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Razas de perros

--201.247.43.211 (discusión) 02:25 19 jun 2016 (UTC)--201.247.43.211 (discusión) 02:25 19 jun 2016 (UTC)--201.247.43.211 (discusión) 02:25 19 jun 2016 (UTC)

Diagrama Jerárquico es lo mismo que "Proceso Analítico Jerárquico"?

Estaba buscando información sobre los diagramas jerárquicos, pero lo más parecido que esncontré fué esto: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Anal%C3%ADtico_Jer%C3%A1rquico, lo cual no me pareció lo adecuado ya que por lo que tenía entendido, el diagrama jerárquico era un tema menos complejo.

Alguien que sepa sobre el tema me puede dar una mano? --181.14.239.3 (discusión) 04:03 21 jun 2016 (UTC)

Una Aproximación a la Deontología Jurídica para Abogados. (A propósito de la Sentencia No. 200/15 del TPP de Matanzas. Cuba). Autor. Especialista Mario Jorge González Viera

Una Aproximación a la Deontología Jurídica para Abogados. (A propósito de la Sentencia No. 200/15 del TPP de Matanzas. Cuba). Autor. Especialista Mario Jorge González Viera PREAMBULO El establecimiento de normas deontológicas para el ejercicio de la abogacía es, -y ha sido históricamente-, una exigencia universal, muestra de ello es la existencia de numerosos Códigos Deontológicos a través de todo el mundo, que, en su gran mayoría adentran sus raíces históricas en el Derecho Romano y en las sagradas escrituras cristianas como las de Ivo Hélori , santo patrón de los abogados. En el caso concreto de nuestro país los mandamientos deontológicos se encuentran diluidos en un conjunto de normas que, aun cuando no con esa denominación; -como lo son el Decreto ley 81 de 8 de Junio de 1984 sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, su reglamento: La Resolución No. 142 del Ministro de Justicia de fecha 18 de Diciembre de 1984, y el Código de Ética de la ONBC-; contienen, conjuntamente con normas de contenido orgánico, mandamientos deontológicos y éticos sobre los principios, deberes y derechos inherentes al ejercicio de la abogacía en Cuba. Amén de la existencia de estas regulaciones, constituye hoy un problema latente para nuestra comunidad jurídica , o al menos así lo apreciamos, el conocimiento, - o mejor diríase: el desconocimiento-, tanto en nuestro entorno como por parte de los intervinientes en la administración de justicia, sin hacer distinciones de naturaleza y jurisdicción, sobre cuáles son los principios, deberes y derechos que en el plano deontológico rigen el ejercicio de la abogacía, así como el alcance y límites que estos imponen tanto al juzgador como en las relaciones que se establecen entre todos y cada uno de los intervinientes en el proceso y en relación con las actuaciones procesales. Aun cuando el cumplimiento de las normas deontológicas por parte de los profesionales del derecho no son una exigencia exclusiva de la actuación procesal , por medio de esta incipiente monografía, -texto argumentativo por excelencia-, pretenden los autores desarrollar una breve aproximación al tema sin otro propósito que el de llamar la atención de la comunidad jurídica, auditorio por excelencia al que va dirigido, acerca de limitaciones que, en el ejercicio profesional se manifiestan en relación con la vigencia de los principios que, en el plano deontológico están llamados a regir nuestra conducta en el ámbito de actuación procesal; para ello, vamos a utilizar como muestra, -con ánimo exclusivamente didáctico y académico, en el contexto del mas irrestricto respeto a la función jurisdiccional y partiendo de obligados referentes doctrinales y legales-, de un análisis de pronunciamientos de sala en la Sentencia No. 200 de fecha 18 de Diciembre de 2015 dictada en el Expediente de Apelación No. 251 de 2015 del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. Resulta obligado, para el propósito que nos trazamos, partir de necesarias definiciones doctrinales sobre qué es la deontología, deontología y ética en el plano profesional, para caer luego en su análisis en el plano jurídico, así como una breve exposición de los principios que la rigen y los deberes, -más que los derechos-, que éstos le imponen a la actuación de los abogados en su desempeño procesal.  ¿Qué es la deontología? La deontología es la ciencia del deber ser y se refiere en particular a los deberes que corresponden a determinadas situaciones sociales. Según la definición de BATAGLIA: “es aquella parte de la filosofía que trata del origen, la naturaleza y el fin del deber” . El término “deontología” viene reconocido como la “ciencia o tratado de los deberes”, donde BENTHAM , en su visión utilitarista, defiende la investigación ética de las reglas de conducta individual que no conciernen a la legislación. En cuanto al contenido de las normas deontológicas, estas tienen un carácter preferentemente ético y presentan puntos de contacto con las normas de la costumbre y tienden a transformarse en normas jurídicas. Su contenido substancialmente moralista no autoriza, sin embargo, a considerarlas como normas de carácter moral.  Deontología y Ética Profesional Aplicada a las profesiones intelectuales, la deontología designa el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional. De manera general, toda normativa de comportamiento del profesional que no tenga un carácter meramente técnico, pero que esté vinculado de cualquier forma al ejercicio de la profesión, entra en el ámbito de la normativa deontológica .

 La deontología configura como un principio que inspira las formas en las que se debe obrar dentro del ejercicio de una profesión. En el caso de la abogacía, resulta necesario conocer cuál es el contenido de los deberes y obligaciones que vienen contempladas para este colectivo .

Pero a pesar de trabajar con el mismo arsenal conceptual, existen diferencias que determinan aún más si cabe, la relación existente entre ambas. En cuanto a la obediencia, los valores éticos pertenecen al mundo de los valores intrínsecos del individuo, es decir, a la conciencia individual, donde el sujeto por sí mismo puede decidir libremente si se ajusta a una serie de pautas de comportamiento o no. No son normas imperativas y su falta de cumplimiento no conlleva sanción aplicable, como no lo es alejarte del comportamiento o la regla social generalmente aceptada. Resulta evidente, en este sentido, la inexistencia de mecanismos institucionalizados que se pongan en marcha con el mecanismo de la sanción ante la vulneración de un precepto ético individual, y por supuesto, que se pueda considerar como un precepto de obligado cumplimiento para todos con carácter general . Sin embargo, en la deontología profesional nos encontramos con una proyección diferente. Si bien es cierto que su creación tiene como primer orden el establecimiento de reglas que atañen a la moral y ética en sentido estricto, no es menos cierto que su carácter imperativo responde al reconocimiento interno de reglas y normas de obligado cumplimiento en las diferentes profesiones.  Identidades, puntos de contacto y diferencias entre ética y deontología. Cuando se habla de deontología, irremediablemente, se hace alusión a la ética y, en especial, a la ética profesional. Se propone, con TORRES DIAZ, que, “la ética profesional es esa ética aplicada, -tal como ha quedado dicho-, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, en consecuencia, horizonte, configuradora del sentido y la motivación de la deontología”  Deontología y Ética del Abogado Etimológicamente la palabra abogado proviene de la voz latina “advocatus” formada por la partícula ad que significa “a” o “para” y por el participio vocatus, que quiere decir llamado. Llamado “a” o “para”, porque los romanos acostumbraban llamar a las personas que tenían un conocimiento profundo del derecho para que les auxiliaren en los asuntos difíciles. En los tiempos actuales el abogado es llamado para auxiliar a las partes en sus alegaciones . Si bien el término abogado es el participio pasado del verbo abogar que en el Diccionario de la Real Academia Española significa defender en juicio, por escrito o de palabra; interceder, hablar a favor de alguien, en la actualidad el término abogado refiere a un sujeto que se define como licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. Este sujeto es un ser humano, un técnico y un ciudadano. Como ser humano debe defender los derechos fundamentales encabezados por la libertad, como técnico debe intentar lograr, con rectitud, la eficiencia y como ciudadano debe siempre procurar el civismo. En todos esos cometidos estarán presentes la vocación, la aptitud y la dedicación del abogado . Es la abogacía el paradigma de las profesiones liberales. De un lado, porque su fricción permanente y estructural, –funcional-, con los poderes públicos hace patente de forma natural su necesidad de mantenerse independiente de ellos; y de otro, porque explica con extraordinaria claridad el paradigma sinalagmático, - entiéndase bilateral-, propio de la ética jurídica, por el que se hace transacción de ética auto-regulada por independencia . Autores como SÁNCHEZ-STEWART definen a la deontología jurídica como “el conjunto de normas jurídicas que regulan sus relaciones con su cliente, con la parte adversa, con sus compañeros de profesión, con los órganos y funcionarios ante los que actúa y con su colegio profesional, normas cuyo origen y tutela es corporativo”. ÁNGELA APARISI la entiende como “aquella exigencia moral anclada en la naturaleza de una profesión”. Desde esta perspectiva, las normas deontológicas son, básicamente, exigencias de ética profesional. Por ello, al igual que ocurre con las normas morales, se nos muestran prima facie como un deber de conciencia. La Ética puede ser delimitada como la ciencia que regula la conducta humana conforme a los principios fundamentales de la razón, así como las pretensiones exigibles por la naturaleza humana conforme a los fines que se persiguen . Aun cuando se habla indistintamente de Deontología y Ética Jurídica, al punto de utilizar indistintamente estos términos, tanto en el plano doctrinal como reglamentario, estos no son sinónimos. La ética del abogado, en consonancia con lo antes expuesto, es quien da sentido, motivación y alcance estructural a la deontología del abogado. Habida cuenta de la función social que desempeña la abogacía, requiere ésta estar dotada de principios deontológicos que se desdoblan en virtudes y exigencias de actuación, - tanto en el plano individual como corporativo-, y que respondan a su objeto social al punto de que sus miembros adecúen su actuación a pautas de comportamiento que garanticen el cumplimiento de la función social asignada. Para ello resulta absolutamente necesario que la abogacía esté dotada de un control deontológico que devenga en potestad disciplinaria y que responda ante el incumplimiento de tales exigencias de comportamiento. Es por ello que, junto a la búsqueda, a través de la deontología, de un profesional que preste un servicio de excelencia, se debe salvaguardar el cumplimiento de estos principios y actuar correctivamente en el plano disciplinario ante la falta de observancia de los mismos, - tanto por exceso como por defecto-, para garantizar la correcta ejecución de la misión por la sociedad encomendada. Si la Deontología del Abogado es un conjunto de normas jurídicas que regulan sus actuaciones profesionales, las normas deontológicas crean una pléyade de derechos y obligaciones para aquéllos con los que se relaciona. La Deontología -inspirada generalmente pero no siempre por el sentido común- no sólo sanciona sino plasma en un conjunto de normas la conducta recta, aquélla que será demandada por la sociedad. Porque en el estado social y democrático de derecho el abogado no es solamente el operador jurídico que vela por los intereses de su cliente, es más que eso: es el que presta un servicio a la sociedad garantizando el derecho de defensa y a la representación sin el cual el estado de derecho no existe. No es sólo un servidor de la justicia ni un colaborador de ella; es, es ésta, actor protagónico, elemento esencial en su impartición y está llamado, con su actuación, tanto ante los órganos ante los que actúa como fuera de estos, a ser paradigma de comportamiento social. PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS LLAMADOS A REGIR EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA El ejercicio de la Abogacía, no puede entenderse sin una inflexible ética profesional y sin el escrupuloso respeto de los principios deontológicos inspiradores de la profesión: Independencia y libertad profesional, amparo colegial, honestidad, integridad y justicia; Igualdad Procesal - Debido y recíproco respeto entre poder judicial y abogados; integridad - conflictos de interés, confidencialidad - secreto profesional, actuación ética, entre otros. Correspondiendo, tal como corresponde a los poderes públicos velar y garantizar la prevalencia de estos principios, habrán estos de salvaguardar, especialmente, el sagrado derecho – deber de los abogados de llevar a cabo el ejercicio de su profesión de manera tal, que nunca vean coartada su actuación en tanto ello implicaría un detrimento de los derechos fundamentales de defensa y representación consagrados en las constituciones y en las leyes en los estados sociales y democráticos de derecho.  Interrelación e interdependencia de estos principios. Aun cuando, con fines didácticos son tratados por separados o en forma de duetos indisolubles, huelga expresar que en el ejercicio de la profesión existe una interrelación e interdependencia tal entre estos que resulta imposible contextualizarlos de forma independiente; tal es el punto de esta prevalencia e interrelación que sólo impone límites a la vigencia de cada uno de estos la colisión con otro u otros principios . A modo de ejemplo: A la libertad e independencia del abogado en el ejercicio de sus funciones solo le imponen límites la colisión con los principios de Honestidad e Integridad, Igualdad Procesal - Debido y Recíproco respeto entre Poder Judicial y Abogados  Independencia y Libertad Profesional . En ningún lugar es más completa la libertad que en el foro. Es el abogado hombre libre en toda la extensión de la palabra… ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual; a nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos; no tiene, de tejas abajo, otro señor que el derecho; nada más ilustrativo que estas palabras de POINCARÉ para ilustrar sobre la libertad e independencia del abogado en el ejercicio de su función social. La independencia y libertad del abogado, resulta tan necesaria como la imparcialidad del Juez, dentro de un Estado de Derecho. Independencia es sinónimo de libertad, emancipación, autonomía, inconexión, liberación, soberanía, firmeza, cualidad o condición de independiente”, firmeza. Por su parte, independiente es sinónimo de liberal, imparcial, libre, autónomo, desunido, emancipador, soberano. Libertad es la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos” y, a los efectos que nos interesan la “falta de sujeción y subordinación” Interpretada como el derecho que tienen los abogados de ejercer su profesión sin injerencia de ningún tipo, se desdobla esta en dos aspectos bien demarcados: libertad e independencia de toda injerencia de los poderes públicos; y libertad e independencia de toda injerencia en las relaciones con los clientes. El abogado debe preservar su independencia frente a las presiones de los poderes públicos y no debe adquirir intereses personales en el pleito. Esto es, el abogado puede estar incurso en causas de incompatibilidad absoluta para ejercer como tal y debe abandonar la profesión o puede estar incurso en causas de incompatibilidad relativas a un asunto y debe cesar en la defensa o representación, velando por no originar indefensión al cliente . Sobre la independencia del abogado, ha dicho GARRIDO SUAREZ, debe ser entendida como la garantía que ostenta este, como profesional liberal, en el desempeño de su labor frente a posibles intromisiones de terceros; sin que pueda entenderse que la consulta de cuestiones y casos con los compañeros de gabinete, así como la colaboración económica para el sostenimiento del despacho no debería afectar a su independencia, se refiere esta a aquellos aspectos en los que nadie puede influir en el profesional, por ser el único responsable de su lex artis. En el plano de la independencia en las relaciones con el cliente ambos principios se reflejan en la libertad del abogado de asumir la dirección de un asunto y libertad en la forma y manera en que en el plano técnico lo hace , - no es dable ver, desde el punto de vista civil, la representación como un contrato de mandato, que sitúa al mandatario en la obligación de atenerse a las instrucciones del mandante sino, normalmente, un arrendamiento de servicios como ha venido declarando la jurisprudencia española en innumerables oportunidades -; en tal sentido, la independencia se convierte en un derecho-deber y a la vez en un requisito básico del Estado de Derecho, que permite al abogado rechazar las instrucciones que atenten contra sus propios criterios, debiendo cesar en el asunto cuando considere que no puede continuar con absoluta independencia; y en la libertad del cliente de elegir al letrado que desee y de cesar la relación profesional cuando lo estime conveniente. La libertad e independencia del abogado adquiere una doble connotación; siendo su actuación particularmente personal y liberal, -libre de injerencias e intromisiones tanto del gremio al que pertenece como de los órganos estatales-, su responsabilidad, tanto en el plano civil como penal por su actuar no ajustado a la ley es, en consecuencia, esencialmente personal. Esta responsabilidad encuentra su fundamento por tanto, en el ejercicio personal de la profesión que se encuentra basado a su vez en su competencia específica y en la independencia de su actividad como elemento esencial del ejercicio de una profesión liberal. Cada vez más se está tomando, en el mundo actual, conciencia de la importancia de la responsabilidad e independencia del profesional, llegando en algunos casos a imponer nuevos deberes o endurecer las exigencias hechas en los diferentes códigos deontológicos. Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. Así como que los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio. El requisito de independencia demanda del abogado practicante en lo individual, del gobierno y de la sociedad civil, el dar prioridad a la independencia de la profesión jurídica sobre aspiraciones personales y a respetar la necesidad de una profesión jurídica independiente. Los clientes tienen el derecho a esperar, del abogado, un consejo independiente, imparcial y sincero, sin que pueda importarle a este si el consejo es o no del agrado del cliente.

La independencia requiere que el abogado actúe por el cliente sin que existan conflictos de intereses indebidos consigo mismo, ni influencias externas indebidas, ni cualquier preocupación que pueda interferir con el mejor interés del cliente o el criterio profesional del abogado.

 Manifestación de este Principio en el Ordenamiento Interno y Supranacional La Independencia Profesional del Abogado se encuentra contenida, en el plano interno como Principio General en el Artículo 2 inciso a) del Decreto Ley 81 sobre el Ejercicio de la Abogacía cuando regula este en su Artículo 2 Inciso b) … El Ejercicio de la Abogacía es libre y …. en sus funciones el abogado es independiente y solo debe obediencia a la ley así como en el Artículo 4 inciso b) del Código de Ética de la ONBC cuando presupone que….El Abogado, en el ejercicio de la profesión debe: Actuar con independencia profesional, como derecho y como deber, guardando obediencia solo a la ley . En el plano supranacional se expone, en los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica , que para la administración de justicia y el funcionamiento del Estado de Derecho es indispensable que el abogado actúe para el cliente con una capacidad profesional libre de dirección, control o interferencia; ello presupone que si no se garantiza por los estados la independencia del abogado y éste es sujeto de interferencia de parte de otros, en especial de quienes ostentan el poder, será difícil, por no decir imposible, para el abogado proteger a los clientes. Igualmente se aborda este principio en los Principios Internacionales sobre la Independencia de Jueces, Abogados y Fiscales y en los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica , así como en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, en estos últimos, en su Principio No. 14 se declara que Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes…. y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. Por su parte, los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica de la IBA recoge, en su página 4 que…. el abogado deberá mantener su independencia y deberá serle proporcionada la protección que esa independencia confiere en el ofrecimiento de asesoría y representación imparcial a clientes. El abogado deberá ejercer un criterio profesional independiente e imparcial al asesorar al cliente, incluso en cuanto a las probabilidades de éxito del caso.  Amparo Colegial Para protegerse frente a las posibles amenazas para la independencia que puede representar una excesiva intervención de los poderes estatales, los abogados se agrupan en colegios o barras de abogados, las cuales han desarrollado la institución del amparo. Amparo es acción y efecto de amparar o ampararse y amparar, el valerse del apoyo o protección de alguien o algo y también defenderse o guarecerse. Es necesario acudir al sentido natural de las palabras ya que dentro del ordenamiento jurídico, - tanto el español como el nuestro-, el amparo en la acepción a la que nos referimos no está definido por la ley. En el caso concreto de nuestro país en el artículo 70 de la Constitución de la República de Cuba promulgada en 1940 se estableció la colegiación oficial obligatoria como requisito para el desempeño de profesiones universitarias, texto que reprodujo luego la Ley Fundamental de 2 de febrero de 1959 , disposición que por supuesto incluía el ejercicio de la abogacía , a cargo de Licenciados en Derecho. Es así que funcionaban colegios de abogados que agrupaban a los profesionales del Derecho que desempeñaban esa función . Asociados a la posible responsabilidad que puede serle exigida a los abogados en cualquiera de los ámbitos en que interactúa, aun cuando no existe un mecanismo de amparo colegial propiamente dicho, existen legal y reglamentariamente instituidos mecanismos que protegen su integridad y sus derechos, tanto genéricos como especiales , Entre los primeros se hallan los establecidos en la Constitución y las leyes orgánicas y procesales, y entre los segundos los contenidos en el Decreto Ley 81 y su Reglamento, los Acuerdos de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de estos mecanismos, algunos funcionan frente a terceros, con los que se relaciona el abogado en el desempeño de su actividad, y otros están destinados a protegerlo en sus relaciones con la propia Organización a la que pertenece . Una asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera, que tiene en nuestros medios el tema de la colegiación y las regulaciones deontológicas en general y en particular las relativas a la libertad e independencia y el amparo colegial lo tenemos en que, tanto el estatuto general que establece el ejercicio de la abogacía: Decreto Ley 81, así su reglamentación deontológica , - aun cuando no con esa denominación-, dimanan de los poderes estatales, quedando sólo en la esfera de las regulaciones emitidas por la colegiación el Código de Ética, - que bajo concepto alguno constituye un código deontológico-, y los Acuerdos de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, sin que, en ninguno de estos contenga, de manera directa, pronunciamiento alguno en relación con el amparo colegial. A diferencia de ello, en el plano del derecho comparado, el abogado ejerciente en España , si bien debe respetar los principios éticos y deontológicos contenidos en el Estatuto General de la Abogacía Española emitido por los poderes estatales y aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, comienza a manifestarse la libertad, independencia y amparo colegial, de forma escalonada, con la promulgación y aprobación por la barra internacional del Código Deontológico del Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) de 28 de noviembre de 1998, en el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (27 noviembre 2002), en el que el Consejo de Colegios de la Autonomía correspondiente tuviera aprobado y en los del Colegio Territorial en que estuviere incorporado . En el plano particular del amparo colegial se encuentra refrendado este en el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 59 Relativo a la Protección de la libertad e independencia del Abogado el cual contiene presupuestos de actuación, tanto del abogado en el plano individual como de las barras de abogados en ocasiones en que la libertad e independencia del abogado se puede ver comprometida.  Honestidad, integridad y Justicia.

El abogado deberá mantener en todo momento los estándares más altos de honestidad, integridad y justicia hacia los clientes, los tribunales, colegas y todos aquellos con los que entre en contacto profesional. 
La confianza en la profesión jurídica requiere que cada miembro de la profesión sea un ejemplo de integridad, honestidad y justicia. En el curso de la representación de un cliente un abogado no deberá hacer a sabiendas una declaración de hecho o de derecho de la que tiene el conocimiento de que es falsa, o abstenerse de corregir una declaración falsa y de importancia material o jurídica formulada con anterioridad por el abogado. Los abogados tienen la obligación de ser profesionales en el trato con clientes, otras partes y abogados, las cortes, el personal de las cortes, y el público. Esta obligación incluye civilidad, integridad profesional, dignidad personal, franqueza, diligencia, respeto, cortesía y cooperación, todas las cuales son esenciales para la correcta administración de la justicia y la resolución de los conflictos. Los abogados deben tener en cuenta que si bien sus deberes a menudo se llevan a cabo en un foro adversarial, no deben tratar a la corte, otros abogados, o el público de manera hostil; sin embargo, existen diferentes estándares esperados de conducta hacia el cliente, los tribunales o un colega profesional ya que tiene este diferentes responsabilidades hacia cada una de estas categorías, variando, la expresión de estas responsabilidades en cada jurisdicción.

 Igualdad Procesal - Debido y recíproco respeto entre el poder judicial y los abogados. “No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas en ser menos” ; de esta forma, cual ley de dios, enuncia el maestro OSSORIO Y GALLARDO en su decálogo la necesidad de igualdad y consecuentemente el debido y recíproco respeto entre el foro y los abogados, dejando con ello por sentado que, en el ejercicio de sus funciones, gozan estos últimos de la misma protección legal que los jueces y fiscales, siendo este dueto de principios, en puridad, una derivación de los principios de honestidad, integridad y justicia. La abogacía es presupuesto del funcionamiento del Poder Judicial. Debe tenerse siempre presente y así habría de hacerse valer, que el eslabón fundamental en la protección del derecho a la tutela judicial efectiva que imparten los jueces y magistrados lo es el trabajo de los abogados por medio del derecho de defensa que a estos viene encomendada; ambos están en el mismo plano institucional y por tanto, gozan del mismo plano de igualdad. El principio de igualdad constituye una derivación, tanto al plano deontológico como procesal, de un principio político refrendado constitucionalmente , y está tan estrechamente vinculado con el de contradicción que debemos ver este último como una manifestación de aquel postulado básico, en el sentido de que lo que condiciona que exista la necesaria bilateralidad es precisamente la aceptación previa de un presupuesto de igualdad entre las partes y entre estos y el juzgador; no en balde se grafica la administración de justicia, en el plano de la equidad, como un triángulo equilátero en uno de cuyos vértices se encuentra el juzgador, y en el resto, los demás intervinientes en el proceso. GIMENO SENDRA considera [...] que el derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso es un derecho fundamental autónomo consagrado en el derecho a un proceso con todas las garantías, o sea, a lo que se conoce, siguiendo la nomenclatura alemana como el principio de “igualdad de armas” [...] Es interesante destacar que el juez que, como integrante del Poder Judicial ha de resolver la contienda litigiosa es, asimismo, un profesional del Derecho que si bien no ha de abogar, dada su propia condición de juzgador, su formación académica y profesional es idéntica a la del abogado. En Inglaterra, por ejemplo, la judicatura es escogida entre los abogados que más se han destacado por sus profundos y amplios conocimientos jurídicos y su intachable conducta, y al ser ungidos como magistrados, lo que es considerado una destacable distinción, adquieren mayor jerarquía, investidura y dignidad. Desde esa perspectiva, cuando el abogado concurre ante los estrados en demanda de justicia, actuando como facilitador de la labor de los magistrados, primero, al traducir en lenguaje técnico todos los deshilvanados relatos y aseveraciones de su cliente, luego al encuadrar el caso en las instituciones jurídicas y normas legales aplicables y ofrecer los medios probatorios que demuestren la veracidad de sus afirmaciones, y por fin al desarrollar los fundamentos en favor de su mandante, ajustándose a las técnicas, plazos y modos procesalmente correctos; no hace más que cumplir la función social de colaborar con la justicia. Ello nos demuestra, una vez más, que la esencia fundamental de la profesión tiene su base, como se ha dicho, en fines de utilidad pública. • Manifestación de este dueto en el ordenamiento interno y supranacional El principio de Igualdad procesal y consecuentemente la necesidad del mutuo y debido respeto entre la judicatura y los abogados se encuentra refrendado en la Ley No. 4 “Ley De Organización del Sistema Judicial de Cuba” cuando preceptúa en su artículo 143 que en el ejercicio de sus funciones los abogados gozan de la misma protección legal que los Jueces y Fiscales ; de similar forma, esta propia ley refrenda en su artículo 13 que la justicia se imparte sobre la base de todos ante la ley De similar manera, encuentran respaldo estos en la letra del propio Artículo 2 inciso b) del Decreto Ley 81 sobre el Ejercicio de la Abogacía por medio del cual se enuncia que disfruta el abogado, en el ejercicio de sus funciones de todos los derechos y garantía legales, en relación con el artículo 41 de la Constitución de la República de Cuba por medio del cual se refrenda la igualdad de todos ante la ley como derecho-garantía básica. Si bien el abogado no es auxiliar de la función jurisdiccional, en puridad no deja de ser un auxiliar de la justicia y como tal, en algunas legislaciones, tal como sucede en nuestra Ley de Organización del sistema Judicial y códigos de éticas, está establecido expresamente que en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados, en cuanto a su dignidad, respeto y consideración, que debe guardársele. En el plano del derecho comparado regula el Código Procesal Civil de la Nación Argentina que…En el desempeño de su profesión el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”; por su parte el Art. 5º de la ley 23.187 de Ejercicio de la Profesión de Abogado en la Capital Federal “El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe. Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a accionar ante el superior jerárquico del infractor, accionar que deberá tramitarse sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma, quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones”, en el mismo sentido, la ley provincial Nº 5233 en su art. 5º inc. 2º establece que “En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele”.  Integridad / Conflictos de interés …. Son los abogados quienes siembran en la opinión pública dudas sobre la magistratura... toda apelación, todo recurso contiene una crítica, forzosamente parcial, de la sentencia impugnada y por tanto, casi siempre, una deformación y una difamación, (como sinónimo de detracción), de ella… …. ¿Dónde termina la santa altivez que exige no doblegarse ante el atropello y donde comienza la petulante litigosidad que rehúye todo sentido de tolerancia?... …Lo que no puede perdonarse nunca un abogado es convertirse en un artífice involuntario de la derrota de su cliente por haber tomado demasiado en serio el debido respeto a la jurisprudencia…

Nada más indicado, a nuestro modesto juicio, para ilustrar la manifestación de este dueto, que  el pensamiento deontológico de CALAMANDREI del que se deriva que, en lo absoluto pugna la integridad del abogado en la representación de los intereses del cliente, muy a menudo en indisoluble conflicto con los poderes estatales; con un comportamiento deontológica y éticamente ajustados.

La conducta profesional del abogado debe ser íntegra y recta. Ser integro y recto, implica no tener miedo, sean cuales sean las consecuencias de su lucha por la justicia. Su actuación, en este sentido debe ser veraz ante los Tribunales y debe fomentar el principio de legalidad. Su actuación debe desarrollarse teniendo en cuenta un profundo respeto de la dignidad personal y un magnificado interés por la mejora de la calidad humana del individuo, buscando, en la medida de lo éticamente posible, una coincidencia entre su actuación con los intereses generales de la sociedad ; no obstante a ello, se encuentra proscripta de la actuación del abogado la defensa de intereses en conflicto con los de su cliente en tanto su lealtad hacia este parte de esta misma integridad. La integridad no es obstáculo para el respeto al abogado adversario. La fraternidad hacia los colegas es importante, pues siempre tiene frente a sí un compañero contendiente que posee armas dialécticas dignas de consideración, pero esta fraternidad no puede rebasar tenues límites, esto es, durante el conflicto jurídico cada abogado debe permanecer en su lado para favorecer a su respectivo cliente y, concluido el tiempo del enfrentamiento, es el momento de la confraternización pero sin que ésta suponga una ofensa innecesaria al cliente. El abogado no deberá asumir una posición en la que los intereses del cliente entren en conflicto sus intereses o los intereses de otro cliente, salvo ser consentido, por autorización del cliente. La confianza y credibilidad en la profesión jurídica y el estado de derecho depende de la lealtad de los abogados hacia sus clientes.

En lo general, el abogado no deberá representar a un cliente si la representación involucra un conflicto de interés. Un conflicto de interés existe si la representación de uno de los clientes está directamente en contra de los intereses de otro cliente; o si existe un riesgo sustancial de que la representación de uno o más clientes se encuentre importantemente limitada por las responsabilidades del abogado hacia otro cliente, un cliente anterior, una tercera persona o por un interés personal del abogado. No obstante la existencia de un conflicto de interés, en algunas jurisdicciones el abogado puede representar al cliente, si considera razonablemente estar en condiciones de brindar una representación competente y diligente a cada cliente afectado; si la representación no se encuentra prohibida por la ley; si no implica la presentación de una reclamación de un cliente en contra de otro cliente representado por el abogado en el mismo litigio o en otro proceso judicial; y si cada cliente afectado otorga su consentimiento informado, y lo confirma por escrito.
El abogado que representada a un cliente no deberá usar ni suministrar información relacionada con dicha representación en desventaja del  cliente salvo cuando así lo exija la propia ley o las reglas éticas aplicables .

En la defensa de los intereses de los clientes, los abogados no deben permitir que sus intereses propios entren en conflicto o desplacen los intereses del cliente. El abogado no deberá ejercer ninguna influencia indebida con el propósito de obtener un beneficio propio y en detrimento del cliente. El abogado no deberá aceptar instrucciones o continuar actuando para un cliente, cuando se dé cuenta que los intereses del cliente en un proceso estarían en conflicto con los intereses propios del abogado. Establece el Código Deontológico de los Abogados Europeos en su Artículo 4.3. Conducta ante los Tribunales. El Abogado defenderá concienzuda y diligentemente los intereses de su cliente sin tener en cuenta los suyos propios o cualquier consecuencia que se le derive para si mismo o para otra persona, manteniendo el debido respeto hacia el Tribunal.  Confidencialidad / Secreto Profesional

El abogado deberá en todo momento mantener y serle otorgada la protección de confidencialidad respecto a los asuntos de clientes actuales o pasados, salvo que lo contrario sea permitido o requerido por la ley y/o por reglas de conducta profesional aplicables .
El derecho y deber del abogado de mantener confidencial la información recibida y la asesoría dada a clientes es una faceta indispensable del estado de derecho y otro elemento esencial para la confianza pública y la confianza en la administración de justicia y la independencia de la profesión jurídica.

Los principios de confidencialidad y secreto profesional tienen dos facetas principales. De un lado, hay un deber contractual, ético y frecuentemente legal de parte de los abogados de mantener en confidencia los secretos de los clientes. El deber legal se refleja en ocasiones en forma de un privilegio probatorio entre el abogado y el cliente; esto difiere de las obligaciones del abogado bajo las reglas de conducta profesional aplicables. Tales obligaciones se extienden más allá de la terminación de la relación cliente – abogado. La mayoría de las jurisdicciones respetan y protegen tales obligaciones de confidencialidad, por ejemplo, mediante la exención al abogado del deber de declarar en las cortes y ante otras autoridades públicas sobre la información que ha obtenido de sus clientes, y/o mediante el otorgamiento de una protección especial a las comunicaciones entre el cliente y su abogado. Legislación reciente que impone deberes especiales sobre los abogados para que colaboren en la prevención de fenómenos delictivos tales como el terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado han llevado a una mayor erosión de la protección del deber de confidencialidad del abogado. Muchas barras se oponen por principio al alcance de esta legislación. Cualquier limitación al deber de confidencialidad/secreto profesional del abogado debe restringirse a información que sea absolutamente indispensable para permitir al abogado cumplir con sus obligaciones legales, o para prevenir que los abogados sean, sin saberlo, usados ilegítimamente por criminales para la consecución de fines indebidos. Si no se presenta ninguna de las anteriores situaciones, y el sospechoso de un crimen anterior busca consejo del abogado, el deber de confidencialidad debe ser completamente protegido. En algunas jurisdicciones, la obligación puede no aplicarse por razones de defensa propia en el curso de procesos judiciales. Además de la renuncia del derecho del cliente, la defensa propia y cualquier otro requerimiento impuesto por la ley, usualmente, la obligación de confidencialidad y secreto profesional del abogado no tiene un límite temporal. La obligación de confidencialidad también se aplica a los ayudantes, practicantes y empleados de las firmas o colegios de abogados. En todo caso, estos deberán asegurarse que quienes trabajan en la barra, sin importar el régimen ocupacional en que lo hacen, mantengan la obligación de confidencialidad y secreto profesional. Los abogados también deben tener cuidado de asegurar que la confidencialidad y el secreto profesional se mantengan con respecto de la información almacenada en computadoras . En nuestras normas deontológicas fundamentales no hay referencias al secreto profesional: ni en el Decreto Ley 81/84 ni en su Reglamento se regula, y ni siquiera se menciona expresamente. En el Código de Ética pueden ser halladas referencias, y no siempre con ese nombre, porque solo se hace alusión al deber de “mantener la más estricta discreción” y luego sí a la obligación de guardar “secreto de las cuestiones que conozca y puedan afectar a su cliente”. Del modo en que está regulado, el secreto es general, y su alcance ilimitado, porque se extiende a todo cuanto conozca el letrado en virtud de su desempeño profesional. Desde ese punto de vista, nada pudiera reportar el abogado, porque todo cuanto conozca está enmarcado en los límites del secreto al que está obligado bajo riesgo, incluso, de ser corregido disciplinariamente.  Actuación Ética El Derecho es un sistema de normas que regula la vida privada, pública y social del ser humano y del ambiente donde vive y constituye una forma de control social caracterizada por el uso de la coacción. El sistema es conducido, en gran parte, por los profesionales de las ciencias jurídicas. Las profesiones jurídicas en cualquiera de sus modalidades (abogacía, procuración , notariado, magistratura) son ejercidas por juristas y en su actuación suele presentar al profesional, en múltiples ocasiones, situaciones en las que, para resolver o adoptar una decisión, no puede recurrir al auxilio de su ciencia, ni de sus libros, ni de sus maestros. Dichas situaciones, que no son habituales en otras profesiones, pueden llevar a estados espirituales complejos y no siempre por la gravedad material del asunto, sino por la huella que la decisión asumida amenaza dejar en la conciencia. Ello obedece fundamentalmente a la responsabilidad que supone tener que trabajar siendo depositarios de destinos ajenos; saber que el honor, la libertad, el patrocinio, de su cliente o del justiciable dependen en gran medida de su actividad. En esos trances, lo que se afecta es la conciencia profesional, aquella que se refiere a los deberes que incumben en el ejercicio de la profesión; y que, en realidad, no está divorciada de la conciencia que llamaríamos general. El abogado bien formado no sólo está dotado de conocimientos, técnicas y destrezas, propios de la ciencia jurídica, sino que debe poseer una formación ética que lo haga digno del alto ministerio que ejerce, teniendo presente que la función que cumple es en beneficio de su cliente para que la convivencia en sociedad resulte más armoniosa, racional y justa . La formación de una conciencia moral profesional ha sido abordada por cultores de la ética jurídica como han sido OSSORIO Y GALLARDO, español, cuya obra El Alma de la toga es un clásico en la literatura jurídica argentina y uno de los primeros libros que los colegas mayores solían poner a mano de los jóvenes graduados, del mismo modo que los Mandamientos del Abogado del jurista uruguayo Eduardo J. COUTURE . Esta conciencia profesional debe ser clara y digna en el abogado, imbuido del sentimiento de la responsabilidad profesional y de la convicción de que en poco tiempo las normas de conducta por simple gravitación de su propia excelencia van a impedir que el profesional pueda ser cómplice del fraude, instigador del dolo, encubridor del delito, pues sin respeto por las normas morales, la profesión jurídica es inútil y, más que ello, nociva. Hasta aquí todo lo que, sino lo único, al menos hemos considerado oportuno abordar como basamento doctrinal y legislativo, tanto en el plano interno como supranacional y de derecho comparado de lo que hemos dado en llamar, el complemento práctico de nuestra monografía, basamento dogmático y legal que nos permite cuestionarnos, - como sinónimo de debatir-, el silogismo sentencial que dio al traste,- queja mediante-, con la decisión de apertura, por parte de la Dirección Provincial de Bufetes de Matanzas de expediente indagatorio por presunta violación del Reglamento Disciplinario y la activación de la Comisión de Ética contra uno de los autores del trabajo.

 UNA A APROXIMACIÓN AL TEMA A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA No. 200/15 Con motivo de instarse a la sala, por medio de otrosí, en escrito de ampliación de recurso de apelación interpuesto contra el Auto Definitivo No. 44 de 2015 , para que, si a bien y justificado lo asumiera, hiciese uso de la facultad disciplinaria que le confiere el artículo 187 apartado 1, en relación con el artículo 184, todos de la LPCALE ante irrespetuoso comportamiento del ponente en los considerandos del auto recurrido; no solo hacia la persona de la letrada que interpone el proceso al dirigirse inadecuadamente a su personalísimo actuar,(…) sino también contra la persona que tiene sobre su responsabilidad la función se supervisión inicial de la contratación, al atacar de forma directa e innecesaria la forma en que se produce esta, lo que, sin lugar a dudas es constitutivo de la falta prevista en el artículo 186 apartado 1 inciso c) de la citada ley procesal, ante la necesidad del debido respeto a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso . En relación con lo solicitado se ha pronunciado el fuero por medio del silogismo contenido en la mentada sentencia en el sentido de que, no solo “no es dable al recurrente instar al Tribunal para el ejercicio de tal facultad”, sino que, calificando de “desacierto” dicho actuar, le ha conminado a “abstenerse” en lo sucesivo de incurrir en semejante comportamiento…. Sobre la posición asumida por el juzgador, -con el más irrestricto respeto y sólo desde una perspectiva netamente académica-, nos tomamos la licencia de cuestionar: • ¿Existe fundamento legal, ético o deontológico alguno para limitar la libertad e independencia del abogado en su accionar de instar al Tribunal para que haga uso de facultades discrecionales o potestativas contenidas en el procedimiento? • ¿Es dable, no solo cuestionar, sino limitar la actuación procesal encaminada a instar al Tribunal para que por medio de su facultad disciplinaria, restablezca el debido respeto a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso?, • ¿Realmente constituye tal accionar un desacierto? Todos estos cuestionamientos encuentran respuesta en los postulados deontológicos que tanto en el plano doctrinal como legal han sido prolijamente expuestos, no obstante, consideramos necesarios los siguientes razonamientos. Con independencia de tratarse en el caso de la aplicación de la potestad disciplinaria una acción facultativa del juzgador, como otras tantas en el contexto tanto material como procesal, - en sede penal, por solo citar dos ejemplos, la aplicación de la facultades previstas en los artículos 17.1 y 54.1 del Código Penal y en sede procesal civil las facultades contenidas en los artículos 273 y 803 todas facultativas, en la que, en igualdad de condiciones que el artículo 184.1 de la LPCALE se impone la fórmula: “el Tribunal podrá”, - no es dable, con independencia de que sean admitidas o no, ni en un supuesto ni en el otro, limitar a las partes instar al Tribunal para su aplicación, en tanto tal restricción conculca, de forma frontal y directa la totalidad de principios básicos de la deontología jurídica pero esencialmente “la libertad e independencia de los abogados en el ejercicio de su profesión”. Desde otra arista del análisis es dable plantear que, habida cuenta de la exigencia al Fiscal , en sede penal por medio del artículo 103 de la Ley de Procedimiento Penal que, advertido por este en causa en que intervenga falta disciplinaria lo ponga en conocimiento del Tribunal, - obviamente invocando la facultad disciplinaria-; nada obsta para que, en el plano de la igualdad orgánica, contenida, tal como ha quedado dicho, en el artículo 143 de la Ley No. 4 “Ley De Organización del Sistema Judicial” ; tanto en esta jurisdicción como en cualquier otra, puedan las partes, “en igualdad de condiciones” accionar sobre el mentado particular. Los principios deontológicos de libertad e Independencia Profesional del Abogado, ampliamente refrendada en el plano deontológico interno , más como un deber que como un derecho, unido a la exigencia contenida en los Parámetros de Calidad para la Atención a las Personas Naturales de accionar ante quien corresponda, frente a un proceder no ajustado a los términos de ley durante la tramitación del asunto , -exigencia donde se mezcla deontología con técnica pero que, indudablemente, tiene una fuerte carga deontológica al contener intrínsecamente, como norma, la Protección de la libertad e independencia del Abogado ante presupuestos de actuación en que se pueda ver comprometida esta-, se encargan por si solo de responder los cuestionamientos formulados, desde esta perspectiva es dable afirmar que se ha conducido, el abogado actuante, en el ejercicio del derecho a la defensa, con independencia profesional en legítimo ejercicio de su derecho y en obediencia de su deber como abogado, guardando obediencia solo a la ley, exigencia contenida, a falta de código deontológico, en el Artículo 4 inciso b) del Código de Ética . Retomando el plano procesal, en lo absoluto constituye actuación inadecuada instar a la sala para que hiciera uso de la mentada facultad discrecional; siguiendo la sistemática de MENDOZA, encuentra sustento dicho actuar en la naturaleza misma del proceso y el procedimiento, entendido el primero como el conjunto de actos del Tribunal y de las partes encaminados a la realización del Derecho a partir de principios tales como “CONTRADICCIÓN” e “IGUALDAD” entre tantos otros vistos en su aspecto estrictamente formal, regidos por la ley procesal. Desde esta perspectiva, la LPCALE, cual camisa de fuerza que ciñe el actuar del juzgador y las partes en el proceso no establece para las partes otras limitaciones que las recogidas explícitamente en el propio texto legal por lo que nada obsta, por muy poco común que sea lo solicitado , para que las partes puedan instar al Tribunal para que haga uso de cualquiera de las instituciones procesales que, como parte del procedimiento, esta contiene, incluida la prevista en los artículos del 184 al 193 de la LPCALE, institución que, aun cuando facultativa, como otras tantas, - tal como ha quedado dicho-, está al alcance, como cada resquicio de la ley, para todas y cada uno de las partes que intervienen en el proceso. Desde estas perspectivas, únicas posibles en el plano que se aborda, no deberá confundirse el atrevimiento y la valentía con el irrespeto, semejante confusión conduciría irrevocablemente a la apatía jurídica, a la desidia y a poner frenos a la libertad e independencia del abogado en el ejercicio del derecho a la defensa y a la libertad de actuación de las partes en el proceso. Sinceras condolencias merece quien confundiese la utilización de una simple prerrogativa procesal, admitida o no, con el irrespeto hacia los jueces. En el plano del derecho comparado el antecedente más ilustrativo de la legitimidad del accionar objeto de cuestionamiento lo encontramos en el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 59 Relativo a la Protección de la libertad e independencia del Abogado el que contiene presupuestos de actuación en ocasiones en que la libertad e independencia del abogado se puede ver comprometida, por una simple situación de enfrentamiento entre el Juez y abogado. El temor a una relación difícil entre ambos, por las consecuencias que ello puede acarrear para futuras actuaciones profesionales del letrado frente al mismo juzgador, pueden ser circunstancias determinantes, por ello, frente a esta posible amenaza de la independencia se creó, en el mentado Estatuto la figura del Amparo Colegial; en este sentido, en el mentado precepto se dispone: “Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o Tribunal bajo la fe el secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales”, esta herramienta, afirma NIETO PEREZ ,….no solo contribuye el cumplimiento cabal de rol social de la abogacía, sino que además se encuentra en correspondencia con la obligación que como colegiados impone, al abogado español, el art. 10 CDAE . PALABRAS FINALES En correspondencia con lo razonado es dable afirmar que resulta inadecuado, por transgredir los mandamientos deontológicos universalmente exigidos para el ejercicio de la abogacía, no solo calificar de desacierto tal actuación, sino la proscripción manifiesta de instar el accionar del juzgador, tanto en el plano material como procesal en cualquiera de las prerrogativas que contiene el ordenamiento; es esta una muestra, que desgraciadamente nos suena cercana a muchos, de situaciones que afectan al desempeño de la defensa y una innecesaria exposición del abogado ejerciente a cuestionamientos y enjuiciamientos derivados de acciones que en realidad en nada contradicen sus obligaciones profesionales y deontológicas. No queremos cerrar nuestra monografía sin retomar lo afirmado por POINCARÉ: «Sólo pesan sobre el abogado servidumbres voluntarias; ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual; a nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos; no tiene, de tejas abajo, otro señor que el Derecho. De ahí en el abogado un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado».

Este abogado, tal cual ha sido retratado, es el ideal que deberíamos todos intentar ser. Sirva todo lo expresado como una invitación a que sigamos trabajando, cada uno desde nuestra posición, en aras del fortalecimiento y respeto de los mandamientos deontológicos que, como un todo único, inspiran nuestra profesión.

Una Aproximación a la Deontología Jurídica para Abogados. (A propósito de la Sentencia No. 200/15 del TPP de Matanzas. Cuba). Autor. Especialista Mario Jorge González Viera

Una Aproximación a la Deontología Jurídica para Abogados. (A propósito de la Sentencia No. 200/15 del TPP de Matanzas. Cuba). Autor. Especialista Mario Jorge González Viera PREAMBULO El establecimiento de normas deontológicas para el ejercicio de la abogacía es, -y ha sido históricamente-, una exigencia universal, muestra de ello es la existencia de numerosos Códigos Deontológicos a través de todo el mundo, que, en su gran mayoría adentran sus raíces históricas en el Derecho Romano y en las sagradas escrituras cristianas como las de Ivo Hélori , santo patrón de los abogados. En el caso concreto de nuestro país los mandamientos deontológicos se encuentran diluidos en un conjunto de normas que, aun cuando no con esa denominación; -como lo son el Decreto ley 81 de 8 de Junio de 1984 sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, su reglamento: La Resolución No. 142 del Ministro de Justicia de fecha 18 de Diciembre de 1984, y el Código de Ética de la ONBC-; contienen, conjuntamente con normas de contenido orgánico, mandamientos deontológicos y éticos sobre los principios, deberes y derechos inherentes al ejercicio de la abogacía en Cuba. Amén de la existencia de estas regulaciones, constituye hoy un problema latente para nuestra comunidad jurídica , o al menos así lo apreciamos, el conocimiento, - o mejor diríase: el desconocimiento-, tanto en nuestro entorno como por parte de los intervinientes en la administración de justicia, sin hacer distinciones de naturaleza y jurisdicción, sobre cuáles son los principios, deberes y derechos que en el plano deontológico rigen el ejercicio de la abogacía, así como el alcance y límites que estos imponen tanto al juzgador como en las relaciones que se establecen entre todos y cada uno de los intervinientes en el proceso y en relación con las actuaciones procesales. Aun cuando el cumplimiento de las normas deontológicas por parte de los profesionales del derecho no son una exigencia exclusiva de la actuación procesal , por medio de esta incipiente monografía, -texto argumentativo por excelencia-, pretenden los autores desarrollar una breve aproximación al tema sin otro propósito que el de llamar la atención de la comunidad jurídica, auditorio por excelencia al que va dirigido, acerca de limitaciones que, en el ejercicio profesional se manifiestan en relación con la vigencia de los principios que, en el plano deontológico están llamados a regir nuestra conducta en el ámbito de actuación procesal; para ello, vamos a utilizar como muestra, -con ánimo exclusivamente didáctico y académico, en el contexto del mas irrestricto respeto a la función jurisdiccional y partiendo de obligados referentes doctrinales y legales-, de un análisis de pronunciamientos de sala en la Sentencia No. 200 de fecha 18 de Diciembre de 2015 dictada en el Expediente de Apelación No. 251 de 2015 del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. Resulta obligado, para el propósito que nos trazamos, partir de necesarias definiciones doctrinales sobre qué es la deontología, deontología y ética en el plano profesional, para caer luego en su análisis en el plano jurídico, así como una breve exposición de los principios que la rigen y los deberes, -más que los derechos-, que éstos le imponen a la actuación de los abogados en su desempeño procesal.  ¿Qué es la deontología? La deontología es la ciencia del deber ser y se refiere en particular a los deberes que corresponden a determinadas situaciones sociales. Según la definición de BATAGLIA: “es aquella parte de la filosofía que trata del origen, la naturaleza y el fin del deber” . El término “deontología” viene reconocido como la “ciencia o tratado de los deberes”, donde BENTHAM , en su visión utilitarista, defiende la investigación ética de las reglas de conducta individual que no conciernen a la legislación. En cuanto al contenido de las normas deontológicas, estas tienen un carácter preferentemente ético y presentan puntos de contacto con las normas de la costumbre y tienden a transformarse en normas jurídicas. Su contenido substancialmente moralista no autoriza, sin embargo, a considerarlas como normas de carácter moral.  Deontología y Ética Profesional Aplicada a las profesiones intelectuales, la deontología designa el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional. De manera general, toda normativa de comportamiento del profesional que no tenga un carácter meramente técnico, pero que esté vinculado de cualquier forma al ejercicio de la profesión, entra en el ámbito de la normativa deontológica .

 La deontología configura como un principio que inspira las formas en las que se debe obrar dentro del ejercicio de una profesión. En el caso de la abogacía, resulta necesario conocer cuál es el contenido de los deberes y obligaciones que vienen contempladas para este colectivo .

Pero a pesar de trabajar con el mismo arsenal conceptual, existen diferencias que determinan aún más si cabe, la relación existente entre ambas. En cuanto a la obediencia, los valores éticos pertenecen al mundo de los valores intrínsecos del individuo, es decir, a la conciencia individual, donde el sujeto por sí mismo puede decidir libremente si se ajusta a una serie de pautas de comportamiento o no. No son normas imperativas y su falta de cumplimiento no conlleva sanción aplicable, como no lo es alejarte del comportamiento o la regla social generalmente aceptada. Resulta evidente, en este sentido, la inexistencia de mecanismos institucionalizados que se pongan en marcha con el mecanismo de la sanción ante la vulneración de un precepto ético individual, y por supuesto, que se pueda considerar como un precepto de obligado cumplimiento para todos con carácter general . Sin embargo, en la deontología profesional nos encontramos con una proyección diferente. Si bien es cierto que su creación tiene como primer orden el establecimiento de reglas que atañen a la moral y ética en sentido estricto, no es menos cierto que su carácter imperativo responde al reconocimiento interno de reglas y normas de obligado cumplimiento en las diferentes profesiones.  Identidades, puntos de contacto y diferencias entre ética y deontología. Cuando se habla de deontología, irremediablemente, se hace alusión a la ética y, en especial, a la ética profesional. Se propone, con TORRES DIAZ, que, “la ética profesional es esa ética aplicada, -tal como ha quedado dicho-, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, en consecuencia, horizonte, configuradora del sentido y la motivación de la deontología”  Deontología y Ética del Abogado Etimológicamente la palabra abogado proviene de la voz latina “advocatus” formada por la partícula ad que significa “a” o “para” y por el participio vocatus, que quiere decir llamado. Llamado “a” o “para”, porque los romanos acostumbraban llamar a las personas que tenían un conocimiento profundo del derecho para que les auxiliaren en los asuntos difíciles. En los tiempos actuales el abogado es llamado para auxiliar a las partes en sus alegaciones . Si bien el término abogado es el participio pasado del verbo abogar que en el Diccionario de la Real Academia Española significa defender en juicio, por escrito o de palabra; interceder, hablar a favor de alguien, en la actualidad el término abogado refiere a un sujeto que se define como licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. Este sujeto es un ser humano, un técnico y un ciudadano. Como ser humano debe defender los derechos fundamentales encabezados por la libertad, como técnico debe intentar lograr, con rectitud, la eficiencia y como ciudadano debe siempre procurar el civismo. En todos esos cometidos estarán presentes la vocación, la aptitud y la dedicación del abogado . Es la abogacía el paradigma de las profesiones liberales. De un lado, porque su fricción permanente y estructural, –funcional-, con los poderes públicos hace patente de forma natural su necesidad de mantenerse independiente de ellos; y de otro, porque explica con extraordinaria claridad el paradigma sinalagmático, - entiéndase bilateral-, propio de la ética jurídica, por el que se hace transacción de ética auto-regulada por independencia . Autores como SÁNCHEZ-STEWART definen a la deontología jurídica como “el conjunto de normas jurídicas que regulan sus relaciones con su cliente, con la parte adversa, con sus compañeros de profesión, con los órganos y funcionarios ante los que actúa y con su colegio profesional, normas cuyo origen y tutela es corporativo”. ÁNGELA APARISI la entiende como “aquella exigencia moral anclada en la naturaleza de una profesión”. Desde esta perspectiva, las normas deontológicas son, básicamente, exigencias de ética profesional. Por ello, al igual que ocurre con las normas morales, se nos muestran prima facie como un deber de conciencia. La Ética puede ser delimitada como la ciencia que regula la conducta humana conforme a los principios fundamentales de la razón, así como las pretensiones exigibles por la naturaleza humana conforme a los fines que se persiguen . Aun cuando se habla indistintamente de Deontología y Ética Jurídica, al punto de utilizar indistintamente estos términos, tanto en el plano doctrinal como reglamentario, estos no son sinónimos. La ética del abogado, en consonancia con lo antes expuesto, es quien da sentido, motivación y alcance estructural a la deontología del abogado. Habida cuenta de la función social que desempeña la abogacía, requiere ésta estar dotada de principios deontológicos que se desdoblan en virtudes y exigencias de actuación, - tanto en el plano individual como corporativo-, y que respondan a su objeto social al punto de que sus miembros adecúen su actuación a pautas de comportamiento que garanticen el cumplimiento de la función social asignada. Para ello resulta absolutamente necesario que la abogacía esté dotada de un control deontológico que devenga en potestad disciplinaria y que responda ante el incumplimiento de tales exigencias de comportamiento. Es por ello que, junto a la búsqueda, a través de la deontología, de un profesional que preste un servicio de excelencia, se debe salvaguardar el cumplimiento de estos principios y actuar correctivamente en el plano disciplinario ante la falta de observancia de los mismos, - tanto por exceso como por defecto-, para garantizar la correcta ejecución de la misión por la sociedad encomendada. Si la Deontología del Abogado es un conjunto de normas jurídicas que regulan sus actuaciones profesionales, las normas deontológicas crean una pléyade de derechos y obligaciones para aquéllos con los que se relaciona. La Deontología -inspirada generalmente pero no siempre por el sentido común- no sólo sanciona sino plasma en un conjunto de normas la conducta recta, aquélla que será demandada por la sociedad. Porque en el estado social y democrático de derecho el abogado no es solamente el operador jurídico que vela por los intereses de su cliente, es más que eso: es el que presta un servicio a la sociedad garantizando el derecho de defensa y a la representación sin el cual el estado de derecho no existe. No es sólo un servidor de la justicia ni un colaborador de ella; es, es ésta, actor protagónico, elemento esencial en su impartición y está llamado, con su actuación, tanto ante los órganos ante los que actúa como fuera de estos, a ser paradigma de comportamiento social. PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS LLAMADOS A REGIR EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA El ejercicio de la Abogacía, no puede entenderse sin una inflexible ética profesional y sin el escrupuloso respeto de los principios deontológicos inspiradores de la profesión: Independencia y libertad profesional, amparo colegial, honestidad, integridad y justicia; Igualdad Procesal - Debido y recíproco respeto entre poder judicial y abogados; integridad - conflictos de interés, confidencialidad - secreto profesional, actuación ética, entre otros. Correspondiendo, tal como corresponde a los poderes públicos velar y garantizar la prevalencia de estos principios, habrán estos de salvaguardar, especialmente, el sagrado derecho – deber de los abogados de llevar a cabo el ejercicio de su profesión de manera tal, que nunca vean coartada su actuación en tanto ello implicaría un detrimento de los derechos fundamentales de defensa y representación consagrados en las constituciones y en las leyes en los estados sociales y democráticos de derecho.  Interrelación e interdependencia de estos principios. Aun cuando, con fines didácticos son tratados por separados o en forma de duetos indisolubles, huelga expresar que en el ejercicio de la profesión existe una interrelación e interdependencia tal entre estos que resulta imposible contextualizarlos de forma independiente; tal es el punto de esta prevalencia e interrelación que sólo impone límites a la vigencia de cada uno de estos la colisión con otro u otros principios . A modo de ejemplo: A la libertad e independencia del abogado en el ejercicio de sus funciones solo le imponen límites la colisión con los principios de Honestidad e Integridad, Igualdad Procesal - Debido y Recíproco respeto entre Poder Judicial y Abogados  Independencia y Libertad Profesional . En ningún lugar es más completa la libertad que en el foro. Es el abogado hombre libre en toda la extensión de la palabra… ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual; a nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos; no tiene, de tejas abajo, otro señor que el derecho; nada más ilustrativo que estas palabras de POINCARÉ para ilustrar sobre la libertad e independencia del abogado en el ejercicio de su función social. La independencia y libertad del abogado, resulta tan necesaria como la imparcialidad del Juez, dentro de un Estado de Derecho. Independencia es sinónimo de libertad, emancipación, autonomía, inconexión, liberación, soberanía, firmeza, cualidad o condición de independiente”, firmeza. Por su parte, independiente es sinónimo de liberal, imparcial, libre, autónomo, desunido, emancipador, soberano. Libertad es la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos” y, a los efectos que nos interesan la “falta de sujeción y subordinación” Interpretada como el derecho que tienen los abogados de ejercer su profesión sin injerencia de ningún tipo, se desdobla esta en dos aspectos bien demarcados: libertad e independencia de toda injerencia de los poderes públicos; y libertad e independencia de toda injerencia en las relaciones con los clientes. El abogado debe preservar su independencia frente a las presiones de los poderes públicos y no debe adquirir intereses personales en el pleito. Esto es, el abogado puede estar incurso en causas de incompatibilidad absoluta para ejercer como tal y debe abandonar la profesión o puede estar incurso en causas de incompatibilidad relativas a un asunto y debe cesar en la defensa o representación, velando por no originar indefensión al cliente . Sobre la independencia del abogado, ha dicho GARRIDO SUAREZ, debe ser entendida como la garantía que ostenta este, como profesional liberal, en el desempeño de su labor frente a posibles intromisiones de terceros; sin que pueda entenderse que la consulta de cuestiones y casos con los compañeros de gabinete, así como la colaboración económica para el sostenimiento del despacho no debería afectar a su independencia, se refiere esta a aquellos aspectos en los que nadie puede influir en el profesional, por ser el único responsable de su lex artis. En el plano de la independencia en las relaciones con el cliente ambos principios se reflejan en la libertad del abogado de asumir la dirección de un asunto y libertad en la forma y manera en que en el plano técnico lo hace , - no es dable ver, desde el punto de vista civil, la representación como un contrato de mandato, que sitúa al mandatario en la obligación de atenerse a las instrucciones del mandante sino, normalmente, un arrendamiento de servicios como ha venido declarando la jurisprudencia española en innumerables oportunidades -; en tal sentido, la independencia se convierte en un derecho-deber y a la vez en un requisito básico del Estado de Derecho, que permite al abogado rechazar las instrucciones que atenten contra sus propios criterios, debiendo cesar en el asunto cuando considere que no puede continuar con absoluta independencia; y en la libertad del cliente de elegir al letrado que desee y de cesar la relación profesional cuando lo estime conveniente. La libertad e independencia del abogado adquiere una doble connotación; siendo su actuación particularmente personal y liberal, -libre de injerencias e intromisiones tanto del gremio al que pertenece como de los órganos estatales-, su responsabilidad, tanto en el plano civil como penal por su actuar no ajustado a la ley es, en consecuencia, esencialmente personal. Esta responsabilidad encuentra su fundamento por tanto, en el ejercicio personal de la profesión que se encuentra basado a su vez en su competencia específica y en la independencia de su actividad como elemento esencial del ejercicio de una profesión liberal. Cada vez más se está tomando, en el mundo actual, conciencia de la importancia de la responsabilidad e independencia del profesional, llegando en algunos casos a imponer nuevos deberes o endurecer las exigencias hechas en los diferentes códigos deontológicos. Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. Así como que los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio. El requisito de independencia demanda del abogado practicante en lo individual, del gobierno y de la sociedad civil, el dar prioridad a la independencia de la profesión jurídica sobre aspiraciones personales y a respetar la necesidad de una profesión jurídica independiente. Los clientes tienen el derecho a esperar, del abogado, un consejo independiente, imparcial y sincero, sin que pueda importarle a este si el consejo es o no del agrado del cliente.

La independencia requiere que el abogado actúe por el cliente sin que existan conflictos de intereses indebidos consigo mismo, ni influencias externas indebidas, ni cualquier preocupación que pueda interferir con el mejor interés del cliente o el criterio profesional del abogado.

 Manifestación de este Principio en el Ordenamiento Interno y Supranacional La Independencia Profesional del Abogado se encuentra contenida, en el plano interno como Principio General en el Artículo 2 inciso a) del Decreto Ley 81 sobre el Ejercicio de la Abogacía cuando regula este en su Artículo 2 Inciso b) … El Ejercicio de la Abogacía es libre y …. en sus funciones el abogado es independiente y solo debe obediencia a la ley así como en el Artículo 4 inciso b) del Código de Ética de la ONBC cuando presupone que….El Abogado, en el ejercicio de la profesión debe: Actuar con independencia profesional, como derecho y como deber, guardando obediencia solo a la ley . En el plano supranacional se expone, en los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica , que para la administración de justicia y el funcionamiento del Estado de Derecho es indispensable que el abogado actúe para el cliente con una capacidad profesional libre de dirección, control o interferencia; ello presupone que si no se garantiza por los estados la independencia del abogado y éste es sujeto de interferencia de parte de otros, en especial de quienes ostentan el poder, será difícil, por no decir imposible, para el abogado proteger a los clientes. Igualmente se aborda este principio en los Principios Internacionales sobre la Independencia de Jueces, Abogados y Fiscales y en los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica , así como en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, en estos últimos, en su Principio No. 14 se declara que Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes…. y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. Por su parte, los Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica de la IBA recoge, en su página 4 que…. el abogado deberá mantener su independencia y deberá serle proporcionada la protección que esa independencia confiere en el ofrecimiento de asesoría y representación imparcial a clientes. El abogado deberá ejercer un criterio profesional independiente e imparcial al asesorar al cliente, incluso en cuanto a las probabilidades de éxito del caso.  Amparo Colegial Para protegerse frente a las posibles amenazas para la independencia que puede representar una excesiva intervención de los poderes estatales, los abogados se agrupan en colegios o barras de abogados, las cuales han desarrollado la institución del amparo. Amparo es acción y efecto de amparar o ampararse y amparar, el valerse del apoyo o protección de alguien o algo y también defenderse o guarecerse. Es necesario acudir al sentido natural de las palabras ya que dentro del ordenamiento jurídico, - tanto el español como el nuestro-, el amparo en la acepción a la que nos referimos no está definido por la ley. En el caso concreto de nuestro país en el artículo 70 de la Constitución de la República de Cuba promulgada en 1940 se estableció la colegiación oficial obligatoria como requisito para el desempeño de profesiones universitarias, texto que reprodujo luego la Ley Fundamental de 2 de febrero de 1959 , disposición que por supuesto incluía el ejercicio de la abogacía , a cargo de Licenciados en Derecho. Es así que funcionaban colegios de abogados que agrupaban a los profesionales del Derecho que desempeñaban esa función . Asociados a la posible responsabilidad que puede serle exigida a los abogados en cualquiera de los ámbitos en que interactúa, aun cuando no existe un mecanismo de amparo colegial propiamente dicho, existen legal y reglamentariamente instituidos mecanismos que protegen su integridad y sus derechos, tanto genéricos como especiales , Entre los primeros se hallan los establecidos en la Constitución y las leyes orgánicas y procesales, y entre los segundos los contenidos en el Decreto Ley 81 y su Reglamento, los Acuerdos de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de estos mecanismos, algunos funcionan frente a terceros, con los que se relaciona el abogado en el desempeño de su actividad, y otros están destinados a protegerlo en sus relaciones con la propia Organización a la que pertenece . Una asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera, que tiene en nuestros medios el tema de la colegiación y las regulaciones deontológicas en general y en particular las relativas a la libertad e independencia y el amparo colegial lo tenemos en que, tanto el estatuto general que establece el ejercicio de la abogacía: Decreto Ley 81, así su reglamentación deontológica , - aun cuando no con esa denominación-, dimanan de los poderes estatales, quedando sólo en la esfera de las regulaciones emitidas por la colegiación el Código de Ética, - que bajo concepto alguno constituye un código deontológico-, y los Acuerdos de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, sin que, en ninguno de estos contenga, de manera directa, pronunciamiento alguno en relación con el amparo colegial. A diferencia de ello, en el plano del derecho comparado, el abogado ejerciente en España , si bien debe respetar los principios éticos y deontológicos contenidos en el Estatuto General de la Abogacía Española emitido por los poderes estatales y aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, comienza a manifestarse la libertad, independencia y amparo colegial, de forma escalonada, con la promulgación y aprobación por la barra internacional del Código Deontológico del Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) de 28 de noviembre de 1998, en el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española (27 noviembre 2002), en el que el Consejo de Colegios de la Autonomía correspondiente tuviera aprobado y en los del Colegio Territorial en que estuviere incorporado . En el plano particular del amparo colegial se encuentra refrendado este en el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 59 Relativo a la Protección de la libertad e independencia del Abogado el cual contiene presupuestos de actuación, tanto del abogado en el plano individual como de las barras de abogados en ocasiones en que la libertad e independencia del abogado se puede ver comprometida.  Honestidad, integridad y Justicia.

El abogado deberá mantener en todo momento los estándares más altos de honestidad, integridad y justicia hacia los clientes, los tribunales, colegas y todos aquellos con los que entre en contacto profesional. 
La confianza en la profesión jurídica requiere que cada miembro de la profesión sea un ejemplo de integridad, honestidad y justicia. En el curso de la representación de un cliente un abogado no deberá hacer a sabiendas una declaración de hecho o de derecho de la que tiene el conocimiento de que es falsa, o abstenerse de corregir una declaración falsa y de importancia material o jurídica formulada con anterioridad por el abogado. Los abogados tienen la obligación de ser profesionales en el trato con clientes, otras partes y abogados, las cortes, el personal de las cortes, y el público. Esta obligación incluye civilidad, integridad profesional, dignidad personal, franqueza, diligencia, respeto, cortesía y cooperación, todas las cuales son esenciales para la correcta administración de la justicia y la resolución de los conflictos. Los abogados deben tener en cuenta que si bien sus deberes a menudo se llevan a cabo en un foro adversarial, no deben tratar a la corte, otros abogados, o el público de manera hostil; sin embargo, existen diferentes estándares esperados de conducta hacia el cliente, los tribunales o un colega profesional ya que tiene este diferentes responsabilidades hacia cada una de estas categorías, variando, la expresión de estas responsabilidades en cada jurisdicción.

 Igualdad Procesal - Debido y recíproco respeto entre el poder judicial y los abogados. “No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas en ser menos” ; de esta forma, cual ley de dios, enuncia el maestro OSSORIO Y GALLARDO en su decálogo la necesidad de igualdad y consecuentemente el debido y recíproco respeto entre el foro y los abogados, dejando con ello por sentado que, en el ejercicio de sus funciones, gozan estos últimos de la misma protección legal que los jueces y fiscales, siendo este dueto de principios, en puridad, una derivación de los principios de honestidad, integridad y justicia. La abogacía es presupuesto del funcionamiento del Poder Judicial. Debe tenerse siempre presente y así habría de hacerse valer, que el eslabón fundamental en la protección del derecho a la tutela judicial efectiva que imparten los jueces y magistrados lo es el trabajo de los abogados por medio del derecho de defensa que a estos viene encomendada; ambos están en el mismo plano institucional y por tanto, gozan del mismo plano de igualdad. El principio de igualdad constituye una derivación, tanto al plano deontológico como procesal, de un principio político refrendado constitucionalmente , y está tan estrechamente vinculado con el de contradicción que debemos ver este último como una manifestación de aquel postulado básico, en el sentido de que lo que condiciona que exista la necesaria bilateralidad es precisamente la aceptación previa de un presupuesto de igualdad entre las partes y entre estos y el juzgador; no en balde se grafica la administración de justicia, en el plano de la equidad, como un triángulo equilátero en uno de cuyos vértices se encuentra el juzgador, y en el resto, los demás intervinientes en el proceso. GIMENO SENDRA considera [...] que el derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso es un derecho fundamental autónomo consagrado en el derecho a un proceso con todas las garantías, o sea, a lo que se conoce, siguiendo la nomenclatura alemana como el principio de “igualdad de armas” [...] Es interesante destacar que el juez que, como integrante del Poder Judicial ha de resolver la contienda litigiosa es, asimismo, un profesional del Derecho que si bien no ha de abogar, dada su propia condición de juzgador, su formación académica y profesional es idéntica a la del abogado. En Inglaterra, por ejemplo, la judicatura es escogida entre los abogados que más se han destacado por sus profundos y amplios conocimientos jurídicos y su intachable conducta, y al ser ungidos como magistrados, lo que es considerado una destacable distinción, adquieren mayor jerarquía, investidura y dignidad. Desde esa perspectiva, cuando el abogado concurre ante los estrados en demanda de justicia, actuando como facilitador de la labor de los magistrados, primero, al traducir en lenguaje técnico todos los deshilvanados relatos y aseveraciones de su cliente, luego al encuadrar el caso en las instituciones jurídicas y normas legales aplicables y ofrecer los medios probatorios que demuestren la veracidad de sus afirmaciones, y por fin al desarrollar los fundamentos en favor de su mandante, ajustándose a las técnicas, plazos y modos procesalmente correctos; no hace más que cumplir la función social de colaborar con la justicia. Ello nos demuestra, una vez más, que la esencia fundamental de la profesión tiene su base, como se ha dicho, en fines de utilidad pública. • Manifestación de este dueto en el ordenamiento interno y supranacional El principio de Igualdad procesal y consecuentemente la necesidad del mutuo y debido respeto entre la judicatura y los abogados se encuentra refrendado en la Ley No. 4 “Ley De Organización del Sistema Judicial de Cuba” cuando preceptúa en su artículo 143 que en el ejercicio de sus funciones los abogados gozan de la misma protección legal que los Jueces y Fiscales ; de similar forma, esta propia ley refrenda en su artículo 13 que la justicia se imparte sobre la base de todos ante la ley De similar manera, encuentran respaldo estos en la letra del propio Artículo 2 inciso b) del Decreto Ley 81 sobre el Ejercicio de la Abogacía por medio del cual se enuncia que disfruta el abogado, en el ejercicio de sus funciones de todos los derechos y garantía legales, en relación con el artículo 41 de la Constitución de la República de Cuba por medio del cual se refrenda la igualdad de todos ante la ley como derecho-garantía básica. Si bien el abogado no es auxiliar de la función jurisdiccional, en puridad no deja de ser un auxiliar de la justicia y como tal, en algunas legislaciones, tal como sucede en nuestra Ley de Organización del sistema Judicial y códigos de éticas, está establecido expresamente que en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados, en cuanto a su dignidad, respeto y consideración, que debe guardársele. En el plano del derecho comparado regula el Código Procesal Civil de la Nación Argentina que…En el desempeño de su profesión el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”; por su parte el Art. 5º de la ley 23.187 de Ejercicio de la Profesión de Abogado en la Capital Federal “El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe. Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a accionar ante el superior jerárquico del infractor, accionar que deberá tramitarse sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma, quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones”, en el mismo sentido, la ley provincial Nº 5233 en su art. 5º inc. 2º establece que “En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele”.  Integridad / Conflictos de interés …. Son los abogados quienes siembran en la opinión pública dudas sobre la magistratura... toda apelación, todo recurso contiene una crítica, forzosamente parcial, de la sentencia impugnada y por tanto, casi siempre, una deformación y una difamación, (como sinónimo de detracción), de ella… …. ¿Dónde termina la santa altivez que exige no doblegarse ante el atropello y donde comienza la petulante litigosidad que rehúye todo sentido de tolerancia?... …Lo que no puede perdonarse nunca un abogado es convertirse en un artífice involuntario de la derrota de su cliente por haber tomado demasiado en serio el debido respeto a la jurisprudencia…

Nada más indicado, a nuestro modesto juicio, para ilustrar la manifestación de este dueto, que  el pensamiento deontológico de CALAMANDREI del que se deriva que, en lo absoluto pugna la integridad del abogado en la representación de los intereses del cliente, muy a menudo en indisoluble conflicto con los poderes estatales; con un comportamiento deontológica y éticamente ajustados.

La conducta profesional del abogado debe ser íntegra y recta. Ser integro y recto, implica no tener miedo, sean cuales sean las consecuencias de su lucha por la justicia. Su actuación, en este sentido debe ser veraz ante los Tribunales y debe fomentar el principio de legalidad. Su actuación debe desarrollarse teniendo en cuenta un profundo respeto de la dignidad personal y un magnificado interés por la mejora de la calidad humana del individuo, buscando, en la medida de lo éticamente posible, una coincidencia entre su actuación con los intereses generales de la sociedad ; no obstante a ello, se encuentra proscripta de la actuación del abogado la defensa de intereses en conflicto con los de su cliente en tanto su lealtad hacia este parte de esta misma integridad. La integridad no es obstáculo para el respeto al abogado adversario. La fraternidad hacia los colegas es importante, pues siempre tiene frente a sí un compañero contendiente que posee armas dialécticas dignas de consideración, pero esta fraternidad no puede rebasar tenues límites, esto es, durante el conflicto jurídico cada abogado debe permanecer en su lado para favorecer a su respectivo cliente y, concluido el tiempo del enfrentamiento, es el momento de la confraternización pero sin que ésta suponga una ofensa innecesaria al cliente. El abogado no deberá asumir una posición en la que los intereses del cliente entren en conflicto sus intereses o los intereses de otro cliente, salvo ser consentido, por autorización del cliente. La confianza y credibilidad en la profesión jurídica y el estado de derecho depende de la lealtad de los abogados hacia sus clientes.

En lo general, el abogado no deberá representar a un cliente si la representación involucra un conflicto de interés. Un conflicto de interés existe si la representación de uno de los clientes está directamente en contra de los intereses de otro cliente; o si existe un riesgo sustancial de que la representación de uno o más clientes se encuentre importantemente limitada por las responsabilidades del abogado hacia otro cliente, un cliente anterior, una tercera persona o por un interés personal del abogado. No obstante la existencia de un conflicto de interés, en algunas jurisdicciones el abogado puede representar al cliente, si considera razonablemente estar en condiciones de brindar una representación competente y diligente a cada cliente afectado; si la representación no se encuentra prohibida por la ley; si no implica la presentación de una reclamación de un cliente en contra de otro cliente representado por el abogado en el mismo litigio o en otro proceso judicial; y si cada cliente afectado otorga su consentimiento informado, y lo confirma por escrito.
El abogado que representada a un cliente no deberá usar ni suministrar información relacionada con dicha representación en desventaja del  cliente salvo cuando así lo exija la propia ley o las reglas éticas aplicables .

En la defensa de los intereses de los clientes, los abogados no deben permitir que sus intereses propios entren en conflicto o desplacen los intereses del cliente. El abogado no deberá ejercer ninguna influencia indebida con el propósito de obtener un beneficio propio y en detrimento del cliente. El abogado no deberá aceptar instrucciones o continuar actuando para un cliente, cuando se dé cuenta que los intereses del cliente en un proceso estarían en conflicto con los intereses propios del abogado. Establece el Código Deontológico de los Abogados Europeos en su Artículo 4.3. Conducta ante los Tribunales. El Abogado defenderá concienzuda y diligentemente los intereses de su cliente sin tener en cuenta los suyos propios o cualquier consecuencia que se le derive para si mismo o para otra persona, manteniendo el debido respeto hacia el Tribunal.  Confidencialidad / Secreto Profesional

El abogado deberá en todo momento mantener y serle otorgada la protección de confidencialidad respecto a los asuntos de clientes actuales o pasados, salvo que lo contrario sea permitido o requerido por la ley y/o por reglas de conducta profesional aplicables .
El derecho y deber del abogado de mantener confidencial la información recibida y la asesoría dada a clientes es una faceta indispensable del estado de derecho y otro elemento esencial para la confianza pública y la confianza en la administración de justicia y la independencia de la profesión jurídica.

Los principios de confidencialidad y secreto profesional tienen dos facetas principales. De un lado, hay un deber contractual, ético y frecuentemente legal de parte de los abogados de mantener en confidencia los secretos de los clientes. El deber legal se refleja en ocasiones en forma de un privilegio probatorio entre el abogado y el cliente; esto difiere de las obligaciones del abogado bajo las reglas de conducta profesional aplicables. Tales obligaciones se extienden más allá de la terminación de la relación cliente – abogado. La mayoría de las jurisdicciones respetan y protegen tales obligaciones de confidencialidad, por ejemplo, mediante la exención al abogado del deber de declarar en las cortes y ante otras autoridades públicas sobre la información que ha obtenido de sus clientes, y/o mediante el otorgamiento de una protección especial a las comunicaciones entre el cliente y su abogado. Legislación reciente que impone deberes especiales sobre los abogados para que colaboren en la prevención de fenómenos delictivos tales como el terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado han llevado a una mayor erosión de la protección del deber de confidencialidad del abogado. Muchas barras se oponen por principio al alcance de esta legislación. Cualquier limitación al deber de confidencialidad/secreto profesional del abogado debe restringirse a información que sea absolutamente indispensable para permitir al abogado cumplir con sus obligaciones legales, o para prevenir que los abogados sean, sin saberlo, usados ilegítimamente por criminales para la consecución de fines indebidos. Si no se presenta ninguna de las anteriores situaciones, y el sospechoso de un crimen anterior busca consejo del abogado, el deber de confidencialidad debe ser completamente protegido. En algunas jurisdicciones, la obligación puede no aplicarse por razones de defensa propia en el curso de procesos judiciales. Además de la renuncia del derecho del cliente, la defensa propia y cualquier otro requerimiento impuesto por la ley, usualmente, la obligación de confidencialidad y secreto profesional del abogado no tiene un límite temporal. La obligación de confidencialidad también se aplica a los ayudantes, practicantes y empleados de las firmas o colegios de abogados. En todo caso, estos deberán asegurarse que quienes trabajan en la barra, sin importar el régimen ocupacional en que lo hacen, mantengan la obligación de confidencialidad y secreto profesional. Los abogados también deben tener cuidado de asegurar que la confidencialidad y el secreto profesional se mantengan con respecto de la información almacenada en computadoras . En nuestras normas deontológicas fundamentales no hay referencias al secreto profesional: ni en el Decreto Ley 81/84 ni en su Reglamento se regula, y ni siquiera se menciona expresamente. En el Código de Ética pueden ser halladas referencias, y no siempre con ese nombre, porque solo se hace alusión al deber de “mantener la más estricta discreción” y luego sí a la obligación de guardar “secreto de las cuestiones que conozca y puedan afectar a su cliente”. Del modo en que está regulado, el secreto es general, y su alcance ilimitado, porque se extiende a todo cuanto conozca el letrado en virtud de su desempeño profesional. Desde ese punto de vista, nada pudiera reportar el abogado, porque todo cuanto conozca está enmarcado en los límites del secreto al que está obligado bajo riesgo, incluso, de ser corregido disciplinariamente.  Actuación Ética El Derecho es un sistema de normas que regula la vida privada, pública y social del ser humano y del ambiente donde vive y constituye una forma de control social caracterizada por el uso de la coacción. El sistema es conducido, en gran parte, por los profesionales de las ciencias jurídicas. Las profesiones jurídicas en cualquiera de sus modalidades (abogacía, procuración , notariado, magistratura) son ejercidas por juristas y en su actuación suele presentar al profesional, en múltiples ocasiones, situaciones en las que, para resolver o adoptar una decisión, no puede recurrir al auxilio de su ciencia, ni de sus libros, ni de sus maestros. Dichas situaciones, que no son habituales en otras profesiones, pueden llevar a estados espirituales complejos y no siempre por la gravedad material del asunto, sino por la huella que la decisión asumida amenaza dejar en la conciencia. Ello obedece fundamentalmente a la responsabilidad que supone tener que trabajar siendo depositarios de destinos ajenos; saber que el honor, la libertad, el patrocinio, de su cliente o del justiciable dependen en gran medida de su actividad. En esos trances, lo que se afecta es la conciencia profesional, aquella que se refiere a los deberes que incumben en el ejercicio de la profesión; y que, en realidad, no está divorciada de la conciencia que llamaríamos general. El abogado bien formado no sólo está dotado de conocimientos, técnicas y destrezas, propios de la ciencia jurídica, sino que debe poseer una formación ética que lo haga digno del alto ministerio que ejerce, teniendo presente que la función que cumple es en beneficio de su cliente para que la convivencia en sociedad resulte más armoniosa, racional y justa . La formación de una conciencia moral profesional ha sido abordada por cultores de la ética jurídica como han sido OSSORIO Y GALLARDO, español, cuya obra El Alma de la toga es un clásico en la literatura jurídica argentina y uno de los primeros libros que los colegas mayores solían poner a mano de los jóvenes graduados, del mismo modo que los Mandamientos del Abogado del jurista uruguayo Eduardo J. COUTURE . Esta conciencia profesional debe ser clara y digna en el abogado, imbuido del sentimiento de la responsabilidad profesional y de la convicción de que en poco tiempo las normas de conducta por simple gravitación de su propia excelencia van a impedir que el profesional pueda ser cómplice del fraude, instigador del dolo, encubridor del delito, pues sin respeto por las normas morales, la profesión jurídica es inútil y, más que ello, nociva. Hasta aquí todo lo que, sino lo único, al menos hemos considerado oportuno abordar como basamento doctrinal y legislativo, tanto en el plano interno como supranacional y de derecho comparado de lo que hemos dado en llamar, el complemento práctico de nuestra monografía, basamento dogmático y legal que nos permite cuestionarnos, - como sinónimo de debatir-, el silogismo sentencial que dio al traste,- queja mediante-, con la decisión de apertura, por parte de la Dirección Provincial de Bufetes de Matanzas de expediente indagatorio por presunta violación del Reglamento Disciplinario y la activación de la Comisión de Ética contra uno de los autores del trabajo.

 UNA A APROXIMACIÓN AL TEMA A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA No. 200/15 Con motivo de instarse a la sala, por medio de otrosí, en escrito de ampliación de recurso de apelación interpuesto contra el Auto Definitivo No. 44 de 2015 , para que, si a bien y justificado lo asumiera, hiciese uso de la facultad disciplinaria que le confiere el artículo 187 apartado 1, en relación con el artículo 184, todos de la LPCALE ante irrespetuoso comportamiento del ponente en los considerandos del auto recurrido; no solo hacia la persona de la letrada que interpone el proceso al dirigirse inadecuadamente a su personalísimo actuar,(…) sino también contra la persona que tiene sobre su responsabilidad la función se supervisión inicial de la contratación, al atacar de forma directa e innecesaria la forma en que se produce esta, lo que, sin lugar a dudas es constitutivo de la falta prevista en el artículo 186 apartado 1 inciso c) de la citada ley procesal, ante la necesidad del debido respeto a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso . En relación con lo solicitado se ha pronunciado el fuero por medio del silogismo contenido en la mentada sentencia en el sentido de que, no solo “no es dable al recurrente instar al Tribunal para el ejercicio de tal facultad”, sino que, calificando de “desacierto” dicho actuar, le ha conminado a “abstenerse” en lo sucesivo de incurrir en semejante comportamiento…. Sobre la posición asumida por el juzgador, -con el más irrestricto respeto y sólo desde una perspectiva netamente académica-, nos tomamos la licencia de cuestionar: • ¿Existe fundamento legal, ético o deontológico alguno para limitar la libertad e independencia del abogado en su accionar de instar al Tribunal para que haga uso de facultades discrecionales o potestativas contenidas en el procedimiento? • ¿Es dable, no solo cuestionar, sino limitar la actuación procesal encaminada a instar al Tribunal para que por medio de su facultad disciplinaria, restablezca el debido respeto a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso?, • ¿Realmente constituye tal accionar un desacierto? Todos estos cuestionamientos encuentran respuesta en los postulados deontológicos que tanto en el plano doctrinal como legal han sido prolijamente expuestos, no obstante, consideramos necesarios los siguientes razonamientos. Con independencia de tratarse en el caso de la aplicación de la potestad disciplinaria una acción facultativa del juzgador, como otras tantas en el contexto tanto material como procesal, - en sede penal, por solo citar dos ejemplos, la aplicación de la facultades previstas en los artículos 17.1 y 54.1 del Código Penal y en sede procesal civil las facultades contenidas en los artículos 273 y 803 todas facultativas, en la que, en igualdad de condiciones que el artículo 184.1 de la LPCALE se impone la fórmula: “el Tribunal podrá”, - no es dable, con independencia de que sean admitidas o no, ni en un supuesto ni en el otro, limitar a las partes instar al Tribunal para su aplicación, en tanto tal restricción conculca, de forma frontal y directa la totalidad de principios básicos de la deontología jurídica pero esencialmente “la libertad e independencia de los abogados en el ejercicio de su profesión”. Desde otra arista del análisis es dable plantear que, habida cuenta de la exigencia al Fiscal , en sede penal por medio del artículo 103 de la Ley de Procedimiento Penal que, advertido por este en causa en que intervenga falta disciplinaria lo ponga en conocimiento del Tribunal, - obviamente invocando la facultad disciplinaria-; nada obsta para que, en el plano de la igualdad orgánica, contenida, tal como ha quedado dicho, en el artículo 143 de la Ley No. 4 “Ley De Organización del Sistema Judicial” ; tanto en esta jurisdicción como en cualquier otra, puedan las partes, “en igualdad de condiciones” accionar sobre el mentado particular. Los principios deontológicos de libertad e Independencia Profesional del Abogado, ampliamente refrendada en el plano deontológico interno , más como un deber que como un derecho, unido a la exigencia contenida en los Parámetros de Calidad para la Atención a las Personas Naturales de accionar ante quien corresponda, frente a un proceder no ajustado a los términos de ley durante la tramitación del asunto , -exigencia donde se mezcla deontología con técnica pero que, indudablemente, tiene una fuerte carga deontológica al contener intrínsecamente, como norma, la Protección de la libertad e independencia del Abogado ante presupuestos de actuación en que se pueda ver comprometida esta-, se encargan por si solo de responder los cuestionamientos formulados, desde esta perspectiva es dable afirmar que se ha conducido, el abogado actuante, en el ejercicio del derecho a la defensa, con independencia profesional en legítimo ejercicio de su derecho y en obediencia de su deber como abogado, guardando obediencia solo a la ley, exigencia contenida, a falta de código deontológico, en el Artículo 4 inciso b) del Código de Ética . Retomando el plano procesal, en lo absoluto constituye actuación inadecuada instar a la sala para que hiciera uso de la mentada facultad discrecional; siguiendo la sistemática de MENDOZA, encuentra sustento dicho actuar en la naturaleza misma del proceso y el procedimiento, entendido el primero como el conjunto de actos del Tribunal y de las partes encaminados a la realización del Derecho a partir de principios tales como “CONTRADICCIÓN” e “IGUALDAD” entre tantos otros vistos en su aspecto estrictamente formal, regidos por la ley procesal. Desde esta perspectiva, la LPCALE, cual camisa de fuerza que ciñe el actuar del juzgador y las partes en el proceso no establece para las partes otras limitaciones que las recogidas explícitamente en el propio texto legal por lo que nada obsta, por muy poco común que sea lo solicitado , para que las partes puedan instar al Tribunal para que haga uso de cualquiera de las instituciones procesales que, como parte del procedimiento, esta contiene, incluida la prevista en los artículos del 184 al 193 de la LPCALE, institución que, aun cuando facultativa, como otras tantas, - tal como ha quedado dicho-, está al alcance, como cada resquicio de la ley, para todas y cada uno de las partes que intervienen en el proceso. Desde estas perspectivas, únicas posibles en el plano que se aborda, no deberá confundirse el atrevimiento y la valentía con el irrespeto, semejante confusión conduciría irrevocablemente a la apatía jurídica, a la desidia y a poner frenos a la libertad e independencia del abogado en el ejercicio del derecho a la defensa y a la libertad de actuación de las partes en el proceso. Sinceras condolencias merece quien confundiese la utilización de una simple prerrogativa procesal, admitida o no, con el irrespeto hacia los jueces. En el plano del derecho comparado el antecedente más ilustrativo de la legitimidad del accionar objeto de cuestionamiento lo encontramos en el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 59 Relativo a la Protección de la libertad e independencia del Abogado el que contiene presupuestos de actuación en ocasiones en que la libertad e independencia del abogado se puede ver comprometida, por una simple situación de enfrentamiento entre el Juez y abogado. El temor a una relación difícil entre ambos, por las consecuencias que ello puede acarrear para futuras actuaciones profesionales del letrado frente al mismo juzgador, pueden ser circunstancias determinantes, por ello, frente a esta posible amenaza de la independencia se creó, en el mentado Estatuto la figura del Amparo Colegial; en este sentido, en el mentado precepto se dispone: “Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o Tribunal bajo la fe el secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales”, esta herramienta, afirma NIETO PEREZ ,….no solo contribuye el cumplimiento cabal de rol social de la abogacía, sino que además se encuentra en correspondencia con la obligación que como colegiados impone, al abogado español, el art. 10 CDAE . PALABRAS FINALES En correspondencia con lo razonado es dable afirmar que resulta inadecuado, por transgredir los mandamientos deontológicos universalmente exigidos para el ejercicio de la abogacía, no solo calificar de desacierto tal actuación, sino la proscripción manifiesta de instar el accionar del juzgador, tanto en el plano material como procesal en cualquiera de las prerrogativas que contiene el ordenamiento; es esta una muestra, que desgraciadamente nos suena cercana a muchos, de situaciones que afectan al desempeño de la defensa y una innecesaria exposición del abogado ejerciente a cuestionamientos y enjuiciamientos derivados de acciones que en realidad en nada contradicen sus obligaciones profesionales y deontológicas. No queremos cerrar nuestra monografía sin retomar lo afirmado por POINCARÉ: «Sólo pesan sobre el abogado servidumbres voluntarias; ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual; a nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos; no tiene, de tejas abajo, otro señor que el Derecho. De ahí en el abogado un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado».

Este abogado, tal cual ha sido retratado, es el ideal que deberíamos todos intentar ser. Sirva todo lo expresado como una invitación a que sigamos trabajando, cada uno desde nuestra posición, en aras del fortalecimiento y respeto de los mandamientos deontológicos que, como un todo único, inspiran nuestra profesión.

Papaya Chilena

¿Hay algún tipo de compuesto en la cáscara de la Papaya Chilena,, la que se obtiene en la Región de Coquimbo, y no en otros países, o en el fruto en sí, que cause daños al estómago, o a la piel? ¿Qué sucede al comerla cruda? ¿Qué sucede al comer su cáscara cocida? ¿Y su cáscara cruda? Lamento la insistencia pero he buscado información sobre este fruto sin mucho éxito.. Sólo encontré alguna vez algo de la "papaína", pero sin nada científico de por medio. --186.37.202.188 (discusión) 19:09 22 jun 2016 (UTC)

Edición Artículos Festival Nuevas Bandas

Intenté editar un artículo sobre el Festival Nuevas Bandas - https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Nuevas_Bandas?veaction=edit - y a pesar de estar en orden la información y tener mis referencias, no me deja guardar los cambios por supuesto vandalismo. Que hago? Wikipedia:Consultas/semana 26 2016

Vigilancia

Hola, me gustaría tener vigiladas las páginas que he creado, (son ya más de 6 años en wikipedia colaborando regularmente, y he creado ya unas cuantas :-) ) para que no se produzcan hechos como este vandalismo Marvin Alexander, nadie se percató de ello aunque parece un vadalismo fuerte, y me dí cuenta una semana después. ¿Hay alguna forma de tener vigiladas todas las páginas que he creado?. En mi página de usuario, con un solo click puedo vigilar los cambios de jugadores de baloncesto de Estados Unidos, de la Liga ACB y de la NBA, pero obviamente muchos de los artículos creados no cumplen con esas categorizaciones. Un saludo--Toni-fotsis (discusión) 12:13 20 ene 2015 (UTC)

Esta pregunta debe hacerse en Wikipedia:Café/Archivo/Ayuda/Actual. --Antiquary el inglés (discusión) 13:17 20 ene 2015 (UTC)

como me puedo nombrar a otro usuario

es que como en el articulo 2015 en la seccion de febrero en el dia 4 puse lo del accidente de transasia 235 y como puedo hacer para que alguien me corriga si mi ortografia esta mal y lo que quiero es llamarle la atencion pero que yo no tenga que meterme en su pagina de usuario.... es que asi salio cuando me salio en las notificaciones que laura fiourucci te menciono... bueno espero que me entienda atte --Elreysintrono2015 (discusión) 22:50 6 feb 2015 (UTC)

Hola Elreysintrono2015, como habrás notado te ha salido la mención sin yo escribirte en tu página de discusión. Para poder hacerlobasta con que escribas el usuario al quete quieres dirigir con un wikienlace: Abre los corchetes "[[" escribe Usuario:"Nombre del usuario al que te vayas a referir", pon una barra "|" vuelve a escribir el nombre sin el "Usuario:" y cierra "]]". Con eso ya está mencionado y le será notificado quién le mencionó y en qué página. - Lector d Wiki Euskal-Herria (Reino de Navarra).png Zer? 22:57 6 feb 2015 (UTC)

Consulta sobre borrado

Hola, soy un novato en Wikipedia y de a poco voy aprendiendo a editar y sobre las políticas de la enciclopedia, a algunos usuarios les he sacado más de una cana verde en este proceso. Quiza mi pregunta sea un tanto trivial para ustedes pero aquí va, leí sobre las consultas de borrado y si no lo interprete mal dice que si pasados siete días desde su borrado no hay cuestionamientos no se vuelve a reponer más el artículo. Ahora, si yo quisiera que se vuelva a debatir sobre un articulo que creo fue mal borrado y precisa volver a estar en Wikipedia (con algunas correcciones obviamente) ¿se puede hacer? es decir, ¿puede volver un artículo que fue borrado a ser repuesto? Si la respuesta es afirmativa me gustaría saber cual es el proceso para que esto pase. Desde ya muchas gracias por su tiempo. Jorge porongo (discusión) 20:18 28 mar 2015 (UTC)Jorge Porongo

Sí  Existe una página especial para estos casos: las Solicitudes de restauración en el tablón de los biblios. Saludos, --Marcelo Coat of arms of Argentina.svg (Libro de quejas) 21:55 14 may 2015 (UTC)

Consulta traslado páginas

Tal y como se pide en la discusión del artículo quiero trasladar BZK Pro Basic a BZK Emakumeen Bira pero no me deja supongo que porque existe un artículo que se llama Emakumeen Bira. ¿Alguien me podría echar uan mano?. Un saludo y mil gracias. --Bizkaino (discusión) 21:39 12 jun 2015 (UTC)

No es porque exista ese otro artículo (fijate que es un enlace rojo), será por otro motivo. ¿Alguna referencia que justifique el traslado? --Jcfidy (discusión) 21:46 12 jun 2015 (UTC)

Hola, quería trasladar la página de Marca CE a Marcado CE, ya que es la traducción oficial dada en los reglamentos y directivas europeas, así como por el Ministerio de Industria Español (http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/calidad/Paginas/seguridad-industrial.aspx?Faq=Marcado+CE+de+productos.). Creo que el motivo que impide el traslado es que se hizo en "sentido inverso" (pasó de marcado a marca) pero no sería correcto y no corresponde con la legislación. --Aitor (discusión) 09:42 13 may 2016 (UTC)

Problema al buscar

No sé si es un problema de Wikipedia o de mi ordenador, pero al intentar buscar algo en el cuadro de búsqueda, como por ejemplo Juan I de Castilla, me sale en letras rojas:

Ha ocurrido un error al buscar: La búsqueda está actualmente ocupada. Inténtalo de nuevo más tarde.

¿Qué hay que hacer cuando ocurre eso?Tiberioclaudio99 (discusión) 12:15 15 jun 2015 (UTC)

A mí me funciona bien. ¿Has vuelto a probar? Quizá mañana ya no se produzca el problema en tu computadora. Suerte.--Tenan (discusión) 13:39 15 jun 2015 (UTC)
Hola, Tiberioclaudio99. Sí, me ha ocurrido varias veces ayer y hoy. Supongo que están haciendo "toques". Algunas veces funciona... Saludos, Laura Fiorucci (discusión) 15:14 15 jun 2015 (UTC)

Gracias a los dos, Laura y Tenan. Ahora parece que va muy bien. ¿Alguno de los dos sabe a qué se debe ese problema?Tiberioclaudio99 (discusión) 15:23 15 jun 2015 (UTC)

Generalmente son ajustos que van haciendo los técnicos, Tiberioclaudio99. Pero luego todo marcha, Laura Fiorucci (discusión) 12:05 16 jun 2015 (UTC)

Gracias a todos por su amabilidad.Tiberioclaudio99 (discusión) 12:11 16 jun 2015 (UTC)

Problema en redacción de un artículo entre dos redactores

Hola, buenas tardes. Querría saber qué vía hay que seguir para dirimir una diferencia en la redacción de parte de un artículo titulado Iban García del Blanco. Creo que vendría bien la acción de un arbitraje que lo analizara de modo independiente, ya que se está corriendo el riesgo de entrar en una guerra de borrados y contraborrados. Gracias por anticipado y un saludo.--Castelao (discusión) 16:29 24 jun 2015 (UTC)

Me he pasado y parece que la acción referenciada debe pesar sobre la otra modificación. Si cayeseis en la guerra de ediciones de la que hablas (os faltan dos reversiones a cada uno), habría que notificarlo en el tablón correspondiente. - Lector d Wiki Euskal-Herria (Reino de Navarra).png Zer? 17:26 24 jun 2015 (UTC)
Y antes de caer en guerra de ediciones y respondiendo a tu pregunta es mejor la mediación informal ahí ya se explica lo que es y como solicitarla. --Jcfidy (discusión) 06:58 18 oct 2015 (UTC)

Ips añaden los datos a wikidata

Llevo bastante tiempo observando a una IP superactiva a la hora de crear artículos y actualizarlos, sobre todo de baloncesto y fútbol pero nunca añade el nuevo dato a wikidata, no se si es que no puede por no estar registrado o es que no sabe. https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/83.37.112.208

Podéis verlo aquí, ha creado 10 futbolistas en poco tiempo sin añadir nada a wikidata. Que puede ser?. Con los de baloncesto suelo añadirse los yo, pero es que hace tantos y con tantas ips que es muy difícil tenerlo controlado.--Toni-fotsis (discusión) 05:41 18 oct 2015 (UTC)

Imágenes en páginas de desambiguación

Hola. Quiero saber si las páginas de desambiguación pueden tener imágenes. Gracias de antemano. --Soy Juampayo (discusión) 20:30 11 dic 2015 (UTC)

@Soy Juampayo: El manual de estilo no sea posible añadir imágenes, pero personalmente no lo considero correcto, pues el único propósito de estas páginas es enlazar a artículos enciclopédicos. Lo mejor sería colocar las imágenes en esos artículos. Allan Aguilar (discusión) 20:54 12 dic 2015 (UTC)
Yo por contra sí pienso que una página de desambiguación podría tener imágenes, siempre y cuando no distraigan del contenido principal, que efectivamente debe ser la enumeración de las distintas acepciones de un término. Por ejemplo, no creo que fuera erróneo poner, por ejemplo, una imagen de un reloj y otra de la Constelación del Reloj en Reloj (desambiguación). Con todo, se trata de un tema que por el momento no se ha regulado (¿debería regularse?), aunque, por mi parte, creo que nunca he puesto imágenes en páginas de desambiguación. Sabbut (めーる) 10:27 14 dic 2015 (UTC)

Masiva creación de artículos de hospitales

Buenas, gente, tengo una pequeña pregunta, ¿Alguien sabe por qué en estos momentos hay tanta gente creando artículos sin relevancia aparente, siempre acerca de hospitales (creo que de Colombia)? Disculpen que no pongo enlaces ni referencias pero estoy algo apurando escribiendo esto, pero el caso es que es simplemente entrar en páginas nuevas y abundan, todas clasificadas como G4, A4 y posibles G3, la verdad no lo entiendo; son como tres o cuatro, incluso tal vez más, seis o siete usuarios recién registrados (no más de dos o tres días) que están creando y recreando estos artículos, un ejemplo es el artículo «CRS El Pino» fue borrado ni más ni menos que cinco veces1, y el artículo existe, así que va a llegar a la sexta vez borrado. En fin, no sé, ¿Les pagarán? Ni idea, les preguntaría qué opinan y si saben por qué sucede esto, pero primero, ¿Alguien más se ha percatado de este hecho? ¿O estoy enloqueciendo?

Otra cosa, ¿Existe la probabilidad de que los usuarios de la Wikipedia en Español estén bajando? Porque prácticamente antes era una "carrera" para ver quién marcaba los nuevos artículos con {{destruir}}, {{referencias}}, etc. Y ahora estoy prácticamente solo, jaja. ¿Se está quedando corto el PPN, o de verdad es esta triste realidad? Saludos. --Anime stub.svgErne る Mogilevich (ノート投稿記録) 04:03 15 dic 2015 (UTC)

Hola Erne Mogilevich, te contesto lo primero, pasa que hay taller No autorizado creando esos artículos. yo también lo vi cuando patrullada pero como estaba ocupado, lo ponía en espera un articulo que iba a marcar para borrado y cuando ya iba a marcarlo, ya lo habían borrado. Es posible que hayamos visto los mismos artículos. Mira en Usuario_discusión:Pdelteil#Hospitales, para que leas la respuesta que le ha dado un bibliotecario a un usuario que parece estar relacionado con estos artículos y ser el responsable. igual, no es el único caso, también hay otro caso parecido, de un taller que agregan texto plagiado en diversos artículos, pero creo que ya es otro tema. y lo segundo, no puse atención sobre eso. lo dejo a ver si un compañero lo responde. Saludos! --Corona imperial.svg Elreysintrono (Su majestad) 19:47 15 dic 2015 (UTC)
Ah, conque es eso. Lo que me han respondido a mi era que era un trabajo para la universidad (o algo así),1 2 Pero la verdad hay muchísima cantidad de gente haciendo lo mismo:
Y estoy bastante seguro de que hay más, son todos usuarios registrados de hace no más de una semana, no sé si serán todos los mismos, pero no me parece un trabajo, no sé que onda tampoco, pero no se cansan jajaja. --Anime stub.svgErne る Mogilevich (ノート投稿記録) 21:37 15 dic 2015 (UTC)

Siam

El artículo Siam debe ser fusionado con el artículo Tailandia o no? Lo pregunto porque en la Wikipedia en Inglés, todo lo relacionado con Siam esta incluido dentro del artículo Thailand. Saludos --jrodriguez (discusión) 18:44 22 dic 2015 (UTC)

@Jrodriguezvillalobos: Considero que, aunque es muy corto y requiere referencias, no debería ser fusionado en «Tailandia» pues se trata de dos reinos distintos. El propio artículo indica que Siam comprendió el territorio que actualmente comprenden Tailandia, Camboya y Laos juntos, así que no podríamos del todo decir que se trata del mismo lugar. Sin embargo, no me queda claro si «Siam» se refiere a los reinos de Ayutthaya, Thonburi y Rattanakosin juntos. --Allan Aguilar (discusión) 23:11 22 dic 2015 (UTC)
Tengo entendido que Siam fue el nombre que tuvo Tailandia entre 1238 y 1932, y entre 1945 y 1949. Un caso similar es Etiopía que antiguamente se llamaba Abisinia. --jrodriguez (discusión) 00:35 23 dic 2015 (UTC)

Zona Económica Exclusiva de Argentina

¿Cual es la superficie de la ZEE reclamada por Argentina? En wikipedia se muestra la superficie de la Zona Económica Exclusiva con soberanía efectiva, pero no los espacios marítimos reclamados circundantes a la Antártida y la Islas del Atlántico sur. Alguien me podría responder Casasblancas25 (discusión) 05:04 5 ene 2016 (UTC)

Fecha de nacimiento de diputados y senadores

Estoy editando el artículo Mesa de edad, en que considero relevante, por ser el criterio de selección la edad, indicar la edad que tenían sus integrantes. Tengo algunas dudas acerca de la fecha de nacimiento de algunos diputados y senadores:

  • Justo Martínez Amutio: el artículo dice que nació el 18-10-1896 (aunque no aporta ninguna referencia al respecto), pero la junta constitutiva del Senado ([1]) dice que fue el 1-10-1896 y esta necrológica de El País ([2]) dice que el 18-10-1897. Me inclino a pensar que la fecha correcta es la primera porque es la que tiene menos diferencias respecto de cada una de las otras, que se pueden explicar por errores mecanográficos. Pero claro, no estoy totalmente seguro.
  • Para algunos diputados y senadores tales como Máximo Rodríguez Valverde o Jesús Esperabé de Arteaga, solo disponemos del año de nacimiento (así que, por el momento, solo puedo asegurar que en determinado momento tenían, por ejemplo, "69 o 70 años").
  • En algún caso, no disponemos de artículo y no he podido encontrar por otras vías la fecha de nacimiento del diputado o senador.

Sabbut (めーる) 12:32 16 ene 2016 (UTC)

Masiva creación de artículos de veredas

En las últimas semanas, se han creado una gran cantidad de artículos (como este -> MI VEREDA CAGUANCITO) creados por varios usuarios (anónimos o no) sobre veredas colombianas. Mi duda es: Esos artículos son vandalismo o no? Lo pregunto porque estos artículos estan siendo creados sin referencias, sin wikificar y, a veces, escritos casi con mayúscula. Saludos --jrodriguez (discusión) 01:40 19 ene 2016 (UTC)

@Jrodriguezvillalobos: Si presumimos buena fe, pueden ser meras pruebas de edición. En todo caso, solo hay que solicitar su borrado y avisar a los editores. --Allan Aguilar (discusión) 21:52 19 ene 2016 (UTC)

¿Aventurero del futuro/Mentiras/Una situación paranormal?

Hola y disculpen que venga a molestar, pero es que esta es la pagina de las consultas y deduzco que puedo hacer una pregunta como esta:

No pudé evitar yo hace tiempo leer esto de aquí y en realidad, me he quedado intrigado, os explico que es para hacer un resumen:

Artículos futuros| Un usuario esta creando muchos artículos de elecciones en Mexico del año de 2046, pero los artículos estos, por obvias razones, son borrados. Y si, les prometo que creo ese artículo, es este el articulo, aunque lo han borrado, pero se puede apreciar en los resumenes y en el titulo que es del futuro.

Bloqueo violado| El usuario es bloqueado y se crea cuentas titeres para evadirlo.

Sigue haciendo las paginas| El usuario pesé al mismo bloqueo, sigue haciendo paginas futuras.

Asume ser un viajero del tiempo| Asume que ha viajado en el tiempo.

Solcitio una explicación de que ha hecho este usuario. --¡Saludos!Nobita931Espiame! IRC Ayuda 18:20 20 abr 2016 (UTC)

La respuesta es muy sencilla, es alguien con mucha imaginación... Te invito a leer esto, y por cierto deberías leer WP:NOFORO.--Corona imperial.svg Elreysintrono (Su majestad) 19:36 20 abr 2016 (UTC)


Gracias por responder, --¡Saludos!Nobita931Espiame! IRC Ayuda 19:38 20 abr 2016 (UTC)

Francalización o Francolización

Así como hay Occidentalización, Romanización o Americanización. Mi pregunta es cual sería el termino para franco (termino con el que se conocía a los cruzados en Tierra Santa). Un saludo Kardam (discusión) 02:39 22 may 2016 (UTC)

Hola. Solo he econtrado referencias para "franquización", término que hace referencia tanto a los francos ([3], [4]) como a Francisco Franco. Saludos, Cheveri (discusión) 10:47 22 may 2016 (UTC)

Gracias por aclararme la duda. Un saludo Kardam (discusión) 01:46 26 may 2016 (UTC)