Ley de Jurisdicciones

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La Ley de Jurisdicciones fue una ley española que estuvo en vigor entre 1906 y 1931. Fue impulsada por presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, y por el ministro de la Gobernación, el conde de Romanones, con claro apoyo de Alfonso XIII, como reacción ante los hechos del ¡Cu-Cut!.

La Ley de Jurisdicciones ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. Varios de los artículos suponían un importante recorte a las libertades públicas, en particular a la libertad de expresión. En Cataluña, los catalanistas la interpretaron como un ataque a su región.

Esta polémica ley, que había hecho caer el gobierno de Eugenio Montero Ríos (el cual, ante el asalto de un grupo de militares a la imprenta del diario catalanista ¡Cu-Cut! intentó sancionarles), provocó la agrupación de la mayor parte de los partidos catalanes alrededor de la coalición Solidaridad Catalana. Poco después, la oposición acabó abandonando el Congreso de los Diputados el 13 de marzo de 1906, en protesta por el descrédito que suponía la subordinación del gobierno progresista. Desde la intelectualidad, Miguel de Unamuno hizo una conferencia en contra de la ley, en el Teatro de la Zarzuela el 23 de febrero.

Con todo, la ley se aprobó el 22 de marzo y, a continuación, se disolvieron las Cortes.

El 20 de mayo se levantó el estado de excepción en Barcelona y se celebró un homenaje a los diputados y senadores de Solidaridad Catalana que habían votado contra la ley.

La Ley de Jurisdicciones estuvo en vigor hasta el 17 de abril de 1931, cuando en uno de sus primeros decretos, el ministro de la Guerra del Gobierno Provisional de la República, Manuel Azaña, la derogó.

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