Registro Nacional de Armas

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El Registro Nacional de Armas de la República Argentina o RENAR fue el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego, otros materiales regulados y sus usuarios dentro del territorio nacional argentino, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas, proponiendo e implementando políticas para propender al mejor cumplimiento del espíritu de la Ley y dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A finales de octubre del 2015 el RENAR fue disuelto y se sustituyó por la agencia ANMAC.[1]

Funciones[editar]

Armas[editar]

Registrar, fiscalizar y controlar:

  • Las armas de fuego y otros materiales controlados, tales como vehículos blindados, chalecos antibala, agresivos químicos y armas electrónicas.
  • Los usuarios de armas de fuego y de otros materiales controlados, conforme sus distintas categorías.
  • La actividad comercial sobre armas de fuego y materiales controlados.

Las importaciones, exportaciones y tránsito internacional de armas de fuego y demás materiales controlados.

  • Las asociaciones, clubes y polígonos de tiro.
  • Las agencias que prestan servicios privados de seguridad, investigaciones, vigilancia y/o custodia sobre personas o bienes, en lo que es materia de su competencia.

Evacuar toda consulta efectuada por el Poder Judicial u otras autoridades competentes sobre usuarios, armas de fuego y otros materiales controlados. Proponer e implementar políticas relacionadas con los fines establecidos en la legislación aplicable.

Explosivos, pirotecnia y fábricas de armas y municiones[editar]

Habilitar y rehabilitar:

Registrar:

  • Explosivos Nacionales e Importados.
  • Artificios Pirotécnicos Nacionales e Importados.

Inscribir:

  • A todos los interesados en realizar actos con explosivos, artificios pirotécnicos, los fabricantes de armas, de municiones y de repuestos para armas y municiones.

Autorizar:

Inspeccionar:

  • Fábricas de Explosivos, de Pirotecnia, de Armas, Municiones y Repuestos.
  • Polvorines de Explosivos y Depósitos de Artificios Pirotécnicos y de Nitrocelulosa.
  • Exportaciones e Importaciones de Explosivos y Artificios Pirotécnicos.

Otras:

  • Emitir los Permisos de Tránsito.
  • Realizar los Ensayos Técnicos de Control.
  • Recibir y Tramitar la Documentación.
  • Emitir Credenciales.

Últimas autoridades[editar]

  • Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Julio Alak
  • Director Nacional del RENAR: Matías Molle.

Desarme voluntario[editar]

Durante la gestión de Alak el organismo logró a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de fuego retirar unas 175.170 armas de fuego y 1.451.207 municiones recibidas de manera anónima y voluntaria a cambio de un incentivo económico, por el plan de desarme voluntario, que era incentivado con el pago de entre 500 y 2000 pesos. Los revólveres, pistolas y escopetas recibidas fueron inutilizados en el acto de entrega y posteriormente destruidos y se lograron registrar 1.5 millones de armas.[2] [3] ese año fueron robadas 200 armas[4] en 2016 y tras el cambio de gobierno el programa quedó inactivo. E n2017 se produjo un escándalo que llevó a que el organismo fuese investigado por la Unidad Fiscal de delitos especiales con armas, que descubrió el arsenal en el supermercado COTO, que complicó la situación procesal de su propietario Alfredo Coto, cercano al gobierno su mujer y vicepresidente de la firma, Gloria García, y de la titular del organismo Natalia Gámbaro, allegada del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el deposito se encontraron un arsenal ilegal de armas aprovisionado con 227 granadas, 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3.886 municiones, 41 proyectiles, 1 silenciador y 9 escudos antitumultos, un subfusil automático de guerra modelo UZI entre otros. Según la fiscal Paloma Ochoa la Annacc conducida por Gámbaro no dispuso ninguna medida administrativa ni practicó ninguna acción tendiente a denunciar ante el poder judicial la comisión de la tenencia ilegítima de las armas. [5] los inspectores que encontraron el armamento informaron a los directivos del organismo quienes ordenaron "dejar todo como está" en tanto Gambaro no dio intervención a la Unidad Federal de Investigaciones ni a ninguna otra autoridad judicial. La causa 3552/16 quedó en primera instancia en manos del fiscal Di Lello, quien luego la derivó y, por sorteo, recayó en el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2.[6]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]