Usuario:Dardo Gilareddi/Taller/dolar

Causa por la venta de dólares a futuro
Caso	12152/16​
Nombre completo	Banco Central de la República Argentina y otros s/defraudación por administración fraudulenta
Jueces	Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11
Palabras clave
administración fraudulenta

Causa dólar futuro es la denominación coloquial de la causa penal por defraudación y administración fraudulenta en la que se encuentran procesados Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Martín Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Miguel Angel Pesce, Alejandro Vanoli Long Biocca, Flavia Matilde Marrodan, Alejandro Formento, Germán David Feldman, Juan Miguel Cuattromo, Bárbara Emilia Domatto Conti, Mariano Beltrani, Axel Kicillof, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Pavan y David Rene Jacoby en orden a sus responsabilidades en los hechos prima facie calificados como infracción al artículo 173, inciso 7° en función del artículo 174, inciso 5° del Código Penal Argentino (es decir administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública).​​

Tras la confirmación del procesamiento, la causa fue elevada a juicio oral.​

Denuncia y procesamientos

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada el 30 de octubre de 2015 por Mario Negri y Federico Pinedo, cuando transcurrían los últimos días del mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y aún no había asumido el presidente electo Mauricio Macri.

Los denunciantes relataron que el Banco Central de la República Argentina venía realizando numerosas operatorias de contratos de futuro de divisas, violando el artículo 18 de su Carta Orgánica (ley 24.144​), con el presunto fin de beneficiar a terceros y causando un grave perjuicio al patrimonio de la entidad. Los denunciantes sostuvieron que el BCRA vendía a futuro dólares a un precio aproximado de $10,65, cuando podía hacerlo sin dificultad a un valor aproximado de $14 o $15, que era el precio del mercado de Nueva York para ventas de futuros y que en virtud del diferencial de precios un inversor podría comprar un contrato de futuros en el mercado nacional y vender dicha cobertura en el Mercado de Nueva York teniendo la posibilidad de obtener una ganancia especulativa sin fundamento y a costa del patrimonio del Banco Central. Según el auto de procesamiento, aunque dicha entidad es autónoma:

es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional​

Pero ese motivo no fueron excluidos del procesamiento la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y su exministro de Economía Axel Kicilloff.​

Confirmación del auto de procesamiento

Los procesamientos fueron apelados por los abogados defensores y confirmados por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en una sentencia interlocutoria del 11 de noviembre de 2017, en la que el tribunal sostuvo:

Lo que esta investigación ha permitido tener por acreditado es que, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional -tanto de Fernández de Kirchner como de Kicillof-, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de las de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un muy breve período de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuros en dólares a valores ficticios, obligando de esa forma abusivamente a la entidad y, por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos.​

Elevación a juicio oral

La causa fue elevada a juicio oral el 22 de marzo de 2017, en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, artículo 173, inciso 7°, del Código Penal, en función del artículo 174, inciso 5°, del mismo código.​​

Contradenuncia

Una denuncia posterior presentada por dirigentes kirchneristas se presentó contra varios dirigentes, empresarios y funcionarios macristas, además de contra el magistrado que instruye la denuncia original, Claudio Bonadio.

Según esta otra denuncia, el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, habría incurrido en los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y el juez federal Bonadio "prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”. La acusación es por "incrementar los pasivos del Banco Central mediante la devaluación y luego el pago, autorizado por el mismo Bonadio" con lo que se habría configurado "una pérdida patrimonial por cerca de 70.000 millones de pesos".​​

Origen

Tras la asunción como presidente el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri unificó y liberó el mercado de cambios, lo que produjo una devaluación nominal de la moneda.​​​ Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el valor oficial del peso sufrió un descenso cercano al 82%,​ pasando de 9,83​a 17,66 unidades por cada dólar estadounidense.​​ Su valor real de mercado al 10 de diciembre de 2015 era de $ 15,12​.

Según la denuncia interpuesta por dirigentes kirchneristas, días antes de la unificación del mercado de cambios, políticos y dirigentes del macrismo y empresarios afines al gobierno electo habrían comprado dólares a futuro en el mercado oficial, caracterizado por sus precios nominales artificialmente bajos. Entre ellos se encontrarían Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui o José Torello.​​ Esto habría generado pérdidas al BCRA que de aproximadamente US$ 17.000 millones según los denunciantes, quienes sostenían que el accionar configuraba el delito «de administración infiel en perjuicio de la administración pública».​ Entre los denunciados estaban el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pablo Curat, el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, y la empresa Farmacity –de la que Mario Eduardo Quintana era director hasta su asunción como secretario de Coordinación Interministerial del gobierno de Mauricio Macri.​ También se dirigió la denuncia contr la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza de Macri, quien según los presentantes había operado U$S 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación,​ las empresas Socma-Chery, que pertenecen a la familia del presidente electo, que habrían comprado 8 millones de dólares a precio futuro, el jefe de asesores del Presidente y apoderado del PRO a nivel nacional, José María Torello, quien habría comprado 800 mil dólares en octubre para cobrarlos en febrero, Mario Quintana y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui, a quien se atribuía haber comprado 310 mil dólares.​​​

El ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido, declaró que habría que investigar si el secretario de Coordinación Interministerial Manuel Quintana no había incurrido en las conductas prohibidas en la ley de ética Pública y que debería ser investigado por la Oficina Anticorrupción.​

Los denunciantes sostuvieron que el juez Bonadio, al no impedir el pago de los contratos de dólar futuro ante una consulta del Banco Central, había cometido "prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos" e incurrido en "tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad".

Requerimiento de instrucción

En abril de 2016 el fiscal federal Jorge Di Lello formuló el requerimiento de instrucción​. Las denuncias versaban sobre un supuesto «prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos», «tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad» y «haber participado en la decisión de devaluar y de determinar el precio final de los dólares futuro tras haber celebrado contratos de dólares a futuro, con lo que habrían obtenido beneficios económicos de sus propias decisiones como funcionarios».​​

En tanto Bonadio fue denunciado por no enjuiciar a los responsables de la devaluación que generó las pérdidas para el Estado nacional, y por haber autorizado el pago de los dólares a futuro y por eno njuiciar a los responsables de la devaluación que generó las pérdidas para el Estado nacional, y porque el propio juez Bonadio había autorizado el pago de los dólares a futuro cuya creación —según el mismo— habría configurado un delito.​

El 25 de abril de 2016 el Ministerio Público Fiscal pidió "un informe de quiénes compraron y quiénes vendieron en su totalidad" y también un "dictamen académico" de titulares de cátedras en Ciencias Económicas en la UBA.​ Según testigos del Mercado a término de Rosario (Rofex), donde se operaban los contratos, habrían realizado con el secretario de Coordinación Ministerial, Mario Quintana, y el secretario Caputo en la que habrían fijado el precio en las que finalmente se pagaron los contratos convalidando la devaluación del 40% aceptada por el gobierno macrista.​

El 6 de mayo de 2016 el fiscal federal pidió investigar a Mario Quintana, Mario Curat, José Torello y a las firmas Caputo y Chery Socma SA por la posible vinculación con la compra de dólar futuro.​

En febrero de 2017 el fiscal federal Jorge Di Lello advirtió que podría denunciar "por incumplimiento de deberes" al jefe de Gabinete, Marcos Peña, si no respondía a su pedido de información en la causa por las operaciones de venta de dólar futuro en la que eran investigados funcionarios de gobierno. El requerimiento de Di Lello fue formulado en el marco de la causa iniciada por diputados del Frente para la Victoria en la que denunciaron al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez federal Claudio Bonadio por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad a través de la compra de dólar futuro.​

Ninguno de los incluidos en la contradenuncia fue procesado ni citado a declaración indagatoria.