Eduardo Umaña Mendoza
| Eduardo Umaña Mendoza | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre completo | José Eduardo Umaña Mendoza | |
| Nacimiento |
22 de noviembre de 1946 Bogotá | |
| Fallecimiento |
18 de abril de 1998 (51 años) Bogotá | |
| Causa de muerte | Asesinato | |
| Nacionalidad | Colombiano | |
| Familia | ||
| Padres | Eduardo Umaña Luna y Graciela Mendoza | |
| Cónyuge | Patricia Hernández | |
| Hijos | Camilo Eduardo y Diana Marcela | |
| Educación | ||
| Educado en |
 Universidad Libre (Colombia) | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Intelectual, profesor universitario y abogado | |
| Empleador | Universidad Externado de Colombia | |
José Eduardo Umaña Mendoza, mejor conocido como Eduardo Umaña hijo o simplemente Eduardo Umaña, (Bogotá, 22 de noviembre de 1946-ibidem, 18 de abril de 1998) fue un intelectual, profesor universitario y abogado colombiano reconocido como defensor de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos autóctonos.
Estudios
Eduardo Umaña hijo, aunque estuvo ligado como su familia con la Universidad Nacional de Colombia, estudió Derecho en la Sede Principal de la Universidad Libre (Colombia). Se desempeñó como profesor de Instituciones políticas y de Derecho constitucional colombiano en la Universidad Externado de Colombia.
Biografía
Fue hijo del abogado y sociólogo Eduardo Umaña Luna y de Graciela Mendoza. En junio de 1987 Eduardo Umaña Mendoza realizó una intensa actividad de sensibilización y denuncia en Europa sobre la situación de violación sistemática a los derechos humanos en Colombia. Sus análisis se escucharon en numerosos recintos; fueron muchos sus auditorios, y diversos los frutos de ese trabajo.1
Uno de sus logros más importantes fue la defensa a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, y al Partido Comunista Colombiano, por parte de grupos pertenecientes al paramilitarismo en Colombia de extrema derecha.
Como abogado defendió por muchos años a los sectores populares con resuelta decisión: En la década de los 80 asumió la defensa de los 300 guerrilleros del M-19 durante los consejos de guerra donde denunció los abusos y las torturas hacia los guerrilleros y de las familias de las víctimas de la desaparición forzada en la cruenta contratoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército colombiano(1985) siendo el primer jurista que afirmara y probara de que se capturaron torturaron y asesinaron civiles en los hechos de la retoma; tomo las investigaciones por las desapariciones de Luis Fernando Lalinde, miembro de la Juventud Comunista Colombiana y Nydia Erika Bautista militante civil del M-19.
Durante la década de los noventa tomo también la investigación por el asesinato del excomandante de M-19 Carlos Pizarro Leongomez y la desaparición de su colega abogado Alirio Pedraza Becerra. En esa década fue un aguerrido defensor de los trabajadores que fueron reprimidos judicialmente por resistir al proceso de entrega de los recursos naturales a las multinacionales, como en los casos de los Sindicatos de la Empresa Estatal de Petroleos, la Estatal de Telecomunicaciones (TELECOM), y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá así como de las personas que eran incriminadas bajo la jurisdicción de la justicia sin rostro (sistema judicial que se creó en 1990 para proteger a los jueces que tuvieran a cargo procesos contra jefes del narcotráfico y del que Umaña Mendoza fue un duro crítico); emprendió el estudio del caso por el magnicidio del caudillo colombiano Jorge Eliecer Gaitán manifestando la participación de la Central de Inteligencia Norteamericana en el hecho; hizo parte de una de las delegaciones internacionales para defender la amenazada vida del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso en 1993, Abimael Guzmán , durante el régimen de Alberto Fujimori Y otros líderes senderistas de quienes se exigían la pena de muerte debido a su autoría intelectual en la campaña actos de terrorismo de su grupo guerrillero contra la población civil peruana al cual denominó "guerra popular" ; fue el abogado defensor de un grupo de dominicanos detenidos injustamente por el Estado colombiano acusados de ser militantes internacionales de las FARC hasta lograr su absolución; fue el abogado de Marcela Vázquez Pombo, novia del fallecido actor de televisión colombiana Diego Álvarez (muerto en extrañas circunstancias en abril de 1993) quien fuera acusada sin pruebas por la Fiscalía del supuesto crimen de su novio hasta su absolución; también junto con sus colegas de oficio como Jorge Eliecer Molano y el sacerdote Javier Giraldo compusieron la comisión intereclesiástica para esclarecer la Masacre de Trujillo e impulsar el decreto que tipificara la desaparición forzada como delito. Representó en decenas de oportunidades los casos más controvertidos de injusticia, siempre en defensa del cumplimiento de los derechos humanos.
Asesinato
El 18 de abril de 1998, dos hombres y una mujer al servicio de la banda La Terraza (en ese tiempo, la organización sicarial más peligrosa del país al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), haciéndose pasar por periodistas, entraron en su oficina tras encerrar a su secretaria en un cuarto. Ante la negativa de irse con sus victimarios, le dispararon. Su frase de siempre cuando recibía las amenazas de muerte era "Más vale morir por algo, que vivir por nada".
Por este hecho solo ha sido condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil como autor intelectual del crimen. Su muerte junto con la del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas y el humorista y periodista Jaime Garzón está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por tratarse de un crimen de estado ya que al igual que Garzón y Cepeda, Mendoza denunció algunos hechos de violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado en alianza con paramilitares como el exterminio de la UP y la desaparición de los 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia afirmando fueron crímenes de Estado.
Algunas versiones aseguraron que en la víspera de su muerte asumiría junto con su colega el abogado Alirio Uribe, presidente del Colectivo Alvear Restrepo, el caso de la violación y asesinato de la menor Sandra Catalina Vázquez, ocurrido en 1993 a manos de un agente policíaco dentro de una estación de policía del barrio Germanía en el centro de Bogotá, en la cual intentaría probar la responsabilidad absoluta del estado y la institución policíaca, al permitir el crimen dentro de un cuartel de policía y alegando que hubo distorsiones en el caso y de la presunta participación de terceros en el hecho, tratando de obligar así a la Policía Nacional y al mismo estado a su reconocimiento de responsabilidad en forma omitoria en el hecho, a una reparación simbólica y el ofrecimiento del perdón público a los familiares de las víctima.
Tiempo antes de su asesinato Umaña Mendoza denunció ante medios nacionales e internacionales un complot para asesinarlo que estaba siendo orquestado en su momento por la dirección ejecutiva de Ecopetrol, funcionarios de la unidad de la justicia sin rostro de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la Brigada 20 del Ejército de Colombia (una unidad de inteligencia militar que desapareció en mayo del 98 tras comprobarse que había sido responsable de numerosos asesinatos y desapariciones forzadas y del que se rumoreaba orquesto el magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado) debido al haber asumido la defensa de 3 líderes sindicales de la petrolera a quienes acusaron de propiciar sabotajes a las estructuras petroleras en nombre del Ejército de Liberación Nacional y haber descubierto la conspiración de la clonación de los testigos sin rostro que hacían los funcionarios judiciales bajo órdenes de la integencia militar; además de haber tomado la investigación por la muerte del excomandante del Comando Ricardo Franco-Frente Sur Hernando Pizarro Leongomez aludiendo de que el acusado por el crimen, un funcionario de la Fiscalía fue inculpado mediante testigos manipulados por la inteligencia militar.
El crimen fue declarado en septiembre de 2016 por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, por lo que su investigación no prescribirá.
Véase también
Referencias
| Control de autoridades |
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Datos: Q5819781