Dirección Nacional de Vialidad

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Dirección Nacional de Vialidad
Logo Vialidad Nacional - Argentina.jpg
Tipo Organismo del estado
Objetivos Transporte e integración territorial
Fundación 1932
Fundador(es) Gobierno de la Nación Argentina
Sede Buenos Aires
Ámbito República Argentina
Administración Gerencial
Administrador General Nelson Guillermo Periotti
Sub Administrador General Carlos Joaquín Alonso
Servicios Conservación, planificación y construcción de caminos en la red vial nacional
Sitio web http://www.vialidad.gov.ar/
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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), comúnmente llamada Vialidad Nacional, es un ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina. Su misión es la de mantener, mejorar y ampliar la red nacional de caminos, que es una parte de la red vial argentina. En el caso de ejecutar ampliaciones, la DNV está facultada para realizar juicios de expropiación ya que el terreno correspondiente al camino es considerado de utilidad pública. En 2006 contaba con 2.802 empleados.[1]

Historia[editar]

Fue creado en 1932, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, a través de la Ley 11.658, que financiaba al nuevo organismo con un impuesto fijo por cada litro de nafta.

Debido a la inflación, el Decreto Nacional 505/1958 reemplazó el monto fijo por un porcentaje (el 35%) y mediante la Ley 15.274 de 1960 se creó el Fondo Nacional Complementario de Vialidad que gravaba las ventas de cubiertas y vehículos que serviría para construir o reconstruir 15.000 km de caminos en un plazo no mayor de diez años.

En las décadas posteriores se desviaron estos fondos para Rentas Generales, lo que produjo un estancamiento en el desarrollo de la red caminera nacional, hasta que en 1990 se eliminaron los fondos específicos para los caminos, con lo que la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a recibir fondos directamente a partir de asignaciones indicadas en el Presupuesto General de la Nación.

En el mismo año el Congreso Nacional dicta las leyes de reforma del Estado, con lo que las rutas con mayor circulación vehicular debían pasar a concesionarios privados.

El Decreto 802 del 15 de junio de 2001 creaba una empresa estatal llamada ENAVIAL, liquidando la Dirección Nacional de Vialidad.[2] Luego de la intervención del Congreso Nacional, en agosto del mismo año se revirtió la medida.

Mediante el Decreto Nacional 1020 del año 2009, el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) pasó a depender de la Dirección Nacional de Vialidad. Este organismo tenía facultades para supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de casi 10.000 km de caminos nacionales de alta densidad de tráfico.

Gestión[editar]

Las rutas nacionales argentinas tienen diferentes modos de gestión dependiendo principalmente del tránsito sobre ellas.

Concesión por peaje[editar]

Las rutas más transitadas se subdividieron en tres grupos: Corredores Viales cuya longitud es de 8.877 km, la Red de Acceso a Buenos Aires con una longitud de 236 km y la Red de Acceso a Córdoba cuya longitud es de 270 km, totalizando 9.383 km.

Según el Decreto Nacional 2039/90 la duración de las concesiones era de 12 años, a partir de 1990. Luego de una renegociación el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto 1817/92 que lo extendió a 13, con vencimiento el 31 de octubre de 2003.[3] La concesión del Corredor Vial número 18 (tramo Zárate a Paso de los Libres de las rutas nacionales 12 y 14) fue extendido a 28 años (venciendo el 31 de octubre de 2028), mientras que el Corredor Vial número 29 (tramo Cipolletti a Neuquén de la Ruta Nacional 22) fue adjudicado en 1995 por un plazo de 18 años (venciendo el 30 de abril de 2013).

Los 17 corredores viales fueron adjudicados a 12 empresas de capital nacional que instalaron 49 cabinas de peaje.

Con lo recaudado los concesionarios deben conservar, remodelar, realizar ampliaciones pedidas por la DNV, mejorar, explotar y administrar los tramos de rutas incluyendo la señalización, además de ofrecer servicios a los usuarios.

Concesión con financiamiento privado[editar]

Esta modalidad fue implantada a partir de 1995 y consiste en contratos por 10 años pagados por la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, sin peaje. Las rutas deben cumplir una serie de mejoras en el tercer año de contrato. Estas mejoras deben mantenerse hasta el octavo año. Luego se pide una nueva mejora que debe concretarse antes del principio del décimo año.

Existen dos corredores con este sistema:[4] el tramo Resistencia al límite con Paraguay de la Ruta Nacional 11 y el tramo Bahía Blanca al empalme con la Ruta Nacional 5 de la Ruta Nacional 33.

Contratos de recuperación y mantenimiento[editar]

Estos contratos se realizan por cinco años, en los que la empresa que gana la licitación tiene un plazo de un año para mejorar la transitabilidad (ésta es la etapa de recuperación), mientras que en los cuatro años siguientes debe realizar las obras necesarias para mantener la ruta en el mismo estado que estaba al final del primer año (etapa de mantenimiento).

En 1997 y 1998 se licitó la primera etapa que consiste en 11.813 km de rutas divididas en 61 mallas. En 2004 se licitaron 36 mallas por una longitud de 5.424 km, en el 2005 se licitaron 6 mallas y durante 2006 se prevé licitar otras 36 por una longitud total de 5.500 km.[5]

Sistema modular[editar]

Este método de gestión reemplaza al viejo sistema de km/mes y entró en operación en el año 2005. En este sistema se prevé no sólo el mantenimiento como en el viejo esquema sino también el mejoramiento del tramo concesionado. Los contratos duran 24 meses.[6]

El Sistema Modular está en vigencia y se viene aplicando desde el año 1979. Ha sido creado para contribuir a la solución de los problemas que se presentaban para la realización de la conservación de rutina mediante contratación con empresas privadas, habida cuenta de las dificultades que generaba la previsión de cantidades fijas para los ítems, en los proyectos de las obras, para la aplicación de la Ley 13064 cuando las cantidades de obra ejecutadas en cada ítem variaban en porcentajes superiores al 20 % con relación a las consignadas en el contrato, que da derecho, a cualesquiera de las partes a reclamar la fijación de nuevos precios para los ítems afectados.

Transferencia de funciones operativas[editar]

Consiste en que la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia en la que se encuentre la ruta ejecute las obras de mantenimiento. Como el ente provincial actúa como un contratista de la DNV, ésta le debe pagar por los servicios realizados.

Mantenimiento por administración[editar]

Con esta modalidad, el personal propio de la repartición es la que realiza las tareas de conservación de la ruta. Varios de los tramos atendidos con este esquema se licitan para que sean atendidos por los contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.)

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

  • Sitio oficial Incluye partes de transitabilidad y mapas de rutas nacionales.