo de la CHADE, ya que esa empresa fue la primera en presentar la propuesta de reforma, a la que pocos días después adhirió la CIAE. Finalmente el informe dejó al descubierto los sobornos percibidos tanto por funcionarios de la Concordancia como de la Unión Cívica Radical.​

Las ordenanzas fueron tan escandalosas que en 1943, el Gobierno de Juan Domingo Perón formó una comisión investigadora integrada por Matías Rodríguez Conde, Juan Sábato y Juan Pablo Oliver, donde se determina que lo actuado en 1936 era absolutamente ilícito. El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo proponiendo dos decretos para retirar a la CADE su personería jurídica, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente la deficiencia que existía en las instalaciones y equipos, la falta de inversiones por parte de la Chade, y la ausencia de renovaciones y ampliaciones. Esta situación llevó a la intervención del Estado, que en lugar de seguir ejerciendo la regulación de las actividades, decidió tomar a su cargo la prestación directa de los servicios.

En el interior del país los servicios públicos de electricidad estaban a cargo de empresas de origen norteamericano (EBASCO, American Foreign, Power Co.) y suizo, creándose el grupo de empresas denominadas Empresas Eléctricas Argentinas. Las mismas tenían zonas de concesión bien definidas, conocidas como el grupo ANSEC y SUDAM.

Origen de SEGBA

Durante el Gobierno del Juan Domingo Perón se crea la Dirección Nacional de Energía y las Centrales Eléctricas del Estado (CEDE), cuyo objetivo fue fundar y explotar numerosas centrales eléctricas en todo el territorio. y se crea la Dirección Nacional de Energía (DNE) con funciones ejecutivas y de planeamiento. En el interior del país surgen las empresas provinciales EPEC (Córdoba), EPESF (Santa Fe), ESEBA (Buenos Aires) y EMSE (Mendoza), entre otras empresas.

Represa del Chocón (Neuquén). Su construcción se realizó a través de Hidronor, como parte de un ambicioso plan de electrificación a partir de energía hidroeléctrica.

Segba durante los años 1950

En los años cincuenta se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, se realizan en el marco del Primer Plan Quinquenal, grandes obras de infraestructura en todo el país: se interconectan las Centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIADE) con lo que se logra un sistema interconectado de generación en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Además a través del Primer Plan Quinquenal se llevan a cabo un conjunto de importantes obras públicas, en el área energética y las industrias pesada y minera, acompañándolos con un mejoramiento en la infraestructura, es decir en los transportes, caminos y obras hidroeléctricas, destinadas a modernizar la infraestructura del país, necesaria para el proceso de industrialización acelerado que su Gobierno desarrollista promovía.

Durante el peronismo se construyeron centrales hidroeléctricas como el Escaba (en la provincia de Tucumán), El Nihuil (en la provincia de Mendoza), Los Quiroga (en la provincia de Santiago del Estero) y seis diques-usinas en la provincia de Córdoba, seis en la provincia de Catamarca, cuatro en la provincia de Río Negro y tres más en la provincia de Mendoza. Así la potencia instalada en centrales hidroeléctricas pasó de producir 45 000 kW (kilovatios) en 1943, a producir 350 000 kW en 1952.

Sin embargo el plan de inversiones y obras fue frenado tras la instalación en el poder del dictador Pedro Eugenio Aramburu, tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó al presidente legítimo Juan Domingo Perón. Aramburu instaló a colaboradores y familiares cercanos en la dirección de la empresa, dando lugar a hechos de corrupción que lo involucraron a él y a su familia.​

En octubre de 1958 durante el Gobierno de Frondizi, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 14.772, federalizando el servicio de distribución de energía eléctrica en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, proclamándose la creación de una nueva empresa mixta de electricidad, estableciéndose así las bases de lo que sería SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).

La CIAE no integró SEGBA y se mantuvo como empresa privada sometida al régimen de concesión. Mediante decreto del 14 de septiembre de 1961, el Gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas CADE y CEP, con lo cual se produjo la estatización total de la compañía

El Estado aprueba durante la presidencia del radical Arturo Frondizi un nuevo convenio de concesión con la CIAE, sin límite de duración, donde se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE. El convenio fue aprobado por el decreto 5.571 y firmado por el presidente Arturo Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.

En 1962, el presidente de facto José María Guido nombró como ministro de Economía a Federico Pinedo (hijo) ―abogado y representante de la Chade durante la Década Infame―, quien implantó un «shock económico» e hizo aumentar la cotización del dólar de 83 a 138 pesos, aumentó el precio de la nafta, anuló los impuestos a las exportaciones, y aumentó las tarifas de servicios públicos, beneficiando a la Chade.​

A pesar de las altas tarifas impuestas por Federico Pinedo, los cortes eran frecuentes, lo que sirvió para ocultar las deficiencias de la CIAE, que tenían grandes problemas para prestar el servicio ante el deterioro de los equipos. Aunque esta situación era causal de rescisión inmediata, cualquier indemnización era un excelente negocio para la empresa como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de los activos estaban amortizados. Las promesas de inversión de 1961 recién se concretarían en 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado aceptó avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados mediante créditos del Banco Industrial.

Años sesenta y setenta

Vista de la central nuclear Atucha I (Zárate). Su construcción se inició en 1968 y finalizó en 1974. Fue la primera central nuclear de Latinoamérica.

En 1967, y por Ley Nº 17.574, se crea la Empresa Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) para la construcción y explotación en la zona del Comahue, de las Centrales El Chocón, Planicie Banderita y la Red de Interconexión de 500 MW con el Gran Buenos Aires. En 1968 la CNEA encara la construcción de la Central Nuclear Atucha I, y se realizan los estudios del SIAU (sistema de interconexión argentino-uruguayo)​

En 1973 SEGBA inicia un período denominado de la "Autogestión". Durante la presidencia de Héctor José Cámpora se designó como presidente de SEGBA a Juan José Taccone. Durante este período se logra ejecutar el 80 % de los planes de obras previstos y se consiguen entregas récord de energía eléctrica a la red y reducción de los cortes de suministro. Esta gestión es caracterizada por la entrada en funcionamiento de varias centrales de generación. Así, la CNEA finaliza la construcción de la Central Nuclear Atucha I, que fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974 por el presidente Juan Domingo Perón, convirtiéndose en la primera central nuclear de América Latina; al tiempo que comienza, durante la misma presidencia la construcción de Atucha II y de la Central Nuclear Embalse en Córdoba, la más grande de Latinoamérica.​

En 1973, durante la presidencia de Juan Domingo Perón la entidad Binacional Mixta de Salto Grande comienza la construcción de la central binacional y su finalización parcial permite la interconexión entre Argentina y Uruguay. En la zona del Comahue se habilitan las centrales Planicie Banderita y El Chocón, e Hidronor comienza la construcción de la Central Alicurá. Por Decreto Nº 8562/72 se crea el Despacho Unificado de Cargas (DUC) con la misión de operar y supervisar el Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, luego de 60 años de servicio los turbo-grupos a vapor instalados en la Central Dock Sud fueron reemplazados por turbinas de gas que por su facilidad de arranque, eran habitualmente destinadas a absorber la carga que se presentaba en las horas del día de mayor demanda.

Durante los años setenta y ochenta se logran avances en materia de energía: se interconectan a la red nacional de 500 kV, a los sistemas eléctricos Centro, Cuyo, NOA y NEA, lográndose una cobertura del 90 % del total del país. Se finalizan las obras de Represa Salto Grande, la Central Nuclear Embalse y Alicurá, al tiempo que el Ente Binacional Yacyretá (Argentina y Paraguay) comienza la construcción de dicha central. En la zona del Comahue se inician las obras de la hidroeléctrica Piedra de Águila V. La situación se acentúa en 1974 con la incorporación de las primeras turbinas de la central hidroeléctrica de El Chocón, primer eslabón de una serie de aprovechamientos hidroeléctricos como Planicie Banderita, al mismo tiempo comenzaban a operar las dos líneas de extra Alta Tensión de 500 Kw que unen El Chocón con Ezeiza, constituyendo el comienzo del futuro Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Estas obras permiten que la composición de la oferta también cambie significativamente, ya que en 1980 la potencia instalada en plantas hidroeléctricas y térmicas era del 36 y el 61 % respectivamente, mientras que en 1990 esas proporciones resultaron de 41 % y 53 %, con lo cual se había logrado una importante reducción del consumo de combustibles fósiles.

La concreción de proyectos nucleoeléctricos e hidroeléctricos, además de la expansión del Sistema de Transporte de Alta Tensión durante la etapa 1971/1974, permitió alcanzar en la década de los 70, y en gran parte de los 80, un apropiado equilibrio entre oferta y demanda. La experiencia de autogestión concluye en 1976, cuando el nuevo Gobierno militar desplaza al personal sindicalizado (incluyendo algunos secuestros y asesinatos) y designa a un Interventor.​

Nacionalización de la CIAE

Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura militar. Durante su gestión se realiza la nacionalización de la CIAE, cuyos activos ya estaban prácticamente amortizados. Él mismo había sido director de la Ítalo.

En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión de la Ítalo formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. En 1975 Isabel Martínez de Perón anuncia que la CIAE sería nacionalizada.^{[cita requerida]} encomienda al Procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión. El dictamen del procurador Dr Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961, firmado por Arturo Frondizi lesionaba las concesiones que otorgó el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y era violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.

El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz nombró, por Resolución 92/76, a los miembros de la comisión formada por civiles y militares, ^{[cita requerida]}designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex-CIAE. Toda su infraestructura pasó a manos de SEGBA en 1979.

La CIAE era por aquel entonces una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza. Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerse con fuel-oil barato que producía YPF.

El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, la CGC y Comercial del Plata y había sido director de Motor Columbus. Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también del Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso. Roberto T. Alemann, quien había suscripto el nuevo contrato de concesión de 1961 había integrado el directorio de Motor Columbus y CGC, y además, había representado a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Por su parte, el embajador suizo en Argentina era director de Motor Columbus. Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri y Walter Boveri era director de la CGC.

El 2 de junio de 1978 se firma un pre-contrato para la venta de los bienes, los estudios posteriores realizados por la Comisión Investigadora de 1985 establecieron que el costo total de la transferencia había sido de: 394 millones de dólares. La decisión de estatizar la Ítalo fue de por sí llamativa y antagónica con los lineamientos económicos de la dictadura, que simultáneamente inauguró un proceso sistemático de desguace del Estado. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada. En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda de la emrpesa privada, y a cambio le transfirió 330 millones.​

A mediados de los 80, un estudio técnico de SEGBA estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex-CIAE estaban amortizados, o sea que habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los años treinta, turbinas obsoletas y cables con cincuenta años de antigüedad que SEGBA se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y el BID. La Central Puerto Nuevo se convirtió en un monumento al óxido y a la infamia. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra. En 1987, todas las instalaciones que habían pertenecido a la Ítalo en Capital Federal fueron entregadas gratuitamente a la Municipalidad.

Crisis eléctrica de 1989

Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de 1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año.

Segunda privatización

Vista de las turbinas BTH de Central Costanera S. A., en la ciudad de Buenos Aires.

Entre agosto y septiembre de 1989, durante la presidencia de Carlos Saul Menem se promulgaron las Leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y la Nº 23.697 de Emergencia Económica, que sirvieron de base para la Promulgación de la Ley Nº 24.065 (que entró en vigencia el 1º de enero de 1992) conocida como marco regulatorio del sector eléctrico, que constituyó el punto de inflexión.

El sector eléctrico se particionó en tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Tanto la actividad transportista como la de distribución, pasarían a ser monopolios. la Asociación del Personal Superior de SEGBA atribuyó a las nuevas empresas concesionadas «falta de inversiones en materia de generación, expresando que en el período 1992-97 las inversiones en generación alcanzaron a u$s 28 millones cuando en realidad deberían haber sido alrededor de u$s 2500 millones.

Los generadores, transportistas y distribuidores junto con los grandes usuarios mayores (GUMA), menores (GUME), y particulares (GUPA) conformarían los agentes de participación en el negocio eléctrico.​

Todos estos agentes concurrirían al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicado en la localidad de Ezeiza.^{[cita requerida]} La función de administrar las transacciones económicas entre empresas del sector y realizar el Despacho Nacional de Carga recayó sobre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA).

SEGBA fue disuelta y sus tareas quedaron divididas entre 7 nuevas empresas privadas. La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, una perteneciente a EDENOR, otra a EDESUR y la última a EDELAP. En la parte de generación fueron creadas las empresas Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud. Siendo que a la primera central termoeléctrica se le transfirieron 5 unidades BTH de 120 MW, la unidad 6 de 350 MW, y la unidad 7 de 310 MW manejada por operadores de élite.^{[cita requerida]} En junio de 1993 SEGBA transfirió sin cargo a la empresa TRANSENER las líneas de 500 kV y varias subestaciones.

Cetral Puerto S. A., funcionaba como dos centrales: Nuevo Puerto y Puer to Nuevo funcionándose como una única unidad de negocio.

El 1º de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión por parte de EDESUR sus actividades dentro del área de concesión.​Esta fue la primera empresa generadora en ser privatizada a partir del 1º de abril de 1992. Los apagones afectaron seriamente la imagen de la empresa, desencadenando sanciones, protestas masivas y cortes de calles por parte de los usuarios afectados.​

Presente y futuro

Sala de turbinas de la represa Yaciretá. Desde febrero de 2011 opera a su máxima capacidad de producción de energía permitida por el diseño original.

Crisis 2001

Para el año 2000, aún subsistían problemas, como la paralización de las inversiones en generación, debido al bajo desarrollo del Mercado Mayorista de Contratos que había desembocado en una baja desmedida de los precios "spot", lo que hacía inviables algunos emprendimientos ya realizados, y desalentaba nuevas inversiones para el sector, provocando un futuro riesgo de desabastecimiento en el mediano plazo. Otros puntos a corregir estaban vinculados al atraso en las expansiones del sistema de transmisión y a la falta de proyectos de integración regional que también generaban incertidumbre en las decisiones de inversión.

Poco después, la crisis socio-económica de 2001, desembocó en una abrupta devaluación del peso argentino y en el congelamiento de tarifas de servicios públicos, impactando negativamente en la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, los salarios prácticamente no se modificaron en los primeros años post-crisis y los combustibles, que aumentaron su precio notoriamente en el 2002, se congelaron un año después. Lo mismo ocurrió con el dólar, cuyo valor trepo durante el año 2002, hasta que finalmente se estabilizo en una paridad cercana al 3 a 1 con relación al peso.

Una vez pasada la crisis y cuando ya se había alcanzado la estabilidad en el nivel de precios, el objetivo de la política económica del presidente Nestor Kirchner fue mantener intacta esta nueva estructura de precios relativos: dólar alto, tarifas, transporte y combustibles baratos. Su Gobierno implementó una política salarial de actualización para recomponer el poder adquisitivo. Un instrumento clave de la política económica fue la implementación de un esquema de subsidios que mantuvo un grupo de precios críticos congelados sin generar quebranto para las empresas proveedoras (básicamente en el sector energético y del transporte de pasajeros).

Años 2003-2015

El Nihuil Construída entre 2010 2015

Tras varios años de una política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria expansiva, el nivel de actividad se recuperó con fuerza, creció el empleo y se recompuso el salario real. Los subsidios se fueron convirtiendo en una herramienta central de la política económica, basada en el consumo como motor principal de la reactivación. El crecimiento de la economía, a partir de 2003, se triplicó el promedio anual de inversión (a valores constantes) en la distribución y transporte de energía, fundamentalmente con aportes del Estado.​El 28 de diciembre de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el acta que permitió comenzar con las obras de construcción del la represa hidroeléctrica Punta Negra, el cuarto dique de San Juan, destinando para tal fin una inversión de más de 1.200 millones de pesos.​ El 9 de enero de 2010 que comenzó la obra, en 2015 fue inaugurada.​

A fines del 2011, tras la reelección de Cristina Fernandez de Kirchner inició un "redireccionamiento de subsidios" en la eliminación de dicho beneficio para zonas catalogadas como de ingreso alto, imponiendo mayor equidad en la aplicación de los mismos. De esta manera comenzaba una nueva etapa, cada vez más distante a la de los años noventa, donde cada empresa se hacía cargo de sus costos y buscaba la rentabilidad mediante una eficiencia en la gestión. La nueva estructura sería más similar a la que había implementado SEGBA con la CIAE en los años sesenta.

En la última década se pusieron en marchas obras, que son parte del plan estratégico llevado adelante por el Gobierno Nacional con el objeto de proveer de energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La central con el ciclo combinado entregará 840 MW al Sistema Integrado Nacional, mediante dos turbinas a gas y una turbina a vapor, que pueden utilizar gas o diésel.​

Asimismo se construyeron cinco centrales, la tercera línea Yacyretá-Buenos Aires ―que incluye 250 kilómetros del tramo a Mercedes―; la estación transformadora 500 a 132 kW Mercedes, y la línea 132 kW para anillar Curuzú Cuatiá y Montes Caseros, con una inversión total de 461 millones de dólares.​ En 2011 en la ciudad de Río Cuarto se inaugura la ampliación de la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, con inversión de alrededor de 200 millones de pesos, compuesta por dos Turbogrupos en p de 35 MW, cada uno.​

En 2012 se inauguró la central Guillermo Brown, que demandó una inversión de 550 millones de dólares para la compra, instalación y puesta en operación de dos turbinas a gas ya aportan 580 megavatios a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional.​

Las fuertes incorporaciones de potencia instalada (usinas nuevas y repotenciaciones), y las considerables inversiones en líneas de alta, media y baja tensión, concretadas en los últimos años (sobre todo desde 2006), fueron permitiendo cubrir los constantes crecimientos de la demanda.​El 13 de abril de 2009, la represa los Caracoles comenzó a generar energía.​​

Enlaces externos

• «Memoria de las privatizaciones», artículo publicado en el sitio web del Ministerio de Economía.