Abogacía General del Estado

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Abogada General del Estado
Coat of Arms of the Spanish Legal Representatives of the State.svg
Escudo de la Abogacía del Estado

Actualmente en el cargo
Toma de posesión del SGAJ 2018 (cropped).jpg
Consuelo Castro Rey
Desde el 29 de junio de 2018
Sede Calle San Bernardo 45, Madrid
Tratamiento Ilustrísima señora
Salario 110.169,80 [1]
Designado por Ministro de Justicia
previa deliberación del Consejo de Ministros
Nombrado por Rey de España
refrendado por el Ministro de Justicia
Suplente Subdirector General de los Servicios Consultivos
Creación 28 de diciembre de 1849 (172 años)
Cargo anterior Dirección General de lo Contencioso del Estado
Sitio web Abogacía General del Estado

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado de España es el órgano directivo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.[2]​ El titular de la Abogacía General, con nivel orgánico de subsecretario, dirige el Servicio Jurídico del Estado, formado por funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.

El abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado es nombrado por el rey de España a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Para ser nombrado abogado general hay que ser de antemano abogado del Estado. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el ministro de Justicia es responsable de decidir quién lo suple; de no hacerlo, la ley establece que lo harán los subdirectores generales por el orden establecido en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.[3]​ Desde junio de 2018 la Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado es Consuelo Castro.[4]

Historia[editar]

La Abogacía General del Estado ha recibido muchos nombres desde su creación. En 1849, año de su creación, recibió la denominación de Dirección General de lo Contencioso.[5]​ En origen estaba integrada en el Ministerio de Hacienda, pues es heredera de aquellos asesores jurídicos que prestaban sus servicios en ese departamento y en el Tesoro Público.[5]​ Mantuvo esta denominación hasta 1854, cuando empezó a ser llamada Asesoría General del Ministerio de Hacienda pero, en 1877, volvió a recuperar su denominación tradicional, llamándose Dirección General de lo Contencioso del Estado.

Desde sus inicios en el Ministerio de Hacienda, se exigía que sus miembros fueran «letrados, versados en la ciencia administrativa, en la legislación y en la práctica de los negocios de los diversos ramos de la Hacienda pública».[5]​ Sus funciones se limitaban al ámbito de este Ministerio y era responsable de emitir informes jurídicos y supervisar las acciones de los abogados ante los tribunales para defender los intereses del Tesoro Real.[5]

En 1881 se crea el Cuerpo de Abogados del Estado.[6]

A partir de 1985, se llamó Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y se transfirió al Ministerio de Justicia, departamento que asumió las competencias en materia de asesoramiento legal a la Administración.[7]​ Desde el año 2000, se hace oficial la denominación de Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado o, de forma simplificada, Abogacía General del Estado.[8]

Funciones[editar]

En concreto, a la Abogacía General del Estado le compete:[2]

  • El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el párrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la legislación vigente.
  • La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los Derechos Humanos. Asimismo, la asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales, así como cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.
  • La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios.
  • La gestión económico-financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado y del resto del personal integrado en su relación de puestos de trabajo que no estén atribuidas a otros órganos superiores.

Estructura[editar]

Dependen de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los siguientes órganos:[2][3]

  • La Subdirección General de los Servicios Consultivos, responsable del asesoramiento jurídico a la Administración y sus organismos y demás entidades públicas.
  • La Subdirección General de los Servicios Contenciosos, responsable de la representación y defensa del Estado y de sus organismos y demás entidades públicas, tanto nacional como internacional, ante cualesquiera jurisdicciones y órganos jurisdiccionales, a los conflictos de jurisdicción y conflictos y cuestiones de competencia y a los procedimientos prejudiciales y extrajudiciales en que esté interesado el Estado, organismos, entidades, sociedades y fundaciones y demás entidades y órganos mencionados.
  • La Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia-Gabinete del Abogado General del Estado, responsable de dar asesoramiento jurídico sobre anteproyectos y proyectos de disposiciones que se sometan a consulta de la Abogacía General del Estado, o cuando afecten o puedan afectar al Servicio Jurídico del Estado, su organización, funcionamiento y régimen de actuaciones, la elaboración de los anteproyectos normativos que le encarguen o que promueva la Abogacía General del Estado, los informes, dictámenes o estudios que por su índole especial así se considere conveniente, así como la asistencia a los correspondientes órganos superiores y directivos del departamento, cuando así lo requieran, para la preparación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Asimismo, actúa como órgano de asesoramiento del Ministerio de Justicia.
  • La Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales, responsable de la dirección jurídica y la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, y ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, le corresponde la asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, prestando especial asistencia a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
  • La Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento, a la que corresponde la coordinación de las relaciones entre las Abogacías del Estado que desempeñen funciones consultivas y las Abogacías del Estado que desempeñen funciones contenciosas; la dirección y coordinación de las relaciones con las entidades a las que el Servicio Jurídico del Estado preste asistencia jurídica en virtud de convenio; la dirección, coordinación y gestión económica de las costas procesales a favor del Estado, así como las demás funciones de coordinación que el titular de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado le encomiende, y la función de inspección o auditoría de la Abogacía General del Estado y sus unidades y Abogados del Estado dependientes.
  • La Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos, responsable de la representación y defensa del Estado y de sus organismos y demás entidades públicas ante el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos; del mismo modo, presta asesoramiento sobre todo tipo de cuestiones procesales o de fondo, de anteproyectos y proyectos de disposiciones de cualquier rango, e informes, observaciones y memorias que corresponda en los procedimientos ante los mencionados tribunales.
  • La Secretaría General, a la que le corresponde asistir al titular de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado en la gestión de los servicios comunes.
    • Los Servicios de informática.
  • Las Abogacías del Estado ante:

Servicio Jurídico del Estado[editar]

El Servicio Jurídico del Estado (SJE), dirigido por la Abogacía General del Estado, está constituido por todos los órganos administrativos que desarrollan la función de asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio, del Estado, sus organismos autónomos, los órganos constitucionales y, en su caso, de los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, así como de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.[3]

Al SJE le corresponde:[3]

  • El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.
  • El asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera de sus miembros, sobre la constitucionalidad de los anteproyectos y proyectos de disposiciones de cualquier rango que hayan de someterse a la aprobación de aquel y de las disposiciones o resoluciones de las comunidades autónomas que sean susceptibles de impugnación ante el Tribunal Constitucional.
  • El informe de los expedientes que se incoen para declarar lesivos a los intereses públicos los actos de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de los demás organismos y entidades públicos a las que asista, para que en su caso, se interponga el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
  • La representación y defensa en juicio, ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, del Estado y de sus organismos autónomos, organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, y de los órganos constitucionales en los términos previstos en la legislación vigente, así como en los conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia y en los procedimientos prejudiciales y extrajudiciales en que esté interesado el Estado, organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás órganos mencionados. Le corresponde igualmente el informe de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, en los casos en que se le solicite el dictamen, así como de los expedientes para el pago de costas a que fuera condenado el Estado cuando se suscite controversia.
  • El asesoramiento, así como la representación y defensa en juicio, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, cuando se haya celebrado convenio de asistencia jurídica con ese objeto.
  • El mantenimiento del principio de unidad de doctrina, formulando criterios generales de asistencia jurídica para las Abogacías del Estado y los Abogados del Estado.
  • El informe en derecho de los anteproyectos y proyectos de disposiciones cuando sean sometidos a su consulta, o cuando afecten o puedan afectar al Servicio Jurídico del Estado, su organización, funcionamiento y régimen de actuaciones, la elaboración de los anteproyectos normativos que le sean encargados o que promueva, así como la asistencia a los correspondientes órganos superiores o directivos del departamento, cuando así lo requieran, para la preparación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
  • La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios.
  • La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea.
  • Cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.
  • La representación y defensa jurídica del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, correspondiéndole el estudio y preparación de informes, observaciones y memorias que hayan de presentarse ante aquel, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Le corresponden también las mismas funciones ante cualesquiera órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales vigentes en España.
  • La asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales.
  • La gestión de los servicios de registro, archivo y estadística; la gestión económica, financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como la administración y gestión del Cuerpo de Abogados del Estado, la publicación periódica del escalafón de dicho Cuerpo y cualesquiera otras funciones dentro del ámbito económico-financiero y de personal que no estén atribuidas a otros órganos superiores por el ordenamiento jurídico.
  • La propuesta de resolución de los distintos procedimientos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Servicio Jurídico del Estado y reservados en exclusiva al Cuerpo de Abogados del Estado.
  • La inspección de los servicios dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y, en su caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Referencias[editar]

  1. «Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ministerio de Justicia». transparencia.gob.es. Consultado el 16 de agosto de 2018. 
  2. a b c «Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.». boe.es. Consultado el 26 de abril de 2022. 
  3. a b c d «Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.». www.boe.es. Consultado el 16 de agosto de 2018. 
  4. «Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado a doña Consuelo Castro Rey.». www.boe.es. Consultado el 26 de abril de 2022. 
  5. a b c d «Real Decreto de 28 de diciembre de 1849 creando una Dirección General de lo Contencioso en el Ministerio de Hacienda.». 
  6. «Real orden de 1881 aprobando el Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado.». 
  7. Presidencia del Gobierno (10 de junio de 1985), Real Decreto 850/1985 de 5 de junio, de organización de los Servicios Jurídicos del Estado (Real Decreto 850/1985), pp. 17485-17486, consultado el 26 de abril de 2022 .
  8. Ministerio de Administraciones Públicas (5 de agosto de 2000), Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia (Real Decreto 1474/2000), pp. 28147-28156, consultado el 26 de abril de 2022 .

Enlaces externos[editar]