Ley de Memoria Histórica de España

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La Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley española aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007[1]​ partiendo del texto del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006, siendo Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura, la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, hasta entonces realizadas desde entidades privadas (como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH- y el Foro por la Memoria) o comunidades autónomas a la espera de subvenciones estatales o la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas.

Antecedentes

En 1969 Francisco Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939,[2]​ (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil.

Con la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Algunas de ellas fueron:

  • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por la patria.
  • Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
  • Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
  • Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
  • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.
  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
  • Disposición adicional decimoctava de la ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.

Todas estas leyes, decretos y disposiciones han sido mejorados y ampliados por algunas comunidades autónomas.

El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, comúnmente conocida como "Ley para la Memoria Histórica". El día 10 de diciembre, fue aprobada en el Senado.[3]​[4]​

Desarrollo

El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía ninguna mención a la "memoria histórica". Solamente habla de la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura del programa:

Creación del Centro Estatal de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil y el Franquismo. Concentrando en el actual Archivo Histórico de Salamanca (funcionalmente desaparecido) las capacidades de consulta, investigación y exhibición, a través de soportes físicos o virtuales digitalizados, sobre la totalidad de los fondos existentes, de titularidad pública o privada, en todo el estado español, relacionados con el período comprendido entre 1936 y 1975: el Patrimonio como memoria reconciliadora.
Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 2004. Objetivos estratégicos de un nuevo ministerio para la cultura y la comunicación.[5]​

Tampoco en su discurso de investidura,[6]​ el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mencionó la memoria histórica u otros proyectos relacionados.

El proceso que derivó en la aprobación del mismo se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial (la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil), presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y buscara su "rehabilitación moral y jurídica".[7]​ El trabajo de la comisión no produjo resultados durante el año siguiente y los entonces socios preferentes del gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, expresaron su descontento por la falta de resultados de la comisión, presentando, el 18 de noviembre de 2005, sendas proposiciones de ley para la recuperación de la memoria histórica.[8]​

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el gobierno presentó un proyecto de ley, con el nombre de Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura[9]​ que ha sido criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, que incluso han presentado proyectos alternativos.[10]​

Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el PSOE, Izquierda Unida, el PNV y BNG para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.[11]​ Se prevé que al acuerdo se sumen también CiU, Chunta Aragonesista y Nueva Canarias.

Disposiciones

Después del largo proceso de gestación de la ley, sus disposiciones fueron las siguientes:

El Valle de los Caídos.
  • Juicios sumarios del franquismo: la ley reconoce en su preámbulo el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal [..] durante la Guerra Civil y [..] la Dictadura". Los tribunales franquistas y sus condenas, dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia [..] contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, son declarados "ilegítimos". Sin embargo, aunque los juicios no son anulados, el preámbulo de la ley establece que ante las demandas de revisión de juicios, la Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas como represoras y contrarias a los derechos fundamentales, como ha ocurrido hasta la actualidad.
  • Ayudas a los represaliados: las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además, podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
  • Fosas comunes: el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.
  • Símbolos franquistas: la ley establece que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada no será de aplicación cuando [..] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley, lo cual podrá aplicar a iglesias.
  • Valle de los Caídos: se regirá por las normas aplicables a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización, prohibiéndose los actos de naturaleza política [..] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo y que la fundación gestora del Valle incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que le siguió.
  • Brigadistas Internacionales: se les concederá la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia.
  • Hijos y nietos de exiliados: Los hijos y los nietos de los republicanos exiliados bajo la dictadura que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española podrán obtenerla si lo solicitan entre 2009 y 2011. Esto se aplica aun sin necesidad de que sus progenitores hubieran nacido en España, tal y como ahora exige la ley.
  • Centro Documental de la Memoria Histórica: se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en el que se integrará el Archivo General de la Guerra Civil.
Sede del Archivo General de la Guerra Civil, que se integrará en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Críticas

El Partido Popular y diversos medios de comunicación de carácter conservador criticaron estas iniciativas alegando que abren viejas heridas. Otros medios llegan a afirmar que con estas acciones, Zapatero pretende "ganar la guerra civil que se enterró y superó con la Transición y pretende establecer la legitimidad democrática en 1931, no en 1978" (Luis María Ansón, 4/10/2005).

Los aliados preferentes del gobierno al inicio de la legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde, criticaron la tardanza del gobierno en aprobar la ley de recuperación de la memoria histórica prometida en 2004 y retrasada en tres ocasiones, presentando sus propias proposiciones de ley en noviembre de 2005.

Otro motivo de crítica contra esta ley es la alteración de material y monumentos históricos alegando que el principal motivo de dichos actos es la venganza.

El gobierno de Rodríguez Zapatero alega el que es necesario recordar para no volver a cometer los mismos errores y dice que la oposición no entiende que esta ley pueda no reavivar viejas rencillas, sino cicatrizar las heridas de una gran parte de españoles que tienen que cargar con el olvido y con aquella humillación.

En julio de 2007 el líder de la oposición, Mariano Rajoy, prometía derogar esta propuesta de ley que calificó como "asunto incomprensible" si conseguía ganar las siguientes elecciones (2008). Sin embargo, durante su tramitación por parte de la Comisión Constitucional del Congreso su partido votó favorablemente varios de sus artículos.

Referencias

  1. ↑ El País, 1/11/2007, La ley de memoria se aprueba entre aplausos de invitados antifranquistas
  2. ↑ Referencia y enlace al Decreto-Ley 10/1969 por el que prescriben todos los delitos cometidos antes de 1 de Abril de 1939
  3. ↑ Estado de tramitación de la ley en el Senado.
  4. ↑ El Senado da vía libre a la Ley de la Memoria Histórica pese al veto de PP y ERC, en el diario ABC
  5. ↑ Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 2004
  6. ↑ Discurso de Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero].
  7. ↑ Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
  8. ↑ En busca de la memoria histórica, El Mundo, 18 de noviembre de 2005
  9. ↑ Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
  10. ↑ Proyecto de ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifacista.
  11. ↑ La Ley de Memoria Histórica verá la luz

Bibliografía

  • Martín Pallín, José Antonio; Escudero Alday, Rafael (eds.) (2008). Derecho y memoria histórica. Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-964-2. 

Véase también

Enlaces externos

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