Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) son un grupo guerrillero surgido en 1964 y dirigido por un secretariado de nueve miembros, a los que comanda el veterano Manuel Marulanda, Tirofijo. Cuenta con aproximadamente 15.000 hombres en armas y hace presencia permanente en buena parte del territorio Colombiano, especialmente en las zonas del sur y del sur-oriente. Su presencia intermitente, es decir de acuerdo con las operaciones y movilizaciones que sus fuerzas realizan en un determinado momento, llegaría al 80% del territorio. También posee varios frentes urbanos (conocidos como milicias o células) en varias ciudades, particularmente en sus zonas marginales y/o pobres.
Historia
Las FARC son la guerrilla más antigua de América. Fue fundada como respuesta a la ofensiva que, con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional, el ejército colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia", una de las comunidades autónomas creada por grupos de campesinos liberales y radicales durante la cruenta época de La Violencia que siguió al Bogotazo de 1948.
Orígenes
En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y buscó llevar a su fin la época de La Violencia bipartidista. Por medio de las amnistías, 5000 guerrilleros liberales dejaron las armas.
El PCC (Partido Comunista Colombiano) desconfió de la amnistía de Rojas Pinilla y se negó a entregar las armas, si bien hay grupos que se declaran conformes con la amnistía. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron por primera vez helicópteros y napalm provisto por la CIA estadounidense.
Estos guerrilleros comunistas y varios liberales radicales de donde hacia parte el actual comandante de las FARC Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron la primera "zona liberada".
En el mismo marco se crean zonas similares en El Pato Caqueta, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Algunos miles de campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecen en las "zonas liberadas", por lo que surgió una administración civil además de la armada. Surgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva. Así fracasan el MOEC (Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos), el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria) y el Movimiento Vichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las "zonas liberadas".
Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar la violencia bipartidista después del Bogotazo de 1948, y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en medio de la Guerra Fría, considera que se debe poner fin al experimento comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.
Los comunistas consideran que esta expresión fue elegida por el gobierno para acusarlos de separatismo y apelar al patriotismo de los colombianos en su contra. En 1960 se articula el Plan Lazo con ayuda de Estados Unidos, cuyo desarrollo comienza en 1962, pero a pesar de varios avances fracasa en Marquetalia al no localizar efectivamente a sus adversarios. En 1964 se inicia la segunda ofensiva contra El Pato. Miles de soldados del gobierno (según fuentes militares participaron 1,600 y según las FARC habrían sido 16,000), consiguen entrar en algunas zonas.
Los años sesenta y setenta
Durante sus primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia. Se intentaron varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, pero solieron quedarse cortos al no estar acompañados de una mayor presencia militar en las zonas afectadas.
En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva y el 20 de julio de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, embrión de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC como brazo armado del partido.
Así, la guerrilla de las FARC ha mantenido hasta la actualidad una insurgencia armada (calificada por varios analistas como guerra civil, sin existir consenso al respecto en Colombia y en el mundo) contra el Estado colombiano, que es probablemente el conflicto bélico más antiguo del mundo junto con los desarrollados en Birmania y Cachemira, en el cual con ayuda de nuevos elementos como es el caso del narcotráfico se han producido muertes civiles por parte de los diferentes actores armados o partes en conflicto.
Los años ochenta
Hasta inicios de la década del ochenta, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; contaban con entre 1000 y 3000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político "Jacobo Arenas", se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la "combinación de todas las formas de lucha" (la política y la armada).
A partir de ese momento las FARC se nombran Ejército del Pueblo (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes (que tiene como objetivo duplicar su número) y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa.
Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente se termina aceptando porque en los campos se constituye en una actividad creciente y se establece el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación.
El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del estado mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt (Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, conocidos como los Acuerdos de la Uribe).
Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por ambas partes, y la violencia política por parte de sectores de la extrema derecha (entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo algunos de su cúpula) y de los narcotraficantes. A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes.
El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército, tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares.
La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, como de numerosos miembros de la izquierda desmovilizada en particular del entonces recientemente fundado partido legal de las FARC: la Unión Patriótica (UP). Este movimiento, a pesar de las intenciones iniciales de incluirlo dentro del estrategia de la "combinación de todas las formas de lucha", no fue exclusivamente un órgano de las FARC, pues con el tiempo contó con participaciones de movimientos civiles, sindicales y obreros con diferentes intenciones. Eventualmente, varios dirigentes de la UP llegaron a no estar de acuerdo con el accionar armado de las FARC y pedían mantener la vía política a pesar de la nueva ola de violencia desatada, criticando tanto al gobierno como a las FARC por no hacer más intentos de controlar la situación. La UP como tal siguió insistiendo en seguir con la vía política, hasta prácticamente su exterminio (del cual se dan cifras de entre 2000 a 3000 militantes asesinados o desaparecidos), pero al interior de las FARC se consideró que perdió su vigencia en ese momento.
En septiembre de 1987 todos los grupos armados operativos (El M-19, las FARC y el ELN) se constituyeron en "Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar" (CGSB), buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.
Los años noventa
El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, sin previa declaratoria expresa de guerra y cuando formalmente todavía se continuaba el proceso de dialogo, lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC, pero fracasó y obtuvo pocos resultados. Se argumentó por parte del gobierno que se tomó esa medida porque las FARC no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada. Fruto de los acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas fue la desmovilización de varios grupos armados en 1991, proceso en el que no participaron las FARC. La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas especificas, fueron indultados, se incorporaron a la sociedad y no se les siguieron procesos legales. La firma de la paz desmovilizó algunos grupos (EPL, ERP, Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado.
El 3 de junio de 1991 se reinició el dialogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron su lucha independientemente.
A inicios de los años noventa, las FARC disponían de entre 7.000 y 10.000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 a 1998 las FARC le propinaron al ejército colombiano una serie de golpes, incluyendo la fugaz toma de Mitú, de los cuales resultaron un gran número de soldados prisioneros y la percepción generalizada de que la guerrilla estaba tomando la ofensiva en el conflicto, incursionando mediante las tácticas de la guerra de posiciones. De manera simultánea, en Colombia se expandían rápidamente los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros que paralizaron varias vías del sur del país, en las cuales, según el gobierno, las FARC tuvieron alguna influencia en ciertas regiones pero sin llegar a controlar a todo el movimiento cocalero.
En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana, se creo la zona de distensión (zona libre de presencia del ejercito colombiano y de funcionarios gubernamentales) extendida en 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en la cual las FARC hicieron presencia en algunos cascos urbanos y asumieron de hecho, en algunos de estos, la administración (a pesar de que esto último no estaba contemplado en los acuerdos). Sin embargo en corregiminetos como el Caguan, se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democratico en en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El proceso de paz duro entre 1998 a 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.
Las negociaciones, que se llevaron a cabo en medio del conflicto, fueron declararon terminadas por el gobierno después del secuestro por parte de las FARC de un congresista colombiano que viajaba a bordo de un avión en Febrero del 2002, el último de una serie de graves roces entre las partes. Adicionalmente el gobierno acusa a este grupo guerrillero por el uso de la zona de distensión para fortalecerse militarmente, también como lugar desde donde las FARC lanzan los ataques guerrilleros y esconden a los secuestrados, además de utilizar este territorio para llevar a cabo actividades relacionadas con el narcotráfico. Estas acusaciones son desestimadas por las FARC, quienes a la vez acusaron al gobierno de utilizar el proceso de dialogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente. En resumen, tampoco se produjo un resultado concreto, con ambas partes haciéndose reclamaciones mutuas acerca de la responsabilidad de su finalización.
El siglo XXI
La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe implicó la intención de promover un mayor accionar de la sociedad y el estado en contra de las guerrillas, las cuales deciden reducir sus acciones y asumir una posición de retirada estratégica ante las ofensivas militares del ejército y en cambio promover un regreso a la guerra de guerrillas, logrando de esta manera conservar gran parte de su estructura a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión.
Hacia el año 2002, según cifras de analistas y del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC solía estimarse entre 15.000 y 18.000 hombres, y hacia finales del 2004, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 16.000. Las mismas FARC y sectores cercanos a ellos no suelen mencionar cifras específicas, pero algunos de ellos han estimado que tendrían más de 20.000 hombres.
No hay contactos serios entre las FARC y la administración Uribe para hablar de paz y aunque continúan algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un intercambio humanitario (conocido también como intercambio de prisioneros o canje) entre las FARC y el gobierno colombiano, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo sino que, para muchos observadores, ambas aprovechan la situación para promover sus distintos intereses políticos o militares del momento, ante lo cual han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.
A inicios de febrero del 2005, las FARC emprendieron varias acciones armadas en el Urabá antioqueño, dejando un saldo de más de unos 40 militares fuera de combate entre asesinados y heridos, lo cual fue interpretado por muchos analistas como el posible comienzo de una renovada arremetida guerrillera.
Objetivos de las FARC
El fin declarado por las FARC es imponer un proyecto revolucionario de carácter abiertamente marxista sobre el país, para así intentar acabar desde esta perspectiva con las desigualdades sociales, políticas y económicas que para este grupo existen en Colombia, además de buscar recobrar la soberanía nacional ante lo que perciben como una creciente intervención de los Estados Unidos en Colombia. Así, para las FARC se conseguiría un sistema económico y de gobierno, más democrático, soberano e igualitario.
Actividades de las FARC
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas, combate regular convencional, actos de sabotaje y actos considerados como terroristas por el gobierno colombiano y las Naciones Unidas. Se les relaciona además con diversas actividades del narcotráfico. Las FARC admiten únicamente su participación en el cobro del impuesto a la coca (el gramaje), mientras que el gobierno y analistas nacionales e internacionales consideran que también han aumentado su participación en el resto del negocio en la última década.
El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno colombiano, actualmente incluyen a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y a los paramilitares AUC. Organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch no suelen usar ese calificativo al hablar del grupo guerrillero pero igualmente condenan severamente los numerosos abusos que consideran que han cometido las FARC.
En le marco del conflicto colombiano, las FARC han asesinado, desplazado forzosamente, secuestrado y extorsionado a integrantes de la sociedad civil (que para las FARC son objetivos militares o políticos), además se les acusa de reclutar menores de edad, hacer uso de armas no convencionales como los cilindros de gas (pompetas a gas) y otros artefactos explosivos, las minas antipersonales, utilizar "hombres-bomba" involuntarios e incurrir en amenazas y asesinatos selectivos de sus enemigos políticos. Las FARC responden a estas acusaciones considerando que los miembros de la sociedad civil que específicamente declaran como objetivos militares o políticos, hacen parte de la oligarquía colombina y son declarados enemigos políticos; las FARC no están deacuerdo con el reclutamiento de menores de edad; las FARC no reconocen el uso de "hombres-bomba" involuntarios. Varias de las anteriores actividades son consideradas internacionalmente como violaciones a los derechos humanos. Algunas de ellas también son realizadas por los grupos paramilitares que en muchos casos han demostrado tener nexos con elementos de las fuerzas gubernamentales.
Las FARC son responsables de actos considerados actualmente como terroristas, como el atentando al club El Nogal, aun no reivindicado expresamente por las FARC, acaecido el día 7 de febrero de 2003, donde murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas [1], y la masacre de Bojayá el 2 de mayo de 2002, donde el uso de cilindros de gas como arma no convencionales y altamente imprecisas por parte los guerrilleros de las FARC, dentro del fuego cruzado que adelantaban en contra de "paramilitares" de la zona, acabó con la vida de 117 personas que se refugiaban en una iglesia. Las FARC admitieron en su momento ese acto como error y se hicieron expresamente responsables, aunque no realizaron acciones específicas de reparación o restauración ante las víctimas. [2]
En marzo de 1999, las FARC asesinaron, segun fuentes gubernamentales, en territorio venezolano a tres activistas indigenistas estadounidenses, después de haberlos secuestrado en Colombia. Los tres estadounidenses fueron acusados inicialmente por las FARC de ser espías del gobierno de los Estados Unidos.
A las FARC se les atribuye gran parte de los secuestros reconocidos en Colombia y esta actividad es una fuente importante de sus ingresos, secuestrando tanto a campesinos, terratenientes, hombres de negocios, turistas extranjeros, como a políticos nacionales y a soldados capturados, quienes en el lenguaje de los insurgentes son considerados como prisioneros o retenidos, mientras que el gobierno y sus familiares los consideran secuestrados. Las FARC arguyen que ellos secuestran a terratenientes y no a campesinos, ni ha turistas internacionales y/o nacionales, que los soldados capturados son prisioneros de guerra, y los políticos son considerados como retenidos. En el caso de los secuestros extorsivos, es decir donde se exige la liberación a cambio de una suma de dinero, en algunas ocasiones se ha acusado a las FARC de seguir exigiendo una mayor cantidad a pagar, aún después del desembolso de suma concertada inicialmente, y se argumenta que se han dado casos en los cuales se han devuelto cadáveres después de los pagos. Sin embargo debido a la crisis Colombiana aveces no se logra demostrar o simplemente saber quien es o ha sido el actor de estos secuestros.
En países vecinos
Para diversos analistas los miembros de las FARC hacen presencia en los países vecinos, especialmente en las áreas fronterizas de Venezuela y Ecuador, principalmente para el descanso y recuperación de sus tropas, y a veces para realizar actividad político-diplomática. Varios críticos creen que el gobierno de Hugo Chávez les estaría brindando extraoficialmente asilo y apoyo logístico, aunque éste lo niega reiteradamente. Fuera de los casos de algunos funcionarios venezolanos individuales y de una percibida afinidad ideológica entre ambas partes, no se ha demostrado concluyentemente que sea así y el gobierno venezolano en ocasiones coopera con los requerimientos oficiales de las autoridades colombianas.
Narcotráfico
También se acusa ha las FARC de proveer protección a narcotraficantes, además de cuidar activamente de sus cultivos ilícitos y laboratorios procesadores de droga.
Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia han señalado que la captura del narcotraficante brasileño Fernandinho Beira-Mar el 21 de abril de 2001 en compañía de guerrilleros, demuestra una asociación cercana entre los mismos. El mismo Beira-Mar y el grupo guerrillero rechazan esta afirmación.
La reciente captura en 2004 de Alias "Sonia", a quien se le acusa de manejar millonarias cuentas bancarias en Panamá para las FARC y cambiar cocaína por dinero, también ha sido usada por Estados Unidos y el gobierno de Colombia para argumentar la creciente participación del grupo rebelde en el negocio internacional de las drogas. Las FARC históricamente han negado ese tipo de acusaciones, argumentando que lo que en realidad hacen es cobrar un impuesto para proteger a los cultivadores de coca y otras drogas, sin embargo son frecuentes los decomisos por parte del gobierno colombiano y por gobiernos extranjeros de cargamentos de droga de supuesta propiedad de las FARC y otros grupos armados ilegales.
El 10 de marzo de 2005 alias "Sonia" fue extraditada a los Estados Unidos por los cargos de "introducir mas de 5 kilos de cocaína en EE.UU.". Mediante un enorme dispositivo de seguridad se realizó su traslado a una base militar y finalmente, fue llevada a Estados Unidos por la DEA, donde se espera que podría ser una pieza clave para demostrar los supuestos nexos de las FARC con los capos estadounidenses del narcotráfico. El proceso judicial de alias "Sonia" se lleva a cabo en La Corte para el Distrito de Columbia de los Estados Unidos, sin contar con veredicto a la fecha (19, dec, 2005).
Críticas
Ni guerrilla, ni militares de derecha
Muchos sectores de la izquierda política legal en Colombia opuesta al gobierno colombiano (incluyendo a guerrilleros desmovilizados y sobrevivientes, miembros del Polo Democrático y del ala izquierda del Partido Liberal, sindicalistas, grupos de maestros, agrupaciones indígenas y de la sociedad civil), a pesar de que también están sujetos a la violencia por parte de los sectores de extrema derecha, de manera tajante consideran no estar de acuerdo con la lucha armada que promueven las FARC.
En su opinión, la vía armada, sólo reproduce la violencia y no es la forma de resolver de manera sustancial los graves problemas sociales, políticos y económicos del país. Tampoco están de acuerdo con los secuestros, sean políticos o monetarios.
Sin llegar a aceptar la tesis del presidente Álvaro Uribe de que en Colombia no hay ningún conflicto armado, consideran que éste sí existe, pero que hay que encontrar una solución negociada y pacífica a dicho conflicto y a sus causas objetivas.
Esta posición es compartida internacionalmente por personalidades de izquierda como Hugo Chávez y Fidel Castro, entre otros.
Pérdida de los ideales
Algunos de los críticos de las FARC perciben que el objetivo político de las FARC se habría ido enrareciendo con el tiempo. Actualmente los consideran como un grupo terrorista sin ningún fin político, que busca obtener ganancias del lucrativo negocio del narcotráfico y el secuestro.
Inútiles procesos de paz
Otro aspecto controvertido que resaltan varios analistas críticos de las FARC está relacionado con los procesos de paz y tiene que ver con el uso declarado que las FARC hacen de la llamada "combinación de todas las formas de lucha".
Dicho precepto, enunciado originalmente en la fundación del grupo pero reafirmado y desarrollado numerosas veces desde entonces (en particular durante la Séptima Conferencia guerrillera de 1982 y más recientemente por medio la llamada "doctrina Jojoy" de 1999), implicaría —según dichos analistas— que los comandantes de las FARC no considerarían que la negociación ni la participación política legal (intentada en el caso de la Unión Patriótica) serían impedimento para la continuación de la lucha armada, sino que se retroalimentarían con la misma. Es decir, que ambos tipos de lucha serían compatibles y estarían encaminados hacia el mismo objetivo: la toma del poder.
Según estos mismos críticos, en el caso de la UP, argumentan, basándose en testimonios de algunos sobrevivientes de la misma, que uno de los objetivos originales de las FARC al proponer su creación no consistía exclusivamente en crear el ambiente político para una eventual desmovilización sino también para realizar propaganda y proselitismo político que les ayudarían a ganar adeptos para la lucha armada y posicionarse mejor internacionalmente.
Para ellos, se habría abandonado tal intención al notarse tanto el exterminio de sus militantes por la reacción de la derecha como el que muchos líderes y miembros de la UP (incluyendo al fallecido Bernardo Jaramillo Ossa) empezaron a distanciarse seriamente de la línea ideológica oficial de las FARC y siguieron creyendo en una solución negociada, inclusive hasta su propia muerte.
En contraste con esto, el hecho histórico del exterminio de la UP (la posibilidad de entrada de las FARC al ámbito democrático) se ha convertido en un elemento de sensibilización y de reclutamiento a favor de la lucha armada de las FARC, tanto en Colombia como en el exterior.
Se ha argumentado por parte de los críticos de las FARC que en las negociaciones del Caguán (1998-2002) siguió siendo una constante vital la idea de la "combinación de todas las formas de lucha", ya que las FARC no detuvieron sus acciones armadas e inclusive aumentaron el número de secuestros y otras actividades militares, tanto dentro como fuera de la zona que se les había reconocido como sede de la negociación.
Se argumenta también que la presión a favor de un canje de prisioneros, de parte de las FARC, estaría pensada más desde un punto de vista de táctica militar que humanitario (lo mismo se argumenta en contra de la negativa del gobierno de Uribe por acceder a tal canje).
Violación de los derechos humanos
Algunas de las actividades desarrolladas por este grupo guerrillero que violan el derecho internacional humanitario se relacionan principalmente con la acusación de reclutamiento forzoso de menores de edad (en muchos casos niños menores de diez años) como combatientes, del reclutamiento forzoso de niñas y mujeres para servicios sexuales para la tropa, uso indiscriminado de armas no convencionales y el desplazamiento forzoso de civiles. Las FARC no reconocen la acusación de reclutamiento forzoso de menores de edad, ni el reclutamiento forzoso de niñas y mujeres para servicios sexuales para la tropa.
Hay que tener en cuenta que el contexto actual Colombiano las FARC no son reconocidas como beligerantes o movimiento de liberación naciona y que tampoco el gobierno colombiano reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por estas dos razones las FARC no son sometidas formalmente al derecho internacional humanitario.
Respuesta a las críticas
La respuesta de las FARC ante dichas críticas suele ser una reiteración de las causas históricas que los han llevado a la lucha, incluyendo el fracaso y exterminio de la Unión Patriótica (UP), y la afirmación de que las armas y la "combinación de todas las formas de lucha" seguirán siendo parte de un método válido de acción mientras que el pueblo y la "oligarquía" colombiana (las grandes concentraciones de poder económico) no lleguen a un acuerdo para solucionar las causas objetivas del conflicto, o se abran espacios políticos seguros (lo que implicaría un desmonte de los paramilitares) para permitir que prospere una negociación encaminada hacia tal fin.
Enlaces externos
- FarcEp.org (página de las FARC).
- Artículo de la BBC: los rebeldes más poderosos de Colombia (en inglés).
- Human Rights Watch (el derecho internacional humanitario y la conducta de las FARC-EP).
- Fundacion País Libre (estadísticas de secuestros en Colombia).
- Ejercito.mil.co (página del Ejército Nacional de Colombia).