Derecho de familia

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El derecho de familia o derecho familiar es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros.

Naturaleza jurídica[editar]

Tradicionalmente se ha considerado que el derecho de familia es una rama del derecho civil; sin embargo, puesto que este último se estructura sobre la base de la persona individual y dado que habitualmente se ha estimado que las relaciones de familia no pueden quedar regidas solo por criterios de interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte de la doctrina considera que es una rama autónoma del derecho, con principios propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario que se den tres supuestos: la independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia judicial.

Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario dictando un Código de Familia (aparte de un Código Civil). Ése ha sido el caso de Argelia, Bolivia, Canadá, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador,[1] Filipinas, Venezuela, Honduras, Malí, Marruecos, Panamá, Polonia y Rusia, entre otros.

Características[editar]

  • Contenido moral o ético: esta rama jurídica habitualmente posee normas sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más propiamente deberes) fundamentalmente incoercibles. Por ello no es posible obtener el cumplimiento forzado de la mayoría de las obligaciones de familia, quedando entregadas al sentido ético o a la costumbre (una importante excepción es el derecho de alimentos).
  • Predominio del interés social sobre el individual: esta rama posee un claro predominio del interés social (o familiar) en sustitución del interés individual. Ello genera importantes consecuencias:
    • Normas de orden público: sus normas son de orden público, es decir, son imperativas e indisponibles. No se deja a la voluntad de las personas la regulación de las relaciones de familia; sin perjuicio que tal voluntad sea insustituible en muchos casos (como en el matrimonio o la adopción), pero solo para dar origen al acto (no para establecer sus efectos).
    • Reducida autonomía de la voluntad: como consecuencia de lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad (base del Derecho civil) tiene una aplicación restringida en estas materias. En general, se prohíbe cualquier estipulación que contravenga sus disposiciones. Un importante excepción la constituyen las normas sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio.
    • Relaciones de familia: en esta disciplina, a diferencia del derecho civil (donde prima el principio de igualdad de partes), origina determinadas relaciones de superioridad y dependencia o derechos-deberes, especialmente entre padres e hijos (como la patria potestad), aunque la mayoría de los derechos de familia tienden a ser recíprocos (como es el caso del matrimonio).

Los actos de familia son habitualmente solemnes, o sea, requieren de ciertas formalidades (por ejemplo, el matrimonio, la adopción, etc.); y comúnmente no pueden ser objeto de modalidades (por ejemplo, no pueden estar sujetas a plazo). Así lo determinó la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en el Proceso de Amparo Nº 4167-2011-Callao. Más información en el siguiente enlace. El siguiente es un esquema del contenido más típico del derecho de familia:

Véase también[editar]


Materias del derecho de familia[editar]

Las dos instituciones fundamentales del derecho de familia son el matrimonio y la filiación. Además, los cuerpos normativos dedicados al derecho de familia se preocupan de la situación de las personas sujetas a la autoridad de otro.Esto se refiere al mandatario de la persona.

Conozca las 7 sentencias en temas de Familia más comentadas del 2015[editar]

1. Esposo podrá quedarse con el hogar conyugal si mujer lo abandonó por quedar desempleado

El TC estableció que en el amparo no podrá valorarse el material probatorio actuado en un proceso de divorcio por separación de hecho. Por ello, no puede discutirse en sede constitucional si fue correcta la calificación del juez de familia de considerar al marido como el cónyuge más perjudicado con la separación.

Además, en su sentencia recaída en el Exp. N° 01998-2014-PA/TC, afirmó que es totalmente válido que se entregue al marido la casa conyugal, a título de indemnización, si en el proceso de divorcio se demuestra que fue la mujer quien abandonó el hogar conyugal y la ruptura se debió a que aquel se quedara sin trabajo asumiendo la tenencia de sus menores hijos. Ingrese aquí para conocer más de la sentencia.

2. Está exenta de prestar alimentos la madre que ejerce la tenencia de los hijos

La madre que ejerce en los hechos la tenencia de los menores debe ser excluida de la obligación de prestar alimentos a favor de ellos. Así lo estableció un fallo judicial al explicar que el tiempo empleado en el cuidado de los menores disminuye la posibilidad de la progenitora de realizar una actividad laboral permanente que le permita generar recursos económicos.

Asimismo, en dicha sentencia se indica que la tenencia de los hijos conlleva tanta exigencia como la de un trabajo remunerado. Mayor información aquí.

3. Tenencia de menores no siempre corresponde a la madre

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que al momento de fijar la tenencia, el juez deberá evaluar las circunstancias favorables al menor, aunque ello signifique ir en contra de su voluntad. Asimismo, a través de la Cas. N° 1961-2012-Lima, se explicó que si bien el Código de los Niños y Adolescentes establece que, cuando no exista acuerdo en la tenencia, el menor deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo (art. 84), la aplicación de esta regla dependerá de las situaciones de cada caso en concreto y siempre que esto sea favorable al menor.

Por tanto, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la madre de dos menores en contra de la resolución que otorgaba la tenencia y custodia de los hijos a favor del padre, en la medida que se acreditó que la progenitora no tenía capacidad mental para convivir con ellos. Más detalles del fallo en este enlace.

4. Padre pierde la tenencia de su hijo si provocó síndrome de alienación parental

El síndrome de alienación parental es una forma de maltrato infantil. Por ello, el progenitor alienante debe perder la tenencia del menor pese a la existencia de un acuerdo conciliatorio a su favor; pues esta circunstancia provocaría la destrucción total del vínculo con el otro padre. Conozca más sobre el criterio expuesto por la Segunda Sala Civil de Ica en el Expediente Nº 75-2012 (13/03/2013) aquí.


5. No hay indemnización si separación de hecho fue por mutuo acuerdo

Un fallo judicial negó el derecho a la indemnización por separación de hecho al comprobarse que el término de la convivencia fue un acuerdo de la pareja y no una decisión unilateral. Siendo así, se concluyó que no existía un cónyuge perjudicado a quien indemnizar. Así lo estableció el Segundo Juzgado Especializado de Familia de la Corte Superior de Lima, en su Resolución N° 22. Mayor información dando click aquí.

6. Segunda esposa del bígamo conserva derechos si desconocía primer matrimonio

Es nulo el matrimonio contraído entre el bígamo y la segunda esposa; sin embargo, según lo dispuesto por la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ella conservará sus derechos civiles como si se tratara de un matrimonio válido disuelto por divorcio siempre que haya actuado de buena fe, en los términos previstos en el artículo 284 del Código Civil.

De igual forma, no corresponde indemnizar a la primera esposa por daños y perjuicios, en la medida que la segunda cónyuge no actuó de mala fe, esto es, que haya sabido sobre la existencia de un primer matrimonio. Sepa más detalles del caso aquí.

7. Reconocimiento de paternidad no puede estar sujeto a plazos La Corte Suprema ratificó el criterio jurisprudencial por el cual el reconocimiento de paternidad puede accionarse en cualquier momento, pues toda persona tiene derecho a su identidad. Por tanto, se declararon inaplicables los plazos de caducidad para dicha pretensión, previstos en el Código Civil de 1936, que pretendían aplicarse ultractivamente.

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

España
México

Enlaces externos[editar]