Crisis de los controladores aéreos en España en 2010

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El Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de crisis el 4 de diciembre de 2010.

La crisis de los controladores aéreos en España comenzó el la noche del 28 de noviembre de 2010 cuando se debieron realizar cierres parciales del espacio aéreo gallego por la inasistencia al trabajo de 10 de los 28 controladores aéreos que argumentaban haber cumplido todas las horas de trabajo computables a su jornada anual.[1]​ A pesar de que se advirtió a los mismos de que serían expedientados, el 2 de diciembre, un día antes del Consejo de Ministros ordinario que iba a ratificar la jornada laboral, volvieron a faltar controladores en el aeropuerto de Santiago de Compostela, que repitieron sus argumentos. Los controladores de toda España amenazaron con continuar en una escalada sin acudir al trabajo en distintos aeropuertos con el mismo argumento. El ministro de Fomento presentó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre el decreto que efectuaba el cómputo de horas y que se aprobó mediante decreto-ley,[2]​ al tiempo que entre el 70 y el 90% de los controladores aéreos abandonó sus puestos de trabajo desde las 17:00 horas del mismo día alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. Ante la situación, el Gobierno, mediante decreto firmado por el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui,[3]​ y sancionado por el Rey Juan Carlos I, ordenó a las 22:45 horas la militarización del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles.[4]​ El 4 de diciembre, en Consejo de Ministros extraordinario se declaró el estado de alarma por un espacio de quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez que sucedía esto en España desde el restablecimiento de la democracia.[5]​[6]​ El 15 de diciembre y a propuesta del Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma.[7]​

La acción de los controladores aéreos se produjo el día en que el país iniciaba un significativo periodo vacacional que empezaba en esa misma tarde del día 3 de diciembre hasta el día 8 del mismo mes. Según fuentes del Ministerio de Fomento alrededor de 300.000 pasajeros se encontraban afectados por la acción de los controladores el día 3 de diciembre, cifra que alcanzó a unos 630.000 al día siguiente.[8]​ Los aeropuertos comenzaron a paralizarse a media tarde, debiendo cerrar su espacio aéreo varios de ellos, entre los más destacables los de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca. Conforme avanzaba la noche la red de Eurocontrol comunicó que, prácticamente, quedaba cerrado todo el espacio aéreo español hasta las 16:00 horas del 4 de diciembre.[4]​[9]​

Antecedentes

En diciembre de 2009 se procedió por el gobierno español a regular parte del convenio de los controladores aéreos tras conocerse a través de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento que el salario de un controlador aéreo español rondaba de media los 350.000 euros anuales. En 1998 se firmó el primero convenio entre los controladores y el Gobierno español, siendo ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado y después Francisco Álvarez Cascos, quienes lideró las negociaciones entre el ente público AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos. El convenio incrementó en un 32,4% el salario de los controladores. En total, más de un tercio de las horas totales trabajadas correspondía a horas extraordinarias, y la jornada laboral máxima de un controlador que trabajaba a turnos era de 1200 horas al año, pero debía descansar el 33% del tiempo en los turnos diurnos y el 50% en los nocturnos.[10]​ Desde 1999, la gestión y control del tráfico aéreo se encontraba autorregulada por los propios controladores, por lo que el gobierno, con ocasión de la revisión del convenio, decidió que dicho control regresara a AENA mediante un decreto-ley de fecha 5 de febrero de 2010.[11]​ También se aprobó una nueva ley por la que se fijaban nuevas condiciones laborales para los controladores y un salario menor.[12]​ Según el consejero delegado de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Giovanni Bisignani, las cifras sobre productividad de los controladores aéreos españoles era la más baja de los países europeos y eran los mejor pagados en el mismo entorno.[13]​

A partir de ese momento, las diferencias entre controladores y administración o AENA fueron constantes en 2010. Las asociaciones de controladores recurrieron las nuevas normas llegando hasta la Audiencia Nacional, si bien ninguna de las acciones judiciales prosperó. En mayo y julio de 2010 los controladores fueron acusados de desarrollar huelgas encubiertas coincidiendo con periodos vacacionales. En agosto, el gobierno dictó un Real Decreto [14]​ que fija la duración máxima del período de actividad aeronáutica anual en 1.670 horas ordinarias y 80 extraordinarias. En el mismo mes, los ministerio de Fomento y Defensa acordaron un protocolo para "garantizar el máximo nivel posible de seguridad, eficacia y continuidad en la prestación del servicio de tránsito aéreo", por lo que Fomenbto se comprometía a capacitar a los controladores militares para que, llegado el caso, pudieran hacerse cargo del tráfico aéreo civil, no tanto suplirlos, como identificar los puestos críticos para poder atender las necesidades más urgentes.[15]​ Entre septiembre y noviembre de 2010, las negociaciones para un nuevo convenio colectivo no fructificaron.

A mediados de noviembre los controladores advirtieron que los cambios producidos por la nueva regulación llevarían a que en breve los controladores de Santiago de Compostela alcanzasen el máximo de horas, por lo que no podrían continuar trabajando. Dos de ellos incluso formalizaron denuncia contra AENA por incumplimiento de las condiciones laborales. [16]​ El sindicato afirmó además que "esto es un goteo que se va a convertir en cascada según avancen las semanas y la gente vaya cumpliendo el máximo legal de horas en otras dependencias", acusando a AENA de falta de planificación y de desprecio de los avisos del sindicato.[17]​ En respuesta AENA negó que en Santiago se estuviera alcanzando el tope de horas y afirmó que el problema se debía al absentismo de los trabajadores y que si fuese necesario reorganizarían los turnos de modo que ningún controlador alcanzase el máximo.[18]​ Sin embargo, el 28 de noviembre de 2010, hubo de cerrarse en varias ocasiones el espacio aéreo gallego por la inasistencia 10 de los 28 controladores de "Lavacolla" que argumentaban, según su propio cómputo, que ya habían realizado la jornada laboral anual que les correspondía. A pesar de que AENA señaló que llevaría ante la justicia a los que no habían acudido a trabajar por considerarlo un acto injustificable y un "boicot", la Unión Sindical de Controladores Aéreos señaló que "esto irá a más"y[1]​ el 2 de diciembre, un día antes de Consejo de Ministros ordinario que iba a ratificar la jornada laboral, en el aeropuerto de Santiago de Compostela volvieron a faltar los controladores con el mismo argumento, mientras AENA consideraba que algunos de ellos ni siquiera habían llegado a computar 1200 horas de trabajo.

Ante la amenaza de los controladores de continuar en una escalada sin acudir al trabajo en distintos aeropuertos, el ministro de Fomento presentó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre el decreto que aclaraba el cómputo de horas y que se aprobó mediante decreto-ley. Este decreto-ley ratificaba lo afirmado en el decreto del 5 de agosto sobre el límite de la actividad aeronáutica anual en 1.750 horas (1.670 ordinarias y 80 extraordinarias) de trabajo efectivo, con exclusión de las empleadas en actividades laborales de carácter no aeronáutico. La aclaración que añadía el nuevo decreto era que también se debían excluir del cómputo los "permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral".[14]​[19]​[2]​

Situación ante el Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2010

Conocido por las asociaciones de controladores la entrada efectiva de la nueva jornada laboral, en la mañana del 3 de diciembre, a las 09:24 convocaron una asamblea permanente en todos los centros de trabajo para presionar al objeto de que se computase como jornada efectiva dentro de las 1670 horas anuales determinadas situaciones de baja, pero la normativa aprobada finalmente por el Consejo de Ministros excluyó en el cálculo los permisos sindicales, las guardias localizadas, cursos de formación, licencias (maternidad, lactancia, exámenes, defunción de familiares, etc) y ausencias por incapacidad laboral, así como dos disposiciones que permitían al mando de Defensa hacerse cargo del control aeroportuario en caso de militarización, obligando a los controladores que se negasen a trabajar a pasar un examen médico inmediato al pedir la baja.[4]​[20]​

Desarrollo del conflicto hasta la declaración del estado de alarma

A las 17:00 horas del 3 de diciembre, tras conocerse los acuerdos del Consejo de Ministros, un número significativo de controladores aéreos comenzó a no acudir al trabajo o a retirarse de los puestos en la torres de control alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones de salud para trabajar. Esa misma tarde se hizo llegar por los controladores una propuesta de convenio al secretario de Estado de Transporte, Isaías Táboas, que fijaba la posición de los controladores con una sustancial rebaja de horas de trabajo, entre otras cuestiones, que fue rechazada.[21]​ La situación empeoró a las 22:00 horas cuando en el cambio de turno, a pesar de las llamadas de AENA y el gobierno a la incorporación inmediata de los controladores a sus puestos, apenas si se notaron cambios salvo en el aeropuerto de Barcelona donde por un breve periodo de tiempo se pudo reabrir el aeropuerto. La cifra de ciudadanos afectados se elevó a 300.000 en la noche del 3 al 4 de diciembre, y el número de vuelos previstos del día 3, unos cinco mil, habían quedado en 3.300.[4]​[22]​

Agravamiento del conflicto en la tarde-noche del 3 de diciembre

Desatado el conflicto en la tarde-noche del día 3, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero fue quien propuso estudiar la posibilidad de declarar el estado de alarma. El ministerio de Defensa, por su parte, había puesto en alerta a la Unidad Militar de Emergencias.[23]​

El Ministro de Fomento, José Blanco López, creó un grupo de crisis, al que se sumaron en la noche los ministros de Defensa, Carme Chacón, y el vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba cuando la situación se agravó. A dicho grupo de crisis se unieron el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), José Jiménez Ruiz y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes. En esos momentos el propio Jefe del Estado Mayor del Aire, señaló a la abogacía del Estado que no podía ni debía asumir el mando sobre los controladores civiles antes de su militarización, indicando que una cosa era tener el mando genérico y otra obligar a un civil a ejecutar órdenes de un militar. Así lo señaló también el general José Luis Poyato Ariza, asesor jurídico de la Defensa, por lo que la alternativa era la declaración del estado de alarma en la que constasen esos extremos.[23]​

Tras una primera comparecencia del vicepresidente en la que reiteraba el llamamiento a la incorporación de los controladores a sus puestos de trabajo, cuando el cambio de turno de las 22:00 horas no mostró cambios significativos, el Presidente del Gobierno firmó un decreto a las 22:45 horas por el que efectivos del Ejército del Aire tomaron bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles, al tiempo que se reforzó la actividad de todos las bases aéreas abiertas al tráfico civil para garantizar el tráfico y la seguridad aérea, y la Guardia Civil acudió al Hotel Auditorium de Madrid para identificar a los controladores aéreos que no habían acudido a trabajar y se encontraban allí reunidos.[22]​[4]​[20]​

En la primera hora de la madrugada del día 4, el Secretario de Estado de Defensa se reunió con los controladores y les indicó:[23]​

Vengo a informaros de vuestra situación. Fomento ya no pinta nada ahora. Y hasta que no se aclare todo esto nadie se volverá a sentar en una mesa de negociación. Si mañana por la mañana no se arregla todo esto, el Consejo de Ministros habrá firmado el estado de alarma y la militarización no solo del espacio aéreo sino de todos vosotros.

A las 02:00 horas del 4 de diciembre, en la segunda comparecencia del vicepresidente del gobierno, Rubalcaba señaló que se había dispuesto un Consejo de Ministros de carácter extraordinario para la mañana de ese mismo día donde se estudiaría la posibilidad de declarar el estado de alarma, tal y como tiene prevista la vigente Constitución española,[22]​ lo que efectivamente se hizo. La declaración del estado de alarma, entre otras cosas, permitiría poner a disposición judicial aquellos controladores que no acudieran a su puesto de trabajo y podrían ser acusados de un delito punible con pena de prisión del artículo 409 del Código Penal.[22]​[5]​

Militarización de los aeropuertos

El grupo de crisis acordó en la noche del 3 de diciembre el traslado de efectivos militares a los cuatro centros de control claves de España que se encontraban en Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias para garantizar su funcionamiento. El ministerio de Defensa reforzó el personal de los nueve aeropuertos de uso mixto militar y civil en Valladolid, Murcia-San Javier, Salamanca, Badajoz, León, Zaragoza, Albacete, Cuatro Vientos y Madrid-Torrejón, a donde se desviaron vuelos civiles. Además, coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles y asumieron el mando de los mismos, quedando a sus órdenes todos los controladores. Sería el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz, quien decidiría la prioridad en los vuelos.[22]​

En este dispositivo militar se movilizaron 190 efectivos del Ejército del Aire desplegados en los citados centros de control aéreo, y en el dispositivo de coordinación y seguimiento emplazado en el Estado Mayor del Aire.[24]​ Asimismo, también se desplegaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que atendieron a las personas que se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo.[24]​

Impacto del conflicto el día 4 de diciembre antes del Consejo de Ministros extraordinario

En la mañana del día 4 de diciembre, antes de declararse el estado de alarma, el informe de AENA sobre asistencia de los controladores a los aeropuertos señalaba que al Centro de Control de Barcelona habían acudido 7 de 43; a la torre de El Prat 4 de 13; al Centro de Control de Madrid 15 de 67 y a la torre de Barajas 8 de 17; al Centro de Control de Sevilla, 10 de 19; al de Palma de Mallorca 13 de 13 y a Valencia 7 de 8. Al mismo tiempo, AENA había movilizado sus servicios médicos para someter a examen a los controladores.[25]​ El número de vuelos cancelados entre el 3 y el 4 de diciembre alcanzó la cifra de 4.510 y entre 650.000 y 676.000 pasajeros afectados en España.[26]​[27]​ Durante este día, el grupo de crisis se intregró en la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, con los mismos miembros, más el Presidente del Gobierno, el Ministro de la Presidencia y el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán.[28]​

Declaración de estado de alarma

El Consejo de Ministros extraordinario del 4 de diciembre acordó declarar el estado de alarma previsto en la Constitución que entró en vigor a las 13:00 horas tras su publicación de forma urgente en el Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo,[6]​ lo que permitiría movilizar obligatoriamente a los controladores aéreos bajo la autoridad militar, por lo que no acudir a trabajar o hacerlo y no realizar su tarea puede considerarse un delito penado en el código penal militar.[5]​

La exposición de motivos del Real Decreto de declaración del estado de alarma justificaba la decisión sobre la base del artículo 19 de la Constitución española que garantiza la libre circulación de todos los españoles, que se había visto seriamente dañada por el cierre del espacio aéreo como consecuencia de "el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo", impidiendo el ejercicio del derecho de libre circulación, considerando que, en la situación en que se producía, constituía una "calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados". El Real Decreto delegaba la autoridad gubernativa en los siguientes términos:[6]​

[La autoridad sobre las operaciones de control aéreo quedan al mando de] El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe [permaneciendo] todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA [...] con la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.Uno [de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea] y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, los controladores empezaron a recibir en sus domicilios un burofax oficial y un correo electrónico del ministerio de Fomento en el que se señalaba:[25]​

La declaración del estado de alarma implica que durante su vigencia todos los controladores aéreos de AENA quedan movilizados, pasan a tener la consideración de personal militar y por tanto, sometidos a las órdenes directas del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. [En consecuencia] quedan sometidos al régimen penal y disciplinario propio de las Fuerzas Armadas. Ello determina que las actuaciones que lleven a cabo los controladores serán encuadradas en los tipos delictivos del Código Penal Militar como desobediencia, resistencia a la autoridad militar, sedición, etcétera... imponiéndose las penas previstas en dicho Código Penal a quienes resulten sancionados con arreglo a la misma.

Prórroga del estado de alarma

El 14 de diciembre, un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en el Palacio del Congreso de los Diputados acordó prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero de 2011, decisión que ratificó el Congreso al día siguiente por 180 votos a favor, cinco en contra y 131 abstenciones (votos a favor de los grupos socialistas, de Convergencia i Unio, del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria; votos en contra de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Gallego y abstenciones del Partido Popular).[7]​

La propuesta partió del Ministerio de Fomento, según el cual:[29]​

Los promotores del sabotaje ¨[del 3 y 4 de diciembre] no han alcanzado a ver las consecuencias de los daños" y "la gran mayoría de los controladores aéreos quiere trabajar y cumplir con su deber, pero muchas veces se sienten coaccionados y obligados por un grupo que les dirige y coordina.

Las principales reticencias a dicha prórroga dentro del Gobierno procedieron de los departamentos que dirigen los ministros de Defensa, Carme Chacón, y de Justicia, Francisco Caamaño. El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, justificó la decisión en estos términos:[30]​[29]​

Entendemos que la prórroga es necesaria. Es la obligación del Gobierno garantizar que nuestro sistema de aeropuertos, el control de tráfico aéreo vuelve absolutamente a la normalidad.

Posición de los controladores

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) manifestó que los controladores habían sufrido "una provocación en forma de decreto ley, (que no considera horas trabajadas las guardias localizadas, las licencias y las ausencias por incapacidad laboral) en la víspera de uno de los puentes más importantes del año" y que había resultado muy difícil hacerles volver al trabajo". Los controladores sostenían que la plantilla, a la que se le habían aumentado las horas (al convertir las extraordinarias voluntarias en horas ordinarias obligatorias) y rebajado el sueldo (de unos 350.000 euros, según AENA,[31]​[32]​ a 200.000 brutos, 140.000 según USCA[33]​ ) no podía garantizar el trabajo.[34]​

Los controladores mantenían en su propuesta básicamente que la jornada laboral a partir del 1 de enero de 2013 no fuera superior a 1420 horas anuales (frente a las 1670 determinadas por el gobierno), de esta manera la jornada laboral de los controladores españoles se equipararía a la de los principales proveedores europeos de navegación aérea. En el tema salarial la propuesta incluía un complemento personal de adaptación a la superior jornada que garantizaría la masa salarial pactada con AENA y que se distribuiría en un 2% en 2010 del valor del resto de conceptos del salario ordinario fijo, del 4% en 2011, del 6% en 2012, del 8% en 2013 y del 10% en 2014, que AENA no tuviera en su mano la organización del trabajo y el sobreseimiento de todos los expedientes abiertos desde febrero de 2010. La propuesta, aseguraron los controladores, se ajustaba a lo pactado con AENA el 13 de agosto, donde se establecía una masa salarial que permitiría un sueldo medio de 200.000 euros anuales brutos.[21]​[35]​

En todo caso, los controladores mantuvieron en sus declaraciones que la principal reivindicación no era salarial, sino de condiciones laborales, que consideraban habían sido recortadas por los diversos decretos que el gobierno aprobara desde febrero de 2010. Por un lado se habían aumentado las horas de trabajo y por otro aseguraban que AENA había acometido acciones, amparadas por el decreto, como denegar permisos por lactancia, anular sólo con días de antelación vacaciones concedidas meses antes, eliminar reducciones de jornadas, etc. Advirtieron también que AENA había tomado decisiones, en contra de las recomendaciones de los controladores, que habían comprometido la operatividad y la seguridad.[33]​[36]​ [37]​

Solo pedimos unas condiciones laborales estables, un convenio como cualquier trabajador, que se respete, y que esté en consonancia con lo que tienen los controladores europeos y que se ajuste a la ley y las necesidades económicas de AENA, que no discutimos.

El sindicato USCA afirmó que el plante había sido una reacción desmedida y que desde el principio se habían hecho llamamientos a los afiliados para que volvieran a sus centros de trabajo, además de haber pedido públicamente disculpas a los usuarios afectados. Sin embargo afirmó también que la responsabilidad de los hechos debía atribuirse en igual medida al gobierno, que había acorralado a los controladores desde febrero con la aprobación, siempre en fechas clave previas a períodos vacacionales, de sucesivos decretos que recortaban los derechos laborales de los trabajadores. También consideró corresponsable a AENA, porque "ha empujado y machacado" al colectivo desde una gestión "irresponsable". Declaró también que "el Gobierno lleva desde el 5 de febrero buscando una reacción así del colectivo. Han conseguido que no se hable de la retirada de la ayuda de los 426 euros ni de la privatización de Barajas y El Prat. Han sido muy hábiles".[38]​ Así mismo, señaló que llevaban años reclamando de AENA la formación y contratación de más controladores, pues el crecimiento del tráfico aéreo desde 2000 había sido grande y la plantilla no había crecido de manera acorde a ello. [39]​ [33]​[40]​[38]​

A título individual varios controladores declararon que trabajaban en condiciones de "esclavitud" y que las ausencias se debieron a que "la gente estaba tan hecha polvo y tan desmoralizada que se acogió al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea porque no podía atender el tráfico [aéreo].[34]​

Solo intentamos luchar por nuestros derechos. AENA no quiere negociar nuestra situación y el Gobierno lleva meses actuando a golpe de decretos. Después de la privatización parcial de los aeropuertos y tras el decretazo del viernes, no nos quedaba otra opción. Por eso nos hemos plantado. Nosotros también somos víctimas. Ahora nos señalan como los malos de la película y estamos en el ojo del huracán pero no nos quedaba otra salida. Las culpas, al Gobierno.

Posición de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

El consejero delegado y director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Giovanni Bisignani, señaló que la productividad de los controladores aéreos españoles era la más baja de los países europeos y eran, además, los controladores mejor pagados en el mismo entorno.[13]​[41]​

Los controladores aéreos españoles viven bien con una productividad que es un tercio de la de los británicos, y con un sueldo que supone el 150% de la media europea. Respeto plenamente las acciones del ministro [de Fomento] Blanco de conducir los costes del control del tráfico aéreo en línea con las realidades globales.

Restablecimiento de los vuelos y apertura del espacio aéreo

A partir de las 14:00 horas del 4 de diciembre AENA informó que los controladores comenzaban a regresar a sus puestos de trabajo en los distinto aeropuertos. Así comenzaron a operar primero los de Canarias y Baleares, abriéndose su espacio aéreo a las 14:45 horas; Madrid comenzó a operar a partir de las 13:15 horas llegando a una capacidad de 30 vuelos/hora, el 30% de lo habitual, y así sucesivamente en Barcelona, Pamplona y la mayoría de los aeropuertos.[25]​

El gobierno reabrió definitivamente el espacio aéreo poco antes de las 16:00 horas del 4 de diciembre, estando operativos al 100% en ese momento los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Melilla, Gran Canaria, Pamplona, Bilbao, Asturias y Granada, si bien los retrasos acumulados dificultaban las operaciones.[9]​ De los 296 controladores que debían estar trabajando en el turno de tarde en España, tras la declaración del estado de alarma sólo faltaron 16. En total el día 4 se consiguió operar con 412 vuelos de los 4.300 que estaban previstos, algo menos del 10 por 100.[8]​

El 5 de diciembre a las 08:00 horas la totalidad de los aeropuertos operaban con normalidad con la mayoría de los controladores en sus puestos de trabajo y bajo la supervisión de personal militar. Las compañías aéreas operaban con total capacidad mientras trataban de recolocar a los viajeros que en los dos días anteriores habían tenido que permanecer a la espera.[8]​

En la mañana del 6 de diciembre solo 10 controladores habían faltado al trabajo y todos ellos por causas justificadas, y desde la tarde del día 4 a la mañana del día 6, unos 335.000 pasajeros habían podido dirigirse a sus destinos.[42]​ Al finalizar la jornada, de 4.053 vuelos programados en España sólo se habían producido 80 cancelaciones, lo que para AENA era una situación de normalidad. No obstante qeudaban algunas operaciones pendientes para terminar de recuperar los más de 4.600 vuelos cancelados.[43]​

El 9 de diciembre, AENA consideró completamente restablecidos los servicios, ya que desde el día 5 de diciembre se habían realizado las operaciones habituales (3943 el 5 de diciembre, 3961 el 6 de diciembre y 3740 el 7 de diciembre), frente a tan sólo 548 operaciones el 4 de diciembre.[27]​

Acciones contra los controladores

Acciones administrativas y/o de empresa

AENA emprendió acciones contra los controladores que se negaron a trabajar basadas en su propio conocimiento o en las denuncias de particulares. A fecha 5 de diciembre había abierto 442 expedientes sancionadores, que suponían una quinta parte del total de controladores (unos 2.200).[8]​[44]​

Acciones judiciales de la Fiscalía

Igualmente la Fiscalía en distintos puntos de España inició diligencias para averiguar quienes no habían acudido a sus puestos de trabajo y las razones argumentadas, por si pudieran constituir una acción delictiva.[8]​[44]​ A la Fiscalía General del Estado, a fecha 6 de diciembre, no le constaba que hubiera controladores que desobedecieran el estado de alarma, por lo que no tenía previsto actuar por la vía penal militar. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló el 9 de diciembre que el Ministerio Fiscal tenía 20 procesos abiertos en toda España con 175 controladores a los que se investiga y que pedirá penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición ya que la situación era similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los médicos, calificado como delito de sedición. En cualquier caso, la Fiscalía investigaba también la posible falsificación de certificados médicos.[45]​[46]​ Conde Pumpido señaló sobre la gravedad de los hechos:[47]​[48]​

El abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación.

Los fiscales habían analizado además otras posibilidades que ofrecía la legislación. Si los controladores habían dejado de acudir a su puesto de trabajo antes de la declaración del estado de alarma, la imputación podía ser también por un delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, y castigado con hasta seis años de cárcel o, de no poderse probar éste, el delito de desobediencia grave, al que correspondía una pena de entre seis meses y un año; en el caso de que la inasistencia se produjera después de declararse el estado de alarma, el delito a investigar sería el de desobediencia, del Código Penal militar, penado también con hasta seis años de cárcel y muy por encima del de desobediencia grave. El presidente del Gobierno también señaló, en cuanto a los posibles procesamientos, que no era lo mismo abandonar o no acudir al puesto de trabajo antes o después de la declaración del estado de alarma, y que la legislación ofrecía suficientes resortes para castigar a los culpables.[45]​[46]​[47]​

A finales de diciembre de 2010 la Fiscalía de Madrid presentó denuncia por la comisión de un presunto delito de sedición aérea contra los controladores "en general" (sin especificar cuales) que faltaron o se ausentaron del trabajo en el aeropuerto de Barajas y Torrejón de Ardoz los días 3 y 4 de diciembre, sin descartarse la posibilidad de solicitar el embargo de bienes de los implicados para responder con ellos de los daños causados, todo ello al amparo del artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea en relación con el artículo 545 del Código Penal. Previamente la Fiscalía había citado a 26 controladores que habían ejercido su derecho a no declarar, argumentando que se les debía interrogar en el marco de la jurisdicción militar al estar bajo estado de alarma.[48]​

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias presentaron el 5 de diciembre ante la fiscalía de Las Palmas, una denuncia contra los controladores al considerar que existían indicios suficientes para imputar al colectivo de controladores aéreos por delitos contra la administración pública, sedición y desobediencia. En la denuncia se señalaba que la acción de los controladores había repercutido de forma "negativa para los ciudadanos canarios y para los intereses de Canarias ya que se ha obstaculizado, de forma absoluta, la normal prestación del servicio lo cual es imputable a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores".[49]​

Acciones contra AENA y los controladores

Por otra parte, unos 5000 afectados crearon un plataforma propia para presentar acciones judiciales contra los controladores que secundaron la huelga ilegal y exigir una indemnización del patrimonio personal de cada uno de ellos[46]​ y también contra AENA al considerar que "la responsabilidad patrimonial no puede acabarse en los controladores aéreos, que son meros empleados públicos". La reclamación ascendía a un importe de 50 millones de euros.[50]​

Reacciones políticas

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló el 6 de diciembre que si las medidas adoptadas "han dado los resultados deseados, que eran restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" era porque habían sido las adecuadas. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, mostró el apoyo de su partido a las medidas adoptadas pero pedía explicaciones al gobierno por haber llegado a la situación del día 3 de diciembre.[46]​ Aunque el Partido Popular, principal partido de la oposición, apoyó las medidas tomadas por el gobierno, el diputado popular, Rafael Hernando, solicitó la dimisión del Ministro de Fomento, José Blanco, al considerar que usó a los viajeros en su "pulso" con los controladores, fue "incapaz" de negociar con los controladores y permitió que el Consejo de Ministros aprobara unas medidas el día 3 de diciembre que sabía iba a encender el conflicto con los controladores.[44]​ El Vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que sucesos como estos no se volverían a repetir en el futuro,[44]​ y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español acusaron al Partido Popular de haber estado en connivencia con los controladores dadas las reuniones que mantuvieron con ellos en fechas próximas al conflicto. El resto de las fuerzas políticas apoyaron al gobierno, matizando Joan Ribo, de Esquerra Republicana de Catalunya, que era conveniente levantar el estado de alarma cuando fuera innecesario, aún antes de pasar los 15 días, y Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, que consideró que no hubiera sido necesario llegar al extremo de tomar las medidas excepcionales.[51]​

Debate en el Congreso de los Diputados

El 9 de diciembre de 2010, se celebró en el Congreso de los Diputados, una sesión ordinaria cuyo orden del día era la comunicación del Gobierno a las Cortes del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.[52]​

Postura del Gobierno de España

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó que frente al plante de los controladores hubo que aplicar "una medida de excepción para acabar con una situación de excepción". Calificó la actuación de los controladores de "abierta rebeldía con el Estado de derecho" y señaló que el 3 de diciembre el gobierno debió modificar el decreto que regulaba las condiciones laborales de los controladores debido a la situación de abandono que ya se producía en ese momento en Canarias y Santiago de Compostela y que, una vez abandonados los puestos de trabajo y bloqueado el espacio aéreo, los controladores hicieron llegar una propuesta de convenio y amenazaban con continuar sus acciones si no se firmaba. Concluyó señalando:[53]​[54]​[52]​

Lo que se juzga hoy no es un conflicto laboral sino una desobediencia. Nadie, ni individual ni colectivamente, puede tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos. El Gobierno no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de derecho para poner fin a situaciones como las que hemos vivido este fin de semana.[52]​

Postura del Grupo Parlamentario Popular

El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, respaldó las medidas del gobierno "para la defensa de la ley y el interés general", criticando con dureza la acción de los controladores acusándoles de utilizar "formas ilegítimas, intolerables e ilegales". Después ha acusado al gobierno de "pasividad y desidia", de no resolver el problema tras seis años y ha dicho del ministro de Fomento, José Blanco López, que se dedicaba a lanzar insidias contra la oposición para tapar sus fracasos:[55]​[52]​

El Ministro de Fomento es “un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades […] Señorías, no seré yo quien emplee estos calificativos con el señor Blanco ni con nadie. Tan cariñosos epítetos fueron los que dedicó don Alfredo Pérez Rubalcaba a un Ministro de Fomento por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas en el año 1999.[52]​

Concluyó diciendo al gobierno que debe garantizar "que los perjudicicados serán resarcidos", acusando al gabinete de "no hacer nada y cuando hay que hacerlo hacerlo de cualquier manera".[53]​[52]​

Postura del Grupo Parlamentario Catalán

El portavoz y secretario general de Convergencia y Unión, Josep Antoni Durán i Lleida, pidió al Presidente del Gobierno que "haga lo que tenga que hacer" para garantizar a la ciudadanía la libertad de movimiento. El portavoz de CiU culpó a los controladores pero también al Gobierno, sobre el que afirmó que "no ha sabido administrar bien la negociación con este colectivo". También alertó de que "el conflicto no está resuelto, hay motivos para pensar que puede recrudecerse". Durán i Lleida abogó que la solución al conflicto pasa por una reestructuración del sistema aeroportuario español:[56]​[52]​

... [un] sistema de gestión central de navegación aérea. Así no se puede seguir. Mientras sigamos sujetos a las rigideces del aparato estatal y a los poderes centrales, España seguirá siendo un país de segunda por no decir de tercera o cuarta como estos días.[52]​

Postura del Grupo Parlamentario Vasco

El portavoz de Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, también dio su apoyo a la declaración del estado de alarma.

...Siempre constituye un mal recurrir a medidas de excepción para resolver problemas cotidianos, pero es evidente que en esta ocasión fue un mal menor.[52]​

Erkoreka aprobó que el estado de alarma se haya aplicado "dentro de los límites de la proporcionalidad, sin atropellos graves ni excesos de poder", aunque afirmó que si el Gobierno decide ampliar la situación ya no valdrá "rendir cuentas a posteriori ... Si piensa hacerlo, vaya preparándolo bien". Para el portavoz del PNV, la utilización del Código Penal Militar "parece proporcionada y claramente fundada en términos jurídicos", aunque compartió "las dudas de quienes cuestionan" que se aplicase el estado de alarma sin que concurriera ninguna otra de las circunstancias que prevé el artículo de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.[56]​[52]​

Postura de Izquierda Unida

El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, condenó la actitud de los controladores, porque "nos parece un abuso de poder" y porque "debilita a la hora de defender los derechos laborales y sociales, el derecho a huelga y el rechazo a la política de fondo tras el conflicto".

Por otro lado criticó que la solución pasara por un estado de alarma y por la militarización de las torres de control, afirmando que ambas acciones carecían de cobertura legal para ser realizadas. Declaró también que este conflicto era la conclusión al modelo de gestión adoptado por el Gobierno desde unos años antes, y que esa estrategia de gestión trataba de eludir los graves errores de gestión de AENA y atribuírselos únicamente a un cuerpo de trabajadores.[57]​

Solicitó al Gobierno que

..no vayan ustedes a solucionar la crisis de AENA como solucionan la crisis económica, de nuevo con ajustes, limitación de derechos sociales, de nuevo con privatizaciones y mucho menos con el ordeno y mando. Señorías, con el ordeno y mando el conflicto está servido...

Impacto de la crisis sobre las compañías aéreas y el turismo

Las compañías aéreas que operaban en España evaluaron el impacto económico del conflicto entre 60 y 80 millones de euros diarios por el cierre del espacio aéreo, sin que se incluyan en esa cuantía las atenciones extraordionarias que debieron hacer a los viajeros, la devolución de los billetes a los viajeros que lo solicitasen y los costes de los vuelos que podían retomarse. Para el turismo, las pérdidas se calculaban por los hosteleros en unos 250 millones de euros.[58]​

El Gobierno de Canarias y agentes económicos de las islas señalaron que demandarían a los controladores por los daños causados a la imagen turística de Canarias, a los que Paulino Rivero, presidente del archipìélago, consideró "únicos responsables" de la crisis.[59]​ El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cifró las perdidas de la capital de España en 140 millones de euros. Gallardón calificó de "huelga salvaje" la acción de los controladores y destacó que "la huelga ha hecho mucho daño a Madrid y ha tocado uno de los pilares de la economía de la ciudad (el turismo), y lo ha hecho a través de uno de sus iconos, el aeropuerto de Madrid-Barajas, la estructura e infraestructura que tiene mayor impacto en la economía de Madrid".[60]​

El ministro de Industria. Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, señaló el 7 de diciembre que, a pesar de las cifras dadas, era demasiado pronto para evaluar el impacto económico real de la crisis. Además, esperaba que no tuviera repercusiones negativas para el turismo del exterior en la medida que la prensa internacional había acogido la decisión del gobierno español como "clara y contundente". El número de turistas extranjeros que visitarían España en diciembre de 2010 se cifraba en 2,8 millones, la inmensa mayoría entre el 20 y el 30 de diciembre.[61]​

Referencias

  1. ↑ a b Aena llevará a los controladores ante la Justicia por «boicotear» Lavacolla, La Voz de Galicia, 30 de noviembre de 2010, consultado el 14 de diciembre del mismo año.
  2. ↑ a b Fomento supo días antes del decreto que 300 controladores dejarían de trabajar, El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  3. ↑ Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.
  4. ↑ a b c d e El Gobierno militariza el tráfico aéreo tras la huelga salvaje de controladores, El País, 4 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  5. ↑ a b c El Gobierno declara el estado de alarma y moviliza a los controladores, El País, 4 de diciembre de 2010.
  6. ↑ a b c Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo., Boletín Oficial del Estado, 4 de diciembre de 2010.
  7. ↑ a b El Congreso autoriza al Gobierno a prorrogar el estado de alarma por el conflicto con los controladores aéreos, El país, 16 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  8. ↑ a b c d e Los aeropuertos intentan recobrar la normalidad con todos los controladores en sus puestos, El País, 5 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  9. ↑ a b El Gobierno reabre el espacio aéreo y los aeropuertos empiezan a funcionar, El País, 4 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  10. ↑ El Convenio que ha llevado a la crisis de los controladores aéreos fue bendecido por Aznar, y oficiado por Cascos, elplural.com, 18 de enero de 2010, consultado el 8 de diciembre del mismo año.
  11. ↑ Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
  12. ↑ Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
  13. ↑ a b Un lío europeo de 5.000 millones, artículo de Giovanni Bisignani, consejero delegado de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  14. ↑ a b Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles de tránsito aéreo.
  15. ↑ Blanco y Chacón pactaron en agosto cómo 'militarizar' el espacio aéreo, El País, 13 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  16. ↑ Controladores llevan a AENA ante los tribunales, laopinioncoruña.es, 20 de noviembre de 2010, consultado el 27 de diciembre
  17. ↑ Controladores alertan de próximos cierres parciales en Santiago, El correo gallego, 18 de noviembre de 2010, consultado el 27 de diciembre.
  18. ↑ AENA niega que haya controladores con exceso de horas, El correo gallego, 26 de noviembre de 2010, consultado el 27 de diciembre.
  19. ↑ Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, BOE de 3 de diciembre de 2010
  20. ↑ a b Cronología del conflicto de los controladores, El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  21. ↑ a b USCA pide trabajar 250 horas menos y mantener el salario, El País, 6 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  22. ↑ a b c d e El Gobierno amenaza a los controladores con declarar el estado de alarma, El País, 4 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  23. ↑ a b c "¡No entienden nada, Fomento ya no existe, están hablando con Defensa!", El País, 7 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  24. ↑ a b Chacón destaca la impecable labor que está realizando el Ejército del Aire
  25. ↑ a b c Los controladores ceden ante el estado de alarma, El País, 4 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  26. ↑ La huelga provoca la cancelación de más de 4.300 vuelos en dos días, El País, 5 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  27. ↑ a b Casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo, El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  28. ↑ El Gabinete de Crisis movilizó también al CNI, El País, 11 de diciembre de 2010, consultado el 13 de diciembre.
  29. ↑ a b Blanco impulsa prorrogar la alarma pese a las dudas de otros ministros, El País, 14 de diciembre de 2010, consultado el ismo día.
  30. ↑ El Gobierno aprueba prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero, El País, 14 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  31. ↑ El sueldo de los controladores es de 350.000 euros al año, finanzas.com, 29 de diciembre de 2009, consultado el 10 de diciembre de 2010
  32. ↑ El sueldo de los controladores aéreos es de 350.000 euros al año, según AENA, Terra Actualidad, 29 de noviembre de 2009, consultado el 10 de diciembre de 2010.
  33. ↑ a b c Encuentros digitales, César Cabo. RTVE, 8 diciembre 2010, consultada el 12 de diciembre
  34. ↑ a b El portavoz de los controladores alega que son "una plantilla muy castigada", El País, 4 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  35. ↑ Pacto del 13 de agosto. RTVE, 13 de agosto de 2010, consultada el 12 de diciembre de 2010
  36. ↑ Los controladores canarios lamentan que tengan que jugarse sus puestos de trabajo por defender la seguridad de los pasajeros Nota de prensa de USCA, 19 de octubre de 2010, consultada el 12 de diciembre
  37. ↑ Pantallas de radar en blanco en Torrejón de Ardoz Nota de Prensa USCA, 10 de abril de 2010, consultada el 12 de diciembre.
  38. ↑ a b "El Gobierno eligió una fecha muy mala". El Pais, entrevista a Daniel Zamit. 6 e diciembre de 2010, consultada el 12 de diciembre.
  39. ↑ Carta abierta a los parlamentarios. Nota de Prensa de USCA, abril de 2010, consultada el 12 de diciembre
  40. ↑ USCA niega recibir presiones de los militares. Europapress, 6 de diciembre de 2010, consultada el 12 de diciembre.
  41. ↑ IATA: Los controladores ganan mucho y producen poco, 20minutos, 14 de diciembre dce 2010, consultado el mismo día. Además consideró la huelga "de los controladores mejor pagados de Europa" de "irresponsable".
  42. ↑ Los aeropuertos españoles recuperan paulatinamente la normalidad, El País, 6 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  43. ↑ AENA da por normalizada la situación aunque se disparan las reclamaciones, El País, 7 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  44. ↑ a b c d AENA abre expediente a 442 controladores por el caos aéreo, El País, 5 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  45. ↑ a b La fiscalía investigará también el uso fraudulento de certificados médicos, El País, 6 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  46. ↑ a b c d La fiscalía no procederá por la vía penal militar contra los controladores, El País, 6 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  47. ↑ a b La Fiscalía pedirá penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores, El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  48. ↑ a b La Fiscalía de Madrid denuncia a los controladores por sedición, El País, 29 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  49. ↑ El Gobierno de Canarias denuncia a los controladores por sedición y desobediencia, El País, 5 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  50. ↑ 5.000 afectados por el caos aéreo reclaman 50 millones de euros a AENA, El País, 12 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  51. ↑ Respaldo político al Gobierno para frenar a los controladores y aplicarles sanciones, El País, 6 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  52. ↑ a b c d e f g h i j Emisión en diferido del la sesión ordinaria de 9 de diciembre de 2010 para la comunicación del Gobierno a las Cortes del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.
  53. ↑ a b Zapatero justifica las medidas en la "abierta rebeldía contra el Estado de derecho" de los controladores, El País, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  54. ↑ Zapatero: "Lo que se juzga hoy no es un conflicto laboral sino una desobediencia", El País - Video, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  55. ↑ Rajoy: "El ministro de Fomento es un inútil total", El País - Video, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  56. ↑ a b Todos los grupos políticos condenan el "chantaje" y la "inaceptable" actitud de los controladores, Diario Siglo XXI, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  57. ↑ Intervención de Gaspar Llamazares Web de Izquierda Unida, 9 de diciembre de 2010, consultada el 14 de diciembre.
  58. ↑ Pérdidas millonarias para las compañías, El País, 5 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  59. ↑ Canarias exigirá a los controladores que paguen por dañar su imagen turística, ABC, 10 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  60. ↑ Madridi calcula en 140 millones las pérdidas por la huelga de los controladores, ABC, 9 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.
  61. ↑ Sebastián dice que es "prematuro" dar cifras de pérdidas por el cierre del espacio aéreo, El País, 7 de diciembre de 2010, consultado el mismo día.

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