Mártires de la UCA

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Escultura homenaje a los dos jesuitas Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró, asesinados en El Salvador, en la calle Simón Aranda de Valladolid, su ciudad natal.
Urnas que contienen grama manchada con la sangre de los sacerdotes asesinados, en la Sala Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero de la UCA.

Se denomina por el nombre genérico mártires de la UCA a ocho personas que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ubicada en la ciudad de San Salvador (El Salvador), por un pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada de El Salvador bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración del presidente en turno Alfredo Félix Cristiani.

Antecedentes[editar]

Para un sector ultra-conservador de los mandos militares en el ejercito salvadoreño, los padres jesuitas que ejercían la alta dirección y cátedra dentro del Alma Mater eran considerados sospechosos de sostener la teología de la Liberación, por lo que se suponía que serían aliados de la guerrilla izquierdista del FMLN, y por lo tanto, subversivos para el control político, cuyas amenazas hacia los mismos se venían gestando desde mediados de la década de 1980, pero que se aunarían en el año 1989.

El 3 de marzo de 1989, en un campo pagado del grupo ultra- derechista "Cruzada pro Paz y Trabajo" ataca a los que llama "grupo de cerebros satánicos conducidos por Ellacuría" y "perros comunistas" que están arruinando al país. El 14 de marzo del mismo año hace explosión una granada colocada dentro de la planta eléctrica de la UCA.

Entre el 16 y 20 de abril un campo pagado del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al P. Segundo Montes de defender el uso de minas por parte del FMLN. Un comunicado de prensa de ARENA llama al sacerdote Segundo Montes "inhumano e inmoral". En ese mismo mes el coronel Juan Orlando Zepeda, comandante de la Primera Brigada da Infantería, afirmaba que la UCA es un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planifica la estrategia de ataques contra los salvadoreños. El 28 de ese mismo mes ocurre una nueva explosión con tres bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella.

El 3 de julio del mismo año. el presidente Alfredo Cristiani recibe una carta abierta por parte de la organización "Cruzada pro Paz y Trabajo" en la que piden la captura y juicio sumario de los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que considera responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentan imponer. Para el 22 de julio, se da una tercera explosión con cuatro bombas en la imprenta de la UCA.

Entre los días 11 y 15 de noviembre la Radio emisora Cuscatlán emite ciertos mensajes con amenazas de muerte dirigidas contra los jesuitas de la UCA, contra Mons. Rivera Damas y contra Mons. Rosa Chávez. Se emiten amenazas explícitas como "Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza" o "Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas". Para el 13 de noviembre, el rotativo La Prensa Gráfica informa la realidad de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio en las que se afirmaba "es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años". Señalando estos como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría.[1]

Crimen[editar]

El dia 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domesticas son asesinados dentro del campus de la UCA, estos fueron colocados boca abajo, mientras eran ejecutados. En el patio central se encontraron los cuerpos de cinco de los religiosos, y en una de las habitaciones se encontraba otro de ellos. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. Los asesinos también incendian y saquean el Centro Monseñor Romero, como estratagema los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, la cual fue descubierta como espurio sin soporte en las posteriores investigaciones. Las víctimas fueron:

Investigaciones Posteriores[editar]

La masacre causó una ola de indignación en todo el mundo y aumentó las presiones de la comunidad internacional para que el gobierno y la guerrilla iniciaran un diálogo para poner fin a la guerra civil de El Salvador. El 16 de noviembre de 2009, el gobierno salvadoreño presidido por Mauricio Funes condecoró de manera póstuma a los seis sacerdotes con la Orden José Matías Delgado, recibida por familiares y amigos de los religiosos.[2]​ Un ex miembro del ejército salvadoreño incriminó al expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, en la matanza de los sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, ocurrida en 1989.[3]

La Audiencia Nacional de España anunció en el año 2009 que investigaría el asesinato de los jesuitas, cinco de ellos españoles. La Audiencia dio trámite a una querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que acusaba a 14 militares salvadoreños de ser los autores de la masacre. La acusación, además, incluía a Alfredo Cristiani, presidente de la República bajo el partido ARENA al momento del crimen.[4]

El juez Eloy Velasco y los querellantes particulares en el caso abierto en Madrid, España, por la masacre de la UCA entienden que, con las nuevas órdenes de arresto emitidas, las autoridades salvadoreñas deberían capturar de inmediato a cualquiera de los 18 militares acusados de la masacre a los que tengan ubicados en territorio salvadoreño. [5]

Ya el 30 de mayo de 2011, Velasco había emitido órdenes de arresto contra esos 18 militares. Esos documentos generaron una difusión roja de la Policía Internacional (INTERPOL) tras la petición cursada por el Ejecutivo español a petición de la Audiencia Nacional. Los arrestos, sin embargo, no procedieron, primero porque la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (CSJ) dijo entonces que la difusión roja solo implicaba para las autoridades locales ubicar a los acusados, no arrestarlos. Y además porque el gobierno del presidente Mauricio Funes decidió, a través de su ministro de Defensa Crnel. David Munguía Payés, dar refugio a los militares en un cuartel. [6]

Las nuevas órdenes internacionales de arresto emitidas en Madrid son contra Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zárpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León. El defensor de los militares dijo desconocer la existencia de nuevas órdenes (lea secundaria). [7]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]