Explosiones de Río Tercero de 1995

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Explosión en Río Tercero
Fecha 3 de noviembre de 1995
Hora 9:00 UTC-3
Causa Explosivos
Lugar Bandera de Argentina Río Tercero, Córdoba, Argentina
Fallecidos 7
Heridos Más de 300
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Las explosiones de Río Tercero de 1995, producidas en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina, el 3 de noviembre de 1995, en la fábrica de armamentos militares, provocaron la muerte de siete personas y resultaron heridas más de trescientas; decenas de casas quedaron en ruinas y otros cientos fueron seriamente dañadas; la ciudad quedó regada de esquirlas y municiones de guerra. Este desastre estaría vinculado con el escándalo por venta de armas a Ecuador y Croacia.[1]

Hipótesis del accidente[editar]

El entonces presidente Carlos Menem llega al lugar a las pocas horas y declara que se trata de un accidente, instando al periodismo a no hablar de atentado. A partir de esto, las sospechas de que fue un hecho intencional se hacen evidentes.[cita requerida]

Los mandos militares y el Poder Ejecutivo Nacional se encargan de alimentar la teoría del accidente, Carlos Menem es presidente y Oscar Camilión, ministro de Defensa. A partir de allí se iniciaron una causa penal y numerosas causas civiles.

La causa penal fue tratada durante aproximadamente diez años por el juez federal Luis Martínez y el fiscal federal Roberto Massuet, quienes suscribieron siempre la hipótesis del accidente. Durante este tiempo la causa estuvo inactiva. A la par se sucedían amenazas, muertes dudosas, “suicidios” de testigos involucrados; y se realizaban pericias fraudulentas, para avalar dicha hipótesis.[cita requerida]

Relación con la venta de armas a Croacia y Ecuador[editar]

A fines de la década del 90 comenzó a crecer la sospecha de una estrecha relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 (la primera denuncia sobre el contrabando armas aparece en marzo de 1995). En estos años, Argentina le vendió a Croacia y Bosnia 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. Con el agravante de que sobre este país pesaba un embargo de las Naciones Unidas, al estar en guerra con Serbia.

Según datos recopilados por la APDH:

"Se realizaron 5 envíos en barcos originarios de Croacia. La venta fue realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Este organismo fue intervenido por el gobierno del ex presidente Carlos Menem y su interventor era Luis Sarlenga. El intermediario fue el militar Diego Palleros, quien obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá. Esta operación se concretó a través de los decretos secretos 1697 y 2283, firmados por el ex presidente Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo.

En 1995, la Argentina le vendió armas a Ecuador cuando éste país estaba en guerra con Perú. En ese entonces, la Argentina era garante de paz entre ambos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro.

La operación se hizo a través del decreto secreto 103, firmado por el ex presidente Menem. Para ello, Palleros consiguió un certificado falso de destino final a Venezuela. DGFM le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade SA, propiedad de Palleros, quien a su vez se los vende a otra intermediaria ecuatoriana (Prodefensa, perteneciente a un traficante francés), que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air. Los cargamentos de armas salieron de la Fábrica Militar de Río Tercero, parte de DGFM."

Avance de la causa judicial[editar]

En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la UNC, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. De este modo, la teoría del accidente cayó y la investigación necesariamente toma otro cauce. Al mismo tiempo, por parte de la querella, el juez Martínez fue recusado y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. Ambos se alejaron de la causa, entró el juez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.

También en 2003 se determinó que las explosiones estaban relacionadas con la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.[2]

Durante2005, la vinculación de las explosiones con la venta ilegal de armas pasó a ser parte de la intimación, es decir que los sospechosos son imputados de haber participado o facilitado las explosiones para ocultar maniobras relacionadas con la venta ilegal de armas. Se presumió que el móvil fue ocultar el faltante de material bélico de la Fábrica Militar de Río Tercero.

Durante la etapa indagatoria, son llamados los imputados acusados como presuntos autores materiales o intelectuales del delito. Hacia 2007 se encuentran imputados 6 militares de la Fábrica Militar. (Carlos Franke, ex director de Producción de Fabricaciones Militares; Jorge Cornejo Torino, ex titular de la Fábrica Militar Río Tercero; Oscar Quiroga, ex subdirector de la planta, y Marcelo Gatto, ex jefe del área Mecánica)

En agosto de 2008 el juez federal subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, decidió procesar sin prisión preventiva al ex presidente Carlos Menem y a otros dos militares (Heriberto Baeza González, ex secretario de Planificación para la Defensa y el número dos de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel) por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Los tres fueron embargados además en 200 mil pesos. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó el 23 de Diciembre de 2014 , con penas de entre 10 y 13 años, a los cuatro imputados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, tragedia ocurrida el 3 de noviembre de 1995 en esa ciudad cordobesa, que dejó siete muertos y más de 300 heridos.

Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años de prisión, en todos los casos por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas" Los militares retirados Marcelo Gatto y Jorge Cornejo Torino, ocupaban cargos directivos en la planta en ese momento, en tanto que Carlos Franke y Edberto González de la Vega eran directivos de Fabricaciones Militares.

Tras conocerse la sentencia uno de los abogados querellantes, Horacio Viqueira, sostuvo que "a pesar de todas las maniobras que hubo para intentar lograr la impunidad", los hechos "fueron valorados correctamente por el tribunal".

En cuanto a si apelará las condenas, teniendo en cuenta que había solicitado 17 años de prisión, el letrado indicó que "vamos a esperar los fundamentos del fallo, pero nos parece que esta es una condena importante".

"Nosotros pedimos más penas, y la fiscalía pidió 15 años, pero nos parece que una pena de 13 años, atendiendo a las características particulares de los acusados, su edad en particular, nos parece una condena importante", evaluó.

Por su parte, las hijas de Ana Gritti, la única querellante en la causa fallecida en abril de 2011, María Eugenia y Maria Julia, se mostraron emocionadas por la sentencia condenatoria."Pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar, siempre por una cosa o por otra se demoraba. Es algo que esperamos hace 19 años", dijo una de ellas.

"Estamos conformes. Nosotros siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma, los abogados continuaron la investigación. Que un tribunal nos diga que tenía razón, la espera no fue en vano", indicó

Viqueira había afirmado antes de que se conociera la sentencia que, durante el juicio, "quedó en evidencia la vinculación con el tráfico de armas".

"Se aportaron suficientes elementos de prueba que demuestran la programación del hecho, su vinculación con el tráfico de armas, la hipótesis de que se intentaba encubrir faltantes de material bélico, y la participación de las cuatro personas acusadas", dijo Viqueira a a radio Del Plata. No obstante, el abogado señaló que los cuatro imputados -Edberto González de la Vega y Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto- "no son los únicos que deberían estar acusados" y mencionó la vinculación con las "esferas del poder político de aquel momento y la participación del jefe de Fabricaciones Militares".

El letrado querellante dijo que algunos no fueron acusados por "cuestiones procesales y otros porque han fallecido", pero ratificó que los cuatro imputados "tienen plena responsabilidad en el hecho"

Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años de prisión, en todos los casos por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas"

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Véase también[editar]

Referencias[editar]