Política fiscal en la Unión Europea

La política fiscal en la Unión Europea (UE) se refiere a la fiscalidad dentro de dicha organización internacional. Esta política se compone de dos ramas: la fiscalidad directa, que es competencia exclusiva de los Estados de la Unión, y la fiscalidad indirecta, que afecta a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios en el Mercado Único Europeo. No obstante, las instituciones europeas han establecido algunas normas armonizadas para la tributación personal y la fiscalidad de las sociedades —como parte de la fiscalidad directa—, y los Estados miembros, por su parte, han tomado medidas conjuntas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición. En cuanto a la fiscalidad indirecta, la Comisión Europea armoniza las leyes relativas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales. Así se garantiza que, en el mercado interior, la competitividad no sea distorsionada por las variaciones de las tasas de impuesto indirectas y por los sistemas que podrían dar a las empresas de un Estado miembro ventajas “desleales” sobre compañías basadas en otros Estados de la Unión.​

A medida que se intenta progresar en la armonización de las políticas comunes surgen dificultades derivadas de la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros, armonizar las políticas monetarias y fiscales fundamentalmente, supone que los gobiernos de los países del área tienen un menor margen de actuación para su política general.

Mercado interior de la Unión Europea

Esta sección es un extracto de Mercado Único Europeo.[editar]

El Mercado Único Europeo,​ también conocido como mercado común europeo, es el mercado interior de la Unión Europea donde circulan libremente los bienes, servicios, capitales, las personas y, en su interior, los ciudadanos de la Unión pueden residir, trabajar, estudiar o hacer negocios con total libertad.​ Se trata de uno de los instrumentos de integración social y económica de la Unión, del cual derivan, entre otros, la Unión Económica y Monetaria.

Los países miembros de la AELC (excepto Suiza) participan en este mercado interior sin el requisito de ser Estados miembros de la UE, gracias al Espacio Económico Europeo (EEE), que es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de la AELC.

El mercado interior aparece mencionado en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea como uno de los objetivos que tiene que alcanzar la UE.

Art 26.1 del TFUE;
la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento

Historia

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El déficit público ha sido considerado como uno de los principales indicadores de la economía pública y ejerce un importante papel en la toma de decisiones políticas a nivel comunitario (Unión Europea) y mundial. El origen de su protagonismo a nivel comunitario procede de la aprobación en 1992 del Tratado de Maastricht que estableció un límite en el entorno del 3 % como uno de los criterios de convergencia que debían cumplir los Estados miembros de la UE para poder acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. A mediados de la década de 1990, ante la proximidad de la entrada en funcionamiento del euro, se puso de manifiesto en el ámbito de la Unión, la necesidad de coordinar las políticas fiscales de cada país y establecer una regla que asegurase el rigor fiscal de los países partí­cipes y dotar de credibilidad a las políticas fiscales de cada uno de los Estados miembros, de manera añadida junto a la política monetaria del Banco Central Europeo.​

La noción de equilibrio presupuestario tiene su origen en la ideología liberal, en el siglo XIX, que defendía una intervención mínima del Estado en la economía y el principio de que debía debía regirse por las mismas normas que el presupuesto de una familia con un equilibrio estricto entre ingresos y gastos, lo que evitaba el déficit. La fijación de un límite presupuestario en 1992, partía de que una relación entre el déficit público y el Producto interno bruto (PIB) del 3 % sería la cifra «estabilizadora» para una ratio de deuda del 60 % (deuda pública/PIB), considerando que el crecimiento nominal de la renta nacional fuera del 5 %, lo que sucedía como media entre los años ochenta y noventa de la Europa de entonces. De forma añadida, la cifra del 3 % era el porcentaje que representaba el nivel típico de gasto en inversión pública, que llevaba a cumplir la denominada «regla de oro» de las finanzas, por la cual sólo pueden permitirse los défi­cits público que no superen la tasa de inversión pública.​

Pacto Fiscal Europeo

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El Pacto fiscal europeo (formalmente Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria)​ es un tratado internacional firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Contiene un conjunto de reglas de oro que son vinculantes en la UE para el principio de equilibrio presupuestario. Todos los Estados miembros de la Unión Europea firmaron el tratado el 2 de marzo de 2012, excepto Reino Unido y la República Checa. Entró en vigor el 1 de enero de 2013, por haber sido ratificado por un número de miembros de la eurozona superior al mínimo de 12.​

Véase también: Pacto del Euro

Deuda pública de la UE

Esta sección es un extracto de Deuda pública de la Unión Europea.[editar]

Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort del Meno, Alemania.

La deuda pública de la Unión Europea es una medida de las obligaciones de la Comisión Europea. Desde 2020 dicha institución ha movilizado un paquete de ayudas en respuesta a la crisis del COVID-19, acudiendo para ello a la financiación en los mercados internacionales. Estos fondos extraordinarios, financiados con títulos de deuda pública de la Comisión Europea a largo plazo, serán gestionados por cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea que lo soliciten.​

La idea que subyace bajo la propuesta de los bonos es el mayor acceso de los gobiernos a la financiación de sus deudas mediante la ampliación de sus oportunidades de liquidez y su seguridad. También se espera que los bonos refuercen el sistema financiero de la eurozona, evitándose mejor futuras crisis.​

Durante la Crisis del euro se había propuesto la creación de eurobonos, a emitir por el conjunto de todos los países de la eurozona, cuyas cantidades no necesariamente deberían ir expresadas en euros. Al igual que otros bonos, podrían haber expresado una cierta cantidad de dinero invertido a devolver por el deudor, un cierto ratio de interés y un cierto tiempo vencido el cual la deuda deberá ser devuelta. Los eurobonos deberán ir avalados por el conjunto de países que los compartiesen, y no por países individuales. Sin embargo, los gobiernos de aquellos países menos afectados en ese momento por la crisis de deuda, especialmente Alemania y Austria, estuvieron en desacuerdo con la propuesta, entendiendo que el endeudamiento indefinido no podría ser una respuesta a la crisis.​​

Reforma de las reglas fiscales de la UE

Estos párrafos son un extracto de Pacto de Estabilidad y Crecimiento § La era post pandemia.[editar]

Entre 2021 y 2022 el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, se mostraron dispuestos a liderar dentro de la UE, la ofensiva para transformar las normas sobre fiscalidad, inversión y ayudas de Estado que en su opinión amenazarían la recuperación de la Unión tras la pandemia de COVID-19. En este sentido, el Tratado del Quirinal —convenio de amistad bilateral firmado en noviembre de 2021— sirvió también para sentar las bases de lo que debería ser un previsto documento común que afronte la revisión del Pacto de estabilidad y crecimiento, entre otros asuntos. Así, el empuje de ambos países —que suponen algo más de un tercio del PIB de la eurozona— pretendía marcar el terreno ante el inicio de los debates que serán fundamentales en la futura gobernanza política y económica de la UE.​

Las normas del PEC están suspendidas desde el inicio de la pandemia, pero algunos Estados miembros abogan por reintroducirlas en 2023 tal y como fueron concebidas en 1997. Esta idea fue considerada como inviable por Draghi y Macron quienes manifestaron que el Pacto se había quedado obsoleto.​ Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz se ha mostrado abierto a buscar una salida consensuada al debate sobre las normas fiscales que todos miembros del Consejo Europeo consideran imprescindible.

Entre tanto, la propia Comisión von der Leyen lanzó el debate sobre la reforma del PEC y abogó por la implementación de cambios que adapten el marco de vigilancia presupuestaria a la realidad que ha provocado la pandemia. Ello teniendo en cuenta que el déficit de la eurozona pasó del 0,6 % del PIB en 2019 al 7,2 % en 2020, más del doble que el límite previsto en el PEC, además la deuda pública cerró el 2020 en 97, 3%, por encima del límite del 60 %. En varios Estados miembros —incluidos España e Italia— la deuda ha superado el 120 % del PIB, por lo que —con déficits abultados y endeudamientos de este nivel— el cumplimiento del PEC parece improbable en el corto plazo.​ En consecuencia, la Comisión adoptó en noviembre de 2022 su Comunicación «Orientaciones para la reforma del marco de gobernanza económica de la UE» para proponer un nuevo marco de reglas fiscales dentro del PEC, tras considerar que las vigentes no podían retomarse tal y como estaban.​

Fiscalidad directa

Legislativamente, el Tratado de la Unión Europea (TUE) no contempla competencias explícitas en el ámbito de la fiscalidad directa. Sin embargo, la legislación relativa a la fiscalidad de las sociedades se rige por el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que autoriza la adopción de directivas en busca de lograr una aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros que incidan de manera directa en el mercado interior «por unanimidad y con arreglo al procedimiento de consulta».​

Véanse también: Directivas de la Unión Europea sobre la libre circulación de trabajadores y Presupuesto de la Unión Europea.

Fiscalidad indirecta

Impuestos sobre consumos específicos

Esta sección es un extracto de Impuestos sobre consumos específicos § Unión Europea.[editar]

La configuración de la Unión Europea como un espacio sin fronteras lleva a que los impuestos especiales, sean impuestos armonizados a nivel comunitario, regulados por distintas Directivas comunitarias que constituyen el marco definitivo de la imposición por impuestos especiales en este ámbito.​

Impuesto sobre el valor añadido

Esta sección es un extracto de Impuesto sobre el valor añadido de la Unión Europea.[editar]

Mapa de porcentajes del impuesto sobre el valor añadido de los países europeos.

El impuesto sobre el valor añadido de la Unión Europea (o IVA de la UE ) es un impuesto al valor agregado en bienes y servicios dentro de la Unión Europea (UE). Se trata de un impuesto armonizado en la Unión Europea, de manera que la legislación de todos los Estados miembros deben adaptar su normativa a las Directivas europeas y al resto de normas comunitarias de desarrollo. La Sexta Directiva, de 17 de mayo de 1977 constituye la norma fundamental en esta materia, mediante la cual se estableció una cobertura uniforme a efectos de este impuesto en la Comunidad Europea.​ Las instituciones de la UE no recaudan el impuesto, pero cada Estado miembro de la Unión Europea está obligado a adoptar un impuesto sobre el valor agregado que cumpla con el código de IVA intracomunitario. Una parte del IVA recaudado por los Estados miembros se utiliza para financiar a la Unión Europea, como parte del sistema de "recursos propios".

La reforma más importante de la normativa en materia del impuesto sobre el valor añadido se produjo en 1993, con la entrada en vigor del denominado mercado interior en el ámbito la Unión Europea, que supuso la libre circulación de bienes, servicios y personas consecuentemente la supresión de controles fiscales en frontera, declarándose la exención de las denominadas entregas intracomunitarias y la liquidación en destino del impuesto.​

Véase también: Identificación tributaria en la Unión Europea

Enlaces externos

• Página web oficial

• Datos: Q3073001