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[[Image:MancusoDEA.jpg|250px|thumb|right|<small>[[Salvatore Mancuso]] fue extraditado a Estados Unidos en 2008 después de ser sacado del proceso de Justicia y Paz.</small>]]
El '''proceso de desmovilización de paramilitares''' es un proceso de [[amnistía]] y sometimiento a la justicia de los grupos armados [[insurgentes|antinsurgentes]] en [[Colombia]].


El proceso se inició bajo el gobierno de [[Álvaro Uribe Vélez]] cuando las [[Autodefensas Unidas de Colombia]] (AUC), entonces bajo la dirección ideológica de [[Carlos Castaño]], aceptó un cese de hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno. A pesar de las desaparición y posterior asesinato de Castaño por miembros de las AUC, el proceso ha continuado con varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por [[Salvatore Mancuso]]. Varios medios, entre ellos la [[Semana (Colombia)|revista Semana]] han cuestionado diferentes aspectos de estas desmovilizaciones.Ademas de eso como es de notar desde el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez por medio de dialogos y acuerdos se han desmovilizado cerca de 31.671 miembros de grupos armados ilegales.
La mayor parte de los grandes propietarios en las regiones afectadas por las acciones predatorias de las guerrillas - que cubrían cerca de 500 municipios -, en las décadas de los 80s y 90s, apoyaron alguna forma de seguridad privada. Estas varían de región a región, desde las contribuciones a las autoridades armadas, pasando por la creación de grupos armados con la estricta misión de defender la hacienda respectiva y ayudar a las vecinas, hasta la organización y financiación de escuadrones de la muerte, con propósitos de agresión.Esta disposición de los propietarios no es generalizada, pero convoca a sectores necesarios para tejer una red de defensa en áreas afectadas por las guerrillas. Es el resultado acumulado de cuatro décadas de luchas guerrilleras infértiles, que se reducen a ejecutar asaltos armados contra poblaciones, combates esporádicos y extorsiones generalizadas y regulares contra todo aquel que tenga un patrimonio acumulado. El carácter parasitario de estas acciones resta legitimidad social a las guerrillas y permite a sus adversarios reclutar opositores entre sus propias bases y desertores de sus filas.


Las negociaciones se han realizado principalmente en la vereda Santa Fe de Ralito en el municipio de Tierralta en el departamento de [[Córdoba (Colombia)|Córdoba]], conocidas también como las ''[[conversaciones de Ralito]]''.
lo largo de estas dos décadas, el Estado ha tenido frente al fenómeno paramilitar una posición ambigua: primero legal, pero sin una reglamentación adecuada; luego ilegal pero ignorado por la política oficial o catalogado simplemente como parte anexa al narcotráfico, y después perseguido por las autoridades, pero apoyado por círculos de poder regional.

En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se ha allanado el camino legal para una negociación con los grupos paramilitares. Con la Ley 782 de 2002, que prorrogo y reformó la Ley 418 de 1997; se suprimió el requisito de conceder status político como precondición para negociar con un grupo armado. Con la ley de justicia y paz se busca generar confianza al grupo ilegal para profundizar el proceso de desmovilización y reinserción
Ante el vacío jurídico, el gobierno impulsó una ley en el Congreso, conocida como [[Ley de Justicia y Paz]]. Esta ley fue aprobada en [[2005]] y ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartes de la ley. [[Human Rights Watch]] y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba la confesión plena de los delitos de los paramilitares, la Corte implantó la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley.

== Críticas ==
El proceso de desmovilización ha sido criticado por personajes como el ex presidente [[Andrés Pastrana]] quien afirmó, entre otras cosas, que dicho proceso había servido para legalizar a capos del [[narcotráfico]] que se hicieron pasar por jefes paramilitares. El gobierno calificó las criticas de Pastrana como "un sartal de sandeces".<ref>[http://www.eltiempo.com/politica/2007-09-24/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3736041.html#comentarNota Ex presidente Andrés Pastrana dice que no responderá a asesor de Uribe, primo de Pablo Escobar]</ref> En este sentido ya se había pronunciado el gobierno de Estado Unidos que dijo que dos los jefes paramilitares que se acogieron al proceso, [[Ramiro Vanoy Murillo]], alias "Cuco Vanoy", y [[Francisco Zuluaga Lindo]], alias "Gordolindo" eran narcotraficantes y los solicitó en extradición.<ref>[http://72.35.86.196/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=105926 Estados Unidos considera que los paramilitares ‘Gordo Lindo’ y ‘Cuco Vanoy’ son capos del narcotráfico]</ref>

Otra de las críticas tiene que ver con la reparación de las víctimas. En septiembre de 2007, el procurador general de la Nación, [[Edgardo Maya Villazón]], criticó el que tras dos años de iniciado el proceso no se ha dado el primer caso de reparación a las miles de víctimas de las [[Autodefensas Unidas de Colombia|AUC]], siendo que la reparación era una de las condiciones para que los desmovilizados de dicho grupo recibieran beneficios judiciales.<ref>[http://www.prensa-latina.cu/article.asp?ID=%7BE6E9D104-EA7A-42B2-9FAA-E185D99CBFAB%7D&language=ES Víctimas de paramilitares colombianos siguen sin reparación]</ref>

Por otro lado se han presentado múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se asegura que varios de los desmovilizados siguen delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales. El gobierno anunció que extraditaría a [[Carlos Mario Jiménez]], alias "Macaco" a los Estados Unidos por encontrar pruebas de que seguía en negocios de narcotráfico desde su sitio de reclusión. No obstante dependiendo a la situacion en la que se encuentren los desmovilizados se deben tomar medidas que aseguren su orden y cumplimiento de los acuerdos tratados

=== Críticas de la Federación Internacional de Derechos Humanos ===
Según la [[Federación Internacional de Derechos Humanos]] (FIDH), en informe emitido el [[2 de octubre]] de [[2007]], al Estado "le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares" y que las versiones libres que deben entregar los paramilitares a los jueces del proceso "se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo". Agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido las condiciones adecuadas de seguridad ya que "16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", asegura además que el número de desplazados sigue en aumento "a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país". Agrega que debido a esta investigación hace un llamado a autoridades [[Estados Unidos|estadounidenses]] y [[Comunidad Económica Europea|europeas]] para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de este país frente a la violación de [[Derechos Humanos]] y hace un llamado a la Fiscalía de la [[Corte Penal Internacional]] (CPI) para que abra una investigación cuanto antes para juzgar los crímenes de [[lesa humanidad]] cometidos en Colombia desde el primero de noviembre de 2002.<ref>[http://www.fidh.org/spip.php?article4751 La desmovilización paramilitar: en los caminos de la Corte Penal Internacional]</ref>

== Extradición de máximos líderes ==
El [[13 de mayo]] de [[2008]], en un operativo sorpresa, fueron [[extradición|extraditados]] a los [[Estados Unidos]] 14 ex paramilitares, dentro de ellos varios de los máximos jefes paramilitares que se había sometido a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del proceso. Varias asociaciones de víctimas dijeron estar en contra de dicha medida puesto que en los Estados Unidos únicamente serán juzgados por el delito de [[narcotráfico]] y las víctimas no podrán acceder a la verdad y reparación. Dentro de los extraditados se encontraban [[Salvatore Mancuso]], alias [[Don Berna]], alias [[Jorge 40]], alias [[Cuco Vanoy]] y alias [[Gordolindo]].<ref>{{cita publicación|url=http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7398000/7398251.stm|title=Extradición masiva de paramilitares|publisher=[[BBC Mundo]]|date=13 de mayo de 2008|13 de mayo de 2008}}</ref>

== Intervención de la Corte Penal Internacional ==


== Principales Bloques, Frentes y Autodefensas desmovilizadas ==
En el [[2003]]:
*[[Bloque Cacique Nutibara]], comandado por alias [[Don Berna]].
En el [[2004]]:
*[[Bloque Bananero]], comandado por [[Ever Veloza]] alias HH.
*[[Bloque Catatumbo]], comandado por [[Salvatore Mancuso]].
*[[Bloque Calima]], comandado por Ever Veloza alias HH.
En el [[2005]]:
*[[Autodefensas de Córdoba]], comandado por [[Carlos Castaño]].
*[[Frente Héroes de Tolova]]
*[[Bloque Calima]]
*[[Bloque Héroes de los Montes de María]], comandado por [[Rodrigo Mercado Pelufo]], alias Cadena.
*[[Bloque Libertadores del Sur]]
*[[Bloque Héroes de Granada]]
*[[Bloque Centauros]]
*[[Bloque Central Bolívar]], comandado por [[Ramón Isaza]] alias El Viejo, [[Carlos Mario Jiménez]] alias Macaco y alias [[Ernesto Báez]].
En el [[2006]]:
*[[Bloque Mineros]], comandado por alias [[Cuco Vanoy]].
*[[Bloque Resistencia Tayrona]], comandado por [[Hernán Giraldo Serna]].
*[[Bloque Autodefensas Campesinas de Puerto Bocayá]]
*[[Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio]]
*[[Bloque Norte]], comandado por alias [[Jorge 40]].
*[[Frente Héroes del Guavire]]
*[[Frente Héroes de los Llanos]]
*[[Bloque Elmer Cárdenas]], comandado por alias [[El Alemán]].

== Véase también ==
*[[Acuerdo de Santa Fe de Ralito]]
*[[Autodefensas Unidas de Colombia]]
*[[Conflicto armado en Colombia]]

== Referencias==
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== Enlaces externos ==
*[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/ Alto Comisionado para la Paz]
*[http://www.mapp-oea.org Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA]
*[http://www.oas.org/documents/spa/colombia.asp OEA acompaña Proceso de Paz en Colombia]
*[http://www.amnestyusa.org/spanish/countries/colombia/document.do?id=ESLAMR230282005 Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? - Datos y cifras]
*[http://www.google.com/search?q=cache:qWfv2L_D5nAJ:www.semana.com.co/imagesSemana/documentos/replicadelaalcaldiadeMedellin_ai_20050801.doc+%22Alcalde+de+Medell%C3%ADn,+Sergio+Fajardo+Valderrama+hace+precisiones+sobre+el+proceso+de+desmovilizaci%C3%B3n+en+la+ciudad%22&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=1 Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, hace precisiones sobre el proceso de desmovilización en la ciudad]
*[http://www.orientevirtual.org/?2,2470,es Fajardo cuestionó a AI en su casa]
*[http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cidh1.html Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia]
*[http://www.hrw.org/reports/2005/colombia0805/ColombiaResumenyRecs.pdf Las apariencias engañan. La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia]

[[Categoría:Paramilitarismo en Colombia]]

Revisión del 22:21 8 ago 2010

Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 después de ser sacado del proceso de Justicia y Paz.

El proceso de desmovilización de paramilitares es un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de los grupos armados antinsurgentes en Colombia.

El proceso se inició bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entonces bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptó un cese de hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno. A pesar de las desaparición y posterior asesinato de Castaño por miembros de las AUC, el proceso ha continuado con varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por Salvatore Mancuso. Varios medios, entre ellos la revista Semana han cuestionado diferentes aspectos de estas desmovilizaciones.Ademas de eso como es de notar desde el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez por medio de dialogos y acuerdos se han desmovilizado cerca de 31.671 miembros de grupos armados ilegales.

Las negociaciones se han realizado principalmente en la vereda Santa Fe de Ralito en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, conocidas también como las conversaciones de Ralito.

Ante el vacío jurídico, el gobierno impulsó una ley en el Congreso, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue aprobada en 2005 y ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartes de la ley. Human Rights Watch y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba la confesión plena de los delitos de los paramilitares, la Corte implantó la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley.

Críticas

El proceso de desmovilización ha sido criticado por personajes como el ex presidente Andrés Pastrana quien afirmó, entre otras cosas, que dicho proceso había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. El gobierno calificó las criticas de Pastrana como "un sartal de sandeces".[1]​ En este sentido ya se había pronunciado el gobierno de Estado Unidos que dijo que dos los jefes paramilitares que se acogieron al proceso, Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", y Francisco Zuluaga Lindo, alias "Gordolindo" eran narcotraficantes y los solicitó en extradición.[2]

Otra de las críticas tiene que ver con la reparación de las víctimas. En septiembre de 2007, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, criticó el que tras dos años de iniciado el proceso no se ha dado el primer caso de reparación a las miles de víctimas de las AUC, siendo que la reparación era una de las condiciones para que los desmovilizados de dicho grupo recibieran beneficios judiciales.[3]

Por otro lado se han presentado múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se asegura que varios de los desmovilizados siguen delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales. El gobierno anunció que extraditaría a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" a los Estados Unidos por encontrar pruebas de que seguía en negocios de narcotráfico desde su sitio de reclusión. No obstante dependiendo a la situacion en la que se encuentren los desmovilizados se deben tomar medidas que aseguren su orden y cumplimiento de los acuerdos tratados

Críticas de la Federación Internacional de Derechos Humanos

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en informe emitido el 2 de octubre de 2007, al Estado "le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares" y que las versiones libres que deben entregar los paramilitares a los jueces del proceso "se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo". Agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido las condiciones adecuadas de seguridad ya que "16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", asegura además que el número de desplazados sigue en aumento "a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país". Agrega que debido a esta investigación hace un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de este país frente a la violación de Derechos Humanos y hace un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación cuanto antes para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el primero de noviembre de 2002.[4]

Extradición de máximos líderes

El 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex paramilitares, dentro de ellos varios de los máximos jefes paramilitares que se había sometido a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del proceso. Varias asociaciones de víctimas dijeron estar en contra de dicha medida puesto que en los Estados Unidos únicamente serán juzgados por el delito de narcotráfico y las víctimas no podrán acceder a la verdad y reparación. Dentro de los extraditados se encontraban Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Jorge 40, alias Cuco Vanoy y alias Gordolindo.[5]

Intervención de la Corte Penal Internacional

Principales Bloques, Frentes y Autodefensas desmovilizadas

En el 2003:

En el 2004:

En el 2005:

En el 2006:

Véase también

Referencias

Enlaces externos