Caso Gürtel

Como caso Gürtel (cinturón o correa en alemán) fue nombrada la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular en la época de José María Aznar y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP, la cual estaría encabezada por el empresario Francisco Correa (de ahí viene el nombre del caso) y dos de sus hombres de confianza, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, estableciendo un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia. La finalidad de este grupo, según las indagaciones, era obtener beneficios utilizando como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.​

El caso parte de unas grabaciones ocultas realizadas por miembros de esta trama, como Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las empresas principales de la trama, junto con Special Events y Orange Market.

En la Comunidad de Madrid

Respecto a la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre, ante las imputaciones debieron dimitir tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagas ilícitas a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid [...] López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".​ Sin embargo, el diario El País y posteriormente El Mundo darían a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón que develan que López Viejo sugería a Francisco Correa, principal imputado en la trama de corrupción, fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40% más de lo debido y cargar gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional.​ De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".​

Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey.​ Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartaría de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.

Al arreciar las críticas contra el Partido Popular y los gobiernos regionales afectados, El Mundo informaría que en los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén, lo que fue lanzado por los medios próximos al Partido Popular como el acuerdo implícito entre Garzón, ex diputado socialista y secretario de Estado en la época de Felipe González, y el Poder Ejecutivo, en manos de su principal adversario, el PSOE, para perjudicar al PP al coincidir las elecciones para renovar las alcaldías y el Parlamento de Galicia y el País Vasco. Esta interpretación sería aprovechada por la dirigencia popular para denunciar la "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política y tratar de personarse en el proceso judicial, además de recusar a Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP. Ambas peticiones fueron rechazadas, intentándolo por su parte el gobierno de Esperanza Aguirre al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.​

Sin embargo, el organizador de la cacería mencionada, un militante y ex concejal del PP, aseguraría que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Además, distintos medios recordarían que las pesquisas llevan ya un par de años de labor (en el caso de algunos personajes más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por parte de los socialistas en los años noventa, justificándose en su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue parlamentario bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, misma que prevaleció. En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicaría que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.​

El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.​

El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220.000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30.000 euros.​

En la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, también estuvo presente en el caso. Según afirmó más tarde el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, cinturones... También existirían unas supuestas grabaciones en las que algunos imputados en la trama hablaban de unos hipotéticos regalos a altos cargos populares de Valencia. Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.

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El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que el presidente de la Generalitat se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre.

Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.

Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.​

El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.​

El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.»​ Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáez de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano.​ Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.​

El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps.​ La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12.000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.

El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.​

Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado.