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El conflicto mapuche se define como un conflicto cultural, político, económico y social, de carácter [[nacionalista]], que busca reivindicar los [[derecho]]s de la sociedad aborigen sobre sus [[territorio]]s y, a partir de ello, instaurar un ordenamiento político propio, de bases ancestrales, en oposición a las normas que rigen la sociedad chilena. A partir de esta definición se genera un [[conflicto]] de intereses entre ambas sociedades: la indígena, cuya demanda se encuentra identificada en la definición anterior, y la chilena, que busca la mejor solución para satisfacer dicha demanda, considerando conservar los derechos patrimoniales y soberanos de la nación chilena, cuyo [[Estado]] se encuentra consolidado y reconocido a nivel mundial, con una jurisprudencia completa y vigente para todos sus ciudadanos, incluidos los aborígenes. |
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El conflicto mapuche o demanda mapuche se denomina al resurgimiento y reorganización de las comunidades mapuche por la autonomía y la recuperación de tierras[1] desde la vuelta de la democracia en Chile (es un fenómeno principalmente de Chile, aunque también de Argentina[2]). Sus demandas giran alrededor de tres ejes: la autonomía jurisdiccional (derecho propio),[3] la devolución de tierras y la identidad cultural.[4]
Conflicto de intereses
El conflicto mapuche se define como un conflicto cultural, político, económico y social, de carácter nacionalista, que busca reivindicar los derechos de la sociedad aborigen sobre sus territorios y, a partir de ello, instaurar un ordenamiento político propio, de bases ancestrales, en oposición a las normas que rigen la sociedad chilena. A partir de esta definición se genera un conflicto de intereses entre ambas sociedades: la indígena, cuya demanda se encuentra identificada en la definición anterior, y la chilena, que busca la mejor solución para satisfacer dicha demanda, considerando conservar los derechos patrimoniales y soberanos de la nación chilena, cuyo Estado se encuentra consolidado y reconocido a nivel mundial, con una jurisprudencia completa y vigente para todos sus ciudadanos, incluidos los aborígenes.
Historia
Consejo de Todas las Tierras
A principios de la década de 1990, el Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche fundada en 1990, llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno de Patricio Aylwin, primer presidente democrático en 17 años, fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.
Ley de Desarrollo Indígena 19.253
En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. La nueva situación consagrada por esta ley, y que operaba con la cooperación de los principales referentes mapuche hasta 1997, sufrió una crisis, cuando la empresa ENDESA España comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Algunos de los mapuche-pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche de una manera totalmente autoritaria.
Explotación de plantaciones forestales
En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura, en predios que habían sido otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de sectores económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).[5] Sin embargo, este informe ha sido cuestionado, ya que contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche, y porque no profundiza en las causas del conflicto.
Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco - Malleco
Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la respuesta estatal al conflicto mapuche adquirió dos vías principales.
Por un lado, a través de la represión policial de las acciones de los activistas mapuches, cuyo momento más critico ocurrió en 2002. Durante una ocupación ilegal de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra perdió la vida por la acción de Carabineros de Chile, quienes hicieron uso de escopetas antimotines cargadas con balines de plomo.
Por otro lado, mediante una operación de inteligencia llamada "Operación Paciencia", dirigida desde la Sub Secretaría del Interior, presidida por Jorge Correa Sutil, se sindicó y persiguió a la Coordinadora Arauco-Malleco como a una organización de carácter terrorista. Sus dirigentes fueron encarcelados en juicios que fueron cuestionados, como el llamado "Caso Loncos", donde los Lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por "amenaza de incendio terrorista" y el "Caso Puluco-Pidenco", donde cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista".
Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los denuncian como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano decretó la admisibilidad de la denuncia.[6]
Criminalización del movimiento social mapuche
Esta crisis general tiene varias víctimas debido a la criminalización de la lucha social; diversas organizaciones mapuches han denunciado un estado de militarización de sus comunidades.[7] Asimismo, han ocurrido ataques a menores de edad en las comunidades mapuches. El 30 de octubre del año 2007, el menor de 13 años Patricio Queipul Millanao resultó herido en el tórax por al menos seis municiones de Carabineros, quienes dispararon sus escopetas antimotines.[8] Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de 13 años, baleada en extrañas circunstancias por carabineros, en enero de 2001,[9] y luego, en 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.[10]
Las demandas de los mapuche están ligadas a la recuperación de los territorios de los que son ancestralmente herederos. A los presos políticos mapuche se los ha juzgado mediante una Ley Antiterrorista creada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo (en particular el delito de incendio, que puede alcanzar a 10 años de cárcel al aplicársele la legislación antiterrorista).
Reacción de organizaciones pro derechos humanos
Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche.
En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que el Estado chileno debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.
También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.
Reclamo del derecho de autodeterminación
Varias organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblos, según reconoce la Carta de Naciones Unidas.[11] Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el Relator Especial de Naciones Unidas Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por la ONU, sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”.
Si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuche, muchas de las organizaciones mapuches que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990; o como los beneficios obtenidos por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales). Además, organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (caso similar al del reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).
Referencias
- ↑ Informe sobre el conflicto mapuche, Centro de Documentación Mapuche
- ↑ La cuestión mapuche - Nota periodística sobre la "ocupación-recuperación" de tierras en Argentina
- ↑ Conflicto mapuche y propuestas de autonomía mapuche, por Javier Lavanchy
- ↑ Identidad y conflicto mapuche en los discursos de Longkos y Machis (IX Región - Chile), por Jorge Araya Anabalón
- ↑ Senado de Chile S 680-12
- ↑ Los Derechos Humanos ponen de nuevo a Chile en la picota
- ↑ Violencia e intereses en el conflicto mapuche
- ↑ Recurso de Protección a favor del menor, presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Versión digital en PDF.
- ↑ Indebido proceso: los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el sur de Chile, informe de Human Rights Watch. Informe en inglés
- ↑ Ibidem.
- ↑ Declaración desde el Wallmapu sobre el derecho a la libredeterminación/autogobierno mapuche
Véase también
Enlaces externos
- La dimensión del conflicto mapuche, por Mario Arce Giuliucci
- Conflicto mapuche, por Carlos Ruiz Rodríguez
- Estado-Nación y “conflicto mapuche”: aproximación al discurso de los partidos políticos chilenos