Ley Paccionada Navarra

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Escudo de Navarra

Se conoce como Ley Paccionada o Ley de Modificación de Fueros a la ley dictada por el regente de España, Baldomero Espartero, el 16 de agosto de 1841, por la que se modificaban algunas de las instituciones forales del antiguo reino de Navarra, conocido como provincia desde la división territorial de España en 1833 que había eliminado la denominación de reinos. A cambio, se garantizaba a la provincia de Navarra un régimen económico-administrativo especial dentro de España.

Su denominación de "paccionada" alude al hecho de que su elaboración se hizo de acuerdo al procedimiento derivado del compromiso ofrecido en el llamado Abrazo de Vergara por el general Baldomero Espartero a la finalización de la Primera Guerra Carlista, fue alcanzado entre el Gobierno central de España y el foral de Navarra. Dicho compromiso, concretado después en la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, establecía que las modificaciones en la legislación privativa foral de Navarra no se haría sin escuchar antes a las autoridades navarras.

La Ley Paccionada ha sido el sustento del régimen económico-administrativo especial del que ha venido disfrutando Navarra desde 1841, permaneciendo en la actualidad formalmente vigente aunque sobrepasada en casi todo su contenido por la actual norma institucional básica de Navarra, el Amejoramiento del Fuero, texto éste que en su disposición final afirma su vigencia salvo en lo que se oponga a lo establecido por el propio Amejoramiento.[1]

Origen[editar]

La derrota de las armas carlistas en la primera guerra civil de tal nombre se había sellado con el convenio conocido como Abrazo de Vergara firmado en Oñate el 29 de agosto de 1839 entre el general del ejército liberal Baldomero Espartero y el del ejército carlista Rafael Maroto y hecho público en Vergara delante de las tropas de ambos bandos dos días después.

En dicho convenio se recogían una serie de compromisos relativos a la liberación de los prisioneros de guerra, el respeto y reconocimiento a los grados de oficialía del ejército carlista, la integración de los soldados del ejército carlista en el ejército liberal, así como determinadas medidas relativas a la suerte de huérfanos y viudas. Así mismo, recogía como principal estipulación de carácter político que el propio general liberal recomendaría con interés al gobierno de la monarquía el mantenimiento de los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, territorios éstos en los que junto a Aragón y en Cataluña el apoyo a la causa carlista había sido especialmente significado y cuya defensa del sistema foral había sido una de las banderas del carlismo.[cita requerida]

Apenas dos meses después de firmado, ese compromiso en relación a los fueros de Navarra y de las provincias vascas fue convertido en ley y sancionado por la reina Isabel II en la Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839. Dicha norma establecía que se confirmaban los fueros de Navarra y las Provincias Vascongadas. No obstante, se preveía la posibilidad de iniciar modificaciones legislativas que culminaran en la plena asimilación de éstas como provincias españolas de pleno derecho.

De esta manera, y para llevar a término esa modificación de fueros (el conocido en la época como "arreglo foral") dentro del proceso de supresión de instituciones del Antiguo Régimen que había llevado a la abolición de la Inquisición, de la Mesta y de los Tribunales Reales del Antiguo Régimen, la Diputación del Reino fue suprimida y nombrada en su lugar una diputación navarra transitoria integrada principalmente por personalidades de la burguesía liberal navarra, a la que en cumplimiento de la norma de 1839 se le confirió la representación de Navarra a los solos efectos de negociar la adhesión al Estado.

Finalizadas las negociaciones, en las que alcanzaría especial protagonismo José Yanguas y Miranda a la sazón secretario de la Diputación de Navarra, se llegó a un acuerdo sobre el que la ley sería finalmente elaborada, siendo finalmente aprobada por las Cortes Generales el 16 de agosto de 1841, culminándose el proceso de adhesión.[cita requerida]

Contenido[editar]

La ley consta de 26 artículos referentes a la organización política, administrativa y judicial de la futura provincia de Navarra, así como también referente al régimen fiscal, impositivo y de los bienes de la corona.

Con ella Navarra dejó de tener la consideración jurídica de reino y pasó a recibir el nombre de provincia; sin embargo, el haz de facultades y prerrogativas económico-administrativas que los artículos de la Ley Paccionada le concedieron a su diputación provincial, la destacaron como "provincia foral".

Así, se estableció que la diputación provincial sería el órgano superior administrativo de la provincia, asignándole buena parte de las facultades que en el pasado habían ejercido el Consejo Real de Navarra y la Diputación del Reino de Navarra.

De manera especial, y a diferencia de las demás diputaciones provinciales, se le concedió un amplio margen de intervención y tutela sobre la actividad de los municipios y concejos de Navarra. Así mismo, como particularidad especial de la diputación navarra se estableció que al igual que la Diputación del Reino estaría compuesta por 7 miembros elegidos por las merindades históricas.

Por otro lado, la ley extendió a Navarra la planta de la administración judicial y militar, con la presencia de un comandante militar (y no un virrey) en Pamplona, y el asiento de una audiencia territorial de justicia en la misma capital navarra.

En el ámbito militar, eso supuso la extensión a Navarra del régimen de reclutamiento militar y la instauración de las quintas. En el ámbito judicial, sin embargo, pese a la implantación de la planta general, la ley confirmó la plena vigencia del derecho foral privado navarro.

La ley no introdujo novedad y mantuvo en Navarra el sistema tradicional de aprovechamiento de los bienes comunales, así como el de los montes y pastos de la Corona. Así mismo, mantuvo la exención de que disfrutaba Navarra como reino de usar papel sellado. Por otro lado, pese a que extendió a Navarra en cambio el régimen de comercio del tabaco y de la sal, reconoció a la Diputación participación en él, así como de los aranceles recaudados en las aduanas navarras de la frontera hispanofrancesa.

Como punto de especial relevancia, no extendió a Navarra el régimen tributario del resto de España. A cambio, estableció una cantidad global que sería la única suma con la que Navarra contribuiría a los gastos generales del Estado. Para el pago de esta cantidad, se dejaba a la Diputación total margen de autonomía sobre cómo recaudar esa suma. Tal disposición inauguró el sistema de convenios económicos que posteriormente el Amejoramiento del Fuero recogería y que actualmente permanece vigente.

Controversias sobre la naturaleza de la ley[editar]

Durante el siglo XIX y aún el XX tanto desde ámbitos doctrinales como políticos se suscitó en diversas ocasiones la controversia sobre el verdadero carácter de la ley y la posibilidad que tenían o no las cortes de modificarla o derogarla sin el previo acuerdo con Navarra.

Para una corriente, la ley fue aprobada por las cortes como otra ley cualquiera, siendo por ello su carácter jurídico de ley ordinaria, por lo que las cortes podían modificarla o derogarla como cualquier otra ley. Postura defendida ya en el siglo XIX por Cánovas del Castillo, y más modernamente por los profesores Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández y Martínez Tomás, así como por autores navarros como Rafael de Navascués, Pedro Larumbe o Demetrio Loperena.

Según otra postura, a pesar de su carácter formal de ley, la de 1841 es en realidad un pacto o convenio inmodificable unilateralmente. Esta postura defiende que en 1841 Navarra tenía condición de Estado independiente que negoció con España un acuerdo con prestaciones y contraprestaciones, por lo que la ley que contiene el acuerdo no puede ser alterada unilateralmente por una sola de las partes. Presidentes del gobierno español como Juan Prim y Práxedes Mateo Sagasta, ya en el siglo XIX defendieron esta postura, de la que también participaron José Alonso Ruiz de Conejares, ministro de Justicia navarro en 1841, Serafín Olave, Arturo Campión, Eladio Esparza, Rafael Aizpún, Tomás Rodríguez Garraza, Jaime Ignacio del Burgo y Víctor Manuel Arbeloa.

Por último, un tercer sector de la doctrina defiende una postura intermedia, reconociendo que si bien, por una parte, su carácter formal es de ley ordinaria y no hubo pacto previo entre las partes anterior a la propia ley, sino unas meras consultas bajo la forma de negociaciones. Por otra, sí hubo una voluntad política de convenir de manera transaccional la modificación de fueros. De esta opinión participaron Pablo Ilarregui y Fulgencio Barrena, ambos negociadores comisionados por la Diputación de Navarra, y autores como Razquin Lizarraga o Ignacio Olábarri.

Referencias[editar]

  1. «Sinopsis del estatuto de Navarra». Consultado el 29 de diciembre de 2013. 

Enlaces externos[editar]