Justicia de Aragón

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Juan de Lanuza y Urrea, monumento al Justiciazgo (1904), Zaragoza.

El Justicia de Aragón es el nombre de una antigua institución histórica y cargo homónimo ejecutivo con dignidad de Ilustre del Reino de Aragón. En opinión de algunos autores,[¿quién?] se trata del precedente lejano de todos los Defensores del Pueblo europeos. Su origen, privilegio o prerrogativas se encuentran en la restauración cultural y militar de la Hispania romana,[cita requerida] hecha por los reyes hispanos, y sus Ricohombres o Ricahombria de Aragón, alta nobleza, que en este reino desembocó en esta institución desde las cortes de Daroca convocadas por Pedro II de Aragón.

Y por su alta dignidad se llamaban ilustres los justicias de Aragón, cuyo supremo magistrado es único en el orbe, como decía el arzobispo Fernando de Aragón y Pedro de Luna, cuando Benedicto XIII solía decir que era el justicia de Aragón el mayor oficial lego que había en el mundo.

El Justicia de Aragón es, actualmente, el nombre con el que se designa al Defensor del Pueblo en Aragón. Un defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Administración pública aragonesa. Actualmente ostenta este cargo el jurista Fernando García Vicente, 69º Justicia de Aragón.

A diferencia de su configuración medieval, en la actualidad no juzga ni dicta sentencias sobre los conflictos en los que interviene, sino que supervisa la actividad de la Administración, a través de sugerencias, recomendaciones e informes especiales sobre materias de su competencia.

Historia de la institución[editar]

Escudo histórico del Justicia de Aragón

La figura del Justicia de Aragón nació a finales del siglo XII e inicios del XIII como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el rey y la nobleza de la época. El primero en ejercer esta responsabilidad bajo la denominación de Justicia de Aragón fue Pedro Pérez de Tarazona, en 1208. La figura, cuyo origen se encuentra en el justicia de la corte, se configura jurídicamente en las Cortes de Ejea de los Caballeros de 1265.[1] Después del rey, era el Justiciazgo la institución más importante y prestigiosa de la organización política del Reino de Aragón. Con el paso del tiempo, el Justicia se convertiría en juez encargado de dirimir los conflictos entre la monarquía y los aforados. Con el tiempo la figura del Justicia de Aragón se convirtió en un cargo sucesorio de algunas familias (como la familia Lanuza), y era esencialmente en una justicia aristocrática.

Durante siglos presidió las Cortes de Aragón en ausencia del Rey, tomó juramento a los reyes de Aragón en la Catedral de La Seo de Zaragoza, desempeñó las funciones de un magistrado y asumió la interpretación del Derecho aragonés.

Placa en recuerdo de Juan de Lanuza en Zaragoza

Esta Institución sufrió diversos avatares por defender las leyes y soportó represalias transcendentales en diversos momentos de la Historia. Los más importantes, que aún son conmemorados contemporáneamente, fueron los hechos conocidos como las Alteraciones de 1591. Estas revueltas ciudadanas acabaron con la decapitación de Juan de Lanuza el Mozo por enfrentarse a la voluntad del rey Felipe II de España, que había entrado en el reino de Aragón con ejércitos para reducir las revueltas que se estaban produciendo debido al intento del tribunal de la inquisición de aprehender y procesar a Antonio Pérez, natural de Guadalajara pero de familia aragonesa, para que no pudiera acogerse a la jurisdicción del Justicia Mayor. La defensa del Justicia Juan de Lanuza de los privilegios forales aragoneses fue castigada con su decapitación. En las Cortes de Tarazona de 1592 se establecieron importantes restricciones a la figura del Justicia y a las atribuciones de la Generalidad de Aragón, especialmente en materia militar. En el S. XVIII, Felipe V de España suprimió definitivamente la figura del Justicia en el año 1711 por medio de los Decretos de Nueva Planta. No fue restaurada, con atribuciones muy distintas, hasta el año 1982.


La prerrogativa de la "Manifestación de personas"[editar]

En el Reino de Aragón la tortura de personas aforadas fue prohibida en 1325 por la Declaratio Privilegii generalis aprobada por el rey Jaime II en las Cortes de Aragón reunidas en Zaragoza.[2]

La prohibición fue realmente efectiva gracias al derecho que poseían los aforados aragoneses (ricos hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y hombres de villas honrados)[3] denominado "Manifestación de personas", anterior al Habeas Corpus del derecho inglés al que se asemeja, y que perseguía, según el jurista del siglo XVIII Juan Francisco La Ripa, «librar a la persona detenida en sus cárceles [en las de los jueces reales] de la opresión que padeciese con tortura o [de] alguna prisión inmoderada». El derecho consistía en que el Justicia de Aragón podía ordenar a un juez o a cualquier otra autoridad que le entregara —«manifestara»— a un aforado detenido con el fin de que no se cometiera ninguna violencia contra él antes de dictarse la sentencia, y sólo tras dictarse ésta y haberse cerciorado de que la misma no estaba viciada, el Justicia devolvía al reo para que cumpliera su castigo. El juez u otra autoridad que se negaran a manifestar al preso incurrían en contrafuero. De esta forma se evitaba que el reo fuera torturado. [4] Este derecho no se aplicaba a los siervos de los señores aragoneses, sobre los que sus amos tenían una jurisdicción absoluta.[5]

Y si no, no[editar]

Esta mítica fórmula de juramento de los Reyes de Aragón, tomado por los Justicias, aparece por primera vez en documentos de la segunda mitad del siglo XVI,[6] siendo usada para explicar la difícil relación entre el rey y las cortes aragonesas y, posteriormente, para argumentar en contra del absolutismo real.[6] En una de sus múltiples formulaciones, la descrita por Antonio Pérez dice:

Nos, que valemos tanto como vos os hazemos nuestro Rey, y Señor, con tal que nos guardeys nuestros fueros, y libertades, y sino No. [7]

Esta versión es la primera en que aparece el famoso "y si no, no". Pérez también describe las supuestas circunstancias de su uso cuando el Justicia tomaba el juramento al Rey. Estas múltiples versiones parecen indicar la existencia de una tradición oral previa.[8]

El mito parece estar basado en las concesiones impuestas a Alfonso III de Aragón por el Privilegio de la Unión, y es consonante con los también míticos Fueros de Sobrarbe.[9] El Privilegio de la Unión incluía lo siguiente:

Porque si lo que dieus non quiera nos, ó los nuestros successores contraviniessemos á las cosas sobreditas en todo ó en partida: queremos é otorgamos, et expresament de certa sciéncia assí la hora como agora consentimos que daquella hora á nos ni á los successores en el dito Regno de Aragon non tengades ni hayades por Reyes, nin por seynnores en algun tiempo. Ante sines algun blasmo de fe é de leyaltad podades fazer, et fagades otro Rey et seynnor cual queredes e d’on queredes…[10]

Esta extraordinaria e inusitada cláusula fue derogada por las Cortes convocadas después de que Pedro IV derrotara a los partidarios de la Unión en la batalla de Épila. No contentándose solo con derogar la norma, también se ordenó la destrucción de todas las copias existentes, con Pedro IV mismo rompiendo uno de los originales con su famoso puñal, y la prohibición de su difusión.[11] Afortunadamente, al menos una copia sobrevivió, estando en posesión en el siglo XVI de los cronistas de Aragón y siendo redescubierta en el siglo XIX.[12] La prohibición era todavía parte de los Fueros en la compilación de 1552. Ralph Giesey especula que la prohibición tuvo que ser discutida por los compiladores, así como la razón por la que era necesaria, posiblemente originando la leyenda.[13]

El Justicia de Aragón en la actualidad[editar]

Palacio de Armijo

La figura del Justicia de Aragón reapareció en 1982 recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón y amparada por la Constitución de 1978. El Justicia es la tercera autoridad de la Comunidad Autónoma, junto al Presidente de la Diputación General de Aragón y al presidente de las Cortes.

La sede actual del Justicia de Aragón se encuentra en el zaragozano Palacio de Armijo, en la calle Don Juan de Aragón. Este palacio renacentista del siglo XVI fue convertido en sede de la institución en 1995 con motivo de 404 aniversario de la ejecución de Juan V de Lanuza. Fernando García Vicente es, desde 1998, el 69º Justicia en el cargo.

Procedimiento de elección[editar]

Para la designación del Justicia de Aragón será preciso el voto favorable de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara.

Caso de no resultar elegido ningún candidato en primera convocatoria, se volverá a iniciar el procedimiento con nuevas propuestas de los Grupos Parlamentarios. Si celebradas tres votaciones en total, ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida en este precepto, bastará para las siguientes votaciones la mayoría simple.

La duración del mandato del Justicia de Aragón será de cinco años.

Funciones[editar]

Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Justicia de Aragón tiene tres funciones básicas:

  • Proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las actuaciones irregulares de las Administraciones Públicas.
  • Defender el Estatuto de Autonomía de Aragón.
  • Tutelar el Ordenamiento Jurídico Aragonés.

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. «Justicia de Aragón». Gran Enciclopedia Aragonesa.
  2. Tomás y Valiente, 2000, pp. 210-211.
  3. Savall y Dronda y Penén y Debesa, 1866, Lib. I, pp. 16-20.
  4. Tomás y Valiente, 2000, pp. 211-212.
  5. Sarasa Sánchez, 1988, pp. 334-335.
  6. a b Giesey, 1968, pp. 18-20.
  7. Pérez, 1598, p. 92.
  8. Giesey, 1968, pp. 24-25.
  9. Giesey, 1968, pp. 8-11.
  10. Danvila y Collado, 1881, pp. 237-238, versión de Blancas.
  11. Danvila y Collado, 1881, pp. 287-290.
  12. Giesey, 1968, pp. 89-93.
  13. Giesey, 1968, pp. 183-184.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]