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Diferencia entre revisiones de «Ley de Memoria Histórica de España»

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Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el [[PSOE]], Izquierda Unida, el [[Partido Nacionalista Vasco|PNV]] y [[Bloque Nacionalista Galego|BNG]] para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.<ref>[http://www.elpais.com/articulo/espana/Ley/Memoria/Historica/vera/luz/elpepuesp/20071009elpepinac_2/Tes La Ley de Memoria Histórica verá la luz]</ref>
Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el [[PSOE]], Izquierda Unida, el [[Partido Nacionalista Vasco|PNV]] y [[Bloque Nacionalista Galego|BNG]] para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.<ref>[http://www.elpais.com/articulo/espana/Ley/Memoria/Historica/vera/luz/elpepuesp/20071009elpepinac_2/Tes La Ley de Memoria Histórica verá la luz]</ref>

== Disposiciones ==
Después del largo proceso de gestación de la ley, sus disposiciones fueron las siguientes:
[[Archivo:Santa Cruz del Valle de los Caídos.jpg|thumb|300px|El Valle de los Caídos.]]
* '''[[Procedimiento sumarísimo|Juicios sumarios]] del [[franquismo]]''': la ley reconoce en su preámbulo el ''carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal [..] durante la Guerra Civil y [..] la Dictadura". Los tribunales franquistas y sus condenas, ''dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia [..] contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución'', son declarados "ilegítimos". Sin embargo, aunque los juicios no son anulados, el preámbulo de la ley establece que ante las demandas de revisión de juicios, la Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas como ''represoras y contrarias a los derechos fundamentales'', como ha ocurrido hasta la actualidad.
* '''Ayudas a los represaliados''': las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además, podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las ''personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977''. {{VT|Comisión de indemnizaciones a ex presos sociales}}
* '''[[Fosas comunes]]''': el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. Sólo en [[Andalucía]] se ha hecho un inventario de 595 fosas de las que se desconocen el número total de cadáveres.<ref>[http://www.elpais.com/articulo/andalucia/595/inventario/oficial/fosas/elpepuesp/20100208elpand_2/Tes 595, inventario oficial de fosas]</ref>
* '''[[Simbología del franquismo|Símbolos franquistas]]''': la ley establece que los ''escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura'' deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada ''no será de aplicación cuando [..] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley'', lo cual podrá aplicar a iglesias.
* '''[[Valle de los Caídos]]''': se regirá por las normas aplicables a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización, prohibiéndose los ''actos de naturaleza política [..] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo'' y que la fundación gestora del Valle ''incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que le siguió''.
* '''[[Brigadas Internacionales|Brigadistas Internacionales]]''': se les concederá la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia.
* '''Nacionalidad para Hijos y Nietos de exiliados''': A pesar de estar incluida como Disposición Adicional dentro de la Ley de Memoria Histórica, el Apartado Primero de la Disposición Adicional 7a permitió optar por la nacionalidad española a los hijos de personas que hubiesen sido originariamente españolas, ''sin importar la fecha de nacimiento ni el lugar de nacimiento de éstas''. Es decir que en la práctica cualquier nieto de hombre emigrante pudo optar ppor la nacionalidad española de su abuelo, siempre que éste hubiera conservado la nacionalidad española hasta por lo menos el nacimiento de su hijo en el exterior. Es de recordar que hasta el 29 de diciembre de 1978 sólo los varones transmitían la nacionalidad a sus hijos, de modo que éstos pudieron haber sido originariamente españoles sin importar su país de nacimiento, dando así derecho a sus propios hijos a optar por el Apartado Primero, ''sin importar la fecha de emigración del abuelo''. Por el Apartado Segundo de la Disposición Adicional 7a, pudieron optar los nietos de quienes hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Es decir que para poder optar por este Apartado sí fue necesario tener en consideración la fecha de emigración de España del abuelo o abuela, pues se presumía la condición de exiliado de cualquiera que hubiera emigrado de España en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La Disposición Adicional 7a estuvo en vigencia hasta el 27 de diciembre de 2011.
* '''[[Centro Documental de la Memoria Histórica]]''': se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en el que se integrará el [[Archivo General de la Guerra Civil]].
[[Archivo:Spanish civil war archive.jpg|thumb|Sede del Archivo General de la Guerra Civil, que se integrará en el Centro Documental de la Memoria Histórica.]]


== Críticas ==
== Críticas ==

Revisión del 20:01 18 dic 2012

Cartel de calle en Sevilla donde se muestra un cambio de nombre de calle, aclarando que el antiguo nombre se ha eliminado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

La Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley española aprobada por el Congreso de los Diputados, el 31 de octubre de 2007,[1]​[2]​ partiendo del texto del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno.

Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, realizadas desde entidades privadas (como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH- y el Foro por la Memoria) o comunidades autónomas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista, ha criticado que en su preámbulo el texto afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar; negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La insatisfacción con el texto de la ley llevó a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional el 14 de diciembre de 2006. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella.[3]​

Antecedentes

En 1969 Francisco Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939,[4]​ (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil.

Con la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Algunas de ellas fueron:

  • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por la patria.
  • Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.[5]​
  • Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
  • Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
  • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.
  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
  • Disposición adicional decimoctava de la ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.

Todas estas leyes, decretos y disposiciones han sido mejorados y ampliados por algunas comunidades autónomas.

El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, comúnmente conocida como "Ley para la Memoria Histórica". El día 10 de diciembre, fue aprobada en el Senado.[6]​[7]​

Desarrollo

El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía ninguna mención a la "memoria histórica". Solamente habla de la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura del programa:

Creación del Centro Estatal de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil y el Franquismo. Concentrando en el actual Archivo Histórico de Salamanca (funcionalmente desaparecido) las capacidades de consulta, investigación y exhibición, a través de soportes físicos o virtuales digitalizados, sobre la totalidad de los fondos existentes, de titularidad pública o privada, en todo el estado español, relacionados con el período comprendido entre 1936 y 1975: el Patrimonio como memoria reconciliadora.
Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 2004. Objetivos estratégicos de un nuevo ministerio para la cultura y la comunicación.[8]​

Tampoco en su discurso de investidura,[9]​ el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mencionó la memoria histórica u otros proyectos relacionados.

El proceso que derivó en la aprobación del mismo se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial (la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil), presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su "rehabilitación moral y jurídica".[10]​ El trabajo de la comisión no produjo resultados durante el año siguiente y los entonces socios preferentes del gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, expresaron su descontento por la falta de resultados de la comisión, presentando, el 18 de noviembre de 2005, sendas proposiciones de ley para la recuperación de la memoria histórica.[11]​

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el gobierno presentó un proyecto de ley, con el nombre de Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura[12]​ que fue criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, que incluso presentaron proyectos alternativos.[13]​

Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el PSOE, Izquierda Unida, el PNV y BNG para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.[14]​

Críticas

El Partido Popular y diversos medios de comunicación de carácter conservador criticaron estas iniciativas alegando que abren viejas heridas.[15]​ Otros medios llegan a afirmar que con estas acciones, Zapatero pretende "ganar la guerra civil que se enterró y superó con la Transición y pretende establecer la legitimidad democrática en 1931, no en 1978" (Luis María Ansón, 4/10/2005).

Los aliados preferentes del gobierno al inicio de la legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde, criticaron la tardanza del gobierno en aprobar la ley de recuperación de la memoria histórica prometida en 2004 y retrasada en tres ocasiones, presentando sus propias proposiciones de ley en noviembre de 2005.

Otro motivo de crítica contra esta ley es la alteración de material y monumentos históricos alegando que el principal motivo de dichos actos es la venganza.[16]​

En julio de 2007 el líder de la oposición, Mariano Rajoy, prometía derogar esta propuesta de ley que calificó como "asunto incomprensible" si conseguía ganar las siguientes elecciones (2008).[cita requerida] Sin embargo, durante su tramitación por parte de la Comisión Constitucional del Congreso su partido votó favorablemente varios de sus artículos.

Referencias

  1. ↑ BOE - LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
  2. ↑ El País, 1/11/2007, La ley de memoria se aprueba entre aplausos de invitados antifranquistas
  3. ↑ "España debería aclarar dónde y quiénes están en las fosas comunes", según la ONU
  4. ↑ Referencia y enlace al Decreto-Ley 10/1969 por el que prescriben todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939
  5. ↑ [1]
  6. ↑ Estado de tramitación de la ley en el Senado.
  7. ↑ El Senado da vía libre a la Ley de la Memoria Histórica pese al veto de PP y ERC, en el diario ABC
  8. ↑ Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 2004
  9. ↑ Discurso de Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero].
  10. ↑ Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
  11. ↑ En busca de la memoria histórica, El Mundo, 18 de noviembre de 2005
  12. ↑ Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
  13. ↑ Proyecto de ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifacista.
  14. ↑ La Ley de Memoria Histórica verá la luz
  15. ↑ César Vidal (07/04/2010). «Los disparates de la "memoria histórica", según César Vidal». Libertad Digital. Consultado el 26 de julio de 2012. 
  16. ↑ César Vidal (07/04/2010). «Los disparates de la "memoria histórica", según César Vidal». Libertad Digital. Consultado el 26 de julio de 2012. «De manera semejante, el Ministerio de Defensa se va a gastar más de un millón de euros para renovar las vidrieras de las cinco academias militares que conservan el águila de San Juan. Se producirá así la liquidación de extraordinarias obras de arte simplemente porque los partidarios de la mal llamada Memoria histórica suman al sectarismo político la ignorancia cultural.». 

Bibliografía

  • Martín Pallín, José Antonio; Escudero Alday, Rafael (eds.) (2008). Derecho y memoria histórica. Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-964-2. 

Véase también

Enlaces externos

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