Derechos humanos en Irán

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La Unión Europea y varias asociaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, como Amnesty International y Human Rights Watch, denuncian una situación catastrófica sobre el respeto de esos derechos en Irán. Muchos hechos atestan el no respeto de los derechos civiles, de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores por parte del gobierno iraní. La prensa relata que siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos como un elevado número de ejecuciones, lapidaciones, actos de tortura y persecución de las minorías étnicas y religiosas.

Contenido

[editar] Prácticas de las autoridades del país

[editar] Derechos de la mujer

Gran parte de las violaciones a los derechos humanos están relacionadas con la cuestión de Género. La ley iraní da menos derechos a las mujeres que a los hombres, y les asigna menor valor.[1]

  • Según el código penal el valor de la vida de una mujer es la mitad del de la de un hombre ("por ejemplo, si un automóvil atropella a un hombre y a una mujer en la calle, la compensación en dinero a la familia de la mujer será la mitad que la que recibirá la familia del hombre")[2]
  • El testimonio de un testigo hombre equivale al de dos mujeres.[3] [1] [4]
  • Una mujer necesita el permiso de su esposo para trabajar fuera de la casa o para dejar el país.[1]
  • En la ley de herencia iraní, en varias oportunidades a la mujer le corresponde la mitad de lo que le correspondería si fuese hombre.[5]


[editar] Libertad religiosa

[editar] Persecución a los bahá'ís

Desde su llegada al poder en 1979, el gobierno de Irán, encabezado por el clero islámico, ha perseguido sistemáticamente a los bahá’ís de Irán valiéndose de ejecuciones, encarcelamientos, tortura y una amplia gama de medidas destinadas a empobrecer y desalojar a la minoría religiosa más amplia del país.

Entre 1978 y 1998, más de 200 bahá’ís fueron ejecutados por el gobierno iraní. Cientos de bahá’ís fueron encarcelados, torturados, y decenas de miles se vieron privados de sus puestos de trabajo, pensiones, negocios y oportunidades educativas.

Ante las intensas presiones internacionales, y en gran parte gracias a una serie de resoluciones en materia de derechos humanos adoptadas por Naciones Unidas, el gobierno iraní detuvo las ejecuciones y redujo en gran medida el número de bahá’ís detenidos en prisión.

Aunque las autoridades iraníes limitaron las formas más visibles de violencia directamente dirigida contra los miembros de la comunidad bahá’í, no obstante ha proseguido con su campaña de persecución, si bien por vías que claramente procuran eludir la vigilancia de los organismos internacionales de derechos humanos.

A comienzos de los años 80, el gobierno prohibió el acceso de los jóvenes bahá’ís a las universidades y facultades universitarias. A comienzos de 2004, sin embargo, en lo que parecía ser una respuesta a la condena internacional por tales medidas, el gobierno prometió públicamente cambiar de política, indicando que en el otoño de ese mismo año permitiría que los estudiantes bahá’ís se matriculasen en la universidad. Con arreglo a ello, cerca de 1.000 jóvenes bahá’ís se presentaron a los exámenes de ingreso a la universidad.

La estrategia a largo plazo del gobierno, consistente en destruir a la comunidad bahá’í sin llamar excesivamente la atención internacional, quedó cruelmente subrayada en un memorándum secreto de 1991 en el que se establecía la política que habría de regir con relación a la "cuestión bahá’í". Redactado por el Consejo Revolucionario Supremo de la Cultura y firmado por el Guía Supremo Alí Jamenei, el documento instaba la aplicación de una serie de trabas al acceso de los bahá’ís a la educación y medios de vida, las cuales constituían nada menos que un plan maestro para la estrangulación de la comunidad bahá’í. De forma significativa, establecía inequívocamente cuál había de ser el objetivo general de las autoridades: asegurar que el "progreso y desarrollo" de la comunidad bahá’í" sea atajado".

La reciente destrucción de los lugares sagrados y la denegación del derecho a la educación de los jóvenes bahá’ís, así como las continuas medidas destinadas a acosar a los bahá’ís y privarles de sus propiedades y medios de vida legítimos, indican que el plan secreto del gobierno todavía sigue en pleno vigor. Evidencias todas ellas que contradicen rotundamente las protestas a menudo reiteradas por el Gobierno en el sentido de que no hay campaña de persecución contra los bahá’ís.

El hecho es que los bahá’ís de Irán continúan viviendo en un estado precario. Se les niega el derecho a practicar su fe libremente, un derecho garantizado bajo los instrumentos internacionales, tales como la Carta Internacional de Derechos Humanos, de la que Irán es signataria. Las instituciones administrativas de su Fe se han visto desmanteladas por decreto. Los bahá’ís viven cada día conscientes de que las autoridades procuran frenar su desarrollo como comunidad, sabedores de que incluso las más nimias infracciones pueden acarrearles la privación de sus medios de vida, la cárcel o incluso peores destinos.

La comunidad bahá’í de Irán no supone ninguna amenaza para las autoridades iraníes. Los principios de la Fe bahá’í exigen que sus seguidores eviten participar en política de partidos, actividades subversivas o cualesquiera formas de violencia. La comunidad ha evitado cuidadosamente alinearse de ningún modo con cualquiera de los gobiernos, ideologías o movimientos de oposición del país.

Al tiempo que defienden su derecho a rendir culto y practicar su religión libremente, tal como contempla el derecho internacional, los bahá’ís sólo aspiran a ser personas pacíficas, cumplidoras de la ley y agentes productivos para el avance de la sociedad iraní.

[editar] Referencias

  1. a b c Human Rights in Iran 2007 MEHR.orgp.4,5
  2. Ebadi, Shirin, Iran Awakening : A Memoir of Revolution and Hope, por Shirin Ebadi con Azadeh Moaveni, Random House, 2006, p.117
  3. [1] Código Penal Isĺamico de Irán, artículo 300
  4. Women act against repression and intimidation in Iran, 28 February 2008
  5. (en francés) Reporte de enviado especial de la ONU, editado por Human Rights Internet, 2001.

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

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