Derecho al olvido

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El derecho al olvido es un concepto relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen. En aplicación de este concepto, se hacen solicitudes de supresión, bloqueo o desindexación de información que se considera cierta pero obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo. Este concepto puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión e información.

El derecho al olvido en los informes comerciales[editar]

El derecho al olvido se ha difundido ampliamente en muchos países con la cuestión de los informes crediticios. La primera norma en tratarlo fue la Fair Credit Reporting Act aprobada por el Congreso Federal en 1970 en los Estados Unidos, que admite en ciertas situaciones la eliminación de la información antigua o caduca.

España. La ley española de protección de datos personales (LOPD), regula el derecho al olvido en materia de ficheros de morosos en el art. 29.4 que dispone "Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos".

Argentina. En la Argentina, primero fue reconocido judicialmente en un leading case, le siguieron varios fallos de la cámara comercial y luego la ley de protección de datos personales lo cristalizó en el art. 26 de la ley 25.326.[1] Luego de su expreso reconocimieto legal, el instituto se fue afianzando en la jurisprudencia. El problema aquí era claro: la gente contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan 20 años, el crédito está prescripto, el banco no puede reclamar, pero el poder de la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora. Tiene la opción de pagar la deuda (prescripta) para que lo borren y así poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la información negativa.

Chile. De igual manera, existen limitaciones al uso de datos comerciales y financieros de los titulares de los mismos. La materia se encuentra regulada a través de la Ley N.19.628, sobre Protección a la Vida Privada, en relación a que pueden usarse datos de morocidad bajo determinadas circunstancias sin previo consentimiento del titular.

El derecho al olvido en Internet[editar]

La progresiva universalización de Internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos, y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede lograr borrar el pasado. Si bien los reclamos pueden dirigirse contra el medio original (medio de prensa, sitio de internet, blog, etc.) que publica el dato o la noticia para lograr la supresion de información (o su bloqueo digital por medio de robots), lo habitual es que los titulares se dirijan confidencialmente a los buscadores (en el último informe de transparencia de Google se refleja que desde el año 2014 ha recibido 671.463 solicitudes).

Reconocimiento en la Unión Europea del derecho al olvido en Internet[editar]

En Europa, desde 2014 los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[2]

Cada una de estas peticiones debe valorarse de manera individual por parte de los responsables de los motores de búsqueda ,que son los responsables de tomar la decisión de aceptar o rechazar las solicitudes. Para llevar a cabo esta tarea, Google cuenta con un comité de expertos.[3] que se encarga de asesorar a la compañía en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido.

Si se rechaza la solicitud de derecho al olvido, el afectado puede iniciar acciones contra la compañía a fin de que se obligue a la misma (judicialmente o en el ámbito administrativo) a retirar la información, pudiendo reclamar indemnizaciones.

Casos relacionados a nivel internacional[editar]

Caso Sánchez de la Peña contra Google México[editar]

Tras la publicación en Internet, el pasado 28 de enero de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora conocido como Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Protección Pública y Protección de Datos Personales), concretó ordenar la inhabilitación de las entradas del motor de búsqueda Google México, dadas las circunstancias de la protección de datos personales, por medio de la figura Habeas Data. Se buscaba la remoción de varios enlaces, entre los cuales figuraba el artículo publicado por la Revista Fortuna, donde exhibían el episodio de fraude que involucraba a Sánchez de la Peña.

La publicación del mencionado artículo de Fortuna fue realizada durante febrero de 2007, sin embargo, Sánchez de la Peña manifestó su solicitud en julio de 2014. No obstante, Google México no atendió la solicitud del denunciante.

Tras la negativa de Google México, Sánchez de la Peña dio apertura a un proceso jurídico, usando como mecanismo competente al Instituto Federal de Acceso, tras la imposición de un procedimiento de protección de derechos contra Google México. El INAI logró resolver el caso a favor de Sánchez de la Peña.

En consecuencia, la revista Fortuna, convocando al R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), presentó una demanda de amparo en contra del INAI, por la violación de los derechos a la libertad de expresión y derecho de audiencia.

El juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no da por válida la demanda de amparo, tras llevarlo a una nueva sentencia, la R3D, lleva el caso a la siguiente instancia, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, acepta la solicitud, y emite el caso al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

A mediados de agosto de 2016, el Séptimo Tribunal, anula la sentencia del juzgado y permite el procedimiento de amparo, en el cual se resuelve el factor de inconstitucionalidad de la demanda del INAI y su apelación por el Derecho al Olvido.

Caso de la señora Gloria y la Casa Editorial El Tiempo--> Sentencia 277 del 2015[editar]

Hace aproximadamente 5 años, en Colombia se pronunció la Corte Constitucional sobre una acción de tutela impuesta por una agente de viajes conocida como Gloria, quién alegaba la violación a varios de sus derechos fundamentales, como producto de una publicación hecha por la CasaEditorial el Tiempo el 29 de agosto del 2000 titulada ¨Empresa de trata de Blancas¨. En dicho caso, se evidenció claramente un conflicto entre la libertad de expresión y la honra y buen nombre.

La señora Gloria, se vió involucrada en el caso por unos tiquetes aéreos que había vendido, y que presuntamente estaban unidos con una banda de Trata de Blancas. Cuando se empezó la investgación, se llegó a la conclusión que ella era inocente, después del vencimiento de términos. Su problema no acabó ahí, ya que después del inicdente y de la noticia publicada por El Tiempo, se le vieron violados sus derechos a la honra y al buen nombre; al la noticia seguir publicada.

Ella inició el conducto regular, y le solicito en el 2012 a El Tiempo que eliminara la noticia, ya que ella era inocente, y su dignidad y profesión se estaban viendo en conflicto, interponiendo una tutela en el 2013 revisada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez.

La corte dictaminó, que se debía quitar de Google por medio de metatags,la noticia cuando se buscaba; aunque esta todavía podía permanecer online, no con el mismo fácil acceso de antes. Esto se generó, para que se pudiera neutralizar el libre acceso a la noticia. A su vez, se llegó a la conclusión de que no se podría otorgar este derecho a personajes públicos, en la medida de que éstos pueden ser objeto de crítica de acuerdo a sus gestiones en el desempeño de sus respectivos cargos públicos, ni a las personas que habían cometido crimenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.

Respecto a este caso, se considera, que a la señora Gloria si se le debió otorgar el Derecho al Olvido, porque al no poderse comprobar que esta estuviera involucrada en la Trata de Blancas, ésta debía ser liberada de toda pena. Se considera importante la opinión de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), los cuales consideran que el fallo de la corte, no debería haber permitido el derecho al Habeas Data en este caso, al ser un tema que está estrechamente relacionado con crimenes de lesa humanidad.

Sentencia T-020/2014 (Colombia)[editar]

La Corte Constitucional se pronuncia frente a una tutela impuesta por una mujer en busca de la protección de sus derechos fundamentales al habeas data, ya que argumenta que debido a la información postulada en la página web de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso legal de la condena que se le impuso (la cual ya fue resarcida y cumplida), se han vulnerado sus derechos a la dignidad humana, la igualdad, intimidad, honra y buen nombre, ademas de estar siendo discriminada en el ámbito laboral. El objetivo principal de la accionante, consistía en que dicha información fuese eliminada, “lo cual fue negado en primera instancia con fundamento en el deber de publicidad de las sentencias , en los términos de los artículos 74 y 228 de la Constitución Política”.

En cuanto a las decisiones por parte de La Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia es importante tener en cuenta que; la primera instancia mencionada se opuso a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta el artículo 64 de la Ley 270, el cual garantiza el acceso a los procesos legales de la administración de justicia. Añadiendo que, “la recolección, almacenamiento y circulación de ciertas manifestaciones de la información resultan legítimas, siempre y cuando no se trate de una injusta intromisión en la esfera privada de las personas”. En segundo lugar, se tuvo en consideración la sentencia C-1114 de 2003 donde se desarrolla el principio de publicidad de los actos de la administración de justicia. Finalmente, dicha Sala establece que no existe una vulneración a los derechos de la accionante, debido a que la información postulada no es falsa o errónea. Igualmente, la contestación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia de lo mencionado, el juez de instancia considera que la publicación de las providencias en la página web de la Rama Judicial sigue un deber constitucional y legal.

Sin embargo, se menciona que de acuerdo al artículo 15 de la Constitución Política se contempla como derecho fundamental, la facultad de las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos de entidades públicas y privadas. No obstante, dicho derecho fue conformando un carácter autónomo, sustentado por la sentencia SU-458 de 2012 donde se establece el “habeas data como derecho autónomo y como garantía”. En cuanto a la naturaleza y funciones de los antecedentes judiciales y del certificado judicial, el Tribunal considera que si la información ya no es requerida por autoridad judicial alguna, el formato utilizado no puede permitir que se identifique si la persona tiene o no antecedentes penales. Por consiguiente, “…la finalidad que cumple esta información, no es posible predicar de ella el denominado derecho al olvido, por lo que el dato siempre seguirá existiendo pero con la carga de no poder circular de forma masiva, en cumplimiento de los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que identifican el derecho al habeas data” (T-020/2014).

Continuamente, se trae a colación los puntos de encuentro entre el habeas data y las sentencias judiciales, concluyendo que la publicación de sentencias judiciales corresponde meramente a fines pedagógicos e informativos sobre los procesos legales que están siendo llevados a cabo. No obstante, el acceso a dicha información y los datos personales del contenido están sometidos a los principios legales administrativos con miras de proteger el derecho a la intimidad, derecho al trabajo o la reinserción de la persona en la sociedad, es decir, con los parámetros legales establecidos se asegura que no se revelen datos que expongan la identificación de las personas en cuestión.

Por lo tanto, la corte resolvió revocar la sentencia proferida el 4 de julio de 2013 por la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que denegó el amparo solicitado por la señora XX contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, por las razones expuestas en esta providencia, se concede el amparo de su derecho fundamental al habeas data, en lo que respecta a la protección de los principios de finalidad y circulación restringida. Además, ordena a la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en un plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, respecto de los soportes de la Rama Judicial, reemplace o sustituya de las versiones que se encuentra publicadas en internet de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15 de noviembre de 2000, el nombre de la accionante, por una sucesión de letras o números que impidan su identificación.

Libros

  • PERE SIMON CASTELLANO (2012). El régimen constitucional del derecho al olvido digital (ed.): Tirant Lo Blanch,, VaLencia, España. ISBN 978-84-9033-005-0. 
  • PERE SIMON CASTELLANO (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE efectos tras la sentencia del TJUE (ed.): Bosch,, Barcelona, España. ISBN 978-84-9033-005-0. 
  • JUAN ANTONIO GALLO SALLENT (2015). El Derecho al Olvido en Internet: Del Caso Google al Big Data (ed.): CreateSpace,, Barcelona, España. ISBN 978-1511412124. 

Artículos

  • PALAZZI, Pablo, El reconocimiento en Europa del derecho al olvido en Internet, La Ley, 2014-C-407 (Argentina).
  • Villena Saldaña, David (2014). Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea.  Contratexto, 23, 2015; pp. 259-269.
  • ¡Ganamos! Tribunal Anula Resolución Del INAI Sobre El Falso «Derecho Al Olvido»". R3d.mx. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.
  • Villanueva, Ernesto et al. "Derecho Al Olvido - Proceso". Proceso. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.
  • Derecho Al Olvido En Internet: ¿Censura O Negocio En México?". Animal Político. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]