Organismo público (España)

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Un organismo público, en España, es un tipo de facción de Derecho público dependiente de la Administración General del Estado,[1]​ que posee personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos que la Ley prevea.[2]

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde el 1 de octubre de 2016, bajo la denominación de «organismos públicos», regula los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, «son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia».

En tanto que la disposición adicional cuarta («Adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal») establece que «todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica».

Clasificación[editar]

Según el Artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), los organismos públicos se clasificaban fundamentalmente en Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales y Agencias Estatales.[3]

Organismos autónomos[editar]

Los Organismos autónomos son organismos públicos regidos por Derecho administrativo, que desarrollan «que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta».

La LRJSP dedica la Sección 2.ª del Capítulo III del Título II (artículos 98 a 102) a la regulación de la figura, estableciendo las características básicas de su régimen jurídico, económico-financiero y patrimonial, presupuestario, de personal y de contratación. También se regulan los nombramientos de los titulares de sus órganos; el procedimiento para recurrir sus actos y resoluciones; el control de su eficacia por parte del Ministerio correspondiente; y la posibilidad de obtener ingresos propios, más allá de las dotaciones presupuestarias.

Entidades públicas empresariales[editar]

Las entidades públicas empresariales son Organismos públicos regidos por Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.

En cuanto a sus funciones, dado que se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

Su regulación básica está contenida en el Capítulo III del Título II de la Ley (artículos 53 a 60), que de manera semejante a los Organismos autónomos, establece el régimen patrimonial, presupuestario, de contratación, de control de eficacia y de recurso contra sus actos. En cuanto al régimen de su personal, señala al personal funcionarial como una excepción, y al personal laboral como la regla habitual, sujetos en todo caso, a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Agencias Estatales[editar]

Las Agencias Estatales son Organismos públicos caracterizados por los principios de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.[4]​ Suprimidas en 2015, desde 2021 se rigen por la LRJSP, tras ser reintroducidas ese año por la Disposición final trigésima cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

La LRJSP, en sus artículos 108 bis. a 108 sexies., regula la creación, modificación, extinción y supresión de dichos organismos. Así mismo, establece su estructura organizativa; su régimen patrimonial, presupuestario y de personal; y el control de su actividad.

Autoridades administrativas independientes[editar]

Aunque no son clasificadas como organismos públicos, existe otro tipo de organismo, las autoridades administrativas independientes. A este tipo de organismo se le reconoce una independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado y se regirán por su normativa específica en los aspectos precisos para hacer plenamente efectiva dicha independencia o autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación, ajustarán su regulación a las prescripciones de la LOFAGE, relativas a los organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendo en cuenta las características de cada Organismo..

Ejemplos de organismos públicos en España[editar]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Art. 1 LOFAGE
  2. Art. 42.1 LOFAGE
  3. Art. 84.1.a) LRJSP
  4. Art. 108 bis. LRJSP