Teoría del fraude electoral en Uruguay en 1971

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La teoría del fraude electoral en Uruguay en 1971 trata sobre la hipótesis de que, sobre la base de las irregularidades constatadas y otras no comprobadas, los resultados de las elecciones generales de ese año podrían haberse alterado en forma que causaran la derrota del candidato presidencial del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, frente a quien finalmente fue electo presidente por estrecho margen por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry.

Los hechos[editar]

En las elecciones generales de 1971 votaron 1.712.766 ciudadanos, lo cual representó el 91,19% del total de habilitados.[1]​ Según los datos de la Corte Electoral de Uruguay, el Partido Colorado superó al Partido Nacional, por apenas un 0,76% del electorado, es decir por 12.802 votos.[1]​ La ley de lemas vigente en aquel entonces permitió que Juan María Bordaberry lograra la presidencia a pesar de obtener 60.134 votos menos que Wilson Ferreira Aldunate.[1]

Pero había además otra complicación en el proceso electoral: el plebiscito reeleccionista y la votación de dos fórmulas paralelas, por el régimen vigente y por el régimen proyectado, lo cual ocasionaba aun mayor confusión a la hora de recontar votos. Los dirigentes políticos adherentes de Jorge Pacheco Areco habían impulsado la Unión Nacional Reeleccionista, que pretendía prolongar cinco años más la presidencia de Pacheco. Como en el Uruguay no existe la reelección presidencial inmediata, se utilizó el mecanismo de plebiscito constitucional: si se reformaba la constitución ("régimen proyectado"), se habilitaba la posibilidad de que la ciudadanía reeligiese o no a Pacheco. Pero como también existía la posibilidad de que el plebiscito fracasase (como finalmente ocurrió), se debía votar además una fórmula por el "régimen vigente", y dicha fórmula fue Juan María Bordaberry-Jorge Sapelli. Lo cual equivale a decir, que Bordaberry accedió a la presidencia con los votos de Pacheco. Lo más discutido de esta historia, es el recuento de votos colorados que incluían hojas de votación por el régimen vigente y también por el proyectado, se discute si los mismos fueron bien contados o no.[2]

Posibles irregularidades[editar]

Los defensores de esta teoría ven los siguientes hechos como indicios que pudieron contribuir en mayor o menor medida en el fraude electoral:

  • Previo a las elecciones, a iniciativa del Ministerio de Defensa, el cual argumentó "razones de seguridad nacional" la Corte Electoral habilitó la microfilmación del padrón de habilitados. La empresa destinada para tal tarea realizó dos juegos de microfilmes. Uno de los ellos quedó en custodia del Banco República, pero del otro se desconoce su destino final.[3]
  • En el primer recuento de votos, se constató que distintos circuitos habían contado con una participación fuera de lo común, como en las localidades de Paso Carrasco y Juanicó en los cuales votaron, según estos datos, el 100% de los habilitados. Asimismo, Las Piedras contó con una participación del 95% de la población. Mientras que en Manga los datos arrojaron una cantidad de votos mayor al número de votantes.[3]
  • Luego de la votación las urnas se llevaron al Cilindro Municipal. No obstante se comprobó que al menos un centenar de ellas estaban sin candado o habían sido abiertas. Las mismas habían llegado con 70 días de retraso respecto de las otras, ya que previo a ser depositadas en el Cilindro, habían sido llevadas a cuarteles del interior del país. Por decisión de los ministros de la Corte Sigifredo Goñi y David Bonilla, el secretario letrado Carlos Urruty y el general Iván Paulós, las mismas se mezclaron con las restantes.[3]
  • Se realizó una denuncia de que sobres con papeles habían sido encontrados en un basurero. La misma fue recibida por una jueza de Canelones, quien ante la presunción de falta de seguridad en el juzgado, decidió incautarlas y llevarlas a su casa. Dicha jueza fue relevada y los sobres desaparecieron.[3]
  • El presidente Pacheco Areco, luego de proclamado el resultado electoral, firmó dos decretos que beneficiaban a los miembros de la Corte Electoral. Uno de ellos les concedía una retribución especial, mientras que el otro los habilitaba a importar autos exentos de impuestos.[3]

Impugnación del Partido Nacional[editar]

En vista de algunos de estos hechos, el Partido Nacional reclamó la anulación de los circuitos donde se habían constatado irregularidades. En una polémica decisión de la Corte Electoral acompañada por el blanco Sigifredo Goñi se desestimó el recurso por un voto. A instancias del Partido Nacional, sería destituido luego de su cargo por parte de la Asamblea General.[4]​ Luego de que Bordaberry asumiera la presidencia, el gobierno colorado le otorgó la embajada de Japón.[3]

Actuación de Brasil[editar]

En agosto de 2009 se conocieron distintos documentos desclasificados de Estados Unidos, los cuales relatan una conversación en diciembre de 1971 en Bermudas, entre Richard Nixon y primer ministro británico Edward Heath, en la cual el primero afirmó que "Los brasileños ayudaron a amañar la elección uruguaya".[5]

Referencias[editar]

  1. a b c Elecciones Nacionales de 1971. Corte Electoral de Uruguay.
  2. Jorge Chagas y Gustavo Trullen (2005). PACHECO: la trama oculta del poder. Editorial Rumbo, Montevideo, Uruguay. 
  3. a b c d e f Blixen, Samuel (21 de agosto de 2009). «Sucio pasado. El papel de la dictadura brasileña en Uruguay». Brecha. p. 4. Consultado el 27 de agosto de 2009. 
  4. "La víctima del fraude del 71 no fue Wilson, fue el pueblo".
  5. Sanguinetti: en elecciones de 1971 "no hubo fraude".

Bibliografía[editar]