Corte Interamericana de Derechos Humanos
| Corte Interamericana de Derechos Humanos | ||
|---|---|---|
 | ||
| Información general | ||
| Sigla | CorteIDH | |
| Jurisdicción | Países de la OEA que hayan aceptado su competencia. | |
| Tipo | tribunal internacional | |
| Sede |
 San José, Costa Rica | |
| Sistema | Sistema Interamericano de Derechos Humanos | |
| Organización | ||
| Presidente | Elizabeth Odio Benito | |
| Vicepresidente | Eduardo Vio Grossi | |
| Relacionados | Organización de Estados Americanos | |
| Historia | ||
| Fundación | 1979 | |
| Sitio web oficial | ||
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (acrónimo: Corte IDH) es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los idiomas oficiales de la Corte son, al igual que en la OEA, español, francés, inglés y portugués. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial.
Historia
En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.[1]
A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.[1]
Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 10 de septiembre de 2012.[1]
Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.
Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.
Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington D.C.
La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.
Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV Período Ordinario de Sesiones, entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte.
El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.
El 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este Convenio se establece el Instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El Instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.
El sistema de promoción y protección de los derechos humanos empieza con la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena conferencia Internacional Americana que se realizó en Colombia en la ciudad de Bogotá en el año 1948. Debido a que se debe garantizar los derechos del hombre se ha dado como resultado que el reconocimiento de los Derechos Humanos es un principio fundamental del Sistema Regional Americano.
En la Novena Conferencia Internacional Americana el gobierno de Brasil presentó una propuesta para que se cree una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre, considerando que cuando se trata de los derechos internacionales reconocidos, la protección jurídica para que pueda sea eficaz debe de emanar de un organismo internacional. Por esta razón recomendó a la comisión Jurídica Internacional que elabore un proyecto de Ley para que se avalen los derechos humanos. Este proyecto después de haber sido evaluado, debe ser discutido y aprobado por una conferencia Internacional Americana (décima conferencia internacional) este proyecto se convirtió en la Resolución XXXI “Corte Interamericana para proteger los Derechos Humanos”.[2]
En la décima conferencia Internacional Americana realizada en Venezuela en la ciudad de Caracas en 1954, se adoptó la Resolución XXXI relativa a la “Creación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”. La Décima Conferencia encargó al Consejo de la Organización la continuación de los estudios acerca de la protección jurisdiccional de los derechos humanos con el propósito de que la Undécima Conferencia Internacional considerase el asunto.
En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Chile en 1959, se consideró la recomendación realizada por el Comité Jurídico Interamericano en 1959, para dar preferencia a la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se aprobó la Resolución VIII sobre los “Derechos Humanos” en la cual se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de dos tipos de proyectos de convención: uno sobre los “derechos humanos” y el otro acerca de la creación de una “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, disponiendo que dichos proyectos sean sometidos a la Undécima Conferencia Interamericana y remitida a los gobiernos, sesenta días antes de la instalación de dicha conferencia.
El consejo Interamericano de Jurisconsultos cumpliendo de acuerda a la Resolución VIII elaboró un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos durante su Cuarta Reunión celebrada en Santiago de Chile entre el 24 de agosto y el 9 de septiembre de 1959. Este proyecto en sus 88 artículos hace referencia a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y creando a la vez órganos que se encarguen de proteger estos derechos, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuente que inspiraron para la creación de la Corte fueron el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y las disposiciones de la Carta de Roma referentes a la Corte de Estrasburgo, pero procurando adaptar estos textos a las condiciones particulares de la realidad del continente americano.
Hoy en día se han adoptado un sin número de instrumentos de carácter internacional, dentro de estos se encuentra la adopción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que fue acogida en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. Los dos órganos de protección de los derechos humanos previstos por el artículo 33 de la Convención Americana son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos órganos tienen la función de asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida como resultado de haber entrado en vigor, el 18 de julio de 1978. La Corte fue instalada oficialmente en su sede en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, y su Estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, Bolivia en octubre de 1979, mediante Resolución No. 448. En el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al 9 de agosto de 1980, la Corte completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede concertado con Costa Rica. En dicho acuerdo, ratificado por el Gobierno de Costa Rica, se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces/zas y su personal, así como de las personas que comparezcan ante ella.[3]
Funciones
Conoce los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan agotado los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos.
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en America. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización.
Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia. Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. De todas maneras, la Comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte.
El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio. Termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.
En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Competencia consultiva
Por medio de esta función, los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Además, pueden consultarla, en los que les compete, los órganos de la Organización de los Estados Americanos.[4]
Así mismo la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado debates muy interesantes sobre los efectos de las opiniones consultivas y sobre la aplicación de esas opiniones por parte de los tribunales nacionales.
Miembros
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
Guatemala
Granada
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Miembros que han renunciado
Trinidad y Tobago (Fecha de egreso: 26 de mayo de 1999): El gobierno de Trinidad y Tobago renunció a la Corte IDH en razón del interés de ese estado de seguir utilizando la pena de muerte como estrategia judicial, pero volvió a adherirse luego de realizar la reserva correspondiente en virtud a la pena de muerte citada.[cita requerida]
Venezuela (Fecha de egreso: 10 de septiembre de 2012): Se presentó la nota oficial diplomática 000125, la cual expresaba la decisión del Estado de retirarse de la CoIDH. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se lamentó por la decisión del gobierno venezolano.[5]
República Dominicana (Fecha de egreso: 4 de noviembre de 2014): El Tribunal Constitucional de República Dominicana publicó la sentencia TC/0256/14[6] en donde se objetaba la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación. Esto basado en el argumento de que no cuenta con la aprobación del Congreso Nacional por lo que se considera una violación a la Constitución. Sin embargo, no se ha hecho una denuncia tal cual a la CADH.[7]
Composición
La Corte está compuesta de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad.[8]
Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completa tal mandato.[8]
Composición actual
Desde 2020, la Corte se compone así:
| Cargo | Nombre | País de procedencia | Período |
|---|---|---|---|
| Juez | Humberto Sierra Porto |  Colombia
|
2013–2024 |
| Vicepresidente | Patricio Pazmiño Freire |  Ecuador
|
2020–2021 |
| Presidenta | Elizabeth Odio Benito |  Costa Rica
|
2020–2021 |
| Juez | Eduardo Vio Grossi |  Chile
|
2016–2021 |
| Juez | Eugenio Raúl Zaffaroni |  Argentina
|
2016–2021 |
| Juez | Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot |  México
|
2013–2024 |
| Juez | Ricardo Pérez Manrique |  Uruguay
|
2019–2024 |
Presidentes anteriores de la Corte
| Años | País | Presidente |
|---|---|---|
| 2018-2019 | México |
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot |
| 2016-2017 |  Brasil |
Roberto de Figueiredo Caldas |
| 2014-2015 | Colombia |
Humberto Sierra Porto |
| 2010-2013 |  Perú |
Diego García-Sayán |
| 2008-2009 | Chile |
Cecilia Medina Quiroga |
| 2004-2007 | México |
Sergio García Ramírez |
| 1999-2003 | Brasil |
Antonio Augusto Cançado Trindade |
| 1997-1999 | Ecuador |
Hernán Salgado Pesantes |
| 1994-1997 | México |
Héctor Fix Zamudio |
| 1993-1994 | Colombia |
Rafael Nieto Navia |
| 1990-1993 | México |
Héctor Fix Zamudio |
| 1989-1990 | Uruguay |
Héctor Gros Espiell |
| 1987-1989 | Colombia |
Rafael Nieto Navia |
| 1985-1987 |  Estados Unidos |
Thomas Buergenthal |
| 1983-1985 |  Venezuela |
Pedro Nikken |
| 1981-1983 |  Honduras |
Carlos Roberto Reina |
| 1979–1981 | Costa Rica |
Rodolfo E. Piza Escalante |
Jueces anteriores de la Corte
Casos notables
Estos son algunos de los casos notables y enlaces a sus resoluciones.
Críticas
La acción de la Corte no ha estado exenta de críticas. Entre otras cosas, se ha criticado la politización de la Corte.[14] Fuertes críticas han venido durante el gobierno de Alan García en Perú.[15]
También hubo críticas motivadas por la sentencia del caso de la masacre de Mapiripán, en contra de Colombia, donde la Corte afirmó la muerte de 49 personas, muchas de las cuales fueron halladas vivas con posterioridad.[16]
El caso Artavia Murillo (fecundación in vitro) vs. Costa Rica del 2012 también ha recibido críticas por parte de grupos que sostienen que la vida humana comienza desde la concepción, por cuanto la Corte concluye, interpretando los artículos pertinentes de la Convención, que: "no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos". Dos documentos hacen una crítica directa: el Voto Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, así como la Declaración de Guanajuato, la cual ha sido firmada por más de 1300 personas, entre ellos académicos del continente americano, la cual básicamente plantea que "La vida del embrión humano es, desde el principio humana".[cita requerida]
El 24 de octubre de 2014, el gobierno Dominicano rechazó aceptar la sentencia de la Corte IDH[17] que obligaba al país a modificar su constitución para que cualquier persona que naciera en su territorio tuviera derecho a la nacionalidad, y que también declaraba nula la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, y la ley 169-14 sobre regularización, ya que según estos atentaba contra la soberanía del país, y su derecho a decidir quienes eran sus nacionales.
Ante la negativa de la corte a cambiar de opinión, el Tribunal Constitucional sentenció que la República Dominicana no pertenecía a la CIDH ya que el congreso jamás aprobó el ingreso del país a la corte, y por lo tanto su sentencia quedaba sin efecto.[18]
Hasta el momento solo Trinidad y Tobago y Venezuela se han retirado voluntariamente del ámbito de jurisdicción de la Corte Interamericana, denunciando la Convención.[19] Perú trató de hacerlo,[20] pero no siguió el proceso adecuado.[21]
Véase también
Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos
- Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas CIAP-FELAP
Referencias
- ↑ a b c Guadamuz, Jairo. «Historia». www.corteidh.or.cr. Consultado el 17 de marzo de 2018.
- ↑ La proyección de internacional de los Derechos Humanos. Cuadra Héctor.1970. México. Instituto de Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de PERU
- ↑ http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1996/12.pdf . Daniel Zobatto. 1996. Mexico. Derechos Humanos. Valverde Gómez, Ricardo.1993 San José. Costa Rica. Editorial UNED.
- ↑ Roa Roa, Jorge Ernesto. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015.
- ↑ Ayala Corao, Carlos (00/2012). «Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela». Estudios constitucionales 10 (2): 643-682. ISSN 0718-5200. doi:10.4067/S0718-52002012000200018. Consultado el 17 de marzo de 2018.
- ↑ «Tribunal Constitucional». www.tribunalconstitucional.gob.do. Consultado el 17 de marzo de 2018.
- ↑ «El Tribunal Cconstitucional de la República Dominicana desconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
- ↑ a b Guadamuz, Jairo. «Estatuto». www.corteidh.or.cr. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2018. Consultado el 17 de marzo de 2018.
- ↑ Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) contra Chile
- ↑ Agenda XXXIX Período Extraordinario de Sesiones Chile
- ↑ El Mundo, El Estado mexicano, en el banquillo por las matanzas de Ciudad Juárez
- ↑ Elpais. «Colombia, condenada por una masacre en la que murieron 17 civiles en 1998». Consultado el 19 de diciembre de 2012.
- ↑ Opinión Consultiva OC 24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica.
- ↑ José Francisco García G. y Sergio Verdugo R., Libertad y Desarrollo, “Radiografía Política al Sistema Interamericano de DD.HH.”
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 7 de julio de 2014. Consultado el 18 de septiembre de 2013.
- ↑ «El caso Mapiripán debilita credibilidad en la Cidh». Diario Vanguardia. 27 de octubre de 2011.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2014. Consultado el 7 de noviembre de 2014.
- ↑ https://web.archive.org/web/20141107190625/http://www.prensalibre.com/internacional/Tribunal_Constitucional_de_Dominicana_desconoce_adhesion_a_CIDH_0_1243675693.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20110510171436/http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
- ↑ http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/Annuals/Sapp16-99.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20101203082207/http://www.aprodeh.org.pe/public/ciddhh/c_july37.htm
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (Instrumento Internacional de creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
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