Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires

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Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)
SEGBA ARGENTINA.JPG
Tipo Sociedad Anónima (empresa pública)
Industria Electricidad
Fundación 1958[1]
Desaparición 1992
Sede Bandera de ArgentinaBuenos Aires, Argentina

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo naturalmente a la ciudad de Buenos Aires y su conurbación.

Su origen se produce en 1958 como una necesidad de unificar y federalizar la prestación de un servicio que hasta ese momento dependía de empresas privadas (CADE, CEP y CIAE) cuya infraestructura estaba obsoleta y que legalmente dependían de concesiones municipales. Inicialmente la empresa fue mixta, teniendo el Estado Nacional la propiedad del 80%, mientras que las empresas privadas CADE y CEP la integraban con el 20% restante. La CIAE se mantuvo como empresa privada, aunque bajo régimen de concesión nacional.

En 1961 el gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas y, en 1979, el Estado adquiere los bienes de la CIAE integrando su infraestructura a la de SEGBA. Paralelamente desde el gobierno se impulsan planes hidroeléctricos y nucleoeléctricos para solventar el nivel de demanda de energía.

Finalmente, el desgaste de la infraestructura desembocó en una grave crisis de abastecimiento durante los años 1988 y 1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional. La delicada situación del sector eléctrico a la que se había arribado, y la amenaza de recurrentes crisis futuras de abastecimiento, obligaron a buscar alternativas de reestructuración del sector. Durante el gobierno de Carlos Menem se aprobó un nuevo marco regulatorio estableciéndose la desintegración vertical del esquema en tres segmentos (generación, trasmisión y distribución) para su posterior privatización. Así fue que la empresa estatal SEGBA quedó dividida en siete unidades de negocios: cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras (EDESUR, EDENOR y EDELAP). El proceso de privatización se extendió durante todo el año 1992. SEGBA sobrevivió como ente residual en liquidación hasta 1998.

Historia[editar]

Antecedentes[editar]

Usina Don Pedro de Mendoza (Barrio de la Boca) de la ex CIAE. Hoy funciona como centro cultural.

El crecimiento de la Argentina en los últimos años del siglo XIX llevó a que se fueran constituyendo pequeñas unidades autogeneradoras encargadas de dar luz a hoteles, comercios, fábricas, puertos, etc., y en unas pocas grandes empresas que eran a la vez generadoras y distribuidoras. Entre estas últimas se encontraban la Gas and Electric Lighting Co. of Buenos Aires (también llamada Compañía Primitiva de Gas y Luz Eléctrica) con su central Cuyo, con un equipamiento instalado de 1400 kW en corriente continua y una red de distribución subterránea de 2 x 110 v; y la River Plate Electric Light and Traction Co., que poseía su central San Juan de 1.100 kW en corriente alterna y una red subterránea de 2 x 220 v.

En 1899, la Municipalidad otorgó a la empresa alemana CATE (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) el permiso provisorio para generar y distribuir electricidad con una potencia de 4.800 kW mediante una red trifilar de 2 x 220 v en corriente continua. Asimismo, en otros municipios funcionaban varias empresas como la Compañía General de Electricidad, de capitales franceses.

En el nuevo siglo comenzó un proceso de adquisiciones por parte de CATE hacia el resto de las empresas más pequeñas, y la consiguiente unificación de criterios ingenieriles de provisión. En 1905, CATE poseía instalados 25.000 kW de potencia con tecnología alemana. Dos años después, la compañía adquirió una licencia definitiva por parte de la Municipalidad de Buenos Aires para la prestación del servicio público de electricidad por el término de 50 años, que luego se extendió a los principales partidos de la Provincia de Buenos Aires. En 1910 la CATE inaugura la mayor planta de generación eléctrica de América Latina: la Central Dock Sud.

En la medida que el desarrollo urbano iba en progreso, nuevas compañías eléctricas se fueron instalando y la CATE tuvo que enfrentarse a un inesperado rival: la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. La empresa no era italiana sino suiza, fundada con capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus, con sede en Baden. La argumentación del Municipio para otorgar esta segunda concesión fue que contribuiría a bajar los costos de energía.

El convenio establecía que los edificios, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían automáticamente al patrimonio de la Municipalidad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato, igual que todas las ampliaciones y extensiones. Mediante una amortización progresiva del 2% anual, la municipalidad iba convirtiéndose en condómino de la compañía. Se establecía un fondo de previsión o renovación, una suerte de garantía pagada por las tarifas que aseguraba que al terminar la concesión todas las instalaciones pasarían al Estado en perfecto estado de conservación.

En 1912 la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (fundada en 1911) comienza a producir y distribuir energía eléctrica en las zonas Centro y Sur de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de alumbrado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. Los servicios eléctricos de la CIAE más tarde se extenderían a varios partidos aledaños. A diferencia de CATE, esta compañía comenzó con plantas pequeñas de provisión de electricidad para el consumo familiar. El destinatario era el gran grupo inmigratorio de origen italiano asentado en Buenos Aires. En 1914 inauguró sus servicios desde un edificio ubicado en la calle José Andrés Pacheco de Melo, entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un grupo de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la ciudad la peculiaridad de una arquitectura identificatoria de la empresa.

Simultáneamente la CATE pasó a convertirse en la CHADE (Compañía Hispano Argentina de Electricidad) en 1921 debido a un cambio en el origen de sus capitales.

Cuando se inauguró la usina Pedro de Mendoza, la CIAE ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado de centrales, subusinas y pequeños edificios de apoyo (subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor (contaba con tres generadores de 6.250 kV cada uno), cumplió en principio sus funciones con otras cuatro secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547, Montevideo 919 y Tres Sargentos 320) de iguales características arquitectónicas, hecho que se extendía a las subestaciones estáticas distribuidas por toda la ciudad. Esta Gran Usina fue librada al servicio en 1916, en la actual Av. Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez Galdós y Caffarena. Anteriormente, allí se había ubicado originalmente la primera cancha del Club Atlético Boca Juniors.

En 1936 la CHADE pasa a convertirse en Compañía Argentina de Electricidad o CADE (capitales franceses) y CEP (capitales ingleses), luego de un proceso continuo de fusiones y adquisiciones entre las que participaron otras empresas, como el Grupo Herlitzka, Electric Bondand Share Co y el Grupo ANSEC. Además ese mismo año se produjo un escándalo cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires aprobó modificar los términos de la concesión original de la CHADE-CADE y CIAE por medio de las ordenanzas Nº 8.028 y 8.029, con una anticipación de 25 años respecto del vencimiento del plazo original. Dichas moficaciones extendían la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejaba sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Los concejales radicales, que eran mayoría en el Consejo habían sido sobornados para votar a favor de la reforma, lo que generó la ira de muchos miembros del Partido. Este episodio se conoció como el "escándalo de la CHADE", ya que esa empresa fue la primera en presentar la propuesta de reforma, a la que pocos días después adhirió la CIAE.

Las ordenanzas fueron tan escandalosas que en 1943 se formó una comisión investigadora integrada por Matías Rodríguez Conde, Juan Sábato y Juan Pablo Oliver, donde se determina que lo actuado en 1936 era absolutamente ilícito. El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo proponiendo dos decretos para retirar a la CADE su personería jurídica, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas. Sin embargo el informe no fue publicado sino hasta 1956 y los proyectos no fueron siquiera tratados por decisión del vicepresidente Juan D. Perón.

Por su parte, en el interior del país los servicios públicos de electricidad estaban a cargo de empresas de origen norteamericano (EBASCO, American Foreign, Power Co.) y suizo, creándose el grupo de empresas denominadas Empresas Eléctricas Argentinas. Las mismas tenían zonas de concesión bien definidas, conocidas como el grupo ANSEC y SUDAM.

Origen de S.E.G.B.A.[editar]

Represa del Chocón (Neuquén). Su construcción se realizó a través de HIDRONOR, como parte de un ambicioso plan de electrificación a partir de energía hidroeléctrica.

Durante la gestión del Gral. Perón, el gobierno se enfrenta al problema de que las empresas de servicios públicos, que en su mayoría eran de propiedad privada, no prestaban un servicio acorde con los requerimientos de los usuarios. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente la deficiencia que existía en las instalaciones y equipos, la falta de inversiones, renovaciones y ampliaciones. Esta situación llevó a la intervención del Estado, que en lugar de seguir ejerciendo la regulación de las actividades, decidió tomar a su cargo la prestación directa de los servicios.

Así es que dentro del marco general de "nacionalización", comienza el proceso estatizador de las empresas eléctricas con mayor énfasis en el interior del país. Surge así el organismo denominado Centrales Eléctricas del Estado (CEDE) y se crea la Dirección Nacional de Energía (DNE) con funciones ejecutivas y de planeamiento. Se crea también la Dirección General de Irrigación (Administración Nacional del Agua), que junto con DNE daría origen a lo que sería, con el transcurso de los años, el ente autárquico denominado "Agua y Energía Eléctrica" (A y EE). En los '50 se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Además, se interconectan las Centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIADE) con lo que se logra un sistema interconectado de generación en el ámbito de la Capital y GBA. En el interior del país surgen las empresas provinciales EPEC (Córdoba), EPESF (Santa Fe), ESEBA (Buenos Aires) y EMSE (Mendoza), entre otras.

El gobierno del Gral. Perón cayó en 1955, sin embargo, la política de "nacionalización" ya estaba instalada y continúa profundizándose. Para aquel entonces, la operatividad del área denominada "Gran Buenos Aires" (Capital Federal y distritos aledaños), aún seguía sometida a la decisión de diversas jurisdicciones municipales, inoperantes frente a la concentración poblacional.

En 1957, una comisión del gobierno (dec. 4498/57) dictaminó que “el contrato de 1936 fue celebrado sin licitación previa... ni contó con la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante", por lo cual se produce la nulidad de la concesión. Frente a ello, la CIAE inició juicios contra la Municipalidad y el Estado Nacional.

En octubre de 1958 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 14.772, federalizando el servicio de distribución de energía eléctrica en el ámbito de la Capital Federal y GBA, proclamándose la creación de una nueva empresa mixta de electricidad, estableciéndose así las bases de lo que sería SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires). De esta manera el 1º de noviembre se integró el capital inicial de la empresa: el Estado Nacional era propietario del 80%, mientras que las empresas privadas Compañía Argentina de Electricidad (CADE) y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP) integraron el 20% restante. La CIAE no integra SEGBA y se mantiene como empresa privada sometida al régimen de concesión. Mediante decreto del 14 de septiembre de 1961 el gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas (CADE y CEP), con lo cual se produce la estatización total de la compañía. Ese mismo año se estableció la jurisdicción de la nueva empresa estatal y se le transfirió la Central Costanera Sur que estaba siendo ejecutada por AyEE.

El Estado aprueba un nuevo convenio de concesión con la CIAE, sin límite de duración, que mejora las condiciones de la ordenanza de 1936. Se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE, y ésta se comprometía a modernizar los equipos. El convenio fue aprobado por el decreto 5.571 y firmado por Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.

A pesar de ello, los cortes eran frecuentes y la interconexión, hasta cierto punto, sirvió para ocultar las deficiencias de la CIAE, que tenían grandes problemas para prestar el servicio ante el acelerado deterioro de los equipos. Aunque ésta situación era causal de rescisión inmediata, cualquier indemnización era tan excelente negocio para la empresa como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de los activos estaban amortizados.

Las promesas de inversión de 1961 recién se concretarían en 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado aceptó avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados mediante créditos del Banco Industrial.

Desarrollo de SEGBA y del Sistema Interconectado[editar]

Vista de la central nuclear Atucha I (Zárate - Buenos Aires). Su construcción se inició en 1968 y su puesta en régimen se realizó en 1974. Fue la primera central nuclear de Latinoamérica.

En 1967, y por Ley Nº17.574, se crea la Empresa Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) para la construcción y explotación en la zona del Comahue, de las Centrales El Chocón, Planicie Banderita y la Red de Interconexión de 500 Mw con el Gran Buenos Aires. En 1968 la CNEA encara la construcción de la Central Atucha I, y se realizan los estudios del Sistema De interconexión argentino-uruguayo. (SIAU)

En 1973 SEGBA inicia un período denominado de la "Autogestión". Durante la presidencia del Dr. Campora se designa como Presidente de SEGBA a Juan José Taccone, miembro del Sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal. La gestión de la empresa se unificaba con la dirección del propio sindicato. Durante este período se logra ejecutar el 80% de los planes de obras previstos (en un marco de financiamiento sumamente conflictivo) y se consiguen entregas record de energía eléctrica a la red y reducción de los cortes de suministro. Paralelamente, se contuvieron los conflictos gremiales y no se produjeron sabotajes. Sin embargo, la experiencia de autogestión concluye en 1976, cuando el nuevo gobierno militar desplaza al personal más sindicalizado (incluyendo algunos secuestros y asesinatos) y designa a un Interventor.[2]

La década del '70 está caracterizada por la entrada en funcionamiento de varias centrales de generación. Así, la CNEA finaliza la construcción de Atucha I en el norte de Buenos Aires, al tiempo que comienza la construcción de Atucha II y Embalse en Córdoba. La entidad Binacional Mixta de Salto Grande comienza la construcción de la central binacional y su finalización parcial permite la interconexión entre Argentina y Uruguay. En la zona del Comahue se habilitan las centrales Planicie Banderita y El Chocón, e Hidronor comienza la construcción de la Central Alicurá. Por Decreto Nº 8562/72 se crea el Despacho Unificado de Cargas (DUC) con la misión de operar y supervisar el Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, luego de 60 años de servicio y luego de ser afectados parcialmente por un incendio en 1962, los turbo-grupos a vapor originales instalados en la Central Dock Sud por la CATE dejaron de operar definitivamente y fueron desmantelados y vendidos. En su reemplazo, y por su ubicación estratégica (prácticamente en el centro de carga del Gran Buenos Aires), fueron instaladas turbinas de gas que por su facilidad de arranque, eran habitualmente destinadas a absorber la carga que se presentaba en las horas del día de mayor demanda.

La concreción de proyectos nucleoeléctricos e hidroeléctricos, además de la expansión del Sistema de Transporte de Alta Tensión, permitió alcanzar en la década de los 70, y en gran parte de los 80, un apropiado equilibrio entre oferta y demanda.

Nacionalización de la CIAE[editar]

Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura militar. Durante su gestión se realiza la nacionalización de la CIAE, cuyos activos ya estaban prácticamente amortizados. Él mismo había sido director de la Ítalo.

En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión de la Ítalo formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. Un año después, Isabel Martínez de Perón anuncia que la CIAE sería nacionalizada. Por decreto 731 se encomienda requerir al procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión. El dictamen del procurador Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961 lesiona las concesiones que otorgara el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y es violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.

Por decreto 223 de abril del 76, la dictadura, considerando los diferendos con el Estado que existían con distintas empresas, creó en el área del Ministerio de Economía varias comisiones asesoras que estudiarían la situación, entre otras, de Siemens y Standard Electric (proveedores de EnTel), CIAE (distribución eléctrica), Esso y Shell (por la nacionalización de las bocas de expendio), etc.

Por decreto 274 del mismo mes de abril, el ministro de Economía Matínez de Hoz se excusa para intervenir en asuntos de que pudieran ser parte interesada la CIAE, ya que el por entonces ministro era director de la Ítalo desde 1969. Sin embargo, luego él mismo nombra, por Res. 92/76, a los miembros de la comisión que se encargarían del caso, formada por civiles y militares. Martínez de Hoz anuncia a la prensa que su objetivo es lograr una buena negociación para atraer más capitales.

En el acta 9 de la comisión 6 encargada del caso Ítalo se indican las posibles líneas de acción: compra de la empresa, firma de un nuevo contrato de concesión o expropiación.

Tras diversas deliberaciones, las conclusiones de la comisión negociadora indicaron dos cursos de acción: 1) derogar el decreto 648 de Isabel Martínez y “no tomar otra acción dejando la iniciativa a la empresa, la que presumiblemente denunciaría el convenio”, o 2) negociar la compra. El Gobierno decide adoptar el curso de acción 2, la compra, aunque la comisión sugería la pertinencia del primero.

La CIAE era por aquel entonces una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza. Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerse con fuel-oil barato que producía YPF. El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, la CGC y Comercial del Plata. También había sido director de Motor Columbus. Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también lo era de Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso. Roberto T. Alemann, quien había suscripto el nuevo contrato de concesión de 1961 había integrado el directorio de Motor Columbus y CGC, y además, había representado a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Por su parte, el embajador suizo en Argentina por aquel entonces era director de Motor Columbus. Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri y Walter Boveri era director de la CGC.

El 2 de junio de 1978 se firma un pre-contrato para la venta de los bienes. Los estudios realizados por la Comisión Investigadora de 1985 establecieron que el costo total de la transferencia había sido de: 394 millones de dólares.

Martínez de Hoz designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex CIAE. Toda su infraestructura pasó a manos de SEGBA en 1979.

La decisión de estatizar la Ítalo era de por sí llamativa y antagónica con los lineamientos económicos de la dictadura, que simultáneamente inauguró un proceso sistemático de desguace del Estado. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada. A mediados de los 80, un estudio técnico de SEGBA estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex CIAE estaban amortizados, o sea que habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los ´30, turbinas obsoletas y cables con 50 años de antigüedad que SEGBA se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y el BID.

La Central Puerto Nuevo se convirtió en un monumento al óxido y a la infamia. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra.

En 1987, todas las instalaciones que habían pertenecido a la Ítalo en Capital Federal fueron entregadas gratuitamente a la Municipalidad.

El Sistema en Crisis[editar]

La represa hidroeléctrica de Yacyretá (Argentina-Paraguay) fue un proyecto binacional evaluado desde los años ´50. Su construcción se prolongó entre 1983 y 1998, aunque la máxima capacidad de producción recién se alcanzó en 2011.

Durante las décadas del ´70 y ´80 se logran algunos avances en materia de energía: se interconectan a la red nacional de 500 kV los sistemas eléctricos Centro, Cuyo, NOA y NEA, lográndose una cobertura del 90% del total del país. Se finalizan las obras de Salto Grande, Embalse y Alicurá, al tiempo que el Ente Binacional Yacyretá (Argentina y Paraguay) comienza la construcción de dicha central. En la zona del Comahue se inician las obras de la hidroeléctrica Piedra de Águila V.

Estas obras permiten que la composición de la oferta también cambie significativamente, ya que en 1980 la potencia instalada en plantas hidroeléctricas y térmicas era de 36% y 61% respectivamente, mientras que en 1990 esas proporciones resultaron de 41% y 53%, con lo cual se había logrado una importante reducción del consumo de combustibles fósiles.

Sin embargo, a pesar de las importantes inversiones realizadas en dicho período, la prestación del servicio en general no era del todo satisfactorio en términos de los índices de calidad de servicio como en los costos de inversión incurridos. Ello estuvo motivado en la baja productividad de las inversiones por la elección de tecnologías no óptimas, por la baja capacidad de control en el cumplimiento de los contratos de construcción (especialmente con respecto a las fechas previstas de puesta en marcha) y los montos implicados que producirían mayores costos, y por la corrupción imperante en las empresas. El mayor ejemplo de todo ello fue la construcción de Yacyretá.

Con el tiempo, el sobredimensionamiento del rol del Estado dio lugar a dificultades crecientes en la gestión de las empresas, situación agravada por un contexto político, económico y social poco propicio. Todo ello coadyuvó en provocar un creciente deterioro del servicio público en términos de eficiencia y calidad de servicio, fundamentalmente a nivel del servicio de Distribución.

Los problemas derivados de la inflación interna, del endeudamiento externo y de una economía cerrada, provocaron serios problemas de financiamiento en las empresas, que llevaron a las autoridades a emplear las tarifas como herramienta "anti-inflacionaria" y de "re-distribución" de ingresos, lo que generó una profunda descapitalización de las mismas.

Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de 1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año; crisis motivada por la insuficiencia de oferta de generación para abastecer la demanda por la conjunción de dos factores principales: la elevada indisponibilidad del parque térmico (más del 50%) y el reducido aporte hidráulico (60% de los valores normales). La delicada situación del sector eléctrico a la que se había arribado, y la amenaza de recurrentes crisis futuras de abastecimiento, obligaron a buscar alternativas de reestructuración del sector, que hasta ese momento eran impensables.

Privatización[editar]

Vista de las turbinas BTH de Central Costanera S.A., en la ciudad de Buenos Aires.

En agosto y septiembre de 1989, durante la presidencia de Carlos Saul Menem se promulgaron las Leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y la Nº 23.697 de Emergencia Económica, que sirvieron de base para la Promulgación de la Ley Nº 24.065 (que entró en vigencia el 1º de enero de 1992) conocida como marco regulatorio del sector eléctrico, que constituyó el punto de inflexión de la política del sector. A partir de ese momento, el Estado abandona su rol de administrador y planificador para ocupar la función de diseñador y regulador de la actividad.

El sector eléctrico se particionó en tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Tanto la actividad transportista como la de distribución, pasarían a ser monopolios ya que se buscaba una máxima eficiencia que en ese entonces sólo podía ser conseguida a través de una regulación que incluía la fijación de tarifas máximas y altos niveles de calidad.

Los generadores, transportistas y distribuidores junto con los grandes usuarios mayores (GUMA), menores (GUME), y particulares (GUPA) conformarían los agentes de participación en el negocio eléctrico.

Todos estos agentes concurrirían al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicado en la localidad de Ezeiza. La función de administrar las transacciones económicas entre empresas del sector y realizar el Despacho Nacional de Carga recayó en una nueva sociedad anónima denominada Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), en la cual tendrían participación accionaria todos los actores del mercado (20% cada uno) y la Secretaría de Energía (el 20% restante). Esta nueva sociedad tendría a su vez la responsabilidad de realizar el despacho económico de las unidades, operar en tiempo real el sistema eléctrico y sancionar horariamente los costos marginales con el objeto de buscar el óptimo del sistema.

SEGBA fue disuelta y sus tareas quedaron divididas entre 7 nuevas empresas privadas. La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, una perteneciente a EDENOR, otra a EDESUR y la última a EDELAP. En la parte de generación fueron creadas las empresas Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud. Siendo que a la primera central termoeléctrica se le transfirieron 5 unidades BTH de 120 MW, la unidad 6 de 350 MW, y la unidad 7 de 310 MW manejada por operadores de élite. En junio de 1993 SEGBA transfirió sin cargo a la empresa TRANSENER la línea de 500 kV y varias subestaciones.

Cetral Puerto S.A., más que como una empresa, funcionaba como dos centrales: Nuevo Puerto y Puerto Nuevo. Hasta ese momento estas dos centrales operaban independientemente, no obstante, su cercanía física, hacía conveniente que funcionaran como una única unidad de negocio. Ésta fue la primera empresa generadora en ser privatizada, pasando a comercializar su energía a partir del 1º de abril de 1992. Todas las nuevas empresas privatizadas pusieron en marcha un plan de inversiones para renovar los antiguos equipos y mejorar la eficiiencia del negocio.

De acuerdo a los planes del gobierno se llamó a una Licitación Pública Internacional para la privatización de EDESUR S.A. En la misma participaron varios de los operadores del negocio eléctrico más importantes del mundo junto con los grupos económicos más relevantes de la Argentina. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1507/92, adjudicó el 51% de las acciones a la oferta presentada por el Consorcio Distrilec Inversora S.A. ("DISTRILEC"), integrado por Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO, al ofertar el mejor precio (US$ 511.021.021), firmando el Contrato de Transferencia de Acciones con fecha 6 de agosto de 1992. El 1º de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión por parte del consorcio adjudicatario, iniciando EDESUR sus actividades dentro del área de concesión.

Simultáneamente Electricidad Argentina S.A. (EASA), constituida originalmente por Electricité de France (EDF), Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A. (ENHER), Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A. (ASTRA), Société D’Amenagement Urbainet Rural (SAUR), Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) y J.P. Morgan International Capital Corporation, se organizó para presentarse como oferente al mencionado concurso para la venta de las acciones clase "A" de EDENOR SA.

Con una oferta de U$S 427.972.977 le fueron preadjudicadas dichas acciones y el 6 de agosto de 1992 se firmó el contrato respectivo de transferencia del 51% de su capital social. La adjudicación y el contrato de transferencia fueron aprobados por el Decreto N° 1.507/92 del Poder Ejecutivo Nacional el 24 de agosto de 1992. La Concesión era otorgada por un plazo de 95 años, prorrogable por un máximo adicional de 10 años. El lapso de la misma se dividió en períodos de gestión, el primero de los cuales tendría una duración de 15 años y los siguientes de 10 años cada uno. Luego de cada período de gestión se debía proceder a la licitación de las acciones clase "A", representativas del 51% del capital de EDENOR S.A. Finalmente, el 10 de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la Sociedad. EDENOR tenía por objetivo la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona norte de la Capital Federal y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Escobar, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Pilar, Moreno, Gral. Las Heras, Gral Sarmiento, Gral. Rodríguez, Moron, Marcos Paz y La Matanza.

Por su parte, la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.), la ex unidad de negocios La Plata de SEGBA fue entregada en concesión al consorcio COINLE. La sociedad fue constituida por el Decreto N°1795 publicado el 6 de octubre de 1992 y conforme al Contrato de Concesión del 3 de diciembre de 1992 la empresa sería titular de la concesión por un período de 95 años. Este período se dividía en uno inicial de 15 años, que finalizaba el 21 de diciembre de 2007, y ocho más de 10 años cada uno. La concesión facultaba a la Sociedad a operar como distribuidor exclusivo de energía eléctrica en seis partidos del sur bonaerense, prestando servicios a un área que rondaba los 5.700 kilómetros cuadrados, donde vivían aproximadamente 710.000 habitantes (2% de la población Argentina). A partir del 22 de diciembre de 1992 este nuevo operador se hizo cargo de los servicios de distribución en los siguientes partidos: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen.

La privatización de EDELAP S.A. incluía entre sus activos al Centro Operativo Dique. Sin embargo, las normas que regulaban la privatización de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) determinaban que una misma persona jurídica no podía ser titular de una concesión de distribución de energía eléctrica y al mismo tiempo de una unidad de generación de energía eléctrica.

Por tal razón, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1398/92 se realizaron todos los actos necesarios para transferir la unidad de generación de energía eléctrica a una Persona Jurídica Independiente (Central Dique Sociedad Anónima) a partir de la fecha de transferencia a Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.) de los activos y pasivos que formaron parte de la privatización. La central, con una potencia instalada de 29 MW, inició sus actividades como empresa privada el 22 de diciembre de 1992, fecha en la cual tomó posesión de la Compañía el nuevo consorcio adjudicatario.

De acuerdo al Pliego, EDENOR SA. y EDESUR S.A. constituyeron en partes iguales la sociedad SACME S.A., encargada del control de movimiento de energía provista a dichas distribuidoras.

Con fecha 10 de enero de 1994, EDENOR S.A., EDESUR S.A., el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmaron un Acuerdo Marco tendiente a resolver y normalizar la situación del suministro eléctrico a asentamientos y barrios carenciados. Así ambas Sociedades renunciaban a cualquier reclamo y/o cobro de facturas, actualizaciones, recargos e intereses originados desde el 1° de septiembre de 1992 hasta el 31 de enero de 1994 que tuvieran como origen las conexiones directas, hurto, consumos no registrados o cualquier otra forma de apropiación indebida de electricidad o uso irregular de la misma. El valor económico asignado a dicha renuncia fue atendido con un Fondo Especial, soportado por el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires con aportes porcentuales sobre la facturación efectivamente cobrada a los usuarios de los asentamientos y barrios carenciados. La duración del Fondo fue de 4 años a partir de la vigencia de dicho acuerdo.

Mientras tanto, en 1994 la concesionaria de Central Puerto S.A. construyó la central Loma de la Lata en la provincia del Neuquén y Central Costanera S.A. instaló un sistema de generación de ciclo combinado de avanzada tecnología, haciendo uso de terrenos e infraestructura existentes en la Central. La finalización exitosa de la primera etapa operativa de esta nueva unidad, a fines de 1995, constituyó un evento muy importante para Central Costanera, por ser la primera con estas características en el país y una de las pocas en Latinoamérica. Esta incorporación le permitía reducir costos de operación en un 40%, constituyendose en la empresa más económica del mercado y la más competitiva.

A partir de la privatización, las nuevas concesionarias volcaron sus esfuerzos hacia el logro de un mayor margen bruto, reduciendo los costos fijos y mejorando la calidad del servicio de acuerdo con las regulaciones vigentes. Los resultados obtenidos en los primeros años demostraron el éxito de los esfuerzos por mejorar la rentabilidad y mantener un servicio confiable.

Luego de las privatizaciones, el ente residual SEGBA S.A. en liquidación persistió hasta 1998.[3]

Presente y Futuro[editar]

Sala de turbinas de Yaciretá. Desde febrero de 2011 opera a su máxima capacidad de producción de energía permitida por el diseño original.

Para el año 2000, a pesar del éxito en materia de inversiones y en calidad del servicio, aún subsistían problemas que no se habían resuelto cuidadosamente en la etapa inicial de la reforma. La principal señal de alerta era la paralización de las inversiones en generación, debido al bajo desarrollo del Mercado Mayorista de Contratos que había desembocado en una baja desmedida de los precios "spot", lo que hacía inviables algunos emprendimientos ya realizados, y desalentaba nuevas inversiones para el sector, provocando un futuro riesgo de desabastecimiento en el mediano plazo. Otros puntos a corregir estaban vinculados al atraso en las expansiones del sistema de transmisión y a la falta de proyectos de integración regional que también generaban incertidumbre en las decisiones de inversión.

Poco después, la crisis socio-económica de 2001, desembocó en una abrupta devaluación del peso argentino y en el congelamiento de tarifas de servicios públicos, impactando negativamente en la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, los salarios prácticamente no se modificaron en los primeros años post-crisis y los combustibles, que aumentaron su precio notoriamente en el 2002, se congelaron un año después. Lo mismo ocurrió con el dólar, cuyo valor trepo durante todo el año 2002, hasta que finalmente se estabilizo en una paridad cercana al 3 a 1 con relación al peso.

Una vez pasada la crisis y cuando ya se había alcanzado una cierta estabilidad en el nivel de precios, el objetivo de la política económica del presidente Nestor Kirchner fue mantener intacta esta nueva estructura de precios relativos: dólar alto y tarifas, transporte y combustibles baratos.

Por su parte, el gobierno implementó una política salarial de actualización para recomponer el poder adquisitivo. Un instrumento clave de la política económica fue la implementación de un esquema explícito de subsidios fiscales. A través de este esquema se mantuvo un grupo de precios críticos congelados sin generar quebranto para las empresas proveedoras (básicamente en el sector energético y del transporte de pasajeros).

Tras varios años de una política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria expansiva, el nivel de actividad se recuperó con fuerza, creció el empleo y se recompuso el salario real. De esta forma, los subsidios se fueron convirtiendo en una herramienta central de la política económica, basada en el consumo como motor principal de la reactivación. Sin embargo, el crecimiento de la economía, provocó la reaparición del efecto inflacionario, por lo que se volvió un tema primordial evitar subas de los precios internos de productos y servicios, con el fin de preservar el salario real. Por esta misma razón, los subsidios fueron engrosando cada vez más la cuenta de gastos del Tesoro, a tal punto que el gobierno gastaba más en subsidios que en obra pública.

Para descomprimir un poco la situación, en el año 2006 la Secretaría de Energía, puso en marcha el plan “Energía Plus” donde los usuarios cuya potencia instalada fuera superior a los 300 kW y que excediesen el nivel de la demanda del año 2005, deberían pagar un costo adicional por esta energía, lo cual impactó de lleno en la competitividad de las grandes industrias.

Desde el año 2002 hasta el año 2012, el subsidio energético había sufrido un aumento del 19.125%, mientras que la variación del dólar oficial para las mismas fecha había sido de tan solo un 30,06%. La inconsistencia entre ambos valores era evidente.

El nuevo desafío para el Estado era ir desarmando el esquema de subsidios sin provocar sobresaltos fuertes en la inflación debido a que los atrasos acumulados eran demasiado marcados con respecto a las tarifas congeladas. El sector eléctrico, era sin dudas el que presentaba mayores distorsiones, ya que para el año 2012 la factura promedio de un consumidor residencial debía multiplicarse casi por 4 para que se eliminaran los subsidios que recibían las empresas, mientras que en el precio del gas, la factura debía ser 6 veces mayor.

Por ello, a fines del 2011, tras la reelección de Cristina Fernandez de Kirchner el gobierno inició una eliminación gradual de los subsidios, en lo que se denominó como el programa de "redireccionamiento de subsidios", poniendo énfasis en que no se trataba de un aumento en las tarifas sino en la eliminación de dicho beneficio para zonas catalogadas como de ingreso alto, imponiendo mayor equidad en la aplicación de los mismos.

Sin embargo, este "no aumento" de las tarifas, afectaba seriamente a las empresas proveedoras del servicio que entraron en un estado crítico, técnicamente quebradas. En este contexto, a mediados del 2012 el Gobierno comunicó a las compañías que se implementaría un nuevo modelo en el mercado eléctrico en el que el Estado cubriría sus costos y les fijaría una rentabilidad sobre el capital empleado tras analizar caso por caso. Este esquema, conocido como "Costo Plus", regiría también para las nuevas inversiones.

De esta manera comenzaba una nueva etapa, cada vez más distante a la de los ´90, donde cada empresa se hacía cargo de sus costos y buscaba la rentabilidad mediante una eficiencia en la gestión. La nueva estructura sería más similar a la que había implementado SEGBA con la CIAE en los ´60.

Referencias[editar]

  1. Rapoport, Mario; Seoane, María (2007). «V». Buenos Aires, historia de una ciudad Tomo II (1 edición). Buenos Aires: Planeta. p. 68. ISBN 978-950-49-1746-5. 
  2. http://comisionddhh.obraspublicas.gob.ar/historia-segba.html
  3. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (22 de junio de 1998). «Resolución Ministerial 557/1998». Boletín Oficial de la República Argentina (Dirección Nacional del Registro Oficial) (28921). http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=51410. Consultado el 27 de marzo de 2011. 

Enlaces externos[editar]

Memoria de las privatizaciones