Iniciativa Yasuní-ITT

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Serpiente en el Parque Nacional Yasuní
Golondrina fajiblanca en un tronco de árbol a la orilla del río Tiputini.
Demostración del uso de una cerbatana en el Parque Nacional Yasuní.

La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, desde 2007 hasta 2013, durante el mandato de Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana.[1] Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.

Según la Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se deberá comprometer a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles — a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador en tres líneas: Manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y el cambio de matriz energética. Sobre los porcentajes dedicados a cada uno de estos fondos no hay consenso. Estos fondos serían manejados por un fideicomiso, sobre cuya integración, existen discrepancias entre los posibles aportantes y el gobierno ecuatoriano.

Al inicio de 2007, el entonces ministro de energía ecuatoriano Alberto Acosta Espinosa apoyado por grupos ecologistas planteó en diversas ocasiones la viabilidad de un propuesta hecha desde la sociedad para no extraer el crudo del Parque Nacional Yasuní. El 30 de marzo de 2007 el Presidente Rafael Correa analizó las alternativas para desarrollar el hasta ahora denominado proyecto ITT y de acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del primero de abril del 2007, la primera opción era "dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo."[2] La iniciativa nació oficialmente el 10 de diciembre de 2007, cuando el Ministro de Energía de esa época, Galo Chiriboga, dijo que, a menos que la comunidad internacional le proporcionara por lo menos $350 millones de dólares a Ecuador por año a junio de 2008, empezarían las operaciones para extraer crudo del campo conocido como Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) ubicado dentro del límite oriental del Parque.[3]

Uno de los potenciales beneficios del proyecto, según quienes los han impulsado, es que la reinversión de los fondos aportados en fuentes renovables de energía reduce o elimina la generación de electricidad con derivados del petróleo, que actualmente alcanza el 47% de la energía eléctrica del país, también tiene como objetivo implementar el uso de otras fuentes de energía diferentes a la petrolera. De esta forma se reducen aún más las emisiones futuras de CO2. La conservación de áreas protegidas y la reducción de la deforestación en Ecuador es un segundo beneficio que se añade a la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Además, los programas sociales promueven la educación, salud y la generación sustentable de empleo productivo en las zonas de influencia de los proyectos, que cubren gran parte de Ecuador. Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada.[4]

El 21 de enero de 2011, AVINA, una Fundación que actúa en América Latina, se convirtió en la primera ONG en aportar al fondo de la Iniciativa Yasuní, al formalizar la donación de 100 mil dólares comprometida con el Gobierno de Ecuador.[5]

El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona.[6] [7] El presidente anunció que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera,[8] es decir 10 km² (1000 ha), lo que se estima generará alrededor de 18.000 USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).[9]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

Coordenadas: 1°S 76°O / -1, -76